Política 2.9.13
Policía de proximidad
Detenidas por incidentes en la marcha del 14 de agosto, liberadas por falta de pruebas; JSU pide remoción de funcionarios.
Dos jóvenes que habían sido detenidas junto con otras
diez personas cuando se dirigían a la Marcha del Filtro del 24 de agosto
y quedaron en libertad fueron nuevamente víctimas de una detención
policial entre jueves y viernes de la semana pasada. La Policía acusa a
este grupo de 12 personas de participar en los incidentes del 14 de
agosto en la marcha del Día de los Mártires Estudiantiles. El titular
del Ministerio del Interior (MI), Eduardo Bonomi, reconoció en la Cámara
de Diputados que en la marcha se infiltraron efectivos policiales. Los
jóvenes detenidos el 24 de agosto denunciaron haber sido sometidos a
maltratos físicos y psicológicos, que se les mantuvo incomunicados y
nunca fueron derivados a un juez (ver la diaria del 29/08/13).
El jueves 29, cerca de las 16.00, una de las jóvenes, que es ciudadana chilena pero vive en Uruguay desde hace un tiempo, recibió una llamada de alguien que se identificó como funcionario de la Dirección Nacional de Migración y que la invitó a dirigirse a esa dependencia del MI porque estaba pronto un trámite que ella había iniciado. Según el relato de activistas que se encontraban con ella, la joven tomó una bicicleta y salió de la casa en la que estaba para ir hasta la oficina desde donde supuestamente había recibido la llamada, pero tras una cuadra de recorrida, fue interceptada por una camioneta y detenida por personas vestidas de civil.
El abogado Pablo Ghirardo explicó que tras enterarase de la desa- parición de la joven, comenzaron a pedir información en distintas dependencias policiales, pero recién a las 4.00 del viernes fue informado de que había sido detenida por un operativo a cargo del Departamento 4 de la Dirección General de Información e Inteligencia (DNII), al mando del subcomisario Raúl Roberto Pírez, y que se encontraba en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
En la mañana del viernes, otra de las jóvenes fue detenida cuando esperaba el ómnibus para ir a trabajar. Un vecino que vio la situación informó a la familia de la mujer. Ella y la joven chilena fueron trasladadas al Juzgado Penal de 16º Turno a cargo de la doctora Julia Staricco, quien ya había procesado sin prisión a dos personas por el delito de daños a la propiedad durante la marcha del 14 de agosto.
Tras declarar por varias horas, la fiscal “no encontró elementos para afirmar que las detenidas estuvieran en hechos de violencia o de apariencia delictiva”, informó Ghirardo a la salida del juzgado. Las jóvenes quedaron en libertad sobre las 18.00 del viernes. Sin embargo, Ghirardo advirtió que si se analiza “cómo se están dando los hechos, no es de descartar nuevas detenciones”.
La joven chilena denunció ante la jueza que el 24 de agosto “sufrió trato inhumano y fue amenazada con ser deportada”, algo que los policías reiteraron entre jueves y viernes, añadió el abogado. La DNII presentó como pruebas una “filmación proporcionada por Canal 12 y un video hecho por ellos”, elementos que no alcanzaron para inculpar a las detenidas. Ghirardo remarcó que si bien Staricco no negó desconocer las detenciones, tampoco libró una orden de detención previa. Todo el operativo se basó en el accionar policial, que sólo después puso a estas personas a disposión de la Justicia.
Gráficos de "Saracho"
MarxitoEl jueves 29, cerca de las 16.00, una de las jóvenes, que es ciudadana chilena pero vive en Uruguay desde hace un tiempo, recibió una llamada de alguien que se identificó como funcionario de la Dirección Nacional de Migración y que la invitó a dirigirse a esa dependencia del MI porque estaba pronto un trámite que ella había iniciado. Según el relato de activistas que se encontraban con ella, la joven tomó una bicicleta y salió de la casa en la que estaba para ir hasta la oficina desde donde supuestamente había recibido la llamada, pero tras una cuadra de recorrida, fue interceptada por una camioneta y detenida por personas vestidas de civil.
El abogado Pablo Ghirardo explicó que tras enterarase de la desa- parición de la joven, comenzaron a pedir información en distintas dependencias policiales, pero recién a las 4.00 del viernes fue informado de que había sido detenida por un operativo a cargo del Departamento 4 de la Dirección General de Información e Inteligencia (DNII), al mando del subcomisario Raúl Roberto Pírez, y que se encontraba en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
En la mañana del viernes, otra de las jóvenes fue detenida cuando esperaba el ómnibus para ir a trabajar. Un vecino que vio la situación informó a la familia de la mujer. Ella y la joven chilena fueron trasladadas al Juzgado Penal de 16º Turno a cargo de la doctora Julia Staricco, quien ya había procesado sin prisión a dos personas por el delito de daños a la propiedad durante la marcha del 14 de agosto.
Tras declarar por varias horas, la fiscal “no encontró elementos para afirmar que las detenidas estuvieran en hechos de violencia o de apariencia delictiva”, informó Ghirardo a la salida del juzgado. Las jóvenes quedaron en libertad sobre las 18.00 del viernes. Sin embargo, Ghirardo advirtió que si se analiza “cómo se están dando los hechos, no es de descartar nuevas detenciones”.
La joven chilena denunció ante la jueza que el 24 de agosto “sufrió trato inhumano y fue amenazada con ser deportada”, algo que los policías reiteraron entre jueves y viernes, añadió el abogado. La DNII presentó como pruebas una “filmación proporcionada por Canal 12 y un video hecho por ellos”, elementos que no alcanzaron para inculpar a las detenidas. Ghirardo remarcó que si bien Staricco no negó desconocer las detenciones, tampoco libró una orden de detención previa. Todo el operativo se basó en el accionar policial, que sólo después puso a estas personas a disposión de la Justicia.
Remover ya
La Juventud Socialista del Uruguay (JSU) publicó una declaración en la que “repudia los abusos a militantes detenidos”, cometidos por “funcionarios” del MI “antes de la Marcha del Filtro” y expresa que “la infiltración de las fuerzas represivas” en la marcha del 14 de agosto fue “desmedida e injustificada”. Este tipo de operativos “generan rechazo e indignación” y no deben “ser parte de una política” del MI bajo “un gobierno democrático”, por lo que las autoridades “deben hacerse responsables de estos hechos”. La JSU considera que “bajo un gobierno democrático y de izquierda, estos hechos no pueden suceder”, y repudia los “operativos que criminalizan la movilización social”. Exige “explicaciones” sobre éstos porque “recuerdan un pasado cercano que no debe repetirse”, y que se remueva de sus cargos “ya mismo” a los policías que “cometieron abusos contra militantes sociales”. La JSU plantea que estas cosas “seguramente les pase a muchos más”, por otras razones, y declara que no permitirá que el MI “continúe con estas prácticas que violentan los derechos humanos”.
Compañeros: agradezco la difusión de este artículo que ha escrito brillantemente Marcelo Jelen, hace unas horas, en la diaria. Es
muy grave, lo que sucede en Uruguay. Comenzó nuevamente, la represión
ideológica con tortura física y psicológica en la Jefatura de Policía de
Montevideo y el accionar policial contra militantes de izquierda. Creo
que más importante que mi opinión, es la del periodista que ha tenido
consecuencia en materia de derechos humanos. Mi opinión la diré más
tarde, ahora es tiempo de que la gente de Uruguay y el mundo, vea y crea
lo que está sucediendo.
Fraternalmente 
Opinión 3.9.13
Inteligencia sin filtro Columna de opinión.
Las sociedades siempre sacrifican derechos y
libertades en nombre de la seguridad. La cuestión es cuánto están
dispuestas a ceder y cuánta buena voluntad guía las acciones de
vigilancia.
En Estados Unidos las autoridades te toman las huellas digitales y la foto sólo si te arrestan: si las archivan, tenés antecedentes policiales. Acá te las toman a los pocos días de nacer, al tramitar la primera cédula de identidad. Desde la perspectiva del derecho a la privacidad eso podrá sonar feo, pero la cosa tiene su lógica cuando te roban la tarjeta de crédito, ¿o no? Si los microlocalizadores de GPS fueran de costo accesible, ¿cuántas familias habría dispuestas a insertarlos en sus hijos e hijas a modo de vacuna contra el extravío, el secuestro y la travesura? ¿Y a registrarles el ADN en un archivo privado, por las dudas? El Proyecto de Alta Tecnología en Seguridad Pública por el cual se procura saturar Montevideo de cámaras de vigilancia provoca escozor entre espíritus libérrimos temerosos de ser filmados mientras se hurgan la nariz. Bueno, es la vía pública. Si no te divierte la posibilidad de que te atrapen, conseguite una habitación.
También es preciso buscarle el punto de equilibrio entre derechos y seguridad al Sistema Guardião de vigilancia, capaz de intervenir, grabar e interpretar 1.000 conversaciones de 800 teléfonos celulares y 200 fijos en forma simultánea, además de controlar cuentas de email y redes sociales. El gobierno lo compró por dos millones de dólares y en secreto, para agarrar desprevenidos a los futuros vigilados (la “ventaja táctica”), como si no se fueran a enterar de todos modos.
El enorme sistema habilitará a la inteligencia del Estado a efectuar verdaderos “megaoperativos” virtuales. Haciendo cuentas, más allá de que tenga las facultades, ¿está bien que el Poder Ejecutivo disponga sin conocimiento del Parlamento una compra por un costo equivalente a la construcción de dos escuelas? ¿O que les legue a los siguientes gobiernos un gasto anual de 200.000 dólares en mantenimiento de equipos? ¿Habrá tanta pesquisa como para requerir un procesamiento de datos de tal magnitud y a tal velocidad? ¿Cuántas autorizaciones judiciales serían necesarias para poner a funcionar este aparato aunque sea a medio vapor? ¿Resistirán los funcionarios a cargo de las 30 terminales la tentación de usar la capacidad ociosa de las instalaciones para sus propias averiguaciones, extrajudiciales e ilegales?
Otro interrogante es cómo se usará la información obtenida mediante el Sistema Guardião. Para responderla, ver lo que se hace ahora con esos datos no está de más. Está de menos.
El 24 de agosto, agentes de civil arrestaron y torturaron a 12 hombres y mujeres que se aprestaban a asistir a una manifestación, identificados como “radicales” y “violentos” por la inteligencia. La Policía afirmó que se trató de un “procedimiento preventivo” en la modalidad de “detención en averiguaciones”. Fueron capturados camino a la marcha, conducidos a la Jefatura de Policía de Montevideo, obligados a desnudarse y a quedarse de plantón, amenazados, golpeados, registrados y liberados a las cinco horas, todo esto sin conocimiento de la Justicia.
Sí: 28 años después de la dictadura se sigue arrestando en Uruguay a ciudadanos de minorías políticas, ahora porque algún bobo de la inteligencia presagia que van a tirar piedras. De paso, se los tortura. Como si fuera un mal chiste, los detenidos el 24 de agosto son solidarios con la misma causa por cuya defensa el presidente José Mujica debió vender la casa de su madre: por oponerse a la extradición en 1994 de los vascos Miguel Ibáñez, Jesús María Goitia y Luis María Lizarralde.
Mientras, esa inteligencia boba es incapaz de encontrar pruebas para acusar siquiera a los vándalos que hace tres meses asaltaron y saquearon la sede del Poder Judicial en medio de un festejo deportivo. Esa inteligencia boba deduce que fueron “radicales” de izquierda, dada la “virulencia” y la “organización” del ataque (porque llevaban piedras en las mochilas…). Esa inteligencia boba no pudo acusar a ninguno de los 89 detenidos esa noche.
¿Está bien que el Estado gaste tanta plata en facilitar “procedimientos preventivos” contra personas que no han cometido delito alguno? ¿Para qué? ¿Para alimentar el miedo que lleva a muchos estudiantes a cubrirse el rostro en las marchas del 14 de agosto? ¿Para vigilar a ciudadanos críticos del gobierno, lo que cierta suspicacia atribuye al encono entre antiguos tupamaros hoy en trincheras opuestas? ¿Para buscar argumentos que permitan dispararles balas de goma a manifestantes?
El Parlamento se agitó por la compra del Sistema Guardião. Pero le ha restado importancia a una gravísima violación de derechos humanos cometida hace diez días por aquellos a quienes se pretende equipar con esa tecnología de última generación. Esta indolencia plantea, otra vez, la vieja duda: ¿está la sociedad uruguaya dispuesta a poner en riesgo tantas libertades en aras de la seguridad?
En Estados Unidos las autoridades te toman las huellas digitales y la foto sólo si te arrestan: si las archivan, tenés antecedentes policiales. Acá te las toman a los pocos días de nacer, al tramitar la primera cédula de identidad. Desde la perspectiva del derecho a la privacidad eso podrá sonar feo, pero la cosa tiene su lógica cuando te roban la tarjeta de crédito, ¿o no? Si los microlocalizadores de GPS fueran de costo accesible, ¿cuántas familias habría dispuestas a insertarlos en sus hijos e hijas a modo de vacuna contra el extravío, el secuestro y la travesura? ¿Y a registrarles el ADN en un archivo privado, por las dudas? El Proyecto de Alta Tecnología en Seguridad Pública por el cual se procura saturar Montevideo de cámaras de vigilancia provoca escozor entre espíritus libérrimos temerosos de ser filmados mientras se hurgan la nariz. Bueno, es la vía pública. Si no te divierte la posibilidad de que te atrapen, conseguite una habitación.
También es preciso buscarle el punto de equilibrio entre derechos y seguridad al Sistema Guardião de vigilancia, capaz de intervenir, grabar e interpretar 1.000 conversaciones de 800 teléfonos celulares y 200 fijos en forma simultánea, además de controlar cuentas de email y redes sociales. El gobierno lo compró por dos millones de dólares y en secreto, para agarrar desprevenidos a los futuros vigilados (la “ventaja táctica”), como si no se fueran a enterar de todos modos.
El enorme sistema habilitará a la inteligencia del Estado a efectuar verdaderos “megaoperativos” virtuales. Haciendo cuentas, más allá de que tenga las facultades, ¿está bien que el Poder Ejecutivo disponga sin conocimiento del Parlamento una compra por un costo equivalente a la construcción de dos escuelas? ¿O que les legue a los siguientes gobiernos un gasto anual de 200.000 dólares en mantenimiento de equipos? ¿Habrá tanta pesquisa como para requerir un procesamiento de datos de tal magnitud y a tal velocidad? ¿Cuántas autorizaciones judiciales serían necesarias para poner a funcionar este aparato aunque sea a medio vapor? ¿Resistirán los funcionarios a cargo de las 30 terminales la tentación de usar la capacidad ociosa de las instalaciones para sus propias averiguaciones, extrajudiciales e ilegales?
Otro interrogante es cómo se usará la información obtenida mediante el Sistema Guardião. Para responderla, ver lo que se hace ahora con esos datos no está de más. Está de menos.
El 24 de agosto, agentes de civil arrestaron y torturaron a 12 hombres y mujeres que se aprestaban a asistir a una manifestación, identificados como “radicales” y “violentos” por la inteligencia. La Policía afirmó que se trató de un “procedimiento preventivo” en la modalidad de “detención en averiguaciones”. Fueron capturados camino a la marcha, conducidos a la Jefatura de Policía de Montevideo, obligados a desnudarse y a quedarse de plantón, amenazados, golpeados, registrados y liberados a las cinco horas, todo esto sin conocimiento de la Justicia.
Sí: 28 años después de la dictadura se sigue arrestando en Uruguay a ciudadanos de minorías políticas, ahora porque algún bobo de la inteligencia presagia que van a tirar piedras. De paso, se los tortura. Como si fuera un mal chiste, los detenidos el 24 de agosto son solidarios con la misma causa por cuya defensa el presidente José Mujica debió vender la casa de su madre: por oponerse a la extradición en 1994 de los vascos Miguel Ibáñez, Jesús María Goitia y Luis María Lizarralde.
Mientras, esa inteligencia boba es incapaz de encontrar pruebas para acusar siquiera a los vándalos que hace tres meses asaltaron y saquearon la sede del Poder Judicial en medio de un festejo deportivo. Esa inteligencia boba deduce que fueron “radicales” de izquierda, dada la “virulencia” y la “organización” del ataque (porque llevaban piedras en las mochilas…). Esa inteligencia boba no pudo acusar a ninguno de los 89 detenidos esa noche.
¿Está bien que el Estado gaste tanta plata en facilitar “procedimientos preventivos” contra personas que no han cometido delito alguno? ¿Para qué? ¿Para alimentar el miedo que lleva a muchos estudiantes a cubrirse el rostro en las marchas del 14 de agosto? ¿Para vigilar a ciudadanos críticos del gobierno, lo que cierta suspicacia atribuye al encono entre antiguos tupamaros hoy en trincheras opuestas? ¿Para buscar argumentos que permitan dispararles balas de goma a manifestantes?
El Parlamento se agitó por la compra del Sistema Guardião. Pero le ha restado importancia a una gravísima violación de derechos humanos cometida hace diez días por aquellos a quienes se pretende equipar con esa tecnología de última generación. Esta indolencia plantea, otra vez, la vieja duda: ¿está la sociedad uruguaya dispuesta a poner en riesgo tantas libertades en aras de la seguridad?
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