El fiscal Enrique Viana denuncia una confabulación del gobierno y el fiscal de Corte, y arremete contra fiscales “subordinados” y el Poder Judicial “alineado” con multinacionales
Conocido por presentar decenas de demandas en defensa del medio ambiente, el fiscal civil acaba de ser separado del cargo. Ahora en entrevista con Sudestada
denuncia un plan del Departamento de Estado de Estados Unidos para diseminar en América latina un modelo de proceso judicial afín a los intereses imperiales.
-¿Cuál es hoy su situación legal y administrativa en el Ministerio Público?
-Fui notificado de un sumario administrativo con separación del cargo y retención de los haberes. El sumario no tuvo investigación administrativa previa que es lo que habitualmente ocurre en estos casos. Se invoca que se hizo una inspección por parte de una especie de policía de fiscales que cuestiona que no comparezco a las audiencias en los casos en que interviene la fiscalía civil de la que soy titular.
-¿Y eso es correcto?
-Lo primero que voy a decir es que en su momento yo presenté una acción de inconstitucionalidad contra la figura del fiscal inspector, y que hoy estamos pidiendo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la anulación del decreto que regula las competencias del fiscal inspector. Lo segundo es que ningún fiscal puede concurrir a todas las audiencias, eso es una falsedad. Las fiscalías pueden actuar de tres maneras: como parte –que es lo que sucede en los procesos penales, donde el fiscal es el acusador–, como tercero, o como dictaminante técnico.
En la fiscalía civil el 90 por ciento de las intervenciones se hacen como tercero (demandante y demandado ante el juez, y el fiscal es un tercero), y para estas situaciones el Código General del Proceso en su artículo 30 otorga a la Fiscalía un plazo máximo de 20 días para pronunciarse, con lo cual se está diciendo que el fiscal puede pronunciarse en su despacho y no en la audiencia.
-Pero aunque se pueda pronunciar más tarde, ¿está obligado o no a asistir a la audiencia?
-Se hizo una modificación al pasar, en el año 2012, de la ley que regula al Ministerio Público, y allí se afirma que el fiscal está obligado a concurrir a los actos de instrucción y a las audiencias. Pero yo interpreté que la ley refiere a cuando el fiscal es parte y no tercero, porque refiere a los “actos de instrucción” que son propios de los juicios penales donde el fiscal es parte. Entonces, salvo en hipótesis en que sí es obligatorio concurrir a las audiencias, como en los casos de aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otros, el fiscal tiene derecho a decidir si va o no a la audiencia si está actuando como tercero.
Si estamos corriendo de un lado para el otro porque tenemos que estar en todas las audiencias de divorcio y de pensión alimenticia, en todas las audiencias de todos los casos, se baja la calidad del trabajo en la argumentación y toma de decisiones, porque no queda tiempo para estudiar los expedientes. Yo soy un fiscal de gabinete, de los que estudia y trabaja mucho en la búsqueda de jurisprudencia, y que genera enfoques y decisiones luego de revisar muchas fuentes bibliográficas y documentales. Pero se quiere eliminar a este tipo de fiscal para crear el ‘fiscal delivery’ o ‘fiscal soldadito’, el que corra detrás de las audiencias para poder llegar a todas, y que no estudie, se pronuncie a las apuradas en las audiencias. Y sobre todo, que pierda su independencia para obedecer las órdenes de un fiscal general.
-Un modelo como el estadounidense.
-Sí, absolutamente estadounidense porque es un modelo que está imponiendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos…
El “modelito” y los “subordinados” del fiscal Díaz
-¿Usted dice que el Departamento de Estado de los Estados Unidos es el responsable de imponer este modelo en América Latina?
-Sí, es así. América Latina y Centroamérica lo están padeciendo. Se han modificado las formas de actuar del Ministerio Público en Chile, Honduras, Brasil, en muchas provincias de Argentina, por ejemplo. La reforma apunta más que nada a la parte penal…
-¿Pero cuál sería la finalidad de imponer este modelo?
-Se pretende imponer modelos semejantes a los de Estados Unidos –aunque en realidad se parecen más a una caricatura del proceso sajón– que permita saber que en caso de que un ciudadano norteamericano sea sometido a un proceso en Uruguay, por ejemplo, no haya que procurar entender cómo es el proceso de origen europeo que tenemos hoy. Se busca un modelito en el que se juegue con las mismas cartas que en Estados Unidos, un modelito en el que se sepa dónde tocar un resorte para que la situación se solucione.
-¿De qué resorte está hablando?
-Si como indica la Constitución y la ley, se cuenta con fiscales independientes, cada uno con criterios individuales y personales, la cosa se complica. Pero si usted tiene un fiscal general o una cabeza a la cual dirigirse, y esa cabeza puede ordenar a sus subordinados cómo se tiene que resolver el problema, es mucho más fácil de solucionar el asunto.
Jorge Díaz con Mujica
-¿Usted está hablando del fiscal de Corte, Jorge Díaz?
-Sí, es cierto, aunque este modelo era también el que quería imponer el doctor Oscar Peri Valdez (ex fiscal de Corte) a fines de los noventa. El sistema se pergeña desde aquella época. El fiscal Marcelo Brovia y yo lo enfrentamos en aquel momento y se nos dio la razón por parte del Ministerio de Educación Cultura en que el sistema terminaba con la independencia de los fiscales.
-En aquel momento la Asociación de fiscales, con la doctora Mirtha Guianze a la cabeza, también se opuso a la imposición de ese modelo. ¿Qué pasa ahora?
-No, no, la Asociación está de acuerdo con que los fiscales pasen a ser subordinados de un mandamás. Yo creo que entienden que actuar así es más fácil porque les quita responsabilidad, es mucho más cómodo recibir órdenes y actuar de acuerdo a esas órdenes que actuar de acuerdo a la conciencia y el esfuerzo personal.
-Hoy no hay ley que imponga este sistema.
-No, no hay…
-Pero aún así, ¿usted entiende que hay fiscales que están obedeciendo órdenes del fiscal de Corte, Jorge Díaz?
-Sí, sí, obviamente que esas órdenes no van a aparecer por escrito ni se van a ver documentadas, que es lo que se pretende legitimar con el nuevo sistema, pero en los hechos la independencia de los fiscales está moribunda. Y hay quienes apasionadamente están a favor de que esto pase…
-¿Quiénes?
-Y por ejemplo el reconocido periodista Raúl Ronzoni está pidiendo todas las semanas en el semanario Búsqueda que la independencia de los fiscales desaparezca. Y prácticamente toda la Cátedra de Derecho Penal y de Derecho Procesal está de acuerdo en ir hacia un proceso acusatorio, con fiscal general y fiscales subordinados.
-Usted dice que ya hay algunos subordinados.
-Bueno, cuando la Asociación de Fiscales, con el doctor Juan Bautista Gómez a la cabeza, sale a decir el domingo 6 en El País que está dispuesta a recibir instrucciones, está diciendo que los fiscales son dóciles a las sugerencias que vienen de la superioridad. Cuando en un proceso tan conocido como el caso de Pluna, el Poder Ejecutivo sabe cuatro días antes, qué iba a hacer el fiscal (Juan Gómez) cuatro días después, basta simplemente llenar los puntos suspensivos para saber qué está pasando…
-En ese caso se señaló al fiscal de Corte, Jorge Díaz, como el infidente. Hubo denuncia penal pero el fiscal Gilberto Gómez no lo investigó, decidió pedir que el caso se archivara.
-No hubo ni siquiera investigación administrativa para saber qué pudo haber pasado. Es que hay cosas que no se investigan…
“En los pasillos de la Fiscalía se respira miedo”
-A usted lo están investigando ahora. ¿Cree que la verdadera causa del sumario en su contra es por las razones que se esgrimen oficialmente?
-No, para nada. Un fiscal que actúa como he actuado yo marca que soy verdaderamente independiente y eso no es aceptado por el sistema…
-Usted habla de sus acciones contra el Estado en defensa del Medio Ambiente y contra los contratos con empresas multinacionales que buscan explotar recursos naturales.
-Todo está relacionado. Mis demandas han molestado al Poder Ejecutivo, y también a sus socios, es decir a aquellos intereses económicos de la celulosa, minería a cielo abierto, transgénicos, entre otros contra los que he ido en mis demandas. Yo soy un mal ejemplo para esos intereses, y al mal ejemplo hay que eliminarlo porque así el terreno se hace liso y llano para que los demás fiscales no tengan más que acatar lo que la superioridad ordena.
-¿Usted habla de una confabulación política en su contra?
-Sí, yo directamente entiendo que esto es una persecución. Creo que cuando uno dice ‘confabulación política’ puede entenderse como político-partidaria y yo creo que va mucho más allá de eso.
-¿Pero usted entiende que el gobierno está presionando para que se actúe en su contra y para que ya no se hagan demandas que perjudiquen al Poder Ejecutivo por estos temas?
-Sí, y para que no existan otros fiscales iguales. Mi preocupación es que cuando yo ingresé al Ministerio Público respiré libertad, hoy cuando uno camina por los pasillos de la Fiscalía no respira libertad, respira miedo.
-¿En qué se traduce ese miedo?
-Se traduce en lo que me dijo un colega el otro día, un colega que no voy a nombrar para no meterlo en más problemas… Me dijo, ‘Enrique, si te pegan a vos que tenés prestigio y más de 20 años en la Fiscalía, qué es lo que podemos esperar todos nosotros’. Y otros me han llamado para decirme cosas por el estilo.
Yo he hecho 50 o 60 demandas tratando de proteger el medio ambiente, con una suerte lastimosa si ustedes quieren, pero soy el único que las hace…
El Poder Judicial se ha “alineado” con las multinacionales
-Usted habla de suerte lastimosa porque la justicia no ha hecho lugar a los reclamos de sus demandas, salvo muy pocas excepciones.
-Sí, es que en Uruguay no hay jurisprudencia ambiental. Tenemos leyes que sirven para resguardar el medio ambiente, pero el sistema se acobarda cuando hay que aplicarla contra los intereses económicos. En Argentina y en Brasil existen fallos a favor del medioambiente, pero en Uruguay no hay ninguna sentencia firme que lo proteja.
-Pero las leyes de protección ambiental existen, ¿por qué entonces no se aplican?
-Mire, yo creo que habría que derogar el artículo 47 de la Constitución (protección del medio ambiente)* porque en Uruguay no se cumple. Le decimos a la gente que tenemos la mejor ley ambiental, la mejor protección constitucional, pero nada de esto se aplica, entonces le estamos mintiendo a todo el mundo.
Otros fiscales no se animan a presentar demandas de este tipo porque supone ir contra el Estado. Y si el Estado se hace socio de Botnia (celulosa), de Montes del Plata (celulosa), de Aratirí (minería de hierro a cielo abierto), el monstruo es muy grande como para enfrentarlo y supone un riesgo para la función del fiscal y del juez que se atreva a dictar un fallo de protección del medio ambiente.
-Se supone que el Poder Judicial es independiente.
-Yo tengo mis dudas. La jurisprudencia es antiambiental. El Poder Judicial se ha alineado con la idea de que inversiones como las de Botnia son cuestiones de Estado y que por tanto no hay que oponerse a lo que haga la multinacional que llega al país.
-¿Qué hará usted ahora? ¿Se ve fuera del Ministerio Público?
-Por ahora voy a defenderme y pelear hasta las últimas consecuencias por mi independencia y libertad, pero sabiendo que quien ordena el sumario en mi contra (Jorge Díaz), nombró como sumariante a un fiscal de la Asociación de Fiscales (Ariel Cancela) que junto con el doctor Juan Gómez prefieren ser subordinados que independientes. Así que no hay ningún tipo de debido proceso. Yo creo que se va hacia el cercenamiento de la libertad e independencia de los fiscales, y si es así yo iré a cumplir con mi deber de ciudadano en otro lugar.
El Artículo 47
La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores.
El agua es un recurso natural esencial para la vida.
El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.
1) La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en: a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza. b) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas.
c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones.
d) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto.
2) Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico.
3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
4) La ley, por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá autorizar el suministro de agua, a otro país, cuando éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad.
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