martes, 23 de junio de 2015

¿Que pasó con las 50 causas penales?

La jueza Mariana Mota 






¿Qué pasó con las 50 causas penales por crímenes de la dictadura que estaban a cargo de la jueza penal Mariana Mota (antes que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay la trasladase al fuero civil en febrero de 2013)? ¿Hubo algún avance en las investigaciones? ¿Algún procesamiento en alguna de esas 50 causas? ¿Alguna sentencia?



La impunidad en Uruguay

mar jun 23 2015
Recuerda que "el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario", y que la jueza no tenía un "derecho adquirido" a permanecer en el juzgado penal, al tiempo que el traslado no significó un descenso en su carrera como magistrado ni un acto arbitrario.
El traslado de Mota, jueza a cargo de decenas de causas sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura y responsable del procesamiento de varios militares, generó en febrero de 2013 un duro enfrentamiento entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo, al tiempo que activistas sociales provocaron una asonada el día que debía jurar su nueva sede. A partir de este hecho la Corte comenzó a exhibir un vallado permanente y se reforzó la seguridad personal de los ministros.
Para el TCA, la previa designación de Mota en un juzgado penal "no generaba derecho permanente alguno a su favor, en particular, no le confería un derecho subjetivo al cargo, y por lo tanto, el traslado no vulnera sus derechos en la carrera judicial".


Desestimados.

Mota apeló su traslado pero ninguno de los tres argumentos esgrimidos fue de recibo ni probado para la mayoría del TCA. La sentencia fue producto de intensos debates, dijeron a El País fuentes del organismo, y se acordó con el voto favorable de tres de los cinco ministros.
Mota recurrió el acto de la Suprema Corte por "prescindir de un elemento esencial en un Estado de Derecho como es la motivación del acto administrativo, por obviar un requisito constitucional (consultar al Fiscal de Corte), y por haber sido dictado con desviación de poder", cuestionando su honor y reputación, menoscabando su perfil profesional, afectando su carrera funcional y lesionando su autonomía técnica.
"No se conoce cuál fue el interés general que motivó a la Corte decidir mi traslado", reprochó Mota.
Para el TCA, "aunque escueta, la motivación esgrimida se advierte suficiente a los fines explicitados". En efecto, las designaciones dispuestas por la SCJ mediante la resolución impugnada se adoptaron visto "la necesidad de disponer traslados y proveer vacantes de Magistrados" y en atención a "razones de servicio".
El TCA señala que la necesidad de "proveer vacantes" y las "razones de servicio" son argumentos "más que suficientes y correctos". Y transcribe una sentencia de 2006 para explicar que la Corte, en una de sus competencias fundamentales como es la designación de jueces, "ejercitó su potestad discrecional, no siendo pertinente discutir su competencia para adoptar medidas conducentes a prestar con la mayor eficiencia el servicio cuya dirección y contralor le incumbe de manera exclusiva y privativa".
En el caso Mota, su traslado fue simultáneo al de otros siete magistrados. "Se trató de la designación de una serie de magistrados, no de una decisión individual tomada respecto de la accionante, y en todos los casos la motivación expuesta por la Suprema Corte fue la misma. Y aunque se trate de una fundamentación breve, concisa, es suficientemente clara para comprender las razones que justifican los respectivos traslados, que no son otras que las que fundan históricamente los movimientos horizontales de jueces", sostiene el fallo.
El TCA agrega que Mota "no tenía derecho a permanecer en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno, ni su especialización y preferencia por la materia penal le conferían estabilidad en dichas funciones". Se argumenta, además, que el traslado de Mota a la órbita civil no representa, bajo ninguna circunstancia, un descenso de categoría, por lo que no se perjudicó su carrera.
El TCA sostiene que más allá de sus aspiraciones personales, los jueces están sujetos a jerarquía y no pueden sentirse agraviados, máxime cuando el traslado no afecta sus derechos adquiridos.

Desvío de poder.

Mota también invocó "desviación de poder" por parte de los ministros que decidieron su traslado, e intentó probarlo por sus manifestaciones a la prensa sobre su persona. También dijo que "personalidades políticas" exigieron su traslado e incluso manejó que su salida de la sede penal se debió a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2° y 3° de la ley de Caducidad.
El TCA consideró que esa "larga argumentación" de Mota no fue acreditada en el expediente y tampoco aportó elementos de prueba suficientes para demostrar la desviación de poder de la Suprema Corte.
"La eventual situación de tirantez, si existió, se debe ubicar temporalmente luego de la decisión que dispuso el traslado, porque antes de ello, de acuerdo a lo que surge de autos, la SCJ parece haber respaldado sistemáticamente la actuación de la magistrada ante las denuncias que se realizaron en su contra", sostiene el TCA.
También rechaza una intención oculta vinculada al tratamiento de las causas penales a cargo de Mota.
"Tampoco puede sostenerse que la SCJ haya intentado remover a la actora de las causas penales que seguía y así afectar el buen funcionamiento del servicio, en tanto no hay razones para considerar que la jueza que fue designada para ocupar el cargo que dejó la accionante no cumplía los mismos estándares de solvencia que la promotora. De hecho, las causas penales siguieron sustanciándose con normalidad, según informa la nueva titular de la sede", dice el TCA.
Mota también reclamó que la Corte no consultó al fiscal de Corte previo a los traslados. El TCA sostiene que dicha omisión, si bien puede ser una irregularidad, no causa la invalidez del acto administrativo dado que la opinión del Fiscal no es vinculante.
Los dos ministros que votaron en contra sí entendieron que la SCJ no argumentó el traslado. "Si no se explicitan adecuadamente las razones es imposible realizar el contralor de la legitimidad", señalaron.




>>>¡Basta de impunidad!!!



No hay peor impunidad que la descarada

No hay peor impunidad que la descarada, la que además de seguir sustentando que los peores crímenes jamás antes cometidos en el país no son tales y por lo tanto no son punibles, lo pretende presentar como un acto serio y ecuánime. La peor impunidad  es la que se burla de las víctimas, de todos los ciudadanos decentes y de la legalidad internacional, ya que además de prohibir el que se juzguen los brutales crímenes, provocativamente lo proclama como un fallo justo y basado en el Derecho. La peor impunidad es la que continúa martirizando a las víctimas y a los familiares decidiendo que los crímenes no fueron ni son crímenes, generando así un agujero negro en ´la reciente historia nacional, agujero que se traga a todas las toneladas de investigaciones, expedientes e informes. El mensaje mas impune es el que les dice a las vícitimas que lo que sucedió no sucedió y que por lo tanto no existen ni crímenes ni criminales y en consecuencia no habrán ni investigaciones, ni juicios ni condenas. La SCJ de Uruguay ha establecido la impunidad total. A nivel internacional ya han quedado marcados de por vida como violadores de la legalidad internacional en materia de DDHH, crímenes de lesa humanidad y hasta crímenes de guerra ya que la predictadura uruguaya declaró el estado de guerra en 1972 y hasta el día de hoy las pandillas mafiosas militares continúan sosteniendo de que todos sus crímenes contra el pueblo, contra la población civil de su propio país, fueron una guerra.

Los "intocables"
La SCJ actuó y actúa con total impunidad a nombre de una supuesta virtud divina de sus integrantes, muchos de los cuales hicieron carrera durante la dictadura, y hace lo que le parece alterando la historia, ocultando crímenes, no juzgando ni penando a los criminales. Se saben impunes, totalmente impunes en su intento de ocultar, blanquear y no juzgar los tremendos crímenes y por lo tanto sus decisiones altamente políticas, que hacen política, que inciden en la política y que terminan sentenciando políticamente, son inapelables "juicios divinos". Son los "intocables" y por lo tanto actúan sin reparos pisoteando principios aceptados en todo el mundo pero que no valen para su enclave de la impunidad, es decir que no valen para Uruguay. No es que no sepan que sus decisiones han levantado un vendaval de críticas tanto en el país como en el resto del mundo. No ignoran tampoco que muchas instancias internacionales que se ocupan de los DDHH han sido altamente críticas. Lo saben y muy bien, pero no les importa porque son los "intocables". En suma pueden hacer los que les de la gana ya que estos individuos no electos son los que pueden torcer el curso de la historia de todo un país. Seguramente saben de la sal que han echado en las heridas abiertas de miles de sus conciudadanos, que son los que les pagan el sueldo para "administrar justicia", no dejan de ver que sus decisiones son directamente violaciones contra el derecho universal mayoritariamente aceptado, pero no se inmutan ya que se saben "intocables". Es lo más cerca que se puede estar de una dictadura de un grupo de individuos que vulneran principios, tradiciones júridicas arraigadas en todo el mundo y que chocan abiertamente con los procesos que se están dando en otros países, sea Italia, Argentina, Chile, Alemania, etc. Dirán que no son ditactoriales porque han sido elegidos. Y allí, precisamente en su elección, radica el germen de sus actitudes arbitrarias dado que cuentan desde el mismo inicio con la más total impunidad.
Pero, deciamos, la peor impunidad es la que además se burla de las víctimas. Y cobija a los criminales siendo que la labor para la que han sido designados es precisamente investigar, juzgar y refrendar condenas, hacer justicia. En este caso en relación a los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo al haber decretado que los crímenes de lesa humanidad son "delitos comunes" confrontando a toda la jurisprudencia internacional y a los principios y Convenciones de la ONU, han impedido que se los juzgara. Es decir, los han absuelto en la práctica, sin siquiera pasar por un juicio.

La purga de la Jueza Mariana Mota como punto de arranque
La supuestamente neutral SCJ ha frenado todos los procesos, entre ellos los más de 50 que estaban a cargo de la Jueza Mariana Mota y que se encontraban listos para sentencia, asi como se han frenado los procesamientos e incluso se han liberado o absuelto a criminales ya condenados marcando un curso muy claro de consolidar la impunidad. Ha sido en este marco que se ha dado la purga de la Jueza Mariana Mota ahora refrendada como lícita por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Se está pretendiendo consolidar, aún más, las medidas de la SCJ que consecuentemente han ido en dirección a blindar la impunidad. El caso de la Jueza Mota ha sido realmente un hito que ya ha quedado en la historia de las violaciones al ejercicio de la justicia. Con el agravante - para el caso- de que el instigador fué el expresidente Mujica que hizo un llamado público a la SCJ a echar a Mota, y por parte de la SCJ cuando consuma su "traslado" que en realidad fué una real purga. Hoy, el TCA sale en defensa de sus pares de la SCJ y de conjunto blindan aún más el andamiaje de la SUPREMA INJUSTICIA que reina en Uruguay sobre los DDHH y los crímenes de lesa humanidad.
Las explicaciones del TCA no convencen a nadie y si fuesen sometidas a verificación en instancias internacionales serían desestimadas como careantes de base, parcializadas en defensa de la SCJ y, de hecho, cómplices en el cobijamiento de los criminales de lesa humanidad. El TCA pretende agarrarse de párrafos sueltos y fuera de contexto al tiempo que ignora la realidad concreta. Desestima el que la SCJ actuó echando a Mota una vez que el Presidente (ex ahora) Mujica públicamente los intimase a sacar a Mota. Ignoran en su fallo el hecho más relevante: Mota tenía 50 casos investigados listos para sentencia. Pretende el TCA dejar de lado los virulentos ataques, precisamente contra la independencia de la Justicia que llevaron adelante los criminales de lesa humanidad y la mafia militar, los que de manera pública y permanente exigieron el que se echara a la Jueza Mota, cosa que al final llevó a cabo la SCJ. El TCA pretende colocar lo que es el conflicto principal que hoy en día tiene planteado la Justicia en Uruguay en términos formales, administrativos y de tramiteo burocrático, cuando en realidad es un conflicto que llega a las raíces de toda la institucionalidad y de la democracia en el país. La base del problema es de si Uruguay va a aceptar el que se imponga la impunidad y que los crímenes más aberrantes y MASIVOS cometidos contra la población queden impunes. La purga contra Mota responde a esa problemática y es entonces cuando el poder político: el ex Presidente Mujica así como el entonces y ahora Ministro y ex Ministro de Defensa Huidobro de la mano de la derecha de todos los colores conforma una barra brava con la SCJ y ahora también con el TCA para purgar a Mota. Con este fallo del TCA se pretende refrendar dicha acción blindando el conjunto de actos anti-justicia que han sido implementados desde la cúpula de la injusticia, es decir la SCJ.
Es irrisoria la argumentación del TCA en defensa de sus pares de la SCJ, no presentan ningún argumento serio ni de peso y mienten descaradamente cuando por ejemplo sostienen que la SCJ defendió a Mota de anteriores recriminaciones, sin decir que eran los mas contumazes asesinos seriales de la historia nacional los tales recriminantes y que el contenido de sus ataques iba direcamente a que se bloquearan las investigaciones y los juicios de los crímenes de lesa humanidad. El TCA en lugar de defender la independencia de la Justicia miente diciendo que la SCJ defendió a Mota lo que no es cierto ya que Mota fue "advertida" por la SCJ cercenando así su libertad en la investigación a través de una amenaza velada que luego se transforma en realidad cuando la cúpula política también entra a instigar y formar parte de la barra brava.
No se trata de los "problemas de la Jueza Mota" sino del ataque de todos los involucrados en los crímenes de lesa humanidad así como sus cómplices políticos para frenar y terminar con las investigaciones. Mota fué sacrificada para terminar con las investigaciones y los juicios. A renglón seguido la SCJ falla de que los crímenes de lesa humanidad son delitos comunes y por lo tanto han prescripto. Y cuando la ciudadanía  reaccionó y fué a demostrar su reconocimiento a la Jueza Mota, reconocimiento que ninguno de ellos jámas ha tenido por parte de la ciudadanía, optaron por pretender condenar a siete conocidos activistas sociales acusándolos de "asonada". Los muy cobardes. Los cobijadores de aún más cobardes asesinos seriales de uniforme torturadores, violadores y saqueadores, la peor lacra que se pueda encontrar en el territorio nacional. Todo este entramado está detrás de la purga a Mota.
La juventud está marcando el camino: no aceptan vivir bajo la impunidad
Habrán creído que emitiendo ellos un "astuto" fallo el problema se habría terminado. O habrán pensado que alcanzaba con que el TCA al "limpiar" a la SCJ refrendaba el que "todo estaba en orden". Se lo habrán creído, pero la calle, los movimientos sociales, la opinión pública, la enorme manifestación del día 20 los desmiente de manera terminante. Este "problema" (al falaz decir de Mujica) continúa creciendo y se expande. La razón es bastante sencilla: no se puede vivir bajo el chantaje y la amenaza, no se puede vivir bajo la mentira y la prepotencia, la gente quiere verdad y justicia y si no la hay, a cada nueva Marcha del Silencio se seguirán incorporando nuevas camadas de jóvenes que no quieren vivir en estas condiciones. Lo demostró de manera fehaciente la última Marcha y así seguirá hasta que algún día se limpien las instituciones de los dinosaurios y se haga justicia de verdad.
La valiente Jueza Mariana Mota nunca ha estado sola, la digna Jueza Mota ha sido y es un ejemplo que simboliza en la actualidad los valores de la verdadera justicia. Qué los cobijadores la hayan purgado y sacrificado en el intento de frenar este proceso solo demuestra lo ignorantes y engreídos que son. El mundo los desprecia. En Italia se están juzgando a criminales de las mismas pandillas, en Italia desprecian a estos "personajes" que han violado los principios de la justicia universal pretendiendo ser los máximos exponentes de ella. Honor y solidaridad para la Jueza Mota. Repudio, una vez más, a los cobijadores de los asesinos. Verdad y Justicia tal cual reclaman los jóvenes que sienten y saben que vivir con la impunidad como convidado de piedra hará posible nuevos crímenes en el futuro, nuevas masacres, nuevos reinados de los torturadores y asesinos.

Colectivo del Blog Noticias Uruguayas



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