Justicia, Perdón y Teatro
9 3 2012 Gaston Grisoni
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de febrero de 2011, además de imponer multimillonarias indemnizaciones, dispuso también que “el Estado” deba realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los excesos cometidos durante la dictadura. La sentencia habla del “Estado” y nuestro gobierno dispuso que sea el Parlamento quien sirva de escenario para esa teatralización que, según un hábito de los tiempos, sería muy efectiva para “garantizar” que hechos como los condenados en esa sentencia no se vuelvan a repetir.
El Presidente Mujica ha dicho que “no le gusta” el acto pero que no tiene otro remedio que organizarlo. Al mismo tiempo, declara que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas “deberían” estar presentes, como si no fuera de su exclusivo resorte disponer que estén o no estén, como subordinados que son al Poder Ejecutivo. Por otra parte, si el acto no le agrada, ¿por qué darle esta escenografía desmesurada, ante el Parlamento que fue, como institución, la que en su tiempo declaro el “estado de guerra interno”?
La realidad es que estamos ante una “escenificación”, como dice el filósofo Jacques Derrida, que procura —en la lógica de la sentencia— que se tome conciencia de los crímenes cometidos en nombre del Estado. La responsabilidad del Estado, como persona jurídica, fue asumida desde siempre. El Estado nunca se desligó de las consecuencias producidas por los actos de sus funcionarios, aun en tiempos de una dictadura en que se actuaba fuera de los códigos de la organización democrática que nos rige. Por eso, desde 1985, se tomaron medidas de reparación de todo tipo y hace años que se pagan indemnizaciones a familiares de víctimas de los crímenes cometidos bajo la dictadura. O sea que, en sustancia, no hay nada nuevo en este acto. Lo novedoso es el escenario, el teatro, la pretensión de divulgación y allí es donde uno advierte el carácter maligno que se esconde detrás de una pretensión noble.
Ante todo, se supone que el Estado, al asumir su responsabilidad, está reconociendo el uso abusivo de su poder. Lo pone de manifiesto, lo reconoce ante la ciudadanía. Ahora bien, ¿quedará ella bien informada, se podrá hacer un juicio adecuado? Está claro que no cuando se omite, deliberadamente, la circunstancia en que se produjo el abuso del Estado, que fue la represión de otro abuso contra la ley, el de grupos guerrilleros armados que pretendieron derribar el sistema institucional para instaurar otro. O sea que se termina montando una operación de desinformación, y no de información. Como dice Pauy Ricœur, el abuso de la memoria lleva a un abuso del olvido. Usando para fines políticos contemporáneos la memoria de las desgracias pasadas, se abusa también del olvido, porque se recuerda un momento de violencia y no el proceso de ella, la integralidad de su desarrollo.
No se sabe si el tal acto incluirá o no un pedido de perdón. Estos días en la prensa se habla, con simplificación, del “acto del perdón”. Esto, indudablemente, no tiene sentido. El perdón es un estado subjetivo de la conciencia humana. Alguien pide perdón cuando reconoce una falta; alguien otorga el perdón si siente que quien le agravió lo merece o porque él mismo, ante su conciencia, renuncia a odiar simplemente. Con toda rotundidad, así se lo dijo el Gral. Seregni a Néber Araújo en memorable programa de televisión: “Las instituciones no piden perdón”.
El Estado es un ente abstracto, constituido por normas e instituciones y por gente que, rotativa y circunstancialmente, maneja esas instituciones y aplica esas normas. No posee una conciencia personal. Lo que sí posee son códigos, valores, principios, que informan su actuación. Por eso, por ejemplo, puede dictar una amnistía, o sea renunciar a su derecho y deber de castigar lo que el mismo Estado considera delito. Es lo que han hecho todos los Estados luego de grandes conflictos. Es lo que hizo Francia después de la guerra. Es lo que hizo el Uruguay al término de cada enfrentamiento civil. Es lo que hizo en estos años, luego de la restauración institucional, dictando una amnistía para quienes, desde la acción política tomaron las armas, renunciando al ejercicio democrático normal, y luego otra para quienes desde el Estado abusaron del poder que les dio la sociedad para enfrentar a los otros. Buena o mala solución, es lo que adoptaron las instituciones y la que ratificó la ciudadanía por dos veces, en sendos referendos. O sea que la voluntad colectiva del pueblo uruguayo, o —mirado desde otro ángulo— la voluntad institucional del mayor poder del Estado —el cuerpo electoral— ha sido rotunda. No quiere juicio y castigo. Desea perdón legal y mirar hacia el futuro.
Una mirada serena de aquellos episodios debería procurar la reconciliación de la sociedad, o sea, no mantener vivo un conflicto que enfrentó a ciudadanos uruguayos. Es evidente que por esta vía, lejos de ello, se acentúa la división. Quienes se consideran víctimas del Estado —a veces con legitimidad, en ocasiones simplemente aprovechando de la situación— asumen el acto programado como una victoria. Quienes tuvieron la obligación funcional de enfrentar a los sublevados contra la ley, lo viven como una derrota, un acto de incomprensión para la institución a la que pertenecen. Y decimos “institución” porque quienes actuaron personalmente cada vez son menos, porque se van retirando y muriendo. Lo que se margina es a las Fuerzas Armadas, expuestas así al escarnio público. La mayoría de la gente, por su lado, no entiende que deba seguir prisionera de este odio y de dos visiones totalmente parcializadas del pasado. Por eso votó como votó. Y a los más jóvenes que no vivieron, se les está formando, o deformando, en una idea antidemocrática. ¿Por qué? Porque el sedimento que queda es que el Estado puede ser un gran abusador, pero no lo fueron —y no lo son— quienes se rebelan contra él, repudiando los instrumentos que la democracia garantiza. Es triste decirlo pero es así. Y se inscribe en la misma lógica de los textos escolares tan de moda estos días, que no dicen cuál era el propósito antidemocrático de la guerrilla sesentista y asumen que nació por la corrupción del régimen de gobierno de su tiempo, justificándola así ante quienes no tienen la vivencia de aquel tiempo histórico.
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El presidente José Mujica dijo que el acto del 21 de marzo, donde el Estado asumirá su responsabilidad por los crímenes cometidos en dictadura, es una obligación jurídica y no marca un antes y un después.
http://youtu.be/ZHWrnKUZKPs
Domingo 11.03.2012
Editorial
Un acto que luce "inaceptable"
Tras el baño de sangre y muerte del 14 de abril de 1972, el Parlamento decretó el Estado de Guerra Interno y autorizó al Poder Ejecutivo a movilizar a las Fuerzas Armadas para defender al país de una guerrilla que buscaba hacer trizas las instituciones democráticas e instalar un régimen al estilo cubano. Las FF.AA. cumplieron su función: en pocos meses el MLN-Tupamaros -que hacía años operaba en el territorio- fue derrotado. El problema surgió cuando finalizado ese período excepcional de Guerra se les ordenó volver a sus unidades. No lo hicieron. En febrero de 1973 se negaron a acatar las órdenes, provocaron así la renuncia del ministro de Defensa y se aceleró un proceso hacia la toma del poder que culminó el 27 de junio de 1973 con la disolución de las Cámaras.
Empezaba la larga y oscura noche de la dictadura, donde un grupo mesiánico se arrogó sin respetar los medios -algo común a todas las dictaduras- el papel de "salvar" a la patria por la fuerza, de pisotear sus instituciones y los derechos de los ciudadanos. En ese marco hubo excesos de violencia y terrorismo de Estado, pero también es cierto que el atropello a la Constitución lo sufrimos todos los uruguayos, de la misma manera que todos aunamos fuerzas para acortarle sus plazos. Allí está el claro rechazo al proyecto de reforma constitucional de 1980 que buscaba instalar la tutela militar a la actividad política; los pronunciamientos categóricos en elecciones internas -con proscritos- de 1982 donde triunfaron de manera apabullante los principales grupos opositores y, para rematar, la formidable clarinada del Obelisco (noviembre de 1983) donde un mar humano rodeó el estrado donde estaban los representantes de todos los partidos políticos -aunque Seregni siguiera preso y Wilson Ferreira exiliado- y reclamó por el soberano derecho a elegir su futuro.
El regreso a la democracia arrancó con tres leyes fundamentales para asegurar la paz y el reencuentro de los uruguayos: La Ley de Amnistía para los que habían cometido delitos contra el Estado, ya fuera antes de la dictadura (tupamaros) o durante la dictadura (presos políticos); la Ley de Caducidad que pocos querían pero se consideraba imprescindible para dar vuelta una página y caminar hacia el futuro, y la ley de Reintegro de los Funcionarios Públicos, en un intento de que "todos los que estuvimos enfrentados pudiéramos tener el mismo lugar" (Sanguinetti dixit). A ellas se agregaron después distintas normas de reparación económica para los afectados por la dictadura, lo que le permitió decir a Jorge Zabalza que vive del "PER, Pensión Especial Reparatoria, soy jubilado guerrillero" (Voces del Frente 07/07/11), mientras que los familiares de las víctimas de la guerrilla son ignorados y sus planteos no sirven para nada.
Y ahora tenemos que la Corte Interamericana de Justicia que sustanció el reclamo de la familia Gelman contra Uruguay considera que "el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con el presente caso (...). Una ceremonia pública conducida por altas autoridades nacionales y con presencia de las víctimas del presente caso. El Estado deberá acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto". Un absurdo, varias veces absurdo.
1) No conocemos ningún caso de que un Estado sea obligado a semejante "reconocimiento". El que quiera, que repase si existe algún antecedente similar. Si los Estados tuvieran que arrepentirse públicamente y pedir disculpas o perdón por crímenes o conductas reprobables cometidos a lo largo de su historia, que aquel que esté libre de culpa tire la primera piedra. Viviríamos de ceremonia en ceremonia.
2) Como dijo el senador Lacalle, "no veo por qué tiene que asumir un Estado democrático legal, actos que fueron contra la ley, fuera de la ley y la Constitución".
3) La dictadura no agotó sus crímenes en la familia Gelman. El resto de las víctimas, ¿no merece alguna consideración por parte de la Corte?
4) Las víctimas de la guerrilla, los familiares de policías o soldados asesinados, ¿no merecen el recuerdo y un acto de reconocimiento también por parte del Estado?
Si se nos pudiera contestar estas preguntas de manera coherente, no tendríamos la menor oposición al acto que se proyecta realizar el próximo 21 de marzo. En caso contrario, parece una falta de respeto, una agresión a la soberanía y una violación del principio de igualdad de todos los Estados. Es inaceptable.
El País Digital
reclaman perdón del Ejército
 La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos no está conforme con el acto de pedido de perdón que encabezará el presidente José Mujica por los hechos de la dictadura. Entienden que las disculpas y la autocrítica deben provenir del Ejército. |
“Por parte de de los familiares no es hora de hablar de reconciliación”, afirmó Urtasún.
Los familiares reclaman responsabilidad del Ejército pero entienden que “la pelota y la responsabilidad se pasa de un lado para el otro”.
Urtasún aseguró que el Ejército no esta arrepentido de lo ocurrido y manifestó que para que exista una reconciliación “el Ejército tiene que demostrar que está en la búsqueda de la verdad. Hasta ahora, de lo que han aportado, el 75% son mentiras. Nosotros seguimos reclamando por Verdad y Justicia y eso es lo único que esperamos del Estado. Trabajamos solo en esa línea”.
Hasta el momento, de los tres comandantes, solo el comandante del Ejército, general Pedro Aguerre, ha hecho declaraciones públicas por los hechos ocurridos durante la dictadura. Incluso una vez aparecidos los restos del maestro Julio Castro en el Batallón 14º de Paracaidistas de Toledo, tomó distancia de lo ocurrido.
“El Ejército Nacional debe conducir en base a las principios artiguistas. El Ejército Nacional no es una horda, malón o algo similar. El Ejército no aceptará, tolerará o encubrirá a homicidas o delincuentes”, afirmó en ese momento.
En relación al acto del próximo 21, Aguerre dijo el martes a Ultimas Noticias que es el Estado quien debe pedir disculpas. “Los que piden perdón son los jefes y mi jefe es el presidente de la República y el Ministerio de Defensa. El resto son lucubraciones, temas políticos y partidarios y en eso no voy a entrar”, afirmó.
Aguerre aún no recibió la invitación para concurrir al Parlamento el 21 de este mes pero está dispuesto a ir aunque aclaró que no se trata de pedir perdón sino disculpas, lo que implica asumir la responsabilidad sobre lo ocurrido en una dimensión correcta.
En relación al acto, Urtasún afirmó que “se dará cumplimiento a una sentencia. Nosotros no tenemos nada que ver y no es por nosotros que deben hacerlo. Si vamos, es para acompañar a Macarena (Gelman)”. Consultado sobre la posibilidad de que el mensaje se haga extensivo a todos los desaparecidos, afirmó que “no es el Estado quien debe pedir perdón. Si el presidente lo cree conveniente que lo haga, pero no somos los destinatarios del mensaje como lo es Macarena”.
El próximo 21 de marzo el presidente José Mujica dará cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En ese acto asumirá la responsabilidad del Estado por el crimen cometido contra María Claudia García de Gelman. Lo planificado hasta el momento establece que el presidente leerá un discurso redactado por una comisión interministerial que también integra Macarena Gelman, quien ya expresó su visto bueno al contenido. El presidente Mujica entiende que es necesario que los tres comandantes concurran al acto el próximo 21 pero todavía no se les cursó la invitación. En caso de ser invitados, los comandantes deberán concurrir, dado que el artículo 168 de la Constitución establece la obligación de obedecer al mandatario.
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(hhm@eldiario.com.uy) | Jueves, 1 de marzo del 2012
Que lo miren por TV
La intención de la central gremial es que el acto se transmita por “por cadena de radio y televisión y se difunda en todos los centros educativos del país”.
El PIT-CNT justifica su solicitud en el hecho de que por medio de ese acto “el Estado uruguayo dará cumplimiento a uno de los aspectos contenidos en el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que condenó al Estado uruguayo”. Además señalan que como en ese acto se busca “reafirmar el Nunca Más”, su transmisión es “trascendental”.
La realización de un acto público se da en el marco del cumplimiento de parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fuera dictada tras la denuncia elevada por Macarena Gelman, por el caso de la desaparición forzada de su madre, María Claudia García de Gelman.
La fecha indicada para el mismo es la del 21 de marzo, contará con la presencia de las principales autoridades de los tres poderes del Estado. El mismo tendrá lugar en el Palacio Legislativo.
Según explicó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, explicó tras la decisión de no realizar el acto en la Plaza Independencia, como se propuso inicialmente, que el acto no perderá el carácter de público porque cualquier persona podrá hacerse presente en el mismo.
Martes 6 de Marzo de 2012
El 21 se celebrará un acto de desagravio en el Parlamento
Ejército uruguayo renueva tensión con Mujica: "El Estado es el que debe pedir disculpas"
El Ejército uruguayo vuelve a desafiar al gobierno de José Mujica por los delitos ocurridos durante la última dictadura militar en ese país. Consideran que es al Estado, y no a los militares, al que le corresponde pedir perdón por las violaciones de los derechos humanos durante 1973 y 1985.
Considera que es al Estado, y no a los militares, al que le corresponde pedir perdón por las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), según informó el portavoz de esa fuerza. "La postura oficial del Ejército es la que dice su Jefe, el general Pedro Aguerre, y él sostiene que las disculpas en las Fuerzas Armadas las debe dar el superior, y sus superiores son el Presidente de la República y el Ministro de Defensa", dijo el coronel Mario Stevenazzi.
El portavoz hablo así en referencia a un acto convocado para el 21 de marzo, en el que, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Estado uruguayo admitirá públicamente su responsabilidad en los crímenes de la dictadura.
En declaraciones publicadas en un diario local, el general Aguerre señaló que está dispuesto a acudir al acto del día 21 sin ningún problema si es invitado o si se lo ordena su jefe, el presidente Mujica, pero rechazó que sea él el que tenga que pedir perdón por los sucesos de pasado. "Los que piden disculpas son los jefes y mis jefes son el presidente de la República y el ministro de Defensa. El resto son elucubraciones, temas políticos y partidarios y en eso no voy a entrar", dijo al diario Últimas Noticias.
El general también indicó que de momento no ha recibido ni la invitación formal ni la orden oficial de acudir a la ceremonia. El acto del día 21 es consecuencia de la condena de la Corte Interamericana al Estado uruguayo por el caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y la apropiación ilegal de su hija Macarena, nacida durante el cautiverio de su madre.
El presidente Mujica anunció que iba a hablar personalmente en ese acto de desagravio, que se realizará en el Parlamento, y que, "en nombre del Estado", asumiría "la responsabilidad" por lo sucedido. Además, indicó que le gustaría que los jefes de las Fuerzas Armadas lo acompañaran en ese acto, ya que "mientras haya estado hay dos instituciones que deben estar allí: Policía y Ejército".
Por su parte, Macarena Gelman señaló a la emisora Radio Uruguay que en realidad la sentencia de la CIDH no exige el perdón por los delitos, sino el reconocimiento de la responsabilidad por los mismos, además de investigar para que se conozca la verdad por lo sucedido. "La Corte no ordena que el Estado pida perdón. Es un acto de reconocimiento en relación a los hechos del presente caso, otra cosa es que se haga extensivo, pero no es lo que ordena la Corte", señaló, quien señaló que no estará "presente en un acto en que el Estado pida perdón".
Considera que es al Estado, y no a los militares, al que le corresponde pedir perdón por las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), según informó el portavoz de esa fuerza. "La postura oficial del Ejército es la que dice su Jefe, el general Pedro Aguerre, y él sostiene que las disculpas en las Fuerzas Armadas las debe dar el superior, y sus superiores son el Presidente de la República y el Ministro de Defensa", dijo el coronel Mario Stevenazzi.
El portavoz hablo así en referencia a un acto convocado para el 21 de marzo, en el que, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Estado uruguayo admitirá públicamente su responsabilidad en los crímenes de la dictadura.
En declaraciones publicadas en un diario local, el general Aguerre señaló que está dispuesto a acudir al acto del día 21 sin ningún problema si es invitado o si se lo ordena su jefe, el presidente Mujica, pero rechazó que sea él el que tenga que pedir perdón por los sucesos de pasado. "Los que piden disculpas son los jefes y mis jefes son el presidente de la República y el ministro de Defensa. El resto son elucubraciones, temas políticos y partidarios y en eso no voy a entrar", dijo al diario Últimas Noticias.
El general también indicó que de momento no ha recibido ni la invitación formal ni la orden oficial de acudir a la ceremonia. El acto del día 21 es consecuencia de la condena de la Corte Interamericana al Estado uruguayo por el caso de la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y la apropiación ilegal de su hija Macarena, nacida durante el cautiverio de su madre.
El presidente Mujica anunció que iba a hablar personalmente en ese acto de desagravio, que se realizará en el Parlamento, y que, "en nombre del Estado", asumiría "la responsabilidad" por lo sucedido. Además, indicó que le gustaría que los jefes de las Fuerzas Armadas lo acompañaran en ese acto, ya que "mientras haya estado hay dos instituciones que deben estar allí: Policía y Ejército".
Por su parte, Macarena Gelman señaló a la emisora Radio Uruguay que en realidad la sentencia de la CIDH no exige el perdón por los delitos, sino el reconocimiento de la responsabilidad por los mismos, además de investigar para que se conozca la verdad por lo sucedido. "La Corte no ordena que el Estado pida perdón. Es un acto de reconocimiento en relación a los hechos del presente caso, otra cosa es que se haga extensivo, pero no es lo que ordena la Corte", señaló, quien señaló que no estará "presente en un acto en que el Estado pida perdón".
Gral Seregni sobre el tema actual
http://youtu.be/9GBUh4GQ7ig
Macarena: «Nunca se planteó el perdón» - Entrevista de Gabriel Mazzarovich
de Semanario EL POPULAR - , el Domingo, 11 de marzo de 2012«Se han dado pasos, hay cosas que empezaron a cambiar, pero queda mucho todavía»
El 21 de marzo el Estado uruguayo cumplirá con dos puntos más de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman. Se realizará un acto de asunción de responsabilidad nacional e internacional de carácter público y se colocará una placa en la ex sede del SID con el nombre de las víctimas de la represión en ese centro de detención y tortura clandestino. EL POPULAR dialogó con Macarena Gelman respecto de estos dos puntos y también del cumplimiento en general de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH.
- Desde el punto de vista del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué significa el acto de asunción de responsabilidad del Estado uruguayo? ¿Es una finalización?
-Bueno, no. Porque hay cosas en las que no necesariamente se ha avanzado. Como la investigación en sí, en la que lamentablemente no ha habido mayores avances. Como el acceso a la información, en lo que si bien hay un plazo mayor, es un plazo de dos años, también está pendiente. La causa judicial, si bien se pidió un procesamiento y el juez hizo una acusación, recién está en primera instancia por lo cual todavía falta.
Se han dado pasos en el sentido del cumplimiento de la sentencia, eso lo tiene que evaluar la Corte Interamericana además, no yo. Pero todavía se tienen que consolidar los pasos que se han dado y ver que realmente resulten efectivos.
- Ha transcurrido un año desde la sentencia y pasaron muchas cosas. ¿Cómo viviste este año tan intenso y las cosas que se han ido precipitando?
-Fue un año muy intenso. Por supuesto me satisfacen mucho las medidas que se han tomado y espero que eso siga avanzando. Creo que realmente hay cosas que empezaron a cambiar pero queda mucho por hacer todavía.
- Volvamos al acto en concreto, ya que se han dicho muchas cosas. ¿Desde el Poder Ejecutivo han trabajado contigo para delinear las características del acto?
-Sí, me han citado a varias reuniones de esta Comisión Interministerial que está trabajando sobre el cumplimiento de la sentencia en general y puntualmente ahora en la organización del acto. Esencialmente para acordar algunos aspectos que según establece la Corte Interamericana tienen que ser acordados.
- ¿Qué es lo que ya está definido?
-Bueno, que va a ser el 21 de marzo, todavía quedan varios detalles por definir, pero está muy avanzado el camino.
-La sentencia de la Corte Interamericana establece cosas muy precisas sobre el acto, en ningún momento se habla de un pedido de perdón de nadie.
-No, en la sentencia nunca se establece que el Estado deba pedir perdón. Lo que sí se establece es que el Estado debe reconocer su responsabilidad nacional e internacional, en los términos que señala la sentencia, ajustándose a la sentencia y por el caso. En el tema del perdón, en lo personal nunca entré.
Fue un tema que se manejó más que nada a nivel de la prensa y públicamente. Con la Comisión Interministerial desde un primer momento estuvo claro que el perdón no era lo que se requería. No es un acto para pedir perdón. Además, más allá de la sentencia, a mí me parece que el perdón es un tema individual y voluntario, no se que valor tendría un perdón impuesto, tendría que tener determinadas condiciones que realmente creo que hoy en día no están dadas.
Pero no está en discusión, porque no era lo que se planteaba, nunca fue lo que se planteó.
- El 21 de marzo tendrán lugar dos momentos de una misma acción.
-En realidad no de la misma acción. La realización del acto es un punto de la sentencia y el descubrimiento de una placa, en el lugar donde mi mamá y yo permanecimos en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID) de Bulevar Artigas y Palmar, es otro punto. Pero estimamos conveniente en conjunto y yo expresé que de ser posible se hicieran el mismo día. Entonces el 21 de marzo por la mañana se va a realizar el descubrimiento de esta placa y posteriormente en la tarde el acto en el recinto de la asamblea general.
- ¿En el acto participarán en su máxima representación posible los tres poderes del Estado?
-Sí, es verdad. Eso fue el planteo que realizó el Estado y a mí me pareció apropiado.
- También se han dicho muchas cosas sobre la oratoria. ¿Habrá solamente un pronunciamiento por parte del Estado o está planteada alguna participación más?
-No, solamente hablará el Estado uruguayo, en un pronunciamiento que se ajustará a la sentencia, que desde mi punto de vista y es compartido en la Comisión, debe ser concreto y contundente. No se puede plantear una lista de oradores o plantear otro tipo de acto que no sea el que establece la sentencia. Otro tipo de actos o reconocimientos que se quieran hacer después, pues pueden hacerse perfectamente, pero no es lo mejor que se hagan en el marco del cumplimiento de la sentencia.
>- ¿Además de la representación del Estado y la familia están planteados invitados adicionales?
-Sí por supuesto. Se que hay voluntad del Estado de que esto también trascienda y alcance de alguna manera a otros casos de violaciones a los DDHH que están planteados, así que no conozco los detalles, pero se que se está trabajando. También habrá participación de alguna manera del Estado argentino, mi madre era ciudadana argentina.
Habrá otros invitados seguramente. Si bien el acto es un lugar cerrado, la idea no se que el acto sea cerrado. Lo de la mañana en el Calen si es más restringido, por un problema de espacio, para garantizar que las personas que estuvieron allí y sus familiares, puedan participar. En el caso del acto de la tarde, en el recinto de la Asamblea General, se podrá ir a las barras. El acceso es público, de hecho así lo establece la sentencia, el acto debe ser público.
- La última pregunta, ¿cómo te sentís para seguir encarando lo que falta, la búsqueda de verdad y justicia en el caso de tu mamá y en general?
-La verdad que más allá de estar un poco agotada y sobreexigida por este momento que es muy fuerte. Sin duda con energía para continuar. El Estado ha manifestado su voluntad de cumplir la sentencia integralmente y realmente es algo que me reconforta y hay que seguir trabajando en eso.
Entrevista de Gabriel Mazzarovich - El Popular N°173 - 9/3/2012
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