jueves, 5 de septiembre de 2013

Jueza Mota: un baluarte en Derechos Humanos


Una mujer así
Pablo Meléndrez 
miércoles 4 . 09.  2013
A casi siete meses de haber sido trasladada del juzgado penal de 7° turno a la sede civil de 1er turno, Mota no da el tema por cerrado y ahora recurrió al TCA para pedir la nulidad de su remoción, que fue dispuesta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero.
En el recurso de nulidad que presentó el lunes 2 representada por el abogado Antonio Rammauro, Mota no pone en duda el poder de la Corporación para trasladar magistrados, pero cuestiona que, en su caso, no haya dado los argumentos para tal decisión.
"Se entiende que se violan normas de derecho y que hay desviación de poder porque la Corte actuó con un fin distinto al que la norma le dio. La administración tiene el poder discrecional de trasladar a los jueces pero no puede no dar las razones en las que basa su decisión", dijo Rammauro.
A fines de junio, los ministros de la SCJ rechazaron por unanimidad un recurso administrativo presentado por Mota contra su traslado por considerarlo improcedente, ya que la Constitución le asigna a la Corporación "competencia originaria, exclusiva y excluyente" en relación a la designación y traslado de todos los jueces.
Rammauro indicó a El País que el trámite del recurso ante el TCA (que no tiene efecto suspensivo alguno) puede insumir cerca de dos años, pero señaló que hasta que no haya resolución la carrera funcional de Mota seguirá su curso.
El abogado aclaró que quien se siente "afectada" es Mota, por lo que el recurso ante el TCA no tiene incidencia en la situación de otros magistrados que también fueron ascendidos o trasladados a consecuencia de su movimiento.
Para Rammauro, la SCJ no puede alegar que Mota cumplió un ciclo en la sede penal ya que había sido designada en ella en 2009 y hay jueces penales "que están en sus cargos hace cinco, diez o 15 años".
Según el abogado de la jueza, con el traslado de su representada el máximo órgano judicial quiso enviarle "una señal" a Mota y también a los demás magistrados penales. "Se saca a un juez que piensa distinto que la Corte y eso es un mensaje para Mariana pero también para los demás", dijo.
Además, Rammauro observó que el traslado de Mota "coincidió" con la resolución de la SCJ que declaró inconstitucional la ley que amplió la prescripción de los delitos cometidos por militares en la dictadura.

Especializada.

Estando al frente del juzgado penal de 7° turno de Montevideo, Mota concentró más de 50 casos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y algunos de sus fallos en esa temática fueron objeto de gran polémica.
De hecho, su labor en esos temas generó que la magistrada fuera respaldada por organizaciones de izquierda y grupos sindicales. Mota entiende que el derecho internacional está por encima de la normativa interna en esa temática, posición que sostiene la SCJ.
Mota "es una jueza especializada en derechos humanos", remarcó Rammauro. En cambio, cuando en junio rechazó el recurso administrativo de la jueza, la SCJ planteó una visión diferente y señaló que su formación extracurricular "no muestra mayor nivel de destaque".
En relación a la formación de Mota en la temática de derechos humanos, la Corporación abundó: "existió un ámbito de capacitación de alto nivel y de extensa carga horaria, que contó con el aval de la Corporación que permitió formar a diferentes magistrados en materia de derechos humanos, entre los que se encontraba la recurrente, que solo asistió a una clase; ello independientemente de los cursos u otras actividades académicas que cada uno pudiera haber decidido realizar".

Sin el fiscal.

Uno de los argumentos formales que en su momento planteó Mota contra su traslado, es que la SCJ tomó la decisión sin la consulta previa al fiscal de Corte, tal como lo prevé la Constitución.
La Corporación reconoció que si bien ese hecho "constituye una irregularidad en el trámite, no ostenta virtualidad invalidante del acto administrativo en cuestión". Y en el mismo sentido señaló que la SCJ ha omitido la consulta al fiscal de Corte en otros traslados, lo que "descarta un actuar discriminatorio" en contra de Mota.

Fiscal tiene a estudio expediente por ocupación de la Suprema Corte

El fiscal penal Gustavo Zubía tiene a estudio desde hace varios días el expediente que indaga la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), llevada a cabo el pasado 15 de febrero por grupos sindicales y de izquierda que rechazaron el traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado de la órbita civil.
La indagatoria apunta a determinar si los ocupantes incurrieron en el delito de "asonada" por la ocupación del Palacio Piria, sede del máximo órgano judicial.
En las últimas semanas, la jueza Gabriela Merialdo y el fiscal Zubía tomaron declaraciones en calidad de indagados a una decena de personas, entre ellas, la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza.
El pasado 7 de agosto, unas 60 personas presentaron un escrito ante la jueza Merialdo indicando que estuvieron presentes en la ocupación de la SCJ y por esa razón plantearon que también deberían ser citados a declarar.
De todos modos, solicitaron el archivo del expediente, ya que consideraron que se trata de un proceso "criminalizador y estigmatizante".


Jueza Mota pide anular traslado y argumenta “desviación de poder".
,
En el recurso que presentó ante el TCA dice que no le brindaron argumentos por los cuáles fue trasladada. Entiende que eso es una violación a las normas.

Tras siete meses de haber sido alejada de todas las causas de Derechos Humanos, la jueza Mariana Mota presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra su traslado de la órbita penal a la civil.
La magistrada cuestionó que en su caso no le brindaron los argumentos por los que fue trasladada. “Hay desviación de poder porque la Corte actuó con un fin distinto al que la norma le dio. La administración tiene el poder discrecional de trasladar a los jueces pero no puede no dar las razones en las que basa su decisión”, dijo el abogado de la jueza Antonio Rammauro a El País.
El trámite del recurso presentado por Mota puede insumir hasta dos años. Anteriormente había presentado un recurdso administrativo contra su traslado pero fue rechazado por los ministros de la SCJ.
Según el abogado de la jueza, con el traslado de Mota la Corte quiso enviar “una señal” a la magistrada y también a sus colegas: “Saca a un juez que piensa distinto que la Corte y eso es un mensaje para Mariana pero también para los demás”, aseguró.
La jueza tenía a su cargo 50 causas vinculadas a delitos de la dictadura (1973 – 1985) y su traslado coincidió con la resolución de la SCJ que declaró inconstitucional la ley que amplió la prescripción de los delitos cometidos por militares en aquel momento.

.
Jueza Mota: “Llegaré hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”

La jueza Mariana Mota fue entrevistada en exclusiva por LARED21. A continuación el video imperdible de la entrevista realizada por la periodista Georgina Mayo.


Luego de su polémico traslado de la materia penal a la civil, la magistrada ocupa un despacho del edificio donde se ubican los juzgados civiles en Montevideo, eso es, el sitio donde se encontraba el edificio de la empresa Onda, justo frente a la Suprema Corte de Justicia.
Desde allí reflexionó sobre varios asuntos. A casi tres meses de haber sido trasladada, la magistrada reiteró que continúa sin conocer porqué la SCJ resolvió que pasara a la órbita civil. Se refirió a la respuesta que el organismo elevó recientemente al Parlamento y que espera aún la contestación de la SCJ ante su recurso de revocación presentado, en febrero pasado. El camino que seguirá Mota será el de la insistencia hasta conocer porqué los cinco ministros de la SCJ fallaron para concretar su traslado.
Mota dijo a LARED21 que si la SCJ no accede a su pedido de revocar su resolución de traslado, apelará ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y si éste también fallara en su contra, está dispuesta a llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si el caso deriva o no en la Corte Interamericana de DDHH, dependerá de la propia Comisión que dirimirá el tema en primera instancia.
Mota se refirió a su primer traslado, cuando hace casi 4 años investigaba en el juzgado de la Ciudad de la Costa coimas cobradas por funcionarios aduaneros. Dijo que no tiene pruebas para sostener que se la haya trasladado por esa indagatoria, pero indicó que cualquier traslado tranca las investigaciones judiciales que estén en curso.


La “muralla” de la Suprema Corte

La magistrada de 43 años habló de la reestructura que necesita desde su punto de vista el Poder Judicial, sobre la presupuestación y sobre su independencia.
También respondió sobre el caso de la muerte de Aldo Perrini, ocurrida en Carmelo, Colonia, en 1974. El hombre fue detenido junto a otras 10 personas y muerto a patadas en tortura. La jueza Mota ya tenía a mediados de 2012 un pedido de procesamiento para cuatro militares presuntamente involucrados en el hecho. El pedido de procesamiento fue hecho por la fiscal Ana Maria Tellechea. Sin embargo, cuando la jueza se aprestaba a expedirse sobre el asunto, la SCJ pidió el expediente porque la defensa de los militares denunciados, presentaron recursos de inconstitucionalidad que entendían debía resolver la SCJ. El máximo órgano judicial solicitó el expediente a la jueza Mota y de esa manera el caso quedó congelado hasta hace un mes, cuando la SCJ indicó que el hecho investigado prescribió.
Mota recordó sus actuaciones y estimó que podría haberse equivocado tal vez en sus exposiciones en medios de comunicación, pero advirtió que ella nunca buscó tal mediatización.
Además, la jueza Mota razonó- desde su punto de vista personal- sobre las palabras del presidente de la SCJ Jorge Ruibal Pino, quien dijo el 9 de abril pasado que todo fiscal y juez que continúe investigando causas vinculadas a los derechos humanos, se dará contra una Muralla, en alusión al fallo de la SCJ que el 22 de febrero pasado, declaró inconstitucional la ley que establecía que los delitos de la dictadura, no prescriben. Mota sostuvo que si bien será un Tribunal el que defina la recusación presentada por 5 fiscales que rechazaron las declaraciones de Ruibal Pino, la magistrada dijo que Ruibal Pino prejuzgó.

 Mariana Mota, una de las pocas voces que le van quedando a la justicia en Uruguay, en valiente lucha contra la mafia de la SCJ cobijadora de los criminales de lesa humanidad, mancha y deshonra para la democracia. Todo el apoyo a la Jueza Mota en esta batalla qué es por todos y es de todos. Hasta el día de hoy el Frente Amplio no ha dicho una palabra sobre la destitución de la Jueza Mota. Mujica fué el instigador cuando le reclamó públicamente a los "ultras" de la SCJ que echaran a Mota, el resto del FA es cómplice de tal infamia. Qué en el fondo es una infamia contra los desaparecidos y la reafirmación de la impunidad.
Colectivo Noticias Uruguayas





.

0 comentarios:

Publicar un comentario