ENTRE RECONOCIMIENTOS EXPLÍCITOS Y ALARDES IMPLÍCITOS
DE OMNIPOTENCIA BURGUESA, EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA”
SE NOS RECORDÓ QUE HAY UN “PODER SOBERANO DEL ESTADO”
“Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda.”
Unos días después del sonado y esperadísimo ceremonial oficial en torno al “caso Gelman”, el que suscribe y su subconciente, convencidos de que las palabras dichas por Mujica el 21 de marzo ya habían sido escuchadas, grosso modo, en alguna otra ocasión, nos pusimos a releer los dos primeros capítulos de la ley 18.596, llamada de la “Reparación Integral”, aprobada parlamentariamente a fines del año electoral de 2009 y enseguida homologada por el Poder Ejecutivo encabezado por Tabaré Vázquez.
En ambos capítulos se fundamentan los capítulos subsiguientes --que especifican qué se entiende por “reparación” y en qué consistiría--, y se explica quiénes son “las víctimas” a reparar, al entender de los gobernantes.
Detengámonos en su relectura, que dice así:
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“CAPITULO I
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
POR PARTE DEL ESTADO
Artículo 1°.- Reconócese el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales a las personas, en violación a los Derechos Humanos o a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985.
Artículo 2°.- Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Artículo 3°.- Reconócese el derecho a la reparación integral a todas aquellas personas que, por acción u omisión del Estado, se encuentren comprendidas en las definiciones de los artículos 4º y 5º de la presente ley. Dicha reparación deberá efectivizarse -cuando correspondiere- con medidas adecuadas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
CAPITULO II
DEFINICION DE VICTIMAS
DEFINICION DE VICTIMAS
Artículo 4°.- Se consideran víctimas del terrorismo de Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido la violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional, desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Dichas violaciones deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos.
Artículo 5°.- Se consideran víctimas de la actuación ilegítima del Estado (…ídem que anterior…) sin intervención del Poder Judicial dentro o fuera del territorio nacional, desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, por motivos políticos, ideológicos o gremiales.
Dichas violaciones deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado (…)”.
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Más allá de ciertas ambigüedades, notorias timideces y las excedidas generalidades conceptuales que abundan en todo el texto de la ley, se nos dice esencialmente y en forma explícita, lo que en realidad no era necesario que alguien lo expresara desde el gobierno para que lo supiera cabalmente un pueblo que lo había vivido y lo seguiría viviendo y sufriendo en cuerpo y alma, hasta el presente y para siempre, por encima de lo generacional y con matices de grado, pero no de naturaleza.
“Por acción u omisión”, la más perfeccionada organización político-ideológica-militar que nuclea a la clase dominante para el ejercicio pleno del poder explotador y opresor también en el Uruguay, es la organización criminal responsable de todos los delitos de lesa humanidad cometidos desde que empezaron a co-gobernar salvajemente Jorge Pacheco Areco y sus correligionarios blanqui-colorados al servicio de la oligarquía ganadero-financiera y de los intereses imperialistas-multinacionales que los identifican a todos por igual, independientemente de particularidades sectoriales, de divisas partidarias y de fronteras geográficas.
La ley 18.596 decía lo que todos sabemos, pero era la primera vez que una ley lo decía.
Aunque, cosa “curiosa” ("por acción u omisión", podría decirse, también), la aprobación de la ley –con sus importantísimas connotaciones-- ocurrió silenciosamente, casi, sin bombos ni platillos y prácticamente “sin prensa”, en medio de la campaña electoral de entonces –voto por la rosada anti ley de caducidad incluida--, en los preámbulos del segundo triunfo nacional en las urnas del “progresismo”.
A tal punto pasó inadvertida dicha aprobación, que los pocos que se iban enterando del asunto, o la mayoría de ellos, fueron llegando a la conclusión de que la ley 18.596 era nada más que una salida a la ligera para votar unos pesos más de inversión en asistencialismo filantrópico-populista, esta vez destinado a lo poco que iba quedando en pié de ex presas y ex presos políticos que aún sobrevivían luego de la vergonzosa odisea de los campos de concentración del “proceso”.
La ley 18.596 pasó a la historia simplemente como la que resarciría económicamente a algunas de las víctimas del Estado uruguayo en su período de lucimiento sin disimulo del mismo uniforme que tuvo puesto cuando se lo vió nacer, hace más de 150 años, en el amasije entre los pichones de buitres burgueses y las glebas que arrastraban a la violencia de la “guerra civil”, de prepo, al pobrerío del campo y, en menor grado, de la ciudad: el uniforme de milico, el de represor y abusador en el más amplio y repudiable sentido de la palabra, el atuendo de botón fascista que el Estado burgués únicamente se quita para no causar “tan fea impresión en épocas normales" (porque no es cierto que el Estado haya estado suspendido, inactivo, inoperante, ausente, esa docena larga de años post Pacheco; al contrario, estuvo presente tal cual es, de cuerpo entero, bestial, impune, pizarrero a más no poder, más allá de aspectos técnico-profesionales que seguramente han de ser muy interesantes para los especialistas en la “historia jurídica” del capitalismo dependiente, e involucrando no únicamente al aparato represivo profesional de las FF.AA., sino a todo el andamiaje coercitivo-represivo civil-militar digitado por la burguesía en todos los planos de la vida social y cultural del país).
El tan mentado discurso de Mujica del 21 de marzo de 2012, “Día Internacional de la Poesía”, no fue otra cosa que la traducción tardía al lenguaje burgués jurídico-diplomático internacional y de las cadenas de radio y televisión obedientes a la OEA y los gobiernos yanquis, de lo contenido en los primeros capítulos de la casi ignorada ley 18.596, “de la reparación integral”, de fines de 2009…
Fue menos abarcativo, en realidad, pues, estrictamente hablando, se refirió a la culpablidad estatal específica y especial del “caso Gelman”, y, secundariamente, a otras víctimas de uno de los muchos centros de tortura y muerte puestos en acción por el Estado uruguayo en la persecución anti-guerrillera y multiplicados luego, una vez derrotada la guerrilla, para aniquilar paulatinamente al grueso del movimiento popular que apenas susurraba la palabra “revolución” tratando de resistir lo más posible el atropello cuartelero, sin poder contar con las organizaciones que sí habían hablado abierta y prolongadamente de “revolución” y de ponerle frenos al golpe de estado que siempre se vió venir por lo menos desde finales de la década de los ´50.
Dejemos para otra oportunidad las especulaciones respecto a si Mujica, el 21, representó a la burguesía reconociendo la culpabilidad estatal, o si directamente él habló como un burgués mismo en un acto de “contrición” pública y a los cuatro vientos.
Hay que insistir: lo que llama poderosamente la atención es que recién ahora haya interés en ventilar el “reconocimiento” ya hecho hace dos años y medio, poco importa si respondiendo, hoy, a demandas de supuestos organismos de defensa de los DD.HH., a presiones y condicionamientos comerciales-crediticios internacionales, o lo que sea. Por algo aquello se mantuvo entre bambalinas, digamos, y esto de ahora se publicita y se mediatiza industrialmente, casi, manteniendo la atención continental durante toda una jornada y apareciendo en la superficie como el súmun, para algunos, de las manifestaciones de sinceridad autocrítica del “sistema democrático-republicano” excedido y superado por un grupejo de botones desmadrados que enchastraron al engañado y desesperado Estado uruguayo (que tampoco somos todos, como suele insistir una emisora de radio local), pobre estado burgués que no pudo controlar a sus rebeldes y desprolijos empleados de capa y espada.
Sea como sea, hay algo al parecer muy sutil o solo perceptible por mentes muy retorcidas –dirá algún politólogo--, que subyace y palpita en esta mega-reedición del reconocimiento de criminalidad estatal enunciado en esta ocasión en un clima de enorme y explicable emotividad para muchos, seguido por cámaras que enfocan los ojos húmedos, las manos apretadas y los fuertes abrazos, pero que no logra sacarnos de la cabeza lo que en el fondo es el mensaje sustancial y subliminal del 21 de marzo de 2012, sintetizado en la muy bien estudiada expresión presidencial “poder soberano del Estado”…
Porque, ¿contra qué pelearon y murieron nuestros caídos –incluidos el hijo y la nuera de Gelman, padre y madre de Macarena--, si no contra el Estado burgués criminal por naturaleza?. ¿O no fue ese el motivo por el que el Estado los ejecutó sin miramientos?.
¿Acaso por tratarse de palabras dichas el “Día Internacional de la Poesía” debemos dejar de ver una realidad que todos los días nos dice que el Estado burgués no solamente es culpable, sino también culpable de una impunidad intrínseca y absolutamente coherente consigo mismo?.
En buen romance, la clase dominante residente en el Uruguay y apoderada de él, sin siquiera hacerlo a través de alguno de sus más notorios exponentes, convirtió un posible polémico e intrascendente pedido de perdón, en una poética proclama político-ideológica, cuya señal clara es una sola aunque no se la asimile automáticamente en todos sus alcances:
El Estado puede “desbordarse”, pero él está para impedir, al precio que sea, cualquier intento revolucionario. Nuestro papel –el papel deseado por la burguesía proimperialista y lameculo— es el de ser comprensivos y asumir que hay un “poder soberano del Estado” que nadie puede desafiar sin correr el riesgo de que los “excesos” militares o paramilitares terminen con su “libertad” y su vida, por más que luego haya “reconocimientos” y “reparaciones”.
Verbigracia: el día en que los pueblos le impongan al Estado burgués todos los reconocimientos que no queden solamente en retórica pseudo poética y versos para el consumo de ingenuos y trasnochados, ése será el mismo día en que los pueblos le impongan al Estado burgués criminal, su total y definitiva abolición, no sin la intervención de la justicia popular revolucionaria que tendrá que traducir a hechos de justicia, todos y cada uno de los “reconocimientos” burgueses de culpabilidad asesina acumulados durante un tiempo que es el tiempo del poder capitalista concentrado en el Estado, Su Estado.
Gabriel –Saracho—Carbajales, 26 de marzo de 2012.-
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