41 años del golpe de estado

Cientos de personas participan de una marcha para recordar el 40 aniversario del golpe de Estado el 27 de junio de 2013, en Montevideo (Uruguay). EFE/Archivo

Uruguay rememoró este jueves el 41 aniversario del golpe de Estado que el dictador Juan María Bordaberry dio el 27 de junio de 1973 y que fue el origen de una dictadura cívico-militar en el país, que se prolongó hasta 1985.

Diversas conferencias, transmisiones radiales, concentraciones y mesas de debate entre líderes sindicales, políticos y representantes de la sociedad civil recordaron este viernes en el país el aniversario del golpe que disolvió las dos cámaras del Parlamento.
Como resistencia al golpe de Estado y en oposición a la incipiente dictadura, el 27 de junio de 1973 dio inicio también una huelga general que se prolongó durante 15 días en medio de la represión.
Por todo ello, el 27 de junio se instauró en 2014 como el Día de la Resistencia y la Defensa de la Democracia, según una ley promulgada el pasado 16 de mayo, por lo que es la primera vez que la fecha adquiere un carácter oficial.
La jornada se dedicó a "rendir homenaje a quienes enfrentaron la dictadura y el terrorismo de Estado" para "enaltecer los valores democráticos y transmitirlos a otras generaciones", indicó a Efe Gastón Grisoni, coordinador de Crysol, la asociación de expresos políticos de Uruguay.
"La memoria tiene el gran sentido de impedir que los crímenes vuelvan a repetirse", enfatizó Grisoni, que cree que el Uruguay actual "aún no ha finalizado la transición a la democracia".
"Hasta que no se reconozca a las personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos, en los términos de verdad, justicia y reparación que señala la ONU, el país no habrá terminado su transición a un sistema democrático", argumentó.
Explicó, además, que "en Uruguay no hay un sólo procesado por torturas a los detenidos durante la dictadura", pese a que fue "una práctica común" dentro del terrorismo de Estado ejercido en aquella época.
Grisoni evidenció el "atraso" que padece Uruguay con respecto a los otros países de la región integrados en el llamado Plan Cóndor, el proyecto de coordinación de dictaduras militares en el Cono Sur durante los años setenta y ochenta.
"Uruguay aún no ha asumido públicamente la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, como sí se ha hecho en Argentina y Chile", ilustró el representante de los expresos políticos uruguayos.
También denunció que la "gran herida" de la sociedad uruguaya es "esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura", que implica no sólo "encontrar sus restos", sino también "conocer las circunstancias de su detención y juzgar a los responsables".
Cifras oficiales sitúan en 37 las personas detenidas que desaparecieron durante la dictadura en Uruguay, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que son más de 200.





El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry decretó la disolución del Parlamento, instaurando una dictadura que se extendió durante doce años.
No fue un acontecimiento repentino e inesperado, sino el desenlace de un largo proceso de deterioro del sistema político democrático, claramente reconocible a partir de 1968, pero cuyas raíces más profundas deben ubicarse en la crisis económica que se inició a mediados de la década de 1950 y la conflictividad social derivada de esta situación.
En este contexto, desde los últimos años de la década de 1960 los diferentes gobiernos utilizaron como estrategia para contener la alta movilización política y gremial, el abuso de ciertos instrumentos legales, el desborde represivo y la adjudicación de nuevas funciones a las Fuerzas Armadas. Ello explica que en el momento del golpe ya se hubieran producido detenciones, censuras y prohibiciones, además de comprobarse que la aplicación de torturas a detenidos era una práctica habitual.

La alianza de militares y civiles que gobernó desde la disolución del Parlamento buscó promover transformaciones profundas en la política, la economía y la sociedad uruguaya. Entre sus primeras medidas el nuevo régimen suspendió la actividad de los partidos políticos y decretó la disolución de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), disponiendo la clausura de todos sus locales y el arresto de sus dirigentes. Por decreto se suprimió el derecho a la huelga de los trabajadores. A finales de 1973, ya estaba intervenida la Universidad e ilegalizada casi la totalidad de las agrupaciones políticas y estudiantiles de izquierda. Además, el control que el régimen tenía sobre la información que circulaba públicamente, ejercido a través de la censura y la clausura de muchos medios de comunicación, dificultaba en gran medida la difusión pública de esta situación. 

En su mayoría procedentes del archivo del Diario El Popular (perteneciente al Partido Comunista), las fotografías que integran esta muestra testimonian algunos aspectos de este proceso pautado por el ascenso del autoritarismo, la movilización social y la ruptura institucional.

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De los años sesenta al golpe de Estado

De Los Años Sesenta Al Golpe de Estado by Alberto Cabrera

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jueves 13 de junio del 2013

Por Jorge Zabalza


Alrededor de 1955 la economía nacional entró en picada. Como siempre la clase propietaria intentó volcar el desastre sobre los asalariados y asumieron directamente la conducción de la economía. Su plan era reducir aún más el poder adquisitivo del salario y recuperar la rentabilidad del capital. No les fue tan sencillo concretarlo. Un siglo de lucha social y de prédica revolucionaria consecuente habían preparando a obreros y estudiantes para hacer frente a la ofensiva reaccionaria. Cuando en junio de 1968, Jorge Pacheco Areco lanzó su primer andanada, el movimiento popular ya sabía qué hacer. El abajo luchó y se movilizó aunque fue muy violenta la escalada represiva. Más sangre de obreros y estudiantes derramaba el gobierno, más crecía la resistencia. La bronca popular también se tradujo en expansión del movimiento guerrillero. Cientos de luchadores se plegaron a la guerrilla pese a los duros golpes sufridos.

La toma del cuartel de la Armada, la instalación de la Cárcel del Pueblo y la fuga de Punta Carretas marcaron el momento de mayor peso politico del MLN(T). Para controlar la resistencia popular y destrozar a la guerrilla, los dueños del Uruguay dejaron que las fuerzas armadas fueran ocupando espacios politicos cada vez mayores. Parecía inminente el quiebre de las instituciones y la guerra civil. El surgimiento del Frente Amplio revitalizó la alternativa electoral y parlamentaria, fue el salvavidas de la democracia formal. El elevado grado de conciencia y experiencia alcanzado en la lucha, se canalizó entonces hacia la autorganización de cientos de Comités de Base.

En 1971 el gobierno decretó un aumento del 25% a los salarios públicos y privados. La maniobra logró distender el conflicto y trasladar algunos efectos de la crisis hasta después de las elecciones nacionales de noviembre. En esas condiciones, el deseo de “orden y mano dura” hegemonizó la campaña electoral y terminó triunfando el pachequismo. El país quedó dividido en dos mitades perfectas: “con el pueblo o contra el pueblo”. La victoria electoral legitimó a los más reaccionarios, parecía el momento de tomarse un respiro y esperar mejores condiciones, pero, en una interpretación triunfalista de la coyuntura, el MLN(T) lanzó una ofensiva militar poco entendida por los sectores sociales que simpatizaban con el movimiento. Con ese panorama se ingresó a 1972, año de los actos preparatorios del golpe de Estado.

La previa.

En acuerdo con los grupos más reaccionarios - el llamado “pacto chico”-, en el mes de marzo comenzó a gobernar Juan María Bordaberry. Reafirmó la política económica antipopular. Alentó los atentados y asesinatos por parte de las bandas fascistas de la Juventud Uruguaya de Pié (JUP) y los Escuadrones de la Muerte o Cazatupamaros. Subordinó la policía a los mandos militares. El 13 de abril de 1972, la CNT convocó un paro general que fue masivamente acatado. Al día siguiente, enredado en el mano a mano con la represión, el MLN(T) ejecutó a seis miembros del Escuadrón, pero cayó en una emboscada en la que fueron asesinados ocho compañeros. El gobierno decretó el Estado de Guerra, de “guerra contra todo el pueblo” como la calificaba el documento de julio de 1972 del “Movimiento de Independientes 26 de Marzo”. La primer acción de las fuerzas armadas fue el alevoso asesinato a sangre fría de los ocho compañeros comunistas en el local del Paso Molino. El entierro fue una demostración multitudinaria de indignación.

En el mes de mayo el ejército y la policía (las fuerzas conjuntas) agudizaron la represión. El 18 de mayo el MLN(T) atacó la custodia del general Gravigna y murieron cuatro soldados. El 27 de mayo cayó la Cárcel del Pueblo, un baluarte simbólico. En el mes de julio los parlamentarios, con la sola excepción de los frenteamplistas, aprobaron la ley de Seguridad del Estado. La jurisdicción sobre los presos políticos pasó a los tribunales militares, de hecho se estaba legalizando el empleo sistemático de la tortura. Dos días después Wilson Ferreira Aldunate ya estaba arrepentido de haber votado la ley.

En el mes de julio concentraron en el Batallón de Infantería No.1, conocido como “batallón Florida”, a varios prisioneros que habían sido dirigentes del MLN(T) y estaban recluídos en diferentes unidades. Los sentaron frente a un panel formado por los mandos superiores de las fuerzas armadas más el jefe del ES.MA.CO, coronel Gregorio Alvarez y el jefe del servicio de inteligencia, coronel Ramón Trabal. Solamente por un asunto al que atribuyeran importancia crucial podía reunir semejante plantel. El general Gravigna lo planteó a bocajarro: rendición incondicional del MLN(T) y entrega de Raúl Sendic, el dirigente revolucionario de mayor gravitación política. Ramón Trabal fue el artista creador de esta puesta en escena, la vía más rápida y menos costosa para obtener la victoria. Apoyado por una asamblea de militantes, Raúl Sendic rechazó la rendición e hizo una contraoferta: la paz a condición del compromiso público de las fuerzas armadas con un plan de medidas populares, la primera de ellas una radical reforma agraria. Raúl sacó las “negociaciones” de lo puramente instrumental, elevándolas al plano de lo político e ideológico. Las fuerzas armadas la rechazaron y dieron por finalizadas las tratativas, no querían pacificar nada, se trataba de una simple maniobra y nada más. El balance del primer semestre de 1972, muestra al bloque de poder fortalecido en varios frentes.

Los “ilícitos económicos”

El 4 de agosto la Armada Nacional proclamó su “profundo repudio a cualquier forma de subversión, ya sea la que empuña las armas para asesinar cobardemente, como la que expolia la economía nacional, la que usurpa al pueblo el producto de su trabajo,la que propende a la corrupción moral, administrativa y/o política, la que practica el agio y la especulación en desmedro de la población o la que compromete la sobreranía nacional”. Las fuerzas armadas se embarcaron en una campaña contra los “ilícitos económicos”, operación “limpieza de imagen” y “siembra de confusión” como definía el “Documento de Octubre de 1972” del Movimiento de Independientes “26 de marzo”.

El 24 de agosto fueron conducidos al “Florida” los mismos prisioneros de las “negociaciones” y se les propuso estudiar la documentación capturada al MLN(T) y ayudar a investigar los “ilícitos económicos”. Les prometieron suspender la tortura en todos los cuarteles. No se puede decir que haya sido cumplida la promesa, en el Grupo de Artillería No. 1 (“La Paloma”), por ejemplo, continuaron torturando a compañeras y compañeros mientras otros presos colaboraban en los “ilícitos”. Era más fuerte que ellos, con el mismo placer que torturaban a los “subversivos lo hicieron con los detenidos bajo sospecha de corrupción.

Podía imaginarse que participar en los “ilícitos” servía de apoyo a los oficiales progresistas en su pretendida puja contra la corriente reaccionaria. Forzando aún más la imaginación, se podía especular conque esos oficiales progresistas podrían formar un partido para la transformación económica social y política del país, a imagen y semejanza del proceso acaudillado por el general Velazco Alvarado en el Perú. Sin embargo, en el batallón “Florida” no ocurrió eso: los mismos capitanes que alimentaban expectativas en este grupo de prisioneros, preparaban con el traidor Héctor Amodio Pérez una operación para desacreditar a Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Erro, Líber Seregni y otros dirigentes. Los capitanes cambiaban de careta cuando iban del despacho “operación ilícitos” al despacho “operación golpe de Estado”. En cierto momento dieron por terminada la maniobra y escondieron los 40 expedientes producidos por los prisioneros en el coffre-fort de algún general. El 30 de setiembre de 1972 Wilson Ferreira Aldunate informó al general César Martínez, nuevo comandante del ejército, que el golpismo conspiraba a sus espaldas. En un ensayo escrito para la “Fundación Wilson Ferreira Aldunate”, el Capitán de Navío Tabaré Patrón señala que en setiembre de 1972, el coronel Ramón Trabal ya tenía en el bolsillo los borradores que, una vez corregidos por Gregorio Álvarez, jefe del ES.MA. CO, se convertirían en el Comunicado No. 4 el 9 de febrero de 1973. Al tiempo que desarrollaban el “plan ilícitos”, se preparaba la próxima maniobra de dispersión, la del día del golpe de Estado. En octubre el Supremo Tribunal Militar pidió el desafuero de Enrique Erro basándose en testimonios de Héctor Amodio Pérez. Esta primera vez el pedido no llegó al parlamento pero está claro que daba comienzo a la fase final del golpe.

En la página 178 de su obra “La tregua armada” Fernández Huidobro resume su actuación en el”Batallón Florida”: “Nuestro error en 1972 fue haber creído que era posible influir sobre un sector muy grande. Los antecedentes que citamos anteriormente y ciertos hechos que transcurrían ante nuestros ojos, daban para pensar en ello, Nos equivocamos. La experiencia enseñó que si bien es necesaria y debe ser permanente la labor política en el seno de las FFAA, las fuerzas populares no debemos hacernos ilusiones en cuanto a lograr, en base a ello, ganar para el pueblo a sectores importantes y orgánicos de las FFAA. Éstas están concebidas y montadas de tal modo que la rosca dominante nunca va a perder su control. Otra cosa sería suicida. Dicho aún más claramente, ellas son la garantía real y de última instancia que tiene la rosca para cimentar su poder”. Que se sepa influyeron sobre un único capitán que fue sancionado. Demasiado poco para lo que estaba en juego. Ya era tarde además, se había contribuído a crear la ilusión “perunista”, que en las semanas siguientes tuvo consecuencias desastrosas para el movimiento popular. El error en 1972 fue haberse plegado a las iniciativas de los militares, los antecedentes y la experiencia también enseñaban a negarse a las “negociaciones” y a la participación en los “ilícitos económicos”.

1º de setiembre de 1972, Raúl Sendic fue apresado sin entregarse: el balazo de fusil en la mandíbula lo dejó sin conocimiento y, cuando lo iban a rematar, un oficial de la Armada detuvo al soldado: “no lo hagas, no queremos un Ché Guevara en Uruguay”. El MLN(T) que sobrevivió la caída de Raúl quedó sin capacidad de reacción, una de las condiciones “sine qua non” del golpe de Estado.

El golpe de Estado

El 9 de febrero de 1973, el Comunicado No.4 de las fuerzas conjuntas advirtió a la población que en adelante su misión sería “intervenir en la problemática nacional”, garantizar el desarrollo nacional y emprender “la reorganización moral y material del país ”. En Panamá les habían enseñado que no eran ”una simple fuerza de represión o vigilancia”, tenían un rol político a desempeñar. Redactado por Trabal, el comunicado reafirmaba la decisión irrevocable de aniquilar el marxismo leninismo por ser “incompatible con nuestro tradicional modo de vida”. Aunque muchos leyeran solamente lo que quisieron, nadie podía llamarse a engaño. El 11 de febrero, el editorial de “El Popular” explicaba que “...hay una 'realidad' que debe ser cambiada y las Fuerzas Armadas no quieren ser el brazo armado de grupos económicos y políticos que pretendan apartar a las Fuerzas Armadas de sus fines”. Los planteos de los militares eran muy generales y vagos pero el Partido Comunista afirmaba que estaban inscriptos en la corriente general que querían cambiar el modelo de la oligarquía y el imperio e imaginaban alianzas con las corrientes progresistas de las fuerzas armadas.

El 14 de febrero de 1973, en la Base “Boiso Lanza” de la Fuerza Aérea, el presidente constitucional y los mandos de las fuerzas armadas pactaron lo esencial de la doctrina política que rigió al Uruguay los doce años de dictadura. El pacto se concretó en la creación de una nueva institución del Estado, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que Bordaberry definió como “cauces institucionales apropiados para la participación de las FFAA en el quehacer nacional”. En realidad los golpistas no debieron esforzarse mucho para convencerlo, el novel presidente era el más fascista de todos. Entre la hojarasca levantada por los comunicados, podía entreverse al terrorismo de Estado abriéndose paso y tomando los resortes de poder.

Al otro día del pacto, la Mesa Representativa de la CNT declaró que la huelga general sólo podía ser convocada “en la medida que contribuya a avanzar a favor de los intereses populares y en el cumplimiento del Programa de Soluciones a la crisis”. De hecho la postergaron cinco meses. La tendencia mayoritaria de la CNT, los demócratas cristianos, un sector del socialismo y la mayoría del Partido Comunista, se ilusionaron con el “perunismo” tanto como los prisioneros del “Florida”. Quienes no se engañaron fueron los militares que se habían sumado a las filas del pueblo: Montañez, Zufriategui, Aguerre y Licandro. El general Seregni percibió la maniobra pero terminó aceptando la opinión mayoritaria. Don Carlos Quijano alertó sobre los peligros del militarismo desde el semanario “Marcha” y los famosos “Cuadernos”.

En Uruguay no hubo un día ”masacre” como el de Chile, donde el 11 de setiembre de 1973 el ejército disparó sobre la gente a mansalva, arrasó las poblaciones y los cordones industriales y asesinó al compañero Salvador Allende. La “técnica a la uruguaya” hizo pasar disumulado el golpe del Boiso Lanza, oculto por el humo de las operaciones de inteligencia. Al disimulo ayudó la complicidad del “pacto chico”, cuyos integrantes lo revistieron con una pátina de “civilismo”, hipocresía tan propia del país de los amortiguadores. Con el respaldo del imperio, los dos brazos de la oligarquía (el armado y el político) ya estaban en condiciones de arrollar al pueblo que se resistía a dejarse robar impunemente su poder adquisitivo. El golpe de estado estaba dado en febrero de 1973.

Se disipa el humo...

Con el golpe se instaló un régimen muy propio del país de los amortiguadores: una dictadura que coexistía con las organizaciones sociales, los partidos políticos y el parlamento. Los mandos apostaban a manipularlas mediante el temor y nuevas maniobras de inteligencia, pero el engendro apenas pudo sostenerse cinco meses. En ese lapso, los conflictos y luchas se sucedieron, contra la “ley Sanguinetti” en la enseñanza, la huelga de la mutual de futbolistas, la marcha a Montevideo de los obreros textiles de Juan Lacaze, la ocupación de viviendas en el barrio de Cerro Norte severamente reprimida y desalojada brutalmente por el ejército. El punto culminante fue el 29 de marzo, un paro general con ocupaciones de fábricas y centros de estudio, mitines barriales y paralización casi total del Estado. La multitud llenó la Avenida del Obelisco a la Universidad. La CNT les informó que se había reunido con la junta de comandantes y con Gregorio Álvarez . En sus memorias, Pepe D’Elía explica que la intención de la mayoría de la CNT era tender una mano a los militares “progresistas” para impedir que los arrastrara la oligarquía. En aras de esta fantasía se postergó el llamado a la huelga general en rechazo del golpe de Estado. La CNT demoró cinco meses en cumplir con la resolución del Congreso del Pueblo y del programa fundacional de la CNT. El 9 de abril, la casquivana junta desairó a los ilusos: “...si la CNT reconoce la identidad de sus objetivos con los expresados por las fuerzas armadas....éstas entienden que los caminos preconizados por ambas instituciones son irreconciliables”. Por su parte, la “tendencia combativa” sostenía que los gorilas seguían siendo gorilas aunque se vistieran con la seda del comunicado No. 4. Adrián Montañez presentó una Plataforma de Acción Inmediata que fue rechazada por la mayoría que, en cambio, pretendió que el 1º de mayo de 1973 fuera “festivo,optimista y de alegría”, que no incomodara a nadie. Sin embargo, las consignas que corearon las decenas de miles que concurrieron al acto, fueron muy duras y poco amistosas hacia el golpismo cívico militar. Ya existía el clima subjetivo que autoconvocó a la huelga general en junio.

En marzo Wilson Ferreira Aldunate denunció la venta de las reservas de oro del Uruguay y casi llegó al juicio político a Bordaberry. El parlamento se convirtió en caja de resonancia de las denuncias sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos. La junta de comandantes arremetió contra el parlamento que tampoco se dejaba amedrentar. El 25 de abril Bordaberry exigió el desafuero del Senador Enrique Erro por supuestas vinculaciones con el MLN- T y la cámara de diputados lo rechazó por un voto de diferencia. Bordaberry y la junta de comandantes jugaron a dejar aislada a la bancada del Frente Amplio pero la maniobra fracasó. La coexistencia había llegado a su fin. La Justicia Militar intentó procesar al senador Amílcar Vasconcellos por su discurso titulado “febrero amargo”. Hizo detener al capitán de navío Omar Murdoch, presidente del directorio del Partido Nacional. En mayo Ferreira Aldunate denunció la “operación enchastre”: un libro del traidor Héctor Amodio Pérez acusaba de estar vinculados al MLN(T) al propio Wilson y a Seregni, Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz y, por supuesto, a don Enrique Erro. Fracasada también esta maniobra, el 1º de junio el gobierno reimplantó las medidas prontas de seguridad. El grupo de Jorge Batlle rompió con el “pacto chico” y los aislados fueron los sectores que apoyaban el golpe. En la madrugada del 27 de junio de 1973, Bordaberry disolvió el parlamento. El humo del “progresismo perunista” se había disipado.

A la seis de la mañana, los turnos entrantes ocuparon los centros de trabajo, un poco más tarde lo hicieron los estudiantes y la CNT convocó a la huelga general. La lucha popular había despejado las confusiones y falsas expectativas, el pueblo asalariado ganó las calles, fue el momento estelar de su historia.

Las fuerzas armadas en disputa

Para muchos la declaración de la Armada y el comunicado No. 4 demuestran la existencia de una corriente perunista liderada por Trabal y Álvarez y enfrentada a las logias reaccionarias en la interna militar. Esa lucha de fracciones sirvió de base a muchas decisiones políticas de diferentes partidos y organizaciones sociales. Sin embargo el progresismo adjudicado a Álvarez demostró ser pura fantasía y, según confirma el compañero Pedro Aguerre (padre), sería bastante falso calificar de “perunista” a Trabal. A cuarenta años de los acontecimientos se puede ver que la interna militar estaba agitada por múltiples contradicciones -como todas las internas militares del mundo y de la historia- pero que ellas no pasaban de ser matices en una estructura muy cohesionada por la Doctrina de Seguridad Nacional y el odio al comunismo internacional. Diferencias que nunca fueron suficientes para quebrar la unidad de mando. Entre los mandos militares de 1973 no hubo un general Torrijos como en Panamá ni un general Torres como en Bolivia. Aunque esa fuera la ilusión esperanzada de muchos.

Las técnicas de manipulación de la opinión pública han sido parte de las estrategias político militares desde la antigüedad. Sun Tzu las recomendaba, von Clausewitz también y asimismo Lidell Hart. Kissinger, la CIA y la CNN obtuvieron excelentes resultados, las usaron para ocultar al pueblo norteamericano las barbaridades que se cometían en Vietnam e impedir que supieran que estaban perdiendo la guerra. Si los EEUU fueron capaces de convencer al mundo entero de que Saddam Hussein escondía armas de destrucción masiva en Irak... qué tiene de extraño que algunos oficiales uruguayos convencieran de su “progresismo” a los dirigentes de la izquierda uruguaya?. Primero fueron las “negociaciones”, después los “ilícitos” y finalmente el Comunicado No. 4, una secuencia de maniobras con las mismas características, destinadas a encubrir los objetivos reales de las fuerzas armadas y a diluir las posibles resistencias. Lecciones de uso táctico de las “cortinas de humo”. Sin embargo, a muchos les duele reconocer la trampa en que cayeron y actualmente son los principales interesados en que perdure la hipótesis “fuerzas armadas en disputa”. Solamente cabe desear que su nuevo “error” tenga consecuencias menos trágicas que el error de 1972.