Tiburones y sardinas

Tiburones a salvo

Samuel Blixen

18 de junio 2015

Los procesamientos del juzgado del crimen organizado en la millonaria estafa de First Data se focalizan en la periferia del escándalo. Por ahora las empresas financieras y los bancos involucrados dan explicaciones que los magistrados parecen aceptar sin cuestionar. Mal negocio para la política de inclusión financiera.



En esta historia increíble del desfalco con tarjetas de débito que permitió un botín de 42 millones de dólares, algunas sardinas aterrizaron imprevistamente en el Comcar, mientras los tiburones siguen nadando libérrimos en los mares financieros, confiados en que los arpones de la justicia no los alcanzarán.
Someramente: en los sistemas informáticos de First Data, una trasnacional financiera que administra los movimientos de las tarjetas Mastercard y Maestro, ocurrió un “error” por el cual las compras en dólares, efectuadas en Uruguay mediante tarjetas de débito otorgadas en el extranjero, eran debitadas en pesos uruguayos pero por las mismas cantidades en dólares. Ejemplo: un celular comprado en 1.500 dólares era debitado de la cuenta del Banco Itaú del comprador en 1.500 pesos.
El “error” de conversión (la alteración del código) se mantuvo sin corrección desde 2008, pero fue a partir de 2012 que algunos lo usaron de forma sistemática e intensiva. Cuando en junio de 2014 First Data advirtió el error, según dijo en sede judicial, ya se habían registrado transacciones por 42 millones de dólares. Los compradores fueron unas pocas familias paraguayas y algunos ciudadanos europeos. Hicieron las compras –fundamentalmente de teléfonos, joyas, equipos de computación, relojes– con la connivencia en algunos casos de altos funcionarios de los comercios, en especial Motociclo. Las compras –en algunos casos muy abultadas, de partidas de 500 celulares– obligaban a dividir los pagos mediante el paso de la tarjeta por los Pos tantas veces como exigiera el tope autorizado de las transacciones, en función de los depósitos que habilitaban el débito. Algunos paraguayos dejaron sus tarjetas en Montevideo, con los correspondientes pin para que los vendedores fueran debitando las ventas a medida que obtenían la mercadería.
Los bancos emisores de las tarjetas pagaban a los comercios en dólares pero, a través de las liquidaciones de First Data, cobraban a los tarjetahabientes en guaraníes por el equivalente en pesos.
El auto de procesamiento, por los delitos de estafa y lavado de activos, dictado por el juez del crimen organizado Néstor Valetti, no explica dónde fueron a parar los 42 millones de dólares que el operativo reportó. Los extranjeros ganaron con la venta de los objetos adquiridos, si es que se los llevaron a sus países. Los vendedores –un gerente de Motociclo y un ex gerente– redondearon ganancias del orden de los 200 mil dólares, según el detalle de los ingresos en sus cuentas bancarias, pero aparecen como los grandes villanos. Los bancos obtuvieron las ganancias usuales por la intermediación financiera y aparentemente no participaron del reparto del botín. Los comercios recibieron la ganancia por las ventas y sus contadores supuestamente no se asombraron de que en tan sólo cuatro meses llegaran a vender 1.500 celulares, algo que debe haber impactado en sus balances. First Data sería el principal damnificado, pero sus ejecutivos no parecen demasiado preocupados por el agujero de 42 millones de pérdida en su gestión.
De acuerdo a la denuncia inicial de First Data y las posteriores declaraciones de sus ejecutivos, el “error” fue responsabilidad de un funcionario que no pudo ser identificado. Pero sí fue identificado el “empleado infiel” que maquilló los balances, aunque por ahora no existe acción judicial en su contra. Ese funcionario fue despedido de First Data.
El maquillaje de los balances tuvo por objeto ocultar las pérdidas incrementales y sucesivas que totalizaron 42 millones de dólares. En nuestra pequeña plaza una pérdida de tal magnitud es una catástrofe similar a un terremoto grado nueve. Sin embargo fue posible eludir el sacudón simplemente convirtiendo las pérdidas en créditos, que supuestamente serán cobrados algún día. ¿Créditos contra quién? El juez todavía no se ha pronunciado sobre estos aspectos, ocupado en describir en detalle el “desdoblamiento” de las compras en varias pasadas de tarjeta, que le permitió –dice el fallo– demostrar los delitos de estafa y de lavado de activos, aunque los responsables de algunos comercios argumentaron que el desdoblamiento quedaba legalizado por la autorización del banco emisor en cada pasada. Sí, las sardinas fueron convenientemente enlatadas.
Cómo se enteraron los ciudadanos extranjeros y los empleados de los comercios uruguayos de la existencia de aquel “error” informático, el documento judicial no lo dice y, al parecer, no se lo pregunta. Tampoco se pregunta el juez la validez de la declaración del miembro del directorio de First Data Uruguay y responsable del Área Legal para America Latina, Ignacio de la Torre. El ejecutivo declaró que First Data ubicó el error cuando, al analizar transacciones de junio de 2014, se detectaron actitudes sospechosas mediante los desdoblamientos. Tales desdoblamientos no fueron detectados a lo largo de 2012 y 2013, lo que sugiere que los mecanismos de control de First Data no eran, por cierto, muy eficientes, al punto de que la ineficiencia le costó 42 millones de dólares.
Si First Data detectó maniobras con tarjetas recién en 2014, entonces hubo una omisión de control. Brecha consultó a expertos en informática bancaria quienes afirmaron que el desdoblamiento de las cantidades con fines de simulación está en el abecé de los controles; a tales operativas se le llama “pitufeo”. El pitufeo configura la primera alerta, y su detección es tarea permanente en las entidades financieras. Tampoco es de recibo la afirmación del ejecutivo de First Data de que el desdoblamiento en las compras mediante tarjetas de débito, por cifras inferiores a los topes, impidió la detección. Los expertos aseguran que los sistemas informáticos despliegan diversos mecanismos para prevenir tales maniobras y cuestionan la vulnerabilidad aparente de las tarjetas de débito, según surge de la explicación del ejecutivo de First Data. Las operaciones de control en las empresas financieras son permanentes y sofisticadas, “se hace un seguimiento al instante, operadores que siguen las transacciones en pantalla y pueden detener una operación en cualquier momento”. La propia actividad financiera, apoyada en el principio de seguridad y confianza, obliga a la detección temprana, casi inmediata, de la anomalía. Ese es el primer paso, e inmediatamente se aplican mecanismos de inteligencia artificial para detectar patrones de conducta que puedan sugerir actividad de apariencia delictiva.
Las fuentes consultadas indicaron que esos mecanismos de inteligencia artificial revelan particularidades como la reiteración de transacciones inusuales (la compra de cientos de teléfonos por un particular, la relación familiar entre distintos individuos que realizan las mismas transacciones, las coincidencia de fechas en los depósitos para las tarjetas, etcétera), y su descubrimiento es por lo general casi inmediato. De modo que, con el desarrollo de los sistemas de control, parece difícil que una entidad sea engañada por tanto tiempo.
Otro aspecto sugestivo que la acción judicial al parecer pasó por alto es el tema de los maquillajes de los balances. Por un lado se afirmó que las pérdidas operativas fueron justificadas como “créditos” lo que habría enmascarado el volumen de aquellas pérdidas; pero por otro lado se sostiene que First Data había iniciado juicios, con lo que se admite que las pérdidas operativas ya habían sido detectadas.
Si First Data fue vulnerable a dos acontecimientos extraordinarios –el “error” no identificado durante mucho tiempo, y el enmascaramiento de las pérdidas en los balances–, también fueron vulnerables los bancos emisores de las tarjetas, al parecer incapaces de identificar elementos extraños en los movimientos inusuales y extraordinarios de algunos de sus clientes.
En la justicia por ahora no hay noticia de los tiburones, que podrían explicar por qué se dieron circunstancias tan anómalas y que permitieron un desfalco de 42 millones de dólares. Las sardinas, que se beneficiaron de algunos cientos de miles, se aprestan a apelar los procesamientos, en la convicción de que no están fundamentados en el acta de procesamiento los delitos de estafa y en especial el de lavado de activos.