“Los
métodos de opresión, no pueden, contradictoriamente, servir a la liberación del
oprimido” Pablo Freire
Con el
fin de albergar pescadores que llegaban hasta la costa para trabajar y
aficionados a la pesca en busca de la tranquilidad, se construyeron los
primeros ranchos en lo que hoy es el casco viejo de Santa Catalina, eso fue a
mediado de los años 50. En ese entonces no había luz, agua potable, ni ningún
servicio estatal. La segunda tanda de habitantes, comenzó a llegar a fines de
la dictadura y principio de la recién instaurada democracia en busca de la
posibilidad de construir una vivienda propia. Para ir a trabajar, estas
personas debían caminar cuatro kilómetros hasta camino Sanfuentes. Uno o dos
tanques diarios de doscientos litros de agua potable eran traídos hasta aquí
por Juan Lucas, fue entonces cuando los vecinos comenzaron a organizarse para
acercar los servicios públicos hasta el barrio. Alrededor del año 80, los
habitantes construyeron la primera escuela en Víctor Hugo y poco más tarde la
antigua policlínica que estaba ubicada en la calle Pez Espada. En la década del
90, cuando el “boom” de los asentamientos hizo erupción en Uruguay, en Santa
Catalina no quedaron terrenos por ocupar y de a poco se instauraron las mejoras
gracias a la fuerza y persistencia de los vecinos organizados. La llegada del
transporte urbano trajo consigo la afluencia de más personas que disfrutaban de
las playas y sumó la posibilidad de abrir nuevos comercios. Alrededor del 2000
se ocupó lo que hoy es “San Martín I” y unos años más tarde el “San Martín II”.
La historia de la formación del barrio dejó como herencia una dinámica de
organización vecinal y solidaridad colectiva, lo que conlleva a que a pesar de
las dificultades económicas y estructurales haya un vínculo entre los
habitantes. No menos importante es el fuerte sentido de identidad que poseen
quienes viven aquí desde hace años.
En la
actualidad existen dos escuelas, una de ellas es de tiempo completo, también
está en marcha la construcción de una UTU y un centro de educación preescolar,
contamos con un centro comunal y dos CAIF. También existe una policlínica
financiada por el comando Sur de los EEUU y
aproximadamente 100 metros de camino Burdeos que cual pista de aterrizaje,
conducen a la regasificadora. Santa Catalina carece de veredas y las calles se
tornan intransitables en tiempo de lluvia abundante, existen varias cañadas y
los perros y niños circulan libremente por calles y playas, todos se conocen y
saben quien es quien.
La
realidad social, es, como en cualquier otro barrio, distinta de caso a caso.
Hay quienes están marginados por la situación socioeconómica en la que viven,
también existe una mayoría de trabajadores de bajos ingresos y un grupo
minoritario que percibe ingresos medios. En suma se puede definir como un
barrio pobre de la periferia de Montevideo. Las y los niños suelen conseguir
“changas” o cuidan hermanos más pequeños y muchas veces desertan del sistema
educativo a temprana edad, varios de ellos tienen problemas de aprendizaje,
situación que suma dificultades a la hora de culminar los estudios. Se han
detectado casos de saturnismo (contaminación por plomo), pero esto no ha
trascendido ni existe un control serio de la situación. El consumo de pasta base
es un problema real, como en el resto de la ciudad. No hay saneamiento, las
cañadas que arrastran aguas servidas desembocan en la playa convirtiéndola en
una de las más contaminadas de Montevideo con altos valores de coliformes
fecales. A pesar de eso, la playa se llena de bañistas locales y de otras zonas
de Montevideo y la policlínica atiende varios casos diarios de
gastroenterocolitis. Debido a esta situación, la intendencia retiró las
actividades veraniegas de educación física y canotaje en la que participaban un
buen número de menores. Los jóvenes se quejan de la carencia de actividades
propias a su edad, las condiciones de precariedad económica son un claro límite
para trasladarse a otros barrios que puedan ofrecérselas. Por ese motivo, las
actividades, además de algún partido de fútbol barrial, se limitan a juntarse
en la playa o en alguna esquina. Las “picadas” en moto son una forma más
peligrosa de pasar el tiempo.
Según
Pablo Freire no existirían oprimidos si no existiera una relación de violencia
que los conforme como violentados, en una situación objetiva de opresión,
quienes instauran la violencia son los que oprimen y explotan. El terror es
instaurado por quienes tienen el poder y no por los débiles. Nos aterrorizan
con el miedo a ser robados y agredidos, entonces dirigimos el foco de nuestra
atención hacia la población más vulnerada, exigiendo más policías, control y
vigilancia, que se traduce en represión y muchas veces en abuso policial que
pasa desapercibido.
Dar un
pantallazo sobre un barrio como Santa Catalina pretende situar al lector en la
realidad que con ciertos matices se vive en los distintos asentamientos y
barrios pobres de Montevideo, realidad que conozco bien a raíz de mi trabajo y
mi hábitat. Tomar como punto de partida de este artículo el asesinato de un
joven que nació aquí se transforma en una desisión obvia debido la enorme
repercusión que tuvo el hecho, repercusión que fue consecuencia de la reacción
espontánea de los habitantes del barrio al manifestar su dolor, impotencia,
frustración y rabia frente a la nefasta consecuencia de un acoso policial que
se soporta desde hace tiempo. “Los procesos de desigualdad y la segregación
territorial han sido acompañados por representaciones colectivas cuyo resultado
más negativo lo podemos medir en la criminalización de la pobreza, el temor
hacia los excluidos, la estigmatización y las variadas formas de intolerancia
hacia el otro“(Rafael Paternain-Ya no podemos vivir así- Ensayo sobre la
inseguridad en Uruguay 2013:27).
En los
casi seis años que llevo viviendo en Santa Catalina, jamás he sido violentada
ni robada por sus habitantes, tampoco durante los dos años que trabajé en Tres
Ombúes, Cantera del Zorro y Cadorna tuve algún problema de esta índole, sin
embargo se puede constatar que sobre los barrios que conforman el cinturón
periférico de Montevideo pende un claro estigma de violencia fomentado por la
prensa y el actuar policial. Las llamadas zonas rojas son catalogadas como cuna
de delincuencia y vagancia cuando la realidad es que la mayoría de los que
viven allí son familias de trabajadores que perciben salarios bajos.
La
noche del 4 de noviembre fuimos testigos de un violento operativo policial
desencadenado por la denuncia del robo a un almacén. Los vehículos transitaban
a gran velocidad arriesgando atropellar a algún transeúnte que no atinara a
dejar el paso libre, incluyendo a un niño que se vio obligado a tirarse en una
cuneta para evitar ser arrollado por el vehículo policial. En la caja de una
camioneta que en ese momento pasó por la terminal de ómnibus, se veía a un
agente con rostro desencajado exhibir un arma en gesto amenazante. Un rato
después, esa misma noche, recibimos un llamado telefónico en el que se nos
avisó que habían matado a un joven. Fuimos hasta el cruce de Víctor Hugo y
Rubén Darío donde un grupo de personas, principalmente niños y adolescentes
hacían barricadas con el fin de impedir el ingreso de las fuerzas policiales al
barrio, los jóvenes llegaban hasta allí arrastrando todo el material inflamable
que podían encontrar para avivar la improvisada hoguera al grito de “justicia”.
Con rostro angustiado, algunos explicaban que cualquiera de ellos podía haber
sido la víctima, se sentían inseguros al pensar en la larga lista de
“verdugueos” sufridos en manos de la policía y en lo expuestos que estaban
frente a esa fuerza mayor, “no tenemos nada que perder” repetían. Sergio Lemos
tenía apenas 19 años, ayudaba a sus padres en la barraca familiar y
recientemente había conseguido su primer trabajo formal en Fripur, era conocido
y apreciado por los vecinos quienes lo describen como tranquilo y trabajador.
Considero que el buen comportamiento de la víctima no debe ser determinante a
la hora de juzgar al verdugo, si Sergio hubiera cometido un delito, su
asesinato sería igual de grave porque existe un sistema judicial que lo
protege. Sin embargo se torna necesario mencionar como era Sergio por el efecto
que su muerte causó en el barrio y en sus compañeros, el crimen agudizó el
dolor y el sentimiento de inseguridad provocada por la injusticia cometida. Sus
pares sintieron impotencia frente al hecho de que a pesar de la vida tranquila
que su hijo llevaba, terminó siendo una víctima más de la política del “gatillo
fácil“. El margen de las garantías que creemos poseer disminuye ampliamente
frente a la injusticia, más aún cuando es cometida por los representantes del
orden público. Los jóvenes que son sometidos a la violencia policial sienten
que frente a estos hechos no importa si son o no culpables de delinquir, porque
de todas maneras están expuestos debido a la apariencia o el lugar en el que
viven. Son considerados culpables de antemano. “No es casualidad que en un país
que concentra en sus niños, adolescentes y jóvenes los peores indicadores
sociales, también descargue sobre ellos todas sus iras” (Paternain 2013: 48).
Mucho se ha escrito sobre lo que sucedió esa noche en Santa Catalina, pero es
importante resaltar que esta muerte fue consecuencia lógica de una serie de
hechos acaecidos en el barrio y de una política represiva que se aplica
principalmente en el cinturón periférico de la ciudad de Montevideo. Que a la
policía se le “fue la mano”, que son “daños colaterales”, que los agentes están
nerviosos y tienen miedo a consecuencia del alto índice de criminalidad, no son
excusas ni motivos suficientes para justificar el fin de una vida por “error” a
manos de quien deben protegernos y velar por nuestra seguridad.
No es
la primera vez que la policía agrede a jóvenes de Santa Catalina, el 2 de
setiembre, cinco agentes arremetieron violentamente contra un grupo que estaba
reunido en una esquina. Detuvieron a tres de ellos que fueron desnudados y
torturados durante la noche en la seccional 19, además de eso se los amenazó
con ser acusados de vender drogas y de portar armas para horas más tarde
dejarlos ir. Por lo general nos
enteramos de estos episodios cuando los casos de agresión son divulgados por la
prensa, pero la violencia policial, en forma de aparatosos operativos o del
“verdugueo” cotidiano es algo que los habitantes de los barrios periféricos
están acostumbrados a sufrir. Cuando la represión se convierte en tragedia, o
cuando las víctimas se atreven a presentar la denuncia, es cuando somos, aunque
sea por un momento, concientes de lo que sucede. Pero la triste realidad es que
la mayoría de las veces los afectados no se atreven a hacer públicos estos
episodios de agresión policial o tortura por miedo a las represalias. Una madre
que viven en la Cantera del Zorro, cuyo hijo adolescente fue apresado en una
redada y posteriormente torturado en jefatura, me explicaba que no presentaba
la denuncia por temor a que se ensañaran con sus otros hijos que también
“hacían esquina”.“El Estado gendarme se yergue sobre el Estado social, y la
obsesión por el control y el castigo no hacen más que reforzar las tendencias a
la exclusión, la neutralización y la marginación, las cuales a su vez son las
bases para la producción de aquello que se pretende combatir”. (Paternain 2013:
37)
La
lista de casos en que se ha presentado denuncia por irregularidades, abuso y
violencia policial que ha sido difundida por la prensa es extensa, pero no
muestra la cantidad de casos que quedan indocumentados a causa del miedo de las
víctimas a hacerlos públicos, es de todas maneras, importante resaltar la frecuencia
con la se dan este tipo de “equivocaciones”, la violencia con la que se llevan
a cabo los operativos policiales y la impunidad que los rodea. Revisemos
atentamente el artículo 15 de la ley de procedimiento policial (Torturas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes): “El personal policial tiene
especialmente prohibido infringir, instigar o tolerar torturas o actos crueles,
inhumanos o degradantes sobre cualquier persona. En el marco del artículo 8 de
la presente ley, en ningún caso podrá invocar la orden de un superior o
circunstancias especiales, como amenaza a la seguridad interna o inestabilidad
política o social para justificar tales conductas, propias o de terceros.”,
este artículo no deja lugar a dudas sobre la prohibición que tienen la policía
de infringir cualquier forma de maltrato, sin embargo los casos donde se
practica tortura y coacción son abundantes.
El día
en que asesinaron a Sergio Lemos, se apresó a otros jóvenes en condiciones
irregulares, algunos de ellos eran menores de edad. La ley 16.707 de seguridad
ciudadana dicta que “En todos los procedimientos en que se atribuya a menores
de 18 años la comisión de actos descriptos como delitos o faltas por la ley
penal, la resolución que determine las medidas a aplicar será precedida de audiencia
indagatoria que deberá cumplirse con la presencia del Defensor y del Ministerio
Público, debiéndose interrogar a los representantes legales del menor y a los
testigos“. Sin embargo los menores apresados fueron golpeados, detenidos e
interrogados sin que esta ley se aplicara. Tampoco se aplicó el capítulo III,
titulo XI, 286 sobre abuso de autoridad contra los detenidos: “El funcionario
público encargado de la administración de una cárcel, de la custodia o del
traslado de una persona arrestada o condenada que cometiere con ella actos
arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos, será
castigado con pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría.” Sin
embargo, la jueza María Elena Maynard decretó el procesamiento de solo uno de
los cuatro policías por el delito de homicidio de Sergio Lemos. Los otros tres
efectivos que actuaron esa noche recuperaron la libertad y por supuesto no se
dice nada de todos los agentes que estuvieron involucrados y cometieron serias
faltas e irregularidades, ni sobre los que maltrataron al grupo de adolescentes
que fueron apresados sin razón en la misma esquina en que mataron a Sergio.
Hubo también agresiones a la familia en el centro coordinado del Cerro, la cual
sufrió además del dolor de saber a su hijo muerto, el impedimento de ver su
cuerpo y el atropello policial. Una muchacha de 20 años que acompañaba a los
padres de Sergio fue esposada y luego golpeada hasta quedar inconciente. En esa
ocasión la víctima fatal fue el muchacho asesinado, pero hay varias víctimas
que esperan por justicia. El 5 de noviembre, un día después de que se cometiera
este asesinato, un policía dio fin a la vida de un joven de 20 años cuando este
huía en una camioneta robada, el joven no iba armado. El agente fue enviado a
prisión por la justicia de Pando. El domingo 8 de diciembre, a poco más de un
mes de estos sucesos, en el barrio Casabó, un grupo de adolescentes fueron
golpeados, insultados y apresados por la policía. A los padres de los jóvenes
se les dijo que los habían conducido a la Seccional 24, pero allí les
informaron que no estaban enterados de ningún procedimiento en el que hubiesen
involucrados menores de edad. Los adolescentes fueron llevados al hospital
Filtro, donde según declara una madre, la doctora que los atendió también los
increpó y se burló de ellos haciendo caso omiso de las heridas que presentaban,
esta doctora firmó al parecer el parte médico donde consta que estaban en
perfecta condición física. Posteriormente los trasladaron a la seccional 24 donde
los interrogaron y los esposaron contra la pared. A los padres se les comunicó
que los trasladaban al INAU. Allí les informaron que el procedimiento fue
irregular ya que nunca se dio parte al juez o a la jueza de turno ni existía
denuncia alguna, llamaron a una ambulancia del SUAT donde otra doctora constató
que los adolescentes estaban lastimados. De allí los volvieron a trasladar a un
calabozo de la Seccional 24 para luego proceder a llamar a la jueza de
adolescentes de tercer turno, Teresa Larrosa. Después de que habían
transcurrido 15 horas desde el apresamiento, fueron entregados a sus padres sin
ninguna explicación sobre lo sucedido. Tampoco en este caso se respetó la ley
de seguridad ciudadana. Por esa fecha, el órgano estatal autónomo INDDHH (Institución
Nacional de Derechos Humanos de Uruguay) advirtió sobre varios casos de abusos
por parte de la policía y recomendó a las autoridades mejorar la formación del
personal policial, al tiempo que llamó a redactar una ley que regule la
actividad de inteligencia. También presentó un informe sobre casos de violencia
institucional e interpersonal que muestran la existencia de un patrón de
conducta generalizado. En ese informe se encuentran algunos de los casos que
menciono en este artículo. El abogado penalista Juan Faroppa sostiene que
debería existir una ley que regule los límites y el alcance que tiene la
actividad de inteligencia del estado tanto como los controles que se realizan.
Hace
casi dos años, en junio del 2012, al ser presentado el documento titulado
“Estrategia por la Vida y la Convivencia”, Alberto Breccia, en aquel entonces
secretario de presidencia y los ministros Bonomi, Olesker y Huidobro afirmaban
a la prensa que "en la mejora de la seguridad ciudadana es clave mejorar
la eficacia policial a través de un conjunto de herramientas que
profesionalicen la gestión basada en el conocimiento y la inteligencia
aplicada". Aludiendo al aumento de
salarios, mejora de equipamiento y tecnología reconocían que la policía ha
tenido un fuerte respaldo presupuestal, de hecho, el mayor en la historia de
nuestro país. Terminaban afirmando que “Hoy la sociedad está en condiciones de
tener mejores resultados en la prevención y represión del delito". Para
efectivizar y mejorar el trabajo de la policía, se incrementó el número de
efectivos, se les subió el sueldo y se adquirió nuevo, mejor y muy costoso
equipamiento. Este dinero, que sale de nuestros bolsillos, se justificó
basándose en la teoría de que mejoraría el desempeño. Según cifras de la
Oficina Nacional de Servicio Civil, en el año 2010 había 28.389 policías en
todo el país; en el 2011 29.799 y en el 2012 la cantidad aumentó a 30.461
efectivos, o sea 2.072 policías ingresados en los tres primeros años de mandato
del ministro del interior Eduardo Bonomi. También aumentaron los sueldos que
recibe la policía, de hecho fueron los únicos salarios que aumentaron un 100%.
Un agente de segunda que recién ingresa a la fuerza recibe 21.000 pesos
nominales. En cuanto al equipamiento y sin entrar en detalles de armas y
uniformes, me referiré a que el incremento de vehículos que hubo desde el 2010
hasta fines del 2013 fue del 34 %, lo que resulta en una flota de 4.363
unidades, a la misma se incorporan este año 150 nuevos patrulleros, más 30
adicionales y 5 vehículos para tareas no operativas. Vale la pena no pasar por
alto los equipos de vigilancia comprados por el ministerio del interior que
ascienden a un costo de casi 1 millón de dólares y no olvidemos que la policía
uruguaya recibe entrenamiento dictado por la unidad especializada en táctica y
entrenamiento policial que pertenece al ejército de Israel y son dadas por
policías argentinos y brasileños, situación que por su significado político
debería despertar un enorme debate. “Cuando aumenta el nivel de voracidad de la
máquina policial, más ineficiencia se genera. La ausencia generalizada de
gobiernos políticos y técnicos que gestionen los aparatos policiales ha
implicado históricamente la autonomía funcional de estos. El trabajo policial
pasa a ser un misterio insondable, aunque de todos modos sus promesas de
seguridad se renuevan sin alcanzar jamás una meta de protección y sosiego”
(Paternain 2013: 34). Dentro de esos “misterios insondables” podríamos ubicar
el patrullaje ilegal de policías en vehículos de la embajada de los Estados
Unidos descubierto en enero del 2013. La denuncia en ese caso fue presentada
por Gonzalo Barone, dirigente del partido nacional. Barone fue interceptado por
dos vehículos de representación diplomática en el que iban policías de la seccional
14 y personal de seguridad de la embajada, en este operativo le pidieron
mostrar sus documentos de identidad. En la actualidad no sabemos si esos
patrullajes continúan ni el motivo por el cual se realizaban a pesar de violar
la soberanía del país y los derechos y garantías individuales. Paternain nos
aconseja con sobradas razones tomar en serio la reflexión de Goldstein : “en
una sociedad libre, por la naturaleza estricta de sus funciones, la Policía es
una anomalía. Es investida de una enorme autoridad, en un sistema de gobierno
en el que la autoridad es renuentemente concedida y, cuando eso acontece, es
luego reducida. La forma específica de la autoridad policial -aprehender,
investigar, defender y usar la fuerza- es apabullante, en el sentido de que puede
desagregar la libertad, invadir la privacidad y, de una forma rápida y directa,
causar fuerte impacto sobre los individuos. Y esa autoridad pavorosa, por
necesidad, es delegada a las personas del más bajo nivel de la burocracia, para
que la ejerzan, en la mayoría de los casos, sin supervisión y control
(Paternain 2013:66).
Si
consideramos como abuso policial todo acto cometido por agentes policiales en
ejercicio de sus funciones que implica violencia moral o física contra la
población, lo es cualquier tipo de hostigamiento, ya sea en forma de insulto,
procedimientos inhumanos, crueles, denigrante, degradantes o detenciones
arbitrarias. Los actos abusivos, así como la aplicación selectiva y
discriminatoria de la ley también se deben considerar como casos de abuso
policial. Los episodios de violencia y abuso policial se han convertido en
rutinarios y habituales, varios de ellos están documentados y datan de años
atrás. En el año 2012, el abogado de IELSUR, Diego Camaño, declaró que es
ilegal detener a una persona por no llevar documentos en el marco de operativos
policiales, él sostiene que es un actuar que quedó dentro del procedimiento
policial, pero que no está amparado por ninguna ley. Camaño asegura que son
formas de actuar que quedaron de la dictadura. Vivimos en una “democracia
aterrorizada”, explicaba el filósofo y escritor argentino Alejandro Rozitchner,
refiriéndose al legado y a las huellas que la dictadura militar dejó en
Argentina, en nuestro país sucede lo mismo. Las prácticas represivas que aplicó
la policía y los militares en épocas de dictadura, siguen vigentes e impunes.
Los métodos de tortura e intimidación se practican aún en época de democracia,
y a pesar de que nos parezcan inverosímiles y plausibles de investigaciones
serias y duros castigos, quedan en la mayoría de los casos perdidas en una
turbia burocracia y son torpemente justificadas por el ministro del interior.
Recordemos
que el 14 de octubre del 2012, durante un operativo policial en el Marconi fue
asesinado Álvaro Nicolás Sosa de 25 años de edad, muerto por el simple “delito”
de encontrarse allí en el mismo momento en que se realizaba el operativo.
Quiero señalar como factor común que al igual que con el suceso de la muerte de
Álvaro, varios de los casos han sido archivados o las sanciones dadas a los
efectivos policiales involucrados son en extremo benevolentes. Algunos
episodios que sirven para constatarlo han sido informadas por la prensa y han
encontrado mayor o menor repercusión según la reacción y el nivel de reclamo de
la población involucrada o la gravedad de los mismos. Sin embargo es muy
difícil encontrar información fidedigna sobre el desenlace y las consecuencias
que han tenido las denuncias realizadas a partir de los crímenes o de los
procedimientos irregulares efectuados por la policía, existen escasas
referencias que son insuficientes como para que los ciudadanos sepamos si se
está haciendo algo respecto a esta situación. Somos bombardeados con
información sobre la violencia y la inseguridad a la que nos encontramos
sometidos y recibimos continuamente noticias acompañadas de un sinfín de
detalles morbosos sobre los crímenes cometidos por la población civil, pero no
se nos informa sobre la inseguridad provocada por los actos arbitrarios
cometidos por los agentes del orden, ni se nos dice como defendernos o que
garantías tenemos. Para comprenderlo debemos colocar los casos de violencia
policial en el contexto en el que se desarrollan y dejar de verlos como
situaciones aisladas o “errores” inevitables. Son varios los abogados
penalistas que sostienen que la tendencia al aumento de casos de abuso policial
crece. Los abogados Durand y Salle han advertido sobre el hecho de que muchas
víctimas de la violencia policial no hablan porque son amenazados, Salle
declara con propiedad: “Este momento en que hay un aumento de la criminalidad y
de la metodología violenta, es propicio para menguar todos los sistemas
garantistas“. Como dice una canción de Ismael Serrano: “Ellos nos protegen de
ti, de ellos quién nos va a proteger?”. Para comprender la gravedad de la
situación es importante prestar atención a la forma en que son efectuados los
procedimientos, la violencia desplegada por la policía, la impunidad en la que
quedan y la poca importancia que se le da a las leyes que en teoría defienden a
los civiles de este tipo de abusos.
Hay
acusaciones que son de índole gravísima por el hecho de que las víctimas son
menores de edad, por ejemplo, el 6 de abril del 2013 se acusó a policías de
torturar a un menor en situación de calle. La denuncia fue presentada por
Ielsur y el directorio de INAU. El menor fue llevado en auto a una dependencia
policial y allí fue torturado, entre otras cosas le hicieron submarino seco,
que consiste en poner una bolsa de nylon en la cabeza del torturado a la vez
que se lo golpea. Los ciudadanos tenemos derecho a saber que resoluciones se
toman como consecuencia de las investigaciones y a tener la seguridad de que en
caso de comprobarse la culpabilidad de los agentes involucrados, estos serán
debidamente castigados y retirados del servicio y del contacto con la población
y no solo trasladados para que puedan repetir el delito en otra dependencia
como muchas veces se hace.
Los
allanamientos sin órdenes judiciales también son una práctica frecuente que
rompe con las leyes de seguridad ciudadana. En el mes de noviembre, en Lezica,
cinco efectivos policiales irrumpieron violentamente en la casa de una familia
que tenía un supermercado. Los esposaron, les pegaron y registraron la
vivienda. El dueño de casa asegura que a las dos horas de eso colocaron pasta
base detrás de un ropero que ya habían revisado. Les robaron electrodomésticos
y artículos personales del hogar y entraron en el supermercado de donde se
llevaron el dinero, cigarros, whisky, golosinas, cerveza y refrescos. Luego
fueron conducidos a la seccional 19 donde los instaron a firmar un papel en el
que decía que habían encontrado droga e incautado solo 1400 pesos. Frente a la
negativa de hacerlo el hombre fue golpeado, picaneado y le practicaron una
suerte de submarino seco con un buzo en la cabeza, como consecuencia de los
maltratos terminó en el hospital. Frente a las presiones sufridas la mujer
firmó el documento. No vieron al juez y simplemente fueron dejados en libertad.
El 10 de mayo del 2013 allanaron el
espacio “la Solidaria” sin presentar ninguna orden de allanamiento. Patearon la
puerta e insultaron y amenazaron a los allí presentes, en esa ocasión se
llevaron abundante material de la radio. El 8 de febrero de este año, cuatro
policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO), realizan otro allanamiento
por “error” en Malvín Alto. El procediendo fue el mismo; rostro cubierto, sin
identificarse, amenazando con armas de fuego y por si fuera poco, terminaron
alterando la orden de allanamiento con lapicera para justificar el error, ya
que el número de la casa que allanaron no coincidía con el número que figuraba
en la orden de allanamiento. Los abogados penalistas Diego Duran y Gustavo
Salle, afirman que los allanamientos son cada vez más violentos y que en los
mismos se registran robos e incluso se acusa a los efectivos policiales de
“plantar” droga para inculpar a los investigados. También se acusa a los
policías de causar destrozos innecesarios, entre los que se incluyen daños a
juguetes o muebles. A pesar de las cuantiosas denuncias, el juez del crimen
organizado Néstor Valetti, trata de minimizar la importancia de las mismas
alegando que son una “estrategia de defensa” de los imputados para menguar las
penas y evadir responsabilidades”, al respecto de las denuncias de robos
asegura que es algo que sucede, pero que no es “una constante”. Por otro lado
el juez del tribunal de apelaciones en lo penal, Julio Olivera Negrín sostiene
en cuanto a las irregularidades en los allanamientos, que las acusaciones nunca
fueron comprobadas con “pruebas fehacientes“.
Mientras no se interpreten estas situaciones como abuso de poder y se
actúe en consecuencia, estos casos van a ir en aumento. El endurecimiento de
los castigos hacia la población civil en contraposición con la flexibilidad y
continua disculpa hacia los delitos cometidos por la policía son una paradoja.
La víctima debe acusar al verdugo, que en este caso lo desmiente en nombre del
estado, y debe probar a pesar de encontrarse en inferioridad de condiciones que
dice la verdad, nos encontramos frente a la palabra de un ciudadano contra la
del estado. El hecho de que el número de denuncias crezca no revierte la
situación tendiente a encubrir o justificar la violencia policial. Quienes
tienen en sus manos el deber de controlar la delincuencia y el delito, deberían
dar el ejemplo en cuanto al comportamiento y la transparencia en ejercicio de
sus funciones. Por ende, un asesinato, un robo, o un abuso, se tornan más
grabes si son cometidos por quienes trabajan para el estado y tienen la función
de hacer cumplir la ley. Todos estamos de acuerdo en que la tortura fue una
práctica sádica y salvaje utilizada por el terrorismo de estado, ¿qué pasa
cuando un estado democrático esconde, disimula y niega la tortura?; sencillamente
legitima la ilegalidad y la deshumanización como prácticas habituales del
aparato policial, dando luz verde a la incrementación de estos métodos.
Otra
situación irregular está conformada por las detenciones injustificadas y las
detenciones en las que se ejerce violencia.
El 18 de julio del 2013, la asociación de prensa uruguaya hizo pública
la denuncia por agresión al periodista Gustavo Guisulfo por parte de efectivos
de la seccional 1. El periodista fue detenido cuando intentaba documentar la
brutal agresión policial hacia otro ciudadano, en el momento de su detención
fue golpeado contra un vehículo estacionado. Al ser liberado se dio cuenta de
que las filmaciones que mostraban las agresiones contra la otra persona habían
sido borradas. En agosto del 2013, tres jóvenes fueron detenidos por la policía
y sometidos a malos tratos. Uno de ellos presentó denuncia penal a través de
Ielsur tras tener la confirmación del médico forense de que había sido
golpeado. El Ministerio del Interior realizó una investigación administrativa y
trasladó a los policías involucrados para que realizaran otras tareas. El 8 de
setiembre del 2013, en un partido entre Aguada y Defensor la policía apresó sin
ninguna razón a una joven que esperaba en la puerta, la esposaron, insultaron,
maltrataron y robaron. En la seccional 3 la desnudaron y la revisaron varias
veces hasta que llegó el juez y le dio la libertad. Varios casos de índole
similar han sucedido en otros partidos. La ley de procedimiento policial,
cápitulo1, artículo 3 (Fases de la actuación policial) dice: “Las fases del
accionar de la policía son la observación, la prevención, la disuasión y
excepcionalmente, la represión cuando sea necesario para garantizar los
derechos individuales de todos los habitantes de la Republica consagrados en el
marco jurídico constitucional y legal vigente.”. Según esta ley, la policía
debe agotar las otras fases antes de pasar a la fase de represión, que implica
el uso de fuerza física, armas de fuego u otro medio material de coacción.
Incluso aclara que el uso de la fuerza debe cesar inmediatamente al
restablecerse el orden.
Ielsur
(Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) y Serpaj (Servicio de
Paz y Justicia) elaboraron un comunicado en el que advierten que “el Estado
viene desarrollando operaciones y procedimientos que exacerban el poder
punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías
establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos". En el mismo
comunicado asocian esta política a la ley de Procedimiento Policial, aprobada
en el 2008 y explican que la infiltración no está amparada por la ley,
refiriéndose a la infiltración policial en actos, marchas y protestas. Cómo si
solo fuera un problema de semántica, el secretario de la presidencia de la
república Homero Guerrero hace suyas las palabras del ministro del interior
Eduardo Bonomi, calificando a los infiltrados de observadores. Ielsur y Serpaj
llaman a no aplicar “una política de amortiguación”, con esto se refieren a que
mientras se promueven políticas de inclusión y derechos se continúa
criminalizando a las poblaciones y grupos más vulnerados. Contar con
“observadores” en la manifestación del 14 de agosto no evita que se agreda a
los manifestantes, el día en que se
conmemoraba a los mártires estudiantiles, la policía disparó balas de goma que
hirieron no solo a manifestantes, si no también a periodistas que estaban
documentando el acto. El 24 de ese mismo mes, detuvieron a 12 personas que se
preparaban para participar de la marcha por la masacre del Filtro, los policías
involucrados en esta detención estaban vestidos de civil, no se identificaron
ni dieron explicación sobre el motivo de la detención. Los detenidos fueron torturados
en jefatura, allí se los golpeó, se les hizo hacer plantones desnudos, se los
insultó y amenazó con ser violados, todos fueron liberados sin que se levantara
ningún cargo contra ellos y sin haber sido trasladados al juzgado. El 30 de
agosto volvieron a detener a dos de las mujeres que integraban el grupo, el
procedimiento fue similar, en el participaron policías de civil que no se
identificaron, esta vez las trasladan al juzgado antes de ser liberadas sin
ningún cargo y luego de ser interrogadas sobre la marcha del 24.
Los
requisitos para la postulación e ingreso a la policía se rigen por las
disposiciones establecidas en la Ley Orgánica Policial. Según el decreto del
poder ejecutivo que data del 14 de diciembre del 2005, para aspirar al curso de
cadetes para la formación de oficiales en la escuela nacional de policía se
necesita haber aprobado enseñanza secundaria completa en cualquiera de sus
orientaciones, pero para ingresar a la policía solo se necesita tener aprobado
ciclo básico. En el 2008 se bajaron los requisitos para ingresar a la policía
porque una buena parte de los que se presentaban no cumplían con ellos ni
superaban las pruebas de ingreso. El subdirector nacional de policía, Raúl
Perdomo opinó en un artículo del País fechado el 23 de enero del 2014 que
habría que poner condiciones más exigentes para entrar en la policía, tales
como mejorar la escolaridad y exigir liceo completo. Agrego a este
razonamiento, que deberían exigir un estudio psicológico más exhaustivo, que
nos de cierta garantía a la hora de entregarles un arma y el poder de
utilizarla. En Paraguay, por ejemplo, a raíz del elevado número de denuncias
por violencia doméstica en la que estaban involucrados policías, se realizó un
estudio psicológico a los uniformados en actividad, un alto número presentó
algún tipo de trastorno psicológico y los test realizados a los aspirantes
mostraron que un 40% de los mismos presentaban trastornos similares.
Hoy
tenemos un amplio plantel de policías bien remunerados, sobre todo si el sueldo
que cobran se compara con los sueldos percibidos por otros funcionarios
públicos, además de esto, cuentan con un equipamiento mejorado y entrenamiento
especializado en combate. De hecho somos el país de Latinoamérica e incluso
Europa que tiene mayor cantidad de policías por cantidad de habitantes, tenemos
un efectivo cada 155 habitantes, nos sigue Bélgica con un promedio de un
policía cada 276 habitantes. Una parte significativa del presupuesto estatal se
destina a cubrir los gastos que esta política represiva implica. Los
procedimientos policiales están plagados de irregularidades que nos colocan en
una situación de alta vulnerabilidad. El robo en detenciones y allanamientos
sucede habitualmente, se le llama “incautación de cosas que no tiene una
vinculación con la causa del allanamiento”. La tortura física y sicológica es
una práctica frecuente, varios testigos hablan de haber sido desnudados y
puestos de plantón o de haber sufrido “submarino seco”, picana y golpes. Sacan
fotografías, nos filman y escuchan en las marchas o actos de protesta con el
fin de proteger al gobierno de la “amenaza” que representan los activistas y
discrepantes. Apoyados en la ley de vagancia, salvaguardan a los ricos de
sentirse amenazados por los pobres e indigentes, intentan mantener a raya a los
jóvenes. La “tolerancia cero” es el nuevo credo del gobierno progresista que
intenta resolver el problema de la violencia con un contradictorio aumento de
la misma, pasando por alto años de análisis y el discurso de la izquierda en el
que afirmaba que la causa de la violencia provenía de las brechas y diferencias
sociales. La ley de procedimiento policial es utilizada para reprimir, pero los
artículos que deben proteger a la población del abuso policial son ignorados.
Como crecí en época de dictadura, conozco muy bien la cara de la violencia y de
la represión policial y militar, también estoy familiarizada con el abuso de
poder, por esa misma razón estoy convencida de que no es un tema de orden
menor, si dejamos que esta violencia institucional crezca para aplacar otros
tipos de violencia, hemos elegido un camino muy peligroso y difícil de
controlar.
“La
ilusión represiva es la nota dominante en el Uruguay actual. Las técnicas de
control, vigilancia y señalamiento territorial se expanden, pues siempre hay un
“enemigo” de porte para combatir: antes fueron la subversión y sus aliados,
gobernados por el marxismo internacional; hoy son los jóvenes pobres y
marginados, dominados por las subculturas y el crimen organizado” (Paternain
2013:5)
Referencias
Freire,
Paulo (2013). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI.
Ley
18.315, Ley de Procedimiento Policial, 2008. Recuperado de<http://www.parlamento.gub.
AccesoTextoLey.asp?Ley=18315&
Ley
9.155, Código Penal, 4 de diciembre de 1933. Recuperado de
<http://sipom-uruguay.org/
ley_9155_codigo_penal.pdf>.
Paternain,
Rafael (2013). Ya no podemos vivir así. Ensayo sobre la inseguridad en Uruguay.
Montevideo:
Trilce.
Serrano,
Ismael (1997). “Atrapados en azul”. En Atrapados en azul [CD]. Madrid: PolyGram
Ibérica SA
Veronika
Engler
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