27 Septiembre 2013
Escrito por: Walter Pernas
Jueces cruzados
“Esto está arreglado, nos van a cocinar.” Expresiones por el estilo podían escucharse en ambas márgenes del Río de la Plata durante las horas previas a los partidos que por el campeonato mundial de 1966 disputarían Alemania y Uruguay e Inglaterra contra Argentina.
Había motivos para sospechar: jueces cruzados. Un árbitro inglés para el encuentro entre alemanes y orientales; y uno alemán, en el match de ingleses versus argentinos.
El 23 de julio Alemania ganó 4 a 0: el juez inglés no cobró un penal gigante contra Uruguay y expulsó a dos jugadores celestes en cinco minutos. A la misma hora Inglaterra vencía por uno a cero: el árbitro alemán había flechado la cancha a favor de los locales.
“Acá está pasando algo parecido”, dijo a Brecha un funcionario judicial al terminar de recordar aquellos tensos momentos. Pero el hecho al que se refiere no tiene que ver con el fútbol sino con la situación que ha quedado planteada en la justicia penal, donde siete manifestantes pueden llegar a ser procesados por haber participado en una protesta en el Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justica (scj).
El 15 de febrero cientos de personas ingresaron a tales instalaciones en solidaridad con la jueza Mariana Mota –a cargo entonces de cerca de 50 causas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el terrorismo de Estado–, que ese día, en acto público, iba a ser trasladad a un juzgado civil, contra su voluntad.
A pesar de que el sector reservado para que los ministros se sentaran en sus sillones no fue ocupado en ningún momento por los manifestantes –que esperaban del otro lado de la barandilla que separa a los jueces del público–, los miembros de la corporación prefirieron no salir ante tanta gente, y en cambio ordenaron a la Policía que desalojara el Palacio y presentaron una denuncia penal ante la jueza de turno, Gabriela Merialdo.
La Policía terminó por de-salojar a los que se habían congregado dentro de la sede de la Corte, y el acto –ya no público, sino de acceso restringido– se llevó a cabo tres horas después de lo previsto. Por su parte, la jueza Merialdo abrió un expediente penal y comenzó a investigar los hechos, citando en varias oportunidades a manifestantes y testigos.
La magistrada, titular del Juzgado Penal de 9º Turno, no tenía impedimento alguno para encargarse de la denuncia presentada por la scj, y sus decisiones sobre cómo llevar adelante su indagatoria pudieron ser tildadas de polémicas, pero no de ilegítimas o sospechosas de ilegitimidad.
Pero hace dos meses las cosas cambiaron como consecuencia de un duro altercado que Merialdo mantuvo con la actuaria que trabajaba junto a la jueza en la sede penal, quien en ese momento se encontraba de turno en el Centro de Instrucción Criminal (cic) de la calle Bartolomé Mitre, a propósito de otra causa judicial.
La magistrada había dispuesto que se redactara una orden de allanamiento, lo que fue cumplido por los funcionarios. Alrededor de las cuatro de la tarde, Merialdo no había vuelto al juzgado, y la actuaria decidió telefonearle a su casa a fin de saber si tenía algún problema que le impidiera llegar a tiempo a firmar la orden, pues de lo contrario no sería posible que la Policía cumpliera con la medida que la propia jueza había dispuesto.
El llamado molestó sobremanera a Merialdo, que –de acuerdo al relato de dos funcionarios consultados por Brecha– al volver a ver a la actuaria en el cic le hizo saber a través de un funcionario que si no se retiraba de su vista la iba a “encerrar en el carcelaje”.
La funcionaria no dudó en compartir la situación con sus compañeros de tareas, que la respaldaron, varios en el entendido de que no era la primera vez que la jueza “destrata” al personal. Todos los funcionarios presentes ese día en el cic denunciaron por carta ante la scj lo que consideraron una situación de abuso de poder, a fin de que la corporación adoptase medidas disciplinarias contra Merialdo, por ejemplo el traslado de la jueza, relataron a Brecha las fuentes allegadas al caso.
A pesar de que Merialdo negó los hechos, algunos funcionarios dijeron haber escuchado su voz –en el cic las oficinas son boxes separados por muy delgadas paredes de melamina– cuando ocurrió el incidente. Por eso la funcionaria recibió un apoyo unánime de sus compañeros, que llegó hasta la Corte, como también el respaldo de la Asociación de Actuarios Judiciales y de la Asociación de Funcionarios Judiciales.
La scj dispuso una medida preventiva: trasladó a la actuaria. Pero postergó en dos oportunidades la adopción de una resolución de fondo sobre el asunto: decidir si Merialdo será o no sancionada, y si la resolución incluye o no su traslado.
La magistrada presentó sus descargos ante los ministros y ella misma pidió ser trasladada a otra sede penal, sostuvieron las fuentes. Pero la scj prefirió no expedirse, por ahora.
Merialdo tiene pendiente decidir si procesa o no a los manifestantes del 15 de febrero: el fiscal Gustavo Zubía pidió los procesamientos con prisión –por el delito de atentado– de Jorge Zabalza, Irma Leites, Álvaro Jaume y Patricia Borda; y sin prisión los de Diego y Eduardo Jaume, y de Aníbal Varela.
La intención de la magistrada era ser trasladada de inmediato, pero no ha encontrado eco en la scj.
Así, desde hace dos meses ha quedado planteado un escenario en el que la jueza Merialdo debe decidir sobre la denuncia presentada por la scj, y a su vez la corporación debe resolver qué hace respecto a Merialdo (frente a la denuncia elevada por los funcionarios judiciales).
Al cierre de esta edición, Brecha procuró ubicar a la jueza pero no se encontraba en ese momento en su despacho, y resultaron infructuosas las llamadas a su celular. Los funcionarios que cumplían tareas en el Juzgado Penal de 9º Turno prefirieron no realizar declaraciones sobre el asunto.
El artículo 325 del Código General del Proceso (cgp) establece que “será causa de recusación toda circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad del juez por interés en el proceso en que interviene a afecto o enemistad en relación a las partes”, entre otros aspectos. Y el 326 señala que el juez que se considere en algunas de las circunstancias mencionadas “lo hará saber a las partes, las que dispondrán del plazo de seis días para promover el incidente de recusación, en caso de no hacerlo, se entenderá que renuncian a invocar el impedimento”. Esto no ha sido promovido por la jueza Merialdo, que tampoco ha optado por “declararse inhibida de oficio”, como habilita el cgp para casos en que “el juez estimare necesario su apartamiento del proceso”.
En todo caso, los abogados defensores de los manifestantes –al enterarse de los hechos– deberán evaluar si accionan contra la magistrada. “El incidente de recusación podrá ser promovido por la parte interesada, aun cuando nada haya expresado el juez”, indica el cgp.
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