Palos policiales

Comunicado de Prensa

 Ante el aumento de la gradación de la violencia
estatal en Procedimientos Policiales

Ante el aumento de la gradación de la violencia estatal en Procedimientos Policiales Amparado en la Ley de Procedimientos Policiales -aprobada en el año 2008-, el Estado viene desarrollando, operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

La expansión de la vigilancia policial -simbólica e instrumentalmente-, se materializó en las manifestaciones políticas realizadas el 14 de agosto y 24 de agosto, y también en
los hechos ocurridos recientemente en el barrio Santa Catalina.
Estos hechos se integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas, entre las cuales se cuentan la aprobación de la ley 19.120 (que modifica las faltas establecidas en el Código Penal), el aumento de mínimos de privación de
libertad para delitos gravísimos y nuevas tipificaciones en la Justicia Penal Juvenil, y los anteproyectos de Internación Compulsiva y Código Infraccional Juvenil, la aplicación de
las medidas de seguridad curativas y educativas previstas en el art. 92 del Código Penal en casos de consumo de alcohol en espacios públicos.”

Algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que venimos asistiendo. Sin embargo, también asistimos a duros golpes contra espacios históricos de corrupción policial (Cayma) lo que evidentemente afecta muchos de sus intereses y quizás sea una más de las razones de esta escalada represiva.

Todos estos mecanismos solo refuerzan e instalan la nueva economía política del miedo surgida en los años noventa, y por ende, del castigo. Controlar a los “peligrosos”, contribuye –junto a otros factores- a sostener el discurso perverso del poder punitivo y por consiguiente el de la seguridad, donde se exige y consigue que sus controlados (nosotros) demanden mayor control y que, cuanto más discriminatorio, arbitrario y brutal sea el poder que sufrimos por parte de los delincuentes, más poder sea el que reclamemos en contra de ellos (los otros).1

Esta lógica coloca a la víctima en el lugar del victimario, invirtiendo los papeles, convenciendo incluso a los victimarios como causantes de su desgracia, y por lo tanto, de la legitimidad que se actué sobre ellos, para corregirlos y castigarlos.

La construcción de una sociedad, basada en el pleno acceso a los derechos, supone un proyecto común a todos y todas. Para lograr esto no se debería aplicar una política de amortiguación. Por un lado se aprueban y promueven políticas de inclusión y derechos
(despenalización del aborto, matrimonio igualitario, y media sanción de ley de regulación de la marihuana), y por otro lado, se continúa criminalizando a los grupos y poblaciones más vulneradas (en particular a los adolescentes y jóvenes).

Convocamos a la reflexión y discusión de todos estos acontecimientos. De ello dependerá de que nos acerquemos a un Estado Social, evitando que el Estado Policialse siga expandiendo.

Instituto de Estudios Legales y Sociales
Servicio Paz y Justicia-Uruguay

1 ZAFFARONI, Raúl, La mujer y el Poder Punitivo, en Vigiladas y Castigadas, Seminario Regional “Normatividad Penal y Mujer en América Latina y el Caribe”, Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM, Lima, 1993, en: Revista de Pensamiento Penal, Pág. 10.

10 setiembre 2013

Las dos instituciones, que son de las principales de Uruguay en materia de defensa de los derechos humanos, emitieron ayer un comunicado en el que cuestionaron con dureza al Ministerio del Interior, sobre todo por los últimos procedimientos policiales en relación a las recientes movilizaciones de grupos de izquierda.

En la marcha del 14 de agosto, en la que se conmemoró el día del Mártir Estudiantil, la Policía infiltró al menos a dos agentes en la movilización, según surge del expediente judicial tramitado por la jueza penal Julia Staricco, quien procesó sin prisión a dos jóvenes que causaron disturbios.

En tanto, en la marcha del 24 de agosto por los incidentes del Hospital Filtro de 1994, la Policía detuvo a una decena de manifestantes a los que dejó en libertad horas después, según denunció la dirigente de la organización Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites.

Por otro lado, a principios de este mes vecinos del barrio Santa Catalina (al oeste de Montevideo) denunciaron un presunto caso de abuso policial en la detención de seis jóvenes que fueron demorados en un operativo en la vía pública.

Ielsur y Serpaj, en un comunicado conjunto que difundieron ayer, sostienen que esos tres episodios demuestran "la expansión de la vigilancia policial" tanto "simbólica e instrumentalmente".

Según las instituciones, "amparado" en la ley de Procedimiento Policial vigente desde 2008 el Estado "viene desarrollando, operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos".

De acuerdo con la visión de Ielsur y Serpaj, los últimos episodios "integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas", entre las cuales también mencionan la nueva normativa sobre faltas y el proyecto de ley que plantea elevar de cinco a diez años el plazo de internación de menores que cometan delitos gravísimos.

"Algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que venimos asistiendo", sostienen las organizaciones sociales.

Por otro lado, Ielsur y Serpaj también advierten "duros golpes" del Ministerio del Interior contra la corrupción policial "lo que evidentemente afecta muchos de sus intereses y quizás sea una más de las razones de esta escalada represiva".

"La construcción de una sociedad, basada en el pleno acceso a los derechos, supone un proyecto común a todos y todas. Para lograr esto no se debería aplicar una política de amortiguación. Por un lado se aprueban y promueven políticas de inclusión y derechos (despenalización del aborto, matrimonio igualitario, y media sanción de ley de regulación de la marihuana), y por otro lado, se continúa criminalizando a los grupos y poblaciones más vulneradas (en particular a los adolescentes y jóvenes)", considera el comunicado.

En el texto se citan trabajos doctrinarios del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, actual ministro de la Corte Suprema del vecino país.

OBSERVADORES.

Ayer en el Consejo de Ministros, el titular de Interior Eduardo Bonomi, explicó el alcance de la función policial en las marchas del 14 y el 24 de agosto.

Según explicó tras la reunión el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, Bonomi hizo referencia al informe que presentó Interior respecto a ambas marchas. En ese sentido, señaló que en ninguna de las movilizaciones hubo "infiltrados de la Policía, sino observadores".

Guerrero dijo que el concepto de infiltrado es distinto al de observador, ya que el primer término designa a "alguien que participa de la marcha haciéndose pasar por integrante del grupo con el objetivo de cambiar el sentido o el normal transcurso de la protesta".

En cuanto a la marcha del 24 de agosto, dijo que antes de su inicio la Policía procedió a detener a un total de doce personas a quienes les incautó "martillos, gas pimienta, pinturas, aerosoles de colores y pirotecnia. Todos los detenidos fueron liberados luego de finalizada la marcha", recordó.

CRÍTICAS.

Los procedimientos policiales en torno a las últimas marchas generaron críticas hacia las autoridades del Ministerio del Interior incluso desde la interna del Frente Amplio.

"Estos operativos generan rechazo e indignación, no deben ser parte de una política del Ministerio del Interior bajo un gobierno democrático, por tanto el ministro y autoridades deben hacerse responsables de estos hechos", indicó la Juventud del Partido Socialista (PS) en un comunicado divulgado la semana pasada.

En el mismo sentido, el diputado y secretario general del PS, Yerú Pardiñas, expresó: "No se pueden generar enfrentamientos y violencia y el hecho de poner policías infiltrados es una alternativa de riesgo y genera preocupación".

Por su parte, el diputado Luis Puig (PVP), sostuvo: "Cuando el Frente asumió dijo que no iba a haber infiltraciones en las manifestaciones populares, como se hizo históricamente, por tanto es un profundo error lo que se está haciendo y debe ser aclarado".

Desde su cuenta de Facebook, el senador y secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, pidió "investigar si hubo prácticas incompatibles con la profundización democrática" en los hechos denunciados por los detenidos en la marcha del Hospital Filtro.

A su vez, el Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) repudió la actuación policial generada por las infiltraciones y represiones policiales en las marchas del 14 y 24 de agosto.

Violencia, cánticos y pintadas

"Fui asignado al servicio por la manifestación por Líber Arce. Se concentraban a las 17.30 o a las 18 horas frente a la Facultad de Derecho. Estuve desde el comienzo allí. Se juntó mucha gente, entre 700 y 800 personas", declaró el jueves 15 de agosto ante la jueza Julia Staricco uno de los policías que se infiltró en la marcha de la noche anterior, en recuerdo al mártir estudiantil Líber Arce, asesinado en 1968.

Indicó que, junto con un compañero, "íbamos en el interior de la marcha hasta que en determinado momento notamos una conducta violenta con pintadas y cánticos contra el Estado e insultos", relató.