EL MUNDO › LA CUPULA MILITAR Y EL MINISTRO DE DEFENSA ENCABEZAN LA PEOR CRISIS MILITAR DEL GOBIERNO DE LULA
Las FF.AA. se oponen a un Nunca Más en Brasil
Treinta años después de sancionada la Ley de Amnistía, los mandos castrenses advirtieron al presidente Lula da Silva que no consentirán ninguna investigación sobre las violaciones a los derechos humanos.
Por Darío Pignotti
Desde Brasilia
En Brasil la impunidad “nao tem fim”. La cúpula de las fuerzas armadas y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, encabezaron la peor crisis militar en siete años del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al amenazar dejar sus cargos si fuera creada una Comisión de la Verdad sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1964-1985).
Lula acusó recibo de la estocada y ayer se reunió de urgencia con su ministro de Justicia, Tarso Genro, uno de los mentores de la Comisión de la Verdad junto al secretario de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi.
Al dejar la sede del gobierno, Genro buscó bajarle voltaje a la crisis y aplazó cualquier decisión sobre el tema para la segunda semana de enero, cuando Lula regrese de vacaciones.
“No hay ningún tipo de alarma o preocupación, éste es un debate normal que venía ocurriendo dentro del gobierno y sobre el que el presidente dará la palabra final”, tranquilizó el ministro.
Treinta años después de la Ley de Amnistía, sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo, los mandos castrenses advirtieron al presidente constitucional que no consentirán ninguna investigación sobre cientos de desapariciones y miles de detenciones ilegales perpetradas durante uno de los regímenes de facto más longevos de América latina.
El general Enzo Martins Pieri, comandante del ejército, y el brigadier Juniti Saito, y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, pusieron sus cargos a disposición de Lula luego del lanzamiento del III Programa Nacional de Derechos Humanos. El hecho ocurrió reservadamente hace una semana, pero ayer saltó a los titulares de los principales diarios.
La ira castrense fue encendida por una propuesta comparable a la diseñada en Africa del Sur tras el final del apartheid y sobre la cual Lula conversó hace un mes con la alta comisionada de DD.HH. de la ONU, la jurista sudafricana Navanethem Pillay.
El proyecto presentado por Lula y ahora sometido a revisión propone constituir una comisión para “requisar documentos públicos, reconstruir la historia de los casos de violación de derechos humanos, localizar e identificar cuerpos, esclarecer torturas, muertes y desapariciones”. Ni una mención al eventual procesamiento o punición de los responsables de tales delitos.
“Es un proyecto muy moderado que el gobierno sólo iba a girar al Congreso en abril y sin ninguna garantía de que se apruebe antes de que Lula termine su gobierno en diciembre de 2010”, señala Jair Krischke, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos.
La intrigas militares son moneda relativamente corriente en este país: en 1999 hubo descontento con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso por la creación del Ministerio de Defensa y la eliminación de las carteras de ejército, marina y aeronáutica. En 2004 cayó el ministro de Defensa José Viegas luego de que el ejército justificara la represión durante la dictadura. Hace dos años, el ex preso político Waldir Pires, nunca aceptado por los militares que recelaban de su pasado, renunció al Ministerio de Defensa tras una tragedia aérea y presiones de la aeronáutica (ver recuadro).
Comparada con las anteriores, esta crisis parece ser más seria, pues aquí no prevalecen reivindicaciones corporativas como presupuesto o tensiones coyunturales.
La otra crisis
Durante dos años y medio, el sector de Defensa brasileño había gozado de una relativa estabilidad con el ministro Nelson Jobim a la cabeza. La última gran crisis había desembocado en la salida del antiguo titular de esa cartera, Walder Pires. En menos de un año, dos aviones de línea se habían estrellado, en los dos casos por irregularidades en los controles aéreos. Primero un Boeing de la empresa Gol que chocó con una avioneta norteamericana en plena selva amazónica en marzo de 2006 y provocó 154 muertos. Segundo, el Airbus de Tam que se estrelló cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Congonhas en San Pablo. La nave no recibió bien las coordenadas y se pasó, cruzó la avenida exterior del aeropuerto y se incrustó en un edificio. Unas 200 personas murieron. Las imágenes de llamas y restos metálicos ensangrentados, sumadas al cruce de denuncias entre los controladores aéreos y los oficiales militares a cargo generaron un clima de repudio y de temor en la mayoría de la sociedad brasileña. Como si eso no fuera suficiente, los controladores aéreos de los aeropuertos de todo el país venían hace meses realizando huelgas en reclamo por mejores sueldos y mejor tecnología. Los técnicos, además, rechazaban continuar bajo la órbita de las fuerzas armadas y reclamaban pasar a control civil. Las víctimas del último accidente aéreo quedaron rehenes de una lucha de poder entre el sector militar y el civil por el control de los aeropuertos; una lucha que el presidente Lula da Silva terminó saldando a favor de la cúpula castrense al nombrar a Jobim.
Lula cede a las presiones de la cúpula militar, para que no haya investigación
Los militares consideran una redacción revanchista y provocadora por el decreto que crea una comisión de investigación con plenos poderes y abre la puerta a la revisión de la ley de amnistía de 1979
El ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, y los máximos comandantes de las Fuerzas Armadas presentaron la semana pasada su renuncia al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por su desacuerdo con el decreto que crea una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes ocurridos durante la dictadura militar (1964-1985). El proyecto forma parte del Programa Nacional de Derechos Humanos anunciado por Lula la semana pasada. El presidente se negó a aceptar las renuncias y se comprometió a revisar esa ley que, aseguró, no conocía por completo. Sobre quién está al frente de los militares brasileños, sobre qué nombramientos hizo Lula, dejamos que opinen los lectores y lectoras de Insurgente.
La peor crisis político-militar suscitada en el Gobierno de Lula se había mantenido en secreto hasta hoy, cuando saltó a la prensa. El origen está en el malestar suscitado por lo que los militares consideran una redacción "revanchista y provocadora" del decreto, que crea una comisión de investigación con plenos poderes y abre la puerta a la revisión de la ley de amnistía de 1979, que posibilitó el regreso de la democracia y favoreció tanto a militares acusados de violaciones de derechos humanos como a miembros de grupos armados que combatieron el régimen militar.
A juicio del sector castrense, el texto es injusto y trata con desigualdad a las dos partes del conflicto, ya que no prevé ni investigación ni castigo por los actos violentos cometidos por guerrilleros y activistas políticos contra agentes del Estado. Este último punto es doblemente delicado porque algunos de aquellos guerrilleros están hoy en el núcleo del poder, como Dilma Rousseff, la candidata de Lula para disputar el año próximo las elecciones presidenciales, y el ministro de Comunicación, Franklin Martin. En el mismo sentido se pronunciaba Raul Jungmann, presidente de la comisión de Defensa del Parlamento. "Existe un acuerdo [entre el poder civil y los militares] que estipula que si la ley de amnistía se revisara, sería para investigar crímenes cometidos por ambos bandos. Pero el proyecto del Gobierno apunta sólo a los militares".
Ante las renuncias de los jefes del Ejército, Enzo Peri; de la Fuerza Aérea, Juniti Saito, y de la Marina, Júlio Moura, además del propio ministro de Defensa, Lula se comprometió a aplazar el envío del proyecto al Congreso y a revisar los puntos criticados.
De Rosendo
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