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MONTEVIDEO mar jun 3 2014
En mayo de 1983, el monarca español reunió a
los principales dirigentes políticos de la época, incluidos varios
proscriptos por el régimen militar, a una memorable recepción en la
Embajada de España. Dos de los participantes de aquella reunión, dos
expresidentes uruguayos, la recordaron ayer al enterarse de la renuncia
del rey.
"Una figura histórica en la transición del franquismo a
la democracia y una figura histórica en el relacionamiento de España
con América, que había sido interrumpido por el franquismo. Más allá de
los avatares melancólicos de los últimos tiempos, fue la figura
dominante en el mejor momento de la historia de España. Lo demostró
fácticamente con su intervención contra el golpe militar del 23 de
febrero (de 1981)", rememoró Julio María Sanguinetti. "La visita que nos
hizo el rey de España en aquella oportunidad, fue la primera vez que
bajo el régimen de la dictadura militar que todos los sectores de los
partidos políticos estuvimos todos reunidos con la capacidad de hablar
libremente, transmitir nuestras opiniones y recibir los consejos del
rey", recordó por su parte Jorge Batlle.
El presidente colorado que gobernó entre 2000 y 2005
guarda la fotografía de aquella reunión. "La reunión que tuvimos con el
rey Juan Carlos en la Embajada española fue muy importante, a tal punto
que en mi escritorio tengo en la pared tres cuadros. A mi espalda,
auténtica de época, un grabado en seda hecho por la imprenta del
Ejército argentino de la Convención de Paz de 1828; a un lado la figura
de Batlle y Ordóñez, y al otro el cuadro del rey de España con todos
nosotros", comentó Batlle a El País.
Por su parte Sanguinetti -que gobernó en dos mandatos:
1985-1990, y 1995-2000- definió la visita como un hito. "Cuando en mayo
de 1983 él llegó aquí y (el presidente de facto) Gregorio Álvarez trató
de capitalizar su visita, el rey la transformó en un himno democrático y
de esperanza para que Uruguay siguiera el mismo camino que España en
los años previos. Invitó a todos los dirigentes políticos, habilitados o
proscriptos, a la Embajada. Eso fue un aldabonazo. La reunión no había
sido difundida, pero enseguida se reunió una multitud frente a la
Embajada, con gritos y cantos por la democracia", comentó Sanguinetti.
Por último, Sanguinetti recordó una anécdota que vivió
con él años después. Allí conoció el lado travieso del monarca, su
inesperada apelación al humor para recibir a amigos.
"Estaba en una visita a España cuando era presidente.
Era 16 de diciembre, justo el cumpleaños de Martha (Canessa), y nos
invitó a cenar con otros presidentes, entre ellos (Carlos) Menem y (Juan
Carlos) Wasmosy. Pero no quiso que fuera en palacio sino que nos invitó
a Zalacaín, uno de los principales restaurantes vascos de Madrid.
Llegamos en hora, lo mismo que el rey. Entonces se puso una servilleta
bajo el brazo y me dijo para ir a la puerta a recibir a la gente.
Primero llegó un matrimonio mayor, que vieron asombrados cómo los
recibía el rey. Les preguntó si tenían reservas, a lo que respondieron:
`Por cierto, majestad`. `Bueno, entonces Julio los va a llevar a su
mesa`, Luego repitió la escena con una pareja joven, que se quedó de una
pieza. En ese momento llegó Wasmosy y entonces el rey suspendió la
travesura". (Producción: Luis Prats, Renzo Rossello)
El pacto del Club Naval 1984
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El nuevo pacto del Club Naval
por Jorge Zabalza
3 de marzo de 2013.
Entre junio de 1968 y marzo de 1985,
cientos de militares y policías torturaron, violaron mujeres y hombres,
secuestraron niños, asesinaron militantes y desaparecieron forzosamente a
muchos detenidos. En el Uruguay uno de cada quinientos estuvo preso por sus
ideas políticas, fue una represión masiva, generalizada, sin límtes
prácticamente, ofendió a la comunidad humana mundial tanto como a los tres
millones de uruguayos. Idéntica naturaleza que los crímenes de los nazis contra
los pueblos soviético y judío, o que los cometidos en Ruanda y en Irak, o los
que hoy se cometen en Palestina por las tropas israelíes. Son crímenes contra
la humanidad entera y deben aplicárseles las normas internacionales aprobadas
por las naciones del mundo precisamente para estos casos de desborde de la
barbarie y el salvajismo. Hechos incontrovertibles, innegables.
En Uruguay esos criminales han sido protegidos por un
acuerdo político no escrito, el Pacto del Club Naval consensuado en 1984 por cuadros
del Partido Colorado, la Unión Cívica y el Frente Amplio. A cambio de que los
mandos militares regresaran a los cuarteles y permitieran elecciones nacionales
( aunque fuera con proscripciones), quedó establecido que el Poder Judicial no
juzgaría a quienes habían practicado con denuedo el terrorismo de Estado. La
impunidad “sobrevolaba o subyacía” el
entendimiento político con los mandos militares, al decir del general Líber
Seregni, uno de los dirigentes que consintió tan espúreo acuerdo.
Una vez permitido el regreso de la
democracia burguesa, en el entusiasmo primaveral las víctimas de terrorismo y
sus familiares reclamaron justicia ante el poder judicial. Su valiente acción
sirvió de excusa a los tuteladores para señalar con claridad los límites de la
democracia formal, pues el general Medina escondió las citaciones judiciales a
varios de los más notorios asesinos en el “coffre fort” de la comandancia de
las fuerzas armadas. Su gesto brutal refrescó la memoria de los que se habían
comprometido a hacerse los chanchos rengos; connotados defensores del orden
establecido se sintieron en el “deber” de elaborar la ley de la caducidad de la
pretensión punitiva del Estado, hiperbólica denominación para un engendro que
hincó de rodillas a la “clase política” ante el partido militar. Dicho sea de
paso, meses más tarde algunas de sus víctimas intentaron lavar la imagen del
general Medina acompañándolo candorosamente a repartir bandejitas de comidas a
los escolares pobres.
Cada
vez que el movimiento popular
quiso anular la caduca ley de caducidad,
los malabarismos de los cuadros políticos la mantuvo vigente. Pese a
ello, como las bases frenteamplistas fueron la columna humana
que sostuvo la lucha contra la impunidad, creció a ojos vista el caudal
electoral
de la fuerza política y decreció el de los partidos comprometidos en la
defensa
de los criminales. Esa es una de las razones, tal vez la pricipal, para
que el
responsable de finanzas de la Comisión de Notables por Verdad y Justicia
(la
del Voto Verde en 1989) fuera elegido como primer Intendente
“progresista” de
Montevideo en 1990 y quince años después, como primer presidente
frenteamplista
del Uruguay. A fines del 2004, Fernández, líder del pragmatismo y la
entrega,
asumió ante el Congreso del Frente Amplio que para ganar las elecciones
era
necesario mantener la vigencia de la infame ley que protegía a quienes
fueron
sus torturadores y los asesinos de sus hermanos de lucha revolucionaria.
Puede
parecer curioso al lector desprevenido, pero tan inmoral y poco ética
postura
obtuvo el apoyo de la mayoría de los congresistas y, con ello se
trastocó, de
hecho, la columna de la verdad y la justicia en base ideológica y
política del olvido
y el perdón.
La impunidad “progresista”
Asumiendo como propios los
compromisos del Club Naval, una vez asumida la presidencia de la república
Tabaré Vázquez enloqueció a la opinión pública con sus gambetas y zigzagueos
endiablados. Hacía como que buscaba la Verdad y la Justicia (autorizó, por
ejemplo, las excavaciones en los cuarteles en busca de restos de desaparecidos)
pero ayudó a institucionalizar definitivamente la impunidad como política del Estado uruguayo. Se opuso con
uñas y dientes a la anulación de la ley aberrante y pretendió hacer una especie
de “día del perdón” con los 19 de junio, fecha en que se recuerda el nacimiento
de José Artigas, caudillo de una de las pocas revoluciones agrarias del siglo
XIX.
Pese a la magnitud de los
obstáculos, en el 2009 la lucha popular casi, casi, logró echar abajo la ley
que protege a los asesinos de las normas internacionales. Para sostener la
impunidad otra vez salieron de las penumbras algunas de las más renombradas
víctimas a cortar el paso del Juicio y Castigo. José Mujica demostró ser un
demagogo tan hábil y falso como Tabaré: firmó públicamente en favor del
plebiscito por la anulación de la ley de impunidad, pero durante toda la
campaña electoral mantuvo al respecto un
ominoso silencio sobre la aspiración popular de verdad y justicia. Su actitud sembró
confusión en el electorado y sectores de militancia frenteamplista sabotearon
el llamado Voto Rosado. Hubiera bastado conque Mujica hiciera una mínima señal de
apoyo a la anulación, para que hoy día no existiera la inmoral ley de caducidad
que continúa siendo el fondo del problema según expresó la primera senadora
Lucía Topolansky. Mujica optó por sumarse a quienes defienden la impunidad
consagrada en el pacto del Club Naval, voluntad en ese entonces ya reforzada
por las negociaciones secretas del más famoso ladero del presidente
ex-guerrillero.
Como reconoce la propia dirigencia
del Frente Amplio, la gestión del gobierno de Mujica se destaca por la
ineficiencia general y, en particular, en lo referente al programa popular,
vivienda, educación y salud. En cambio ha sido extraordinariamente eficaz para fortalecer
y aceitar la maquinaria policíaco militar, dejándola en inmejorables
condiciones de armamento, movilidad y funcionamiento, pronta para futuros
desmanes y malones terroristas. Para justificar el fortalecimiento del brazo
armado del capitalismo, Mujica, Fernández y Bonomi predican la peregrina idea
de que han cambiado muchísimo, ahora son “profesionales” y ello les impediría cometer
nuevamente los crímenes que cometieron en el pasado. Como si los policías
“profesionales” no torturaran en las comisarías y las “profesionales” tropas
israelíes no fueran las responsables del genocidio al pueblo palestino. Por el
contrario, a mayor “profesionalidad” mayor capacidad técnica para la tortura,
la violación, el asesinato y la desparición forzosa. Están aceitando la
guillotina que caerá sobre la cabeza del pueblo uruguayo.
Es el discurso y la práctica de
olvidar y perdonar que la derecha destaca y aplaude tanto como la política
económica del gobierno. El compromiso de las víctimas arrepentidas con los
victimarios es destacado como una demostración
de altruísmo y “humanismo”, cuando en realidad, lo único que demuestra es el abandono
de los principios y los valores que los llevaron a pretender la transformación
revolucionaria de la sociedad. Llegaron al gobierno gracias a su aura guerrillera
y al haber sido torturados como rehenes, identidad que se quitaron de encima
porque les molestaba para las transas con los dueños del Uruguay, las
corporaciones transnacionales y el imperialismo. Con el consentimiento y apoyo de
los parlamentarios y los dirigentes del Frente Amplio, el cuarteto
Mujica-Fernández-Topolansky-
El santuario de la impunidad
En las condiciones santificadas por
el “progresismo” la derecha encontró el campo más favorable para que
prosperaran sus ideas linderas con el fascismo. Las claudicaciones abrieron las
puertas a dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que representan una
amnistía de hecho a los criminales del terrorismo de Estado. La primera fue la
remoción de la Jueza Mariana Mota que obstaculiza la rápida diligencia de las 55 causas contra militares y
policías y la segunda es la sentencia que declara incostitucional el mamarracho
de ley interpretativa, aprobada por los parlamentarios frenteamplistas para
eludir el desafío de anular la ley de caducidad. El Pacto del Club Naval ha
sido reflotado por la Corte de In-justicia, cuyos ministros ingresaron a la magistratura
durante la dictadura militar, cuando no cualquiera podía acceder al cargo de
juez. El gesto brutal de la Corte, equivalente al del general Medina en 1986,
fue aprovechado por el Partido Colorado y el Partido Nacional, que se sienten derrotados
de antemano y están buscando hacer política allí donde tienen poder, como en la
Suprema Corte de Justicia. Están renovando sus credenciales antipopulares y
antidemocráticas, quizás estén pensando en una escalada y en ejercer presiones
desde otros de sus centros de poder, como los mandos militares y los gremios
del latifundio. Volveremos a tener en el escenario la antigua santa alianza reaccionaria.
El nuevo empuje de la impunidad no logra
opacar la necesidad histórica de verdad y justicia. Ella renace y se recrea.
Porque son sentimientos arraigados muy profundamente en el espíritu de los
pueblos y porque desvirtúa de hecho todo el discurso liberal que sustenta la
democracia burguesa. Los privilegios de los criminales, dada su condición de
militares y policías, contradicen rotundamente la terna ideológica de la
revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad. A la natural aspiración de
verdad y justicia, malherida por los administradores del poder judicial, sólo le
queda el parlamento como posibilidad de respuesta institucional. Luego del
gambito de la Corte, al parlamento le toca jugarse por la libertad, la igualdad
y la fraternidad, principios básicos desde el origen del sistema republicano y
mucho más fuerte que la mentada separación de poderes. En el santuario de la
impunidad los parlamentarios frenteamplistas podrían jugarse por la verdad y la
justicia y anular la ley de caducidad de una vez por todas.
Pusilánimes
Una ley puede echar abajo a otra
ley. De hecho, en el empuje primaveral de marzo de 1985, el parlamento dominado
por los partidos tradicionales aprobó la ley No. 15.738 que en su primer artículo
elevaba a la categoría de leyes los “actos institucionales” de la dictadura y
en su artículo segundo anulaba 18 de esas leyes aprobadas en el anterior. El
recordado Helios Sarthou -¡qué falta hacés, viejo querido!- abundó en varios
escritos doctrinarios sobre la capacidad del parlamento para anular aquello que
él mismo aprobó.
La ley de caducidad contradice toda
la legislación internacional sobre los derechos humanos, esas leyes que
hicieron posible la condena de los criminales nazis en Nüremberg y que harán
posible la condena de los genocidas que visten el uniforme de los EEUU.
La ley de caducidad contradice la propia
Constitución del Uruguay, como confirmó una sentencia de la Suprema Corte para uno de
los casos concretos. .
¿Por qué el Frente Amplio no hace valer su
mayoría en el Parlamento y la anula de una vez por todas? No existen argumentos
legales para no hacerlo. Puede argumentarse, como he leído por ahí, que este
caprichosa Suprema Corte declararía inconstitucional una ley de tal índole....bueno,
muchachos, entonces habría que convocar al pueblo de verdad, no como se hizo el
lunes 25 de febrero. El pueblo en la calle es la única garantía de Verdad y
Justicia.
Quizás la única razón política para
mantener la vigencia de la ley de caducidad sea el compromiso con los mandos militares;
la mayoría de los sectores del Frente Amplio continúan consintiendo el apoyo
dado por el general Seregni al Pacto del Club Naval. Algunos descargan sus responsabilidades culpando
a Víctor Semproni por sus deplorables actitudes,
olvidando como presionaron a Guillermo Chifflet para que entregara su banca
pero le perdonan la vida al diputado del Espacio 609. Anular o no la ley de
impunidad coloca al MPP en un brete: pinta en los muros “Fuerza Mota” y “Verdad
y Justicia” al mismo tiempo que sus mandarines negocian en secreto con los
militares y pidieron la cabeza la Jueza Mota. La situación está siendo un
detector para las mentiras y versos de Topolansky y asociados. Es como cuando
votaron el ingreso de los SEALs a territorio nacional o cuando callan sobre el
escándalo de las camionetas yanquis patrullando calles de Montevideo.... en el
Espacio 609 podrán decirse muy antimperialistas, pero sus manos levantadas niegan sus dichos. El único resultado de la
pusilanimidad es el desprestigio del parlamento y de la institucionalidad
burguesa... el pueblo uruguayo terminará como el italiano, votando payasos.
Estamos ante la reedición del Pacto inmoral
y nada ético entre los mandos militares y los cuadros políticos. Un nuevo acuerdo
no escrito, implícito en las guiñadas, los gestos y las conductas. Por eso no
los voto más y menos todavía a Tabaré.
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