Los desaparecidos siguen desapareciendo

Antropólogos. Cierran búsqueda de desaparecidos y no saben si continuarán con el próximo gobierno


Excavaciones: La "tarea inconclusa"

Los desaparecidos siguen desapareciendo. En cinco años, el gobierno de Tabaré Vázquez sólo ubicó dos cuerpos, un cráneo y un hueso, de más de un centenar de desaparecidos en Uruguay. Las Fuerzas Armadas no aportaron datos fidedignos para ubicar los sitios de enterramiento. Sigue el "pacto de silencio".

Roger Rodríguez | rogerrodriguez@adinet.com.uy

El trabajo de búsqueda de los restos óseos de los desaparecidos llegó a su fin y el equipo de antropólogos encabezado por el arqueólogo José López Mazz elabora su informe final para presentarlo al presidente Tabaré Vázquez a fines de enero, sin que exista confirmación de que la tarea vaya a reanudarse tras la asunción del próximo gobierno.

Los técnicos de la Universidad de la República, entregaron a fines de diciembre un último memorándum sobre los trabajos efectuados en los "Campos de Vidiella", zona de maniobras del Batallón de Paracaidistas Nº 14 cercano a Pando, donde se suponía podría hallarse un cementerio clandestino que los represores denominaban "Arlington".

El informe final ­según pudo saber LA REPUBLICA­ concluirá que la tarea queda "inconclusa", en particular por la falta de datos fidedignos de parte de las Fuerzas Armadas uruguayas, que no aportaron información de su personal retirado (oficiales y subalternos) que permita ubicar los lugares de enterramiento.

En cinco años de búsqueda el gobierno sólo consiguió localizar dos cuerpos (Ubagesner Chávez Sosa y Fernando Miranda), un cráneo (Roberto Gomensoro Jossman) y un radio (posiblemente femenino, no identificado) de más de un centenar de desaparecidos en Uruguay durante la dictadura militar que asoló el país entre 1973 y 1985.

Un 99% falso

Los primeros trabajos de excavación, a principios de 2005 tras la asunción del primer gobierno del Frente Amplio, tomaron como base un estudio aerofotográfico realizado por los técnicos universitarios Daniel Panario y Ofelia Fernández, quienes hallaron rastros óseos en el Batallón Nº 13 de Infantería, que identificaron como restos de animales.

El 8 de agosto de ese año, con los primeros informes sobre desaparecidos que las tres armas entregaron al presidente Vázquez, se inició una nueva etapa de búsqueda a cargo de López Mazz, a través de la cual el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando, se halló el cuerpo de Chávez Sosa, detenido el 28 de mayo de 1976 por la Fuerza Aérea.

El informe de la aeronáutica también incluía datos sobre el sitio de enterramiento de José Arpino Vega, detenido en abril de 1974, cuyos restos no fueron encontrados pese a una intensa búsqueda fundada en el informe elaborado por el comandante aviador Enrique Bonelli, cuyos datos resultaron finalmente erróneos.

También el Ejército, que sólo reconoció la desaparición de los 38 casos avalados por la Comisión para la Paz creada durante la administración Jorge Batlle, entregó datos falsos sobre la ubicación de los desaparecidos, en particular sobre el caso de la argentina María Claudia García de Gelman, que se presentó como en un 99% seguro.

El "pacto de silencio"en las FFAA

El 9 de junio de 2002, LA REPUBLICA denunció que el "pacto de silencio" al que se comprometieron las Fuerzas Armadas en el caso de los desaparecidos durante los años de la dictadura obedecía a la existencia de un cementerio clandestino, probablemente con fosas comunes, en unidades militares. Los últimos ocho años de investigaciones periodísticas, privadas, judiciales y estatales, sólo han permitido confirmar que esa es la razón de fondo por la que se mantiene la "omertá" entre la oficialidad responsable de aquellas violaciones a los derechos humanos y aún de los actuales mandos y jerarquías.

Los oficiales retirados no querían admitir lo ocurrido ni señalar los lugares de enterramiento porque tenían miedo a ser juzgados por sus crímenes de lesa humanidad, los mandos contemporáneos consideran que aquello fue en el pasado cuando "se perdieron los puntos de referencia" y no quieren aceptar la responsabilidad institucional.

Las Fuerzas Armadas, en tanto, continúan implicadas en un crimen que, más allá del veredicto popular de dos plebiscitos, sigue siendo imprescriptible y someterá al Estado uruguayo a un enjuiciamiento y eventual condena por parte de los organismos internacionales de derechos humanos. Encontrar mecanismos de estímulo al personal subalterno retirado ­que fue el que realizó los enterramientos por orden de la oficialidad­ se abre en el futuro como una posibilidad a recorrer para lograr hallar los cuerpos de los desaparecidos y confirmar una verdad histórica que debe transformarse en una cultura de la memoria en Uruguay.

R.R.

Los trasladados

El enterramiento de la nuera del poeta Juan Gelman debió ser reconocido por el Ejército tras el hallazgo de su hija, Macarena, nacida en el Hospital Militar. María Claudia había sido secuestrada en Buenos Aires, recluida en el centro de torturas Automotores Orletti y traída a Montevideo junto a un grupo de uruguayos en el llamado "Segundo vuelo".

El "segundo vuelo" de Orletti ­denunciado por LA REPUBLICA en 2002­ fue confirmado por el informe de la Fuerza Aérea y por las indagaciones judiciales que determinaron el procesamiento con prisión de seis militares y dos policías que participaron de la coordinación represiva de las dictaduras conocida como Plan Cóndor.

Los 22 pasajeros de aquel Vuelo 511 que arribó desde Argentina el 5 de octubre de 1976, fueron conocidos como "los del ómnibus" en el centro de torturas "300 Carlos" ubicado en el Servicio de Material y Armamento de la Avenida Instrucciones. El "ómnibus" también se llamó una fosa común no ubicada en el Batallón 14 de Toledo.

Las investigaciones permitieron confirmar que los traslados habían sido parte del "protocolo" del "Cóndor" y que otro medio centenar de uruguayos también fue secuestrado en Buenos Aires por la Armada y el Ejército, traídos a Uruguay y ejecutados en 1978, pero tampoco se hallaron restos de esos "terceros traslados".

Infraestructura

El informe final de cinco años de frustrada búsqueda de los desaparecidos, señalaría una serie de dificultades técnicas, infraestructurales, económicas y políticas que el equipo de técnicos de la Universidad de la República debió enfrentar, al punto que también tuvo que indagar y cruzar información en una tarea que excedía lo antropológico.

Los técnicos comenzaron su tarea casi como un relevamiento arqueológico creyendo que los datos aportados eran fidedignos, pero ­sin tecnología avanzada­ debieron terminar utilizando plumas excavadores para cubrir los amplios espacios de las unidades militares en las que se presumía o existían versiones de eventuales enterramientos.

Tampoco contaron con apoyo infraestructural para el desmalezamiento de las zonas de interés, que no tuvo participación del personal del Ejército y sólo contó con ayuda de funcionarios municipales de Montevideo y Canelones. El trabajo también estuvo prácticamente paralizado un año por falta de rubros presupuestales.

El equipo técnico universitario, que funcionó bajo la órbita de la Comisión de Seguimiento creada tras el cierre del trabajo de la Comisión para la Paz, también habría tenido que sortear problemas de "voluntad política" de los mandos militares que pese a las órdenes del gobierno no siempre brindó el mayor apoyo a la búsqueda.

Trabajo pendiente

La falta de información fidedigna ha implicado que al cierre del trabajo de cinco años de excavaciones en búsqueda de los restos de los desaparecidos, amplios espacios en unidades militares sospechadas no pudieron ser relevados por los técnicos de la Universidad de la República.

En el Batallón de Infantería Nº 13 ­uno de los que más se excavó­ quedaron sitios denunciados en los que no se llegó a realizar el trabajo de campo, en particular el alambrada área del Servicio de Material y Armamento (SMA) en uno de cuyos galpones funcionó el centro de torturas "300 Carlos".

Tampoco se pudo completar la búsqueda en todos los lugares denunciados del Batallón de Paracaidistas Nº 14, donde la Comisión para la Paz había ubicado la zona llamada "Arlington" en la creencia de que existía un cementerio de tumbas alineadas como el de la necrópolis militar norteamericana.

También quedaron pendientes sitios de interés en la Brigada de Artillería Nº 1, en el Batallón de Infantería Nº 2, en el Batallón de Caballería Nº 4 y en otras unidades militares de las tres armas, en capital e Interior, sobre las que existen testimonios no confirmados ni descartados.

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