Cínico!, demagogo barato!
No hay otra forma de calificar tremenda provocación de quién se cree y se siente respaldado por el aparato represivo y encima pretende darse el lujo de reírse de los perseguidos.
No NOS gusta. Destacamos el NOS, porque ese hablar en plural de Mujica -cuando le conviene- es para dar la impresión de un movimiento colectivo. Mujica que cuando ha estado apretado por los conflictos internos que el mismo genera con su inoperancia y política errática ha dicho LA GENTE ME VOTÓ A MÍ, de repente se pone plural y habla de no NOS gusta. Que diga si a él, específicamente a él, le gusta o no le gusta "colar la política adentro de los juzgados". Que lo diga! Porque si en este proceso hay alguien que ha COLADO LA POLITICA ADENTRO DE LOS JUZGADOS ESE ES JOSÉ MUJICA CORDANO PRESIDENTE URUGUAYO HASTA 2014. No puede hacerse el desentendido de que fué el mismo quien "COLO" LA POLÍTICA EN LOS JUZGADOS EXIGIÉNDOLE A LA SUPREMA CORTE EL QUE ECHARAN A LA JUEZA MOTA. El comenzó este proceso que está muy lejos de haber terminado dado que el fascismo ha pasado al ataque aprovechando la oportunidad y la gente ya está cansada de los atropellos (y de los insultos presidenciales) y comienza a hacer resistencia. En el caso específico llegará a niveles internacionales tanto a instancias de los DDHH como a nivel de base en los colectivos uruguayos y de los defensores de los DDHH, en lo que promete ser una confrontación de larga duración contra la mentira, la hipocresía y el cinismo de los representantes políticos del estado.
Mujica "colo" la política en los juzgados cuando públicamente prometió liberar a los criminales de lesa humanidad YA CONDENADOS POR LA JUSTICIA DESPUES DE HABER PASADO POR LOS JUZGADOS CON TODAS LAS GARANTÍAS QUE SUS VÍCTIMAS NO TUVIERON. Llamó de "viejitos" a esa banda asesina que con todas las comodidades de su cárcel de lujo sigue agitando entre sus pares y abiertamente tanto por lo que han hecho en el pasado como sobre lo que proponen de futuro. Fué Mujica,quién violando las decisiones del Congreso de su propio Partido, el Frente Amplio, el que hizo esa promesa. Fué Mujica quién con esa promesa provocó a casi el 50% de los electores que votaron la rosada, fué Mujica el que provocó y denigró a los familiares de los desaparecidos y asesinados, fué Mujica el que "colò" su política en los juzgados y se dispuso ignorar y violar las decisiones judiciales. Fué Mujica quién ha ido a visitar a condenados por crímenes de lesa humanidad. Y en cada uno de esos casos ha pisoteado a la Justicia, a los Jueces y fiscales, y ha "colado" su política y sus intereses políticos. Mujica no tiene ninguna autoridad moral para ahora venir a pretender dictar cátedra cuando el que primero ha "colado" su política ha sido el mismo utilizando su mandato presidencial.
Lo mismo se verificó cuando públicamente pide a la SCJ que se eche a Mota hecho inédito en la historia nacional, ante la complacencia de toda la derecha y el silencio macabro del Frente Amplio que había resuelto en su Congreso llevar adelante lo que la Jueza Mota estaba haciendo y Mujica pretende deshacer.
Por lo demás las posturas tanto de la SCJ declarando la IMPUNIDAD DE LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD es absolutamente política y así se lo entiende tanto nacional como internacionalmente dado que los crímenes de lesa humanidad en tanto crímenes por parte del estado son de índole política. La SCJ - en alto grado - ha "colado" la política en los juzgados. Su política , la de la derecha, la de la complacencia con los crímenes de lesa humanidad. Qué es una política y sino que Mujica se lo vaya a preguntar a los gobernantes de Israel o de Alemania para poner algunos ejemplos de gente que el conoce. O que lo vaya a preguntar en Argentina. Las posturas del Fiscal Zubía hijo de golpista y torturador, son políticas en alto grado y él mismo las introduce en la Justicia.
Esta aseveración de Mujica es de un cinismo sin igual. Se burla de la gente, de las víctimas y de sus familiares y lo hace empleando la DEMAGOGIA BARATA, burlandose así de la jurisprudencia internacional en la materia y -aún más- de los tratados que el mismo Uruguay ha suscrito. Ya debieron pedir disculpas por la colección de inmundicias contra la familia Gelman. Ya vendrán nuevos casos. Ni hacemos una mención final al Frente Amplio porque su silencio dice todo. Están atrás de la repugnante política de Mujica sobre los DDHH. Ya veremos porque como Mujica, al igual que con su guerra antisindical, hace un problema de prestigio personal a las consecuencias por él desatadas cuando exigió el que echaran a la Jueza Mota, esta confrontación no tendrá un final inmediato. Sin duda que el fascismo pretende condenar a los militantes sociales tomados como rehenes para "ejemplarizar" y amedrentar a quienes protestan pero como la historia reciente del Uruguay lo demuestra estos infames ataques por parte del poder no hacen más que generar una reacción de respuesta impulsada por gente del pueblo que da un paso al frente y no se deja prepotear.
Alberto Vidal
Alberto Cabrera
Concentración en el Juzgado ,
. Terrorismo de estado Los alrededores del Juzgado de Misiones y de la Suprema Corte de Justicia estuvieron vallados desde la mañana y con presencia de la Guardia Republicana. Sobre el mediodía se comenzaron a concentrar militantes. Posteriormente los acusados, entre ellos Irma Leites y Jorge Zabalza, ingresaron al juzgado en medio de vítores y saludando a los manifestantes. Luego de eso, se generó uno de los momentos más tensos de la tarde cuando una camioneta del Ministerio del Interior intentó pasar provocando a los manifestantes.
"Hay una estigmatización y criminalización de la protesta social", dijo ayer Irma Leites, líder de la organización Plenaria, Memoria y Justicia.
Declaraciones de Patricia Borda en la puerta del Juzgado de la calle Misiones. Aclarándole los tantos a la prensa .
Se repite la película
.
Provocaciones y patoterismo del Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior quería que hubieran disturbios
Más de 40 oficiales de Policía participaron del operativo
Se produjo un altercado cuando una camioneta policial del Ministerio del Interior pretendió cruzar Misiones y 25 de Mayo. Los manifestantes no permitieron el paso del vehículo, lo que motivó la acción policial y durante algunos minutos hubo empujones e insultos.
Fuerte respaldo popular a los siete acusados por el fiscal Zubía.
Sin grandes incidentes transcurrió la protesta frente a los juzgados de la calle Misiones donde se realizó la primera instancia del juicio después del dictamen del fiscal, contra Jorge Zabalza, Irma Leites y otros manifestantes por el delito de atentado.
Según el fiscal, Gustavo Zubía, los manifestantes que estaban en la sede de la Suprema Corte de Justicia en protestas por el traslado de la jueza Mariano Mota, atentaron contra la Suprema Corte impidiendo la realización del acto de juramento. Los siete implicados fueron denunciados por los ministros de la SCJ por violencia privada.
Ayer, varias organizaciones sociales y sindicales se concentraron frente a la sede judicial en protesta por lo que se considera un acto político para judicializar las protestas. Incluso se acusó al fiscal Zubía, hijo de uno de los generales de ese apellido que participaron del golpe de Estado, de “revanchismo”.
El abogado de Irma Leites, Gustavo Salle, solicitó a la jueza Gabriela Merialdo la suspensión de la instancia judicial, lo que fue rechazado. Por lo que solicitó repasar los videos de los incidentes de febrero en bruto, al considerar que los observados en primera instancia, estaban editados.
El ex dirigente tupamaro, Jorge Zabalza, reiteró que no tiene miedo a ser procesado, y aseguró que la acusación es una mentira o “un invento”. Acusó a los ministros de la Corte de mantener el espíritu del terrorismo de Estado” en referencia a la decisión de ese organismo de declarar inconstitucional la ley que derogó la impunidad a los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos.
En tanto la dirigente de la Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites dijo que se trata de “un tema absolutamente político que tiene que ver con la impunidad y con luchadores sociales” y acusó al gobierno por lo que consideró una persecución orquestada desde hace mucho tiempo.
Una vez culminada la audiencia, la jueza puede dictar sentencia el mismo día, aunque se estima que se tomará 48 horas. Esa resolución puede ser también la de considerar el expediente “en autos de resolución” para lo cual dispondría de 45 días para dictar un fallo.
El único incidente de mención ocurrió cuando un vehículo policial quiso ingresar a la sede judicial por el lugar donde estaban los manifestantes, lo que provocó algunos forcejeos.
En tanto el abogado de Zabalza, Juan Fagúndez, resposanbilizó al vocero de la Corte, Raúl Oxandabarat de ser el responsable de permitir la entrada masiva de gente al edificio en aquella oportunidad. “La entrada masiva de la gente la provocó él (Oxandabarat), cuando empezó a cerrar las puertas de un edificio público, eso no lo declaró” Fagúndez a Radio Sarandí.
Comunicado del PIT-CNT
El secretariado de la central de trabajadores emitió ayer un duro comunicado por la actuación de la justicia. Sostiene que “no comparte el pedido de procesamiento solicitado por el Fiscal, en tanto entendemos que es una forma de judicializar las movilizaciones populares”.
Recuerda que “la movilización efectuada en la Corte es legítima, en tanto una gran parte de la sociedad uruguaya entendió injustificado el traslado de la jueza Mota”.
Sostiene además que el PIT-CNT “siempre ha respetado a la justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas y en este caso nosotros tenemos la convicción de que al no modificar esta postura, cometerá un profundo error que perjudicará a las organizaciones de la sociedad”. Finalmente considera que “sería deseable que la jueza Gabriela Merialdo desestime el pedido de procesamiento por parte del Fiscal”.
viernes 20 de sept.2013Defensa de Borda pidió citar a Mota como testigo
La defensa de la profesora Patricia Borda, cuyo
procesamiento con prisión fue solicitado por el fiscal Gustavo Zubía,
pidió a la jueza Gabriela Merialdo la citación en calidad de testigo de
la magistrada Mariana Mota, en cuya ceremonia de traslado ocurrieron los
incidentes que motivaron las requisitorias de enjuiciamiento formuladas
por el representante del Ministerio Público.
El abogado de Ignacio Durán, defensor de Borda, como
parte de la estrategia de defensa de su clienta, pidió la citación de
cinco testigos, entre ellos Mota quien "está dispuesta a declarar",
según dijo Durán a los medios de prensa ayer al retirarse del juzgado.
El abogado dijo que Borda asistió a la sede de la
Suprema Corte de Justicia "en forma totalmente pacífica" para "expresar
su solidaridad" a Mota a quien conoce porque ambas son oriundas del
departamento de Paysandú.
Durán sostuvo que el dictamen del fiscal Zubía "es
apresurado y no es sólido" y por esa razón pidió el archivo de la causa
en relación a Borda quien, según aclaró su abogado, no asistió a la sede
del máximo órgano del Poder Judicial convocada por ninguna organización
sindical ni política sino que concurrió a título estrictamente
personal.
Según Durán, Zubía basa su requisitoria "en un video
parcial". Agregó que en los registros "se ve claramente cómo ella
(Borda) participa en forma pacífica hasta que la Policía de desborda, la
pasa por arriba y la atropella".
A la salida del juzgado, Álvaro Jaume, cuyo
procesamiento con prisión también pidió el fiscal Zubía, reiteró que se
trata de un caso político.
"Lo que ha pasado es una vergüenza y no hay razón
para que nos procesen. La jueza lo va a tener que pensar muy
seriamente", dijo Jaume.
Por su parte, el exguerrillero tupamaro Jorge
Zabalza, señaló que se trata de una causa judicial "que se sale de lo
habitual". "Yo pienso que se quiere escarmentar a los que luchan por
vedad y Justicia y quieren juicio y castigo para los criminales del
terrorismo de Estado. Entonces se utiliza a siete compañeros como
vehículo de escarmiento", consideró el histórico exguerrillero.
Hubo una asistencia variada
La concentración de ayer frente al juzgado fue
convocada por varias organizaciones sociales y sindicales, entre ellas
Adeom, el sindicato de profesores de Montevideo (ADES) y Plenaria,
Memoria y Justicia. En total, se reunieron entre 150 y 200 personas,
aunque la cifra fue variando en el transcurso de la tarde, ya que la
instancia judicial comenzó a las 14.00 y terminó casi a las 19.00. En el
lugar estuvieron varios dirigentes gremiales, como el secretario
general de COFE, José Lorenzo López, el presidente de ADES Emiliano
Mandacen y el sindicalista docente Luis Martínez, y el dirigente de la
Federación de Salud Pública Martín Pereira. También participaron el
exembajador de Uruguay en Cuba, Jorge Mazzarovich, la dirigente
comunista Lille Caruso y el exdiputado Lucas Pittaluga. Asimismo, estuvo
Valentina Chaves (hija de Ubagesner Chaves Sosa, asesinado y
desaparecido en la dictadura) y Waldemar Tarocco, de la asociación de ex
presos políticos Crysol.
Los siete rehenes fueron recibidos como héroes por la multitud
El pedido de procesamiento a Leites y Zabalza
En Esta Boca es Mía analizamos el pedido de procesamiento del fiscal Zubía a siete personas por los incidentes ocurridos en la Suprema Corte de Justicia el día del juramento de Mariana Mota.
El programa completo del jueves 19 de agosto lo puede ver haciendo click aquí.
Política 20.9.13
Derechos en juego Ayer declararon las siete personas cuyo procesamiento solicitó el fiscal Zubía por la protesta de febrero en la SCJ.
Como se sabe, el fiscal Gustavo Zubía solicitó esta semana el procesamiento con privación de libertad por el delito de atentado especialmente agravado de los cuatro primeros y el procesamiento sin prisión por el delito de complicidad de los tres últimos, por el caso que se investiga de la manifestación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 15 de febrero, convocada por varias organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en rechazo del traslado del ámbito penal al civil de la jueza Mariana Mota.
La magistrada estaba a cargo de medio centenar de expedientes de casos sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y apeló la decisión ante la SCJ -que obviamente negó el pedido-, y ahora su situación se analiza en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Pero volvamos al caso del pedido de procesamiento de los militantes sociales. Ahora Merialdo se tomará un plazo de hasta 45 días para decidir si hace lugar al pedido del representante del Ministerio Público o si archiva definitivamente el caso. Según los abogados defensores, hay una tercera opción, que es continuar con la investigación, pero se trata de un procedimiento “inusual” en la Justicia uruguaya.
Sacale una foto
Los siete indagados ingresaron al edificio del Poder Judicial, en la calle Misiones 1469. Entraron todos juntos y alentados por los cánticos de cerca de un centenar de manifestantes que se apostaron detrás del vallado protegido por unos 20 efectivos policiales. Durante la larga audiencia se fue sumando más gente, convocada por varias organizaciones sociales y sindicales.Usando la sede judicial como lugar de operaciones y protegiéndose detrás de la custodia y del vallado, un fotógrafo y un camarógrafo, uniformados con chalecos de la Policía, se dedicaron a registrar a los manifestantes durante toda la tarde y a esbozar una sonrisa cuando recibían algún grito de protesta o cuando les sacaban fotos a ellos desde el otro lado.
Dos de las pruebas sobre las que se basó el pedido de Zubía fueron un video de la manifestación en la SCJ, proporcionadas por los tres canales privados de televisión a la Policía, y otro con filmaciones realizadas por la propia institución. Pero las imágenes de la televisión estaban editadas por la Policía, por lo que los abogados defensores solicitaron a la jueza acceder y visualizar el material audiovisual en bruto. Merialdo accedió, y luego de que la Policía llevara los videos completos que tenía en su poder, se procedió a observarlos en la audiencia. Una fuente de la Policía informó a la diaria que el Departamento de Operaciones Especiales pidió las imágenes a todos los canales de televisión abierta, que Televisión Nacional Uruguay no accedió a proporcionarlos y que luego las imágenes en bruto fueron editadas por Policía Técnica.
Juan Fagúndez, abogado de Jorge Zabalza, de Álvaro Jaume y de uno de sus hijos, explicó que el alegato que presentó se basó en que “el delito por el que se pide el procesamiento no se adecua a lo que pasó”. “Lo que hubo fue una protesta y no se puede comparar una protesta con un delito. Pero el fiscal interpreta las pruebas en un sentido, que hubo instigación para impedir el acto [de asunción de Mota como jueza civil] y nosotros decimos que hubo una protesta social que lo que hizo fue demorar ese acto durante tres horas”, afirmó.
Los primeros en salir del juzgado fueron Zabalza, Varela y los tres Jaume; media hora después lo hicieron Borda y Leites.
Todo preso es político
Zabalza expresó que “éste es un caso penal que se sale de lo habitual y entonces hay que seguir esperando”. El ex referente del MLN opinó que “la acusación del fiscal es política” y que pretende “escarmentar a los que luchan por verdad y justicia, a los que quieren juicio y castigo para los criminales de Estado, y por eso se utiliza a siete compañeros como vehículo para desalentar la lucha”.Zabalza contó que el día de la manifestación en la SCJ, no pretendió “interrumpir ningún acto”. Según dijo, estaba vestido “de chinelas y bermuda”, y cuando se cerraron las puertas del Palacio Piria algunos quisieron entrar “para presenciarlo, no para interrumpirlo”, y entonces él le preguntó al vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, si podía ingresar al acto, y éste le respondió que sí.
Una estrategia de defensa diferente fue la que tomó Ignacio Durán, abogado defensor de Borda. Durán dijo que después de observar los videos “se puede apreciar que ella fue pacíficamente a la manifestación, porque tiene vínculos familiares con la doctora Mota y concurrió a expresarle su solidaridad”. Para Durán, el dictamen del fiscal “es apresurado, no está fundado y le falta solidez”, y dijo que solicitó que la jueza citara a declarar a cinco testigos, entre los que se encuentran un fotógrafo y un docente compañero de Borda, quienes estuvieron en la manifestación, y la propia jueza Mariana Mota. Durán explicó que si bien no cree que Zubía “cambie el dictamen”, la jueza Merialdo “tiene la potestad de archivar el expediente y el caso puede concluir en esa posibilidad”.
Leites dijo que su alegato se basó en que éste es “un juicio político”, y que solicitó que el proceso fuera “oral y público”, pero que la jueza “no lo consideró”. Agregó que “se eligieron siete personas para estigmatizarlas y acusarlas de lo que pasó, porque no hay una conducta diferencial de esos siete con respecto a todos los demás que estuvieron en la manifestación”. Finalmente, Leites expresó que en el fallo de Merialdo “se juega mucho del futuro”, y que en la declaración realizó “un alegato a favor del derecho a la protesta” y pidió a la jueza “amparo contra la prepotencia de la Policía con sus abusos y seguimientos”.
Cuestión de genes
El Secretariado
Ejecutivo del PIT-CNT expresó en una declaración que el procesamiento de
militantes sociales solicitado por Zubía “es una forma de judicializar
las movilizaciones populares”. En una declaración emitida ayer, la
central de trabajadores agrega: “Siempre hemos respetado a la Justicia
uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de
críticas; en este caso, nosotros tenemos la convicción de que, de no
modificar esta postura, cometerá un profundo error que perjudicará a las
organizaciones de la sociedad”. Edgardo Oyenart, uno de los dirigentes
del PIT-CNT que participaron en la movilización en la SCJ e ingresaron
al lugar para hablar con el jefe del operativo policial para “evitar una
masacre”, agregó que “procesar a personas por participar en una
manifestación es un disparate”. El dirigente expresó que el 15 de
febrero fue testigo de que “no hubo ninguna agresión, no se rompió nada”
y que tuvo que participar en un cordón humano para “proteger” a
personas ancianas del atropello policial. “Me parece que los genes del
fiscal Zubía pueden más que su responsabilidad profesional e
institucional”, concluyó Oyenart, en referencia a los lazos familiares
del representante del Ministerio Público con militares.
Luis Rómboli
Lo de ayer
por Irma Leites
"LO DECLARADO EN LA AUDIENCIA Y LOS HECHOS.
Acta ratificatoria y ratificación de que la muralla de la impunidad caerá.
Compañeros agradecemos a todas/os, los que se comieron la amansadora del juzgado y a todos los que nos hicieron llegar su preocupación y apoyo de todos lados del país. La presencia masiva de la memoria viva es lo único que protege nuestras luchas, Hijos, Familiares, expresas/os, jóvenes, docentes, municipales, de organizaciones sociales y políticas que repudian la impunidad se hicieron presentes en el Juzgado de Misiones. Seguro que esta convocatoria tiene mucho que ver con la memoria viva de los que aún buscamos la justicia.
Hoy declaramos los 7 compas citados. En las audiencias, realizamos junto a los abogados, las defensas alegatos al pedido del fiscal Zubía de procesamiento por atentado agravado con privación de libertad para Zabalza, Álvaro Jaume, Patricia Borda e Irma Leites. Y para Aníbal Varela, Eduardo y Diego Jaume el pedido fiscal de procesamiento por complicidad de atentado con agravantes sin prisión.
Consultada la jueza Gabriela Merialdo nos informó que en el plazo de 2 semanas a 45 días nos comunicaría el fallo.
Esta instancia se llama acta ratificatoria. Te preguntan todo lo personal, donde y de que vivís etc. etc. Luego si ratificas lo que dijiste antes y si querés agregar algo más. Ante eso agregué más o menos lo siguiente:
- Que este juicio conforma un eslabón más de la impunidad y una larga cadena persecutoria. Hostigamiento, estigmatización a lo que pienso ideológica y políticamente. Que esto era un juicio político planteado desde los grandes medios de comunicación, la policía, el DOE y el Poder judicial. Solicite se aclarara porque se filma, fotografía, infiltra las marchas. Violando fragantemente el derecho de la protesta. Y solicite que la sede judicial me ampare en los ataques permanentes que sufro por parte del Ministerio del interior a través de acusaciones públicas.
- Denuncié las escuchas telefónicas, las acusaciones aparecidas en varios medios de prensa, informé que solicitamos al diario El Observador los informes de la policía sobre los que supuestamente basan sus notas periodísticas sin haber obtenido respuesta.
- Señalé (como todos los demás compañeros/as) que este es un juicio netamente político no es judicial. Todos los hechos por los que se nos indagan fueron públicos, en un ámbito publico, delante de cientos de personas y la prensa nacional e internacional. Por tanto no hay nada que decir sobre eso.
- Insistimos en un juicio oral y público, como lo había solicitado ya al fiscal y jueza en la audiencia anterior.
- Fundamentamos que al acusarnos a 7 personas de un hecho protagonizado por cientos no solo se nos criminaliza sino que el poder judicial le confisca groseramente el derecho de protesta y protagonismo a todos/as las que luchan contra la impunidad y estuvieron el 15 de febrero en la Suprema Corte de inJusticia.
- Y que con el desplazamiento de la Dra. Mariana Mota, se nos vuelve a colocar a los torturados, a las violadas, a los que somos testigos vivos del terrorismo de estado a tener que volver a esperas infinitas o atravesar otras audiencias; relatando (en el mejor de los casos) una y otra vez los hechos.
- Solicité además a la Dra. Merialdo que actuara de oficio ante conocidos torturadores como Eduardo Ferro, de la banda de la OCOA, que este próximo fin de semana convoca a actividades públicas en Maldonado y está denunciado por cientos de expresas/os y nada se ha hecho. Ferro habló en una emisora de Maldonado para promocionar un encuentro nacional de militares retirados que tendrá lugar en dos instancias, el domingo próximo, en Maldonado. Por la mañana, a la hora 11, se reunirán en el Cuartel de Dragones y luego tendrán un “asado de camaradería” en la Sociedad Nativista San Fernando. El impune dijo: “Llega un momento en que hay que dar la vuelta la página, ni vencidos ni vencedores y seguir adelante. La historia es muy profusa en ese sentido, tanto en Uruguay como en el mundo”, añadió el militar retirado, que se ampara en la Ley de Caducidad.
- Así como también, solicité se actúe de oficio en el caso de Armando Mendéz Cabán, torturador en el Batallón Florida, implicado en la muerte de Alter y Arteche en agosto de 1973 y en la desaparición del compañero de la UTE Oscar Tassino.
- Solicité se instale un juicio de excepción oral y público por genocidio que juzgue a los militares y médicos acusados de delitos de torturas, y que se juzguen los delitos económicos cometidos bajo el terrorismo de Estado y se confisque a los represores todo lo que bajo el terror se apropiaron.
- Por último dejé constancia que de ser procesada con prisión domiciliaria no la cumpliría por que mi casa no es una cárcel. Estuve nueve años presa y tres exiliada y el sitio donde vivo es un sitio de libertad y no aceptaré lo conviertan en otra cosa.
Mientras escribo esto me dice un compañero que de nuevo el Gral. Barneix no irá a declarar el lunes 23 que estaba prevista su citación por el asesinato del chiquito Perrini, la chicanas de los represores dilatan las audiencias y los impunes siguen libres y burlándose amparados por leyes, gobiernos y jueces. La suprema corte de justicia les levantó la muralla para esconderlos. Solo la lucha la derrumbará.
Por la memoria de Elena, Gerardo, Ubagesner, del Chiquito: ¡Nuestra memoria no olvida nuestra dignidad no perdona!"
Irma Leites - 19/09/13
20 Septiembre 2013
Escrito por: Rodrigo Abelenda
Separame a estos siete
Manifestantes ante la SCJ en riesgo de ser procesados
El pedido de procesamiento de Zabalza, Leites y otros militantes de izquierda que concurrieron a la Suprema Corte de Justicia (scj) a protestar por el traslado de la jueza Mariana Mota parece disparar una alarma sobre incipientes procesos de criminalización de la protesta social.
El pedido de procesamiento de Zabalza, Leites y otros militantes de izquierda que concurrieron a la Suprema Corte de Justicia (scj) a protestar por el traslado de la jueza Mariana Mota parece disparar una alarma sobre incipientes procesos de criminalización de la protesta social.
Al poco tiempo de que la jueza Gabriela Merialdo iniciara una investigación penal por la manifestación en la sede de la scj para oponerse al traslado de la jueza Mariana Mota, un fotorreportero que concurrió a la concentración fue interceptado en plena calle y conducido hasta el Departamento de Operaciones Especiales (doe), en procedimientos atípicos. A otro colega suyo, la doe lo citó por teléfono. Poco después se supo que allí también habían sido interrogadas algunas de las personas que denunciaron en 2011 más de 120 casos de torturas durante la última dictadura (algunos de estos casos están a cargo de Merialdo). Luego vinieron las polémicas infiltraciones a las marchas en las que participó la Plenaria Memoria y Justicia. Y ahora un pedido del fiscal Gustavo Zubía para que Merialdo procese a siete de los manifestantes que concurrieron al Palacio Piria, sede de la scj. Al pasar raya, el resultado es una “atmósfera, una escalada de represión contra la manifestación social, en donde un fiscal se siente con las manos libres para ensañarse” y elegir siete individuos de entre 300 personas para procesar, evaluó el ex tupamaro Jorge Zabalza, quien junto a Irma Leites, Álvaro Jaume y la profesora Patricia Borda pueden ir a prisión por “atentado especialmente agravado”.
Los cuatro, según Zubía, actuaron el día de la manifestación en calidad de “instigadores” porque sus acciones fueron “tendientes a cuestionar o impedir lisa y llanamente el acto” de traslado, según se desprende del escrito presentado por el fiscal. El delito consiste en impedirle al funcionario público asumir la función o tomar posesión del cargo, según el Código Penal. Para el fiscal lo ocurrido en el Palacio Piria encuadra en ese delito porque la ceremonia de traspaso de cargo se pospuso tres horas. Zubía también pidió el procesamiento sin prisión del dirigente de adeom Aníbal Varela y de Eduardo y Diego Jaume. Ellos, según el fiscal, actuaron a partir del “impulso multitudinario”.
Ayer todos los indagados realizaron sus descargos ante la jueza Merialdo, quien estudiará los alegatos para tomar una resolución en un plazo de 45 días. Zubía no se hizo presente en la indagatoria. La defensa de los indagados presentó queja ante la jueza, porque no pudo tener acceso al expediente mientras Zubía lo sustanciaba. Fueron avisados de la solicitud de procesamiento el martes. Los indagados fueron acompañados por militantes de Crysol, Plenaria Memoria y Justicia, ades Montevideo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y cofe. Un móvil de la Policía quiso ingresar dentro del perímetro vallado alrededor del juzgado, pasando entre la multitud, lo que provocó algunos forcejeos. Todo bajo la atenta mirada de las cámaras de la Policía que registraban a los presentes.
Por el clima creado, según el abogado Juan Fagúndez, el pedido de Zubía se trata de una “causa política y no judicial. El que la haga una causa judicial es un mentiroso y un tramposo. Es una causa política instaurada en el derecho penal”. Por eso, la defensa que ensayaron los indagados ayer jueves, fue un “alegato político”. Para Fagúndez la acusación de Zubía tiene “intencionalidad política”, por lo que se evalúa acusar de delito al fiscal. En caso de que la jueza acceda al pedido de procesamiento, el fallo será apelado, y de no resultar favorable esa instancia, se irá a una corte internacional. El relevamiento de prueba, sostiene Fagúndez, revela esa discreción política: los videos fueron editados, los ministros de la scj declararon por informes (con lo cual no se pudo rebatir el argumento), y no se tomó en cuenta la declaración de algunos de los indagados, que en “la cara del fiscal dijeron que estaban en paz hasta que entró la Policía”. Los fotógrafos de prensa Santiago Mazzarovich e Iván Franco, que fueron conducidos al doe, y el dirigente del gremio de judiciales, Gustavo Signorelle, no fueron incluidos en el pedido de Zubía, lo que revela intencionalidad política en la selección, dejando afuera a la prensa y al Poder Judicial, evaluó el abogado.
La declaración del vocero de la scj, Raúl Oxandabarat, la de los ministros de la scj (promotores de la causa) y los “numerosos videos que se separaron con respecto a los indagados” para Zubía son las pruebas fundamentales, según su escrito. Oxandabarat, cuyo testimonio merece “especial referencia” para el fiscal, declaró que algunos de los manifestantes “estaban en la posición extrema de que no sólo no iban a abandonar el lugar, sino que iban a impedir el juramento”. La declaración de los ministros, “que durante tres horas soportaron los gritos e insultos de los manifestantes”, de acuerdo al fiscal, da cuenta de los “hechos anómalos y violentos” que impidieron el desarrollo de la ceremonia. También toma como prueba las declaraciones de policías que refrendan “el sentido distorsivo” de las conductas. Algunos de los videos tomados en cuenta por Zubía son declaraciones ante la prensa, que –según él–denotan “intenciones impidentes” del acto.
Sobre los indagados, el fiscal sostiene que –mediante sus testimonios– buscaron “ostensiblemente” aminorar su responsabilidad. Destaca, sin embargo, que las declaraciones de Mazzarovich “establecen la existencia de insultos y un clima de tensión permanente que no era apto para realizar la ceremonia”. Además señala que las acciones de algunos concurrentes no son “aisladas”, sino que están en un “entronque conceptual de largo aliento”, y sus “métodos operativos” responden a “mecánicas probadas” en procura de determinados objetivos. También hace referencia al “destacable criterio de la sede penal” de ubicar e identificar a “figuras claves de lo sucedido” mediante tareas “administrativas” (léase la intervención del doe), algo que no se hizo en la manifestación en “atención a lo variado de las personas” que concurrieron al Palacio Piria. En este tipo de eventos, “separar la paja del trigo” es tarea del “operador”, dice Zubía.
Varias denuncias sobre criminalización de la protesta social están en la órbita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (cidh). En ese sentido, en abril de este año la cidh expresó preocupación por “el hostigamiento contra los defensores y defensoras de derechos humanos, así como actos de violencia en manifestaciones de protesta social, y la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos” en Perú y Ecuador.
Zubía ingresó al Ministerio Público en 1981, aún en dictadura. Es hijo del general Eduardo Zubía, considerado como uno de los ideólogos de los sucesos de febrero y junio de 1973, a quien Zabalza denunció por torturas en la Región Militar número 1. Ello, sin embargo, no le genéro ningún reparo ético al fiscal para solicitar el procesamiento de Zabalza. La causa por la manifestación en el Palacio Piria junta al hijo del denunciado con el denunciante, aunque –paradójicamente en un gobierno de izquierda– quien es sometido con celeridad a la justicia es el ex guerrillero.
EL NUNCA MAS.......comienza hoy.
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Hubo un tiempo en que la carrera militar, estaba asociada a la defensa de la soberanía. Por lo menos fue lo que entendió Leandro Gómez y otros heroicos capitanes que sucumbieron junto a él. Con el tiempo esta "noción de Patria" fue perdiendo fuerza, en beneficio de otra más actualizada, la de la defensa de las instituciones. Tiene que haber pesado mucho en las decisiones seguramente, que esos viejos principios pudieran constituirse en serios obstáculos, para las relaciones entre la clase dominante y el capitalismo fuera de fronteras. Tal vez los militares descubrieran que los paises, no solamente pueden ser invadidos con hombres armados, sino que también se puede hacer con dólares. Y como todos sabemos, si Ud. no es dueño de su economía, tampoco será libre. Lo mismo sucede con los paises. De ahí que resultó más prudente hablar de instituciones, no de las bancarias claro está. Hasta la Caja de Jubilaciones estaba permitido. Pero resultó ser que también esta premisa resultaba insuficiente, pues hay circunstancias en la vida económica de los paises, en que se exige un golpe de timón -más conocido como golpe de Estado - para implementar reajustes. Y estos reajustes requieren la participación activa de aquellas fuerzas armadas que fueron creadas para defender la Patria del enemigo. Y entonces nada mejor que introducir en el espíritu combatiente, la doctrina de la Seguridad Nacional. Además esta nueva doctrina, tiene la ventaja que en caso de apremios podemos contar con la ayuda extranjera. Se borran las fronteras territoriales en beneficio de las ideológicas. Si un Amigo está en apuros, lo más sensato es socorrerlo. El enemigo por supuesto no será ni Argentina ni Brasil, por mencionar los paises con quienes tenemos fronteras. Además estos paises no tienen costumbre de invadir a nadie. Y por si esto fuera poco, cabe recordar aquí el informe que 2 alemanes expertos en seguridad y cuestiones militares, redactaron sobre el Uruguay en un supuesto escenario bélico. De esto hace aproximadamente 40 años y ya por entonces afirmaban que un ataque argentino podría ser resistido durante 7 minutos y uno brasilero durante 5. Por lo que vemos Uruguay es un país que bien se puede invadir por teléfono. "Mirá que vamos para ahí, así que a no joder al pedo". Así que mejor les damos a nuestros uniformados otras tareas más eficientes,como lo son la defensa de la propiedad privada, la de los bancos y la inversión que invade de forma más moderna y civilizada.
Además tenemos los tratados de defensa que nos permite por ejemplo recibir donaciones de predios, como sucedió hace algunas semanas, en donde generosamente los EEUU nos donaron un predio para deportes. Alguien me preguntó si esto sucedió en Arizona y me ví en el deber de informarle que esto sucedió en el barrio motevideano de Santa Catalina. Nos "donaron" un pedazo de territorio uruguayo con la complacencia de nuestro Ministro de Defensa que concurrió emocionado con una pelota en la mano. Este hombre en el pasado integró -creo que por error - un movimiento llamado de Liberación Nacional.
Estas modernas tareas a las que está avocada la defensa de la Patria, exige cuando las circunstancias así lo requieren, el empleo de métodos destinados a frenar el descontento que los reajustes económicos provocan. Y el saldo siempre será negativo para el Pueblo que juraron defender. Y no solamente en materia de poder adquisitivo, sino en muertes y desapariciones, sin contar con otros "daños colaterales" como se suele denominar a la tortura, cárcel, saqueo, violaciones y robos de niños recien nacidos. Por lo general, una vez consumados estos reajustes y aplastados quienes se resistían a ser reajustados, sigue un período de calma y regreso a las tradicionales formas de dominación democrática. Elecciones, militares que regresan a los cuarteles, en un merecido descanso después de haber combatido al enemigo, Pueblo en las calles festejando. Ahora somos libres y podemos gritar lo que se nos venga en gana y hasta insultar al mismo presidente. Estamos en Democracia. Viva la Democracia!!!!
Pero que pasa cuando las víctimas o los familiares de quienes fueron muertos o desaparecidos se largan a las calles a reclamar justicia y saber de sus seres queridos aún escondidos? Qué pasa cuando una Jueza decide investigar donde está esa gente desaparecida y quienes la desaparecieron? Bueno, así no vale y estamos internándonos en terrenos peligrosos. Esto no fue lo que pactamos en el Club Naval, parecen decirnos. Pero se olvidaron que de algo muy importante: los niños secuestrados ahora quieren saber quienes fueron sus padres y donde están. Y también las pocas madres que aún viven, y las esposas y los hermanos y los sobrinos. La lista es interminable. Y es aquí en donde aparecen en escena los que pactaron a espaldas de su propia gente. Y como la verdad oculta comienza a abrirse paso, apelan a los mismos métodos que empleó la dictadura. Intimidación, fichaje, criminalización de la protesta. Y muchos de ellos seguramente sonreirán cuando la gente la emprende contra el Fiscal Zubía y la SCJ. Logramos tirar la pelota para otro lado, pensarán. Pero por suerte tampoco esta maniobra pasó desapercibida. El fiscal Zubía tuvo la gran oportunidad de confirmarnos su odio y revanchismo sin porvenir. Sus antecedentes así lo acreeditan. Pero los criterios selectivos de los elegidos entre más de 200 personas, tiene un tufillo político que no lograrán disipar con discursos perfumados, ni aún los más connotados "discrepantes". La industria del verso amenaza con quiebra y dentro de muy poco tendrán que llamar a concordato. Esta política represiva destinada a frenar el descontento, no sólo se limita a la tarea de defender la impunidad reinante, sino que se materializa en cualquier reclamo de justicia, que va desde el más democrático reclamo salarial, hasta la tragedia de un desalojo en donde hay niños incluidos. Estamos entrando en un período en donde las libertades se verán seriamente amenazadas. Del Pueblo dependerá que EL NUNCA MAS no pase de ser una frase del montón, más bien destinada a conciliar el sueño....
COMUNICADO
El Servicio Paz y Justicia de Uruguay manifiesta su profunda preocupación y absoluto rechazo ante el pedido de procesamiento con prisión de siete militantes sociales por parte de un fiscal.
Los acusados expresaron su disconformidad por el desplazamiento de la jueza Mariana Mota de las causas de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente, destinándola a la órbita civil. Esta medida fue considerada discriminatoria y sancionatoria por más de un centenar de ciudadanos y ciudadanas, quienes expresaron su respaldo a la magistrada.
Las posteriores sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que en la práctica buscan consagrar la impunidad, fueron condenadas por muchos organismos internacionales. Esto muestra el grave deterioro que en materia de respeto y defensa de los derechos humanos sufre hoy nuestro país ante la pasividad del sistema político.
La desproporción de la acusación fiscal frente a la protesta, conforma un elemento más que refuerza la escalada de violencia institucional en la que vienen incurriendo determinados actores estatales en perjuicio de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil y condenando y estigmatizando a ciertos grupos sociales (como son los pobres y los jóvenes).
La criminalización de la protesta social forma parte de los métodos más totalitarios y represivos a los que apelan los Estados para negar la justicia a quienes la reclaman.
Una Justicia verdaderamente independiente y garantista de los derechos de la ciudadanía, debería condenar esas prácticas en vez de avalarlas.
Desmantelar el aparato represivo, de inteligencia y judicial uruguayos!!!
Nidos fascistas
La evidencia de la provocación del Ministerio del Interior.
La prensa previamente criminaliza a "radicales"
Luego la prococación .
Los servicios de inteligencia esperaban una reacción violenta de militantes de DDHH contra la impunidad, militantes sindicales de maestros, funcionarios publicos, activistas contra la megamineria, y contra la extrangerizacion de la tierra, ex torturados y presos politicos, hijos de desaparecidos, en resumen: "los radicales". Pero los radicales se mantuvieron pacificamente a pesar de la provocación enviada por el ministerio del Interior. Otra vez le salió el tiro por la culata y queda en evidencia quienes fueron los que vandalizaron rompiendo vidrios despues de los festejos de Peñarol, para luego acusar nuevamente a los "radicales".
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