Los cuatro ases
No era la ex presidenta argentina Cristina Fernández llevada en
andas por sus partidarios al juzgado, tampoco el ex presidente
brasileño Lula da Silva conducido a la fuerza a declarar. No había
carteles, ni gritos, ni masas movilizándose por ninguna causa. Tampoco
se esperaba que la instancia de ayer, en la sede del Juzgado Penal
Especializado en Crimen Organizado, en la calle Bartolomé Mitre,
suscitara grandes pasiones. Sólo las cámaras de televisión y un puñado
de periodistas fueron testigos de la presentación de la denuncia de la
oposición por ANCAP.
Los senadores del Partido Nacional (PN) Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga, los primeros en llegar, se refugiaron de la lluvia en el umbral del café Allegro, en el teatro Solís. Minutos después, llegó el protagonista, el senador denunciante en la comisión investigadora Álvaro Delgado (PN), junto a otro integrante de la comisión, Jorge Saravia. Con ellos llegaron 18.000 folios dispuestos en seis carpetas azules, con seis etiquetas que detallaban los seis temas que los nacionalistas pusieron en conocimiento de la Justicia, que se depositaron en el suelo y fueron objeto de flashes y filmaciones. Luego se sumaron al grupo que departía frente al Allegro el senador colorado Pedro Bordaberry y el independiente Pablo Mieres. Se colocaron frente a las cámaras, en las escalinatas, casi todos ellos vistiendo gabardinas en distintos tonos de beige. El último en llegar fue el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, con gabardina a tono pero abierta, quien pidió disculpas por la demora, abrazó a varios y pasó su brazo un rato por encima de los hombros de Larrañaga frente a una cámara de televisión, y entonces sí se conformó el cuórum para avanzar hacia el juzgado. Los representantes de Unidad Popular prefirieron no salir en esa foto: presentaron su denuncia tres horas más tarde, en el mismo juzgado.
A la salida de la sede, luego de que los tres partidos presentaran y ratificaran la denuncia, Bordaberry le confesó a Delgado que no le gustaban esas instancias pero que eran necesarias. “Los dejo, porque ustedes son los interlocutores válidos”, se despidió Lacalle Pou, y los otros dos senadores, junto a Mieres, fueron entrevistados en conjunto por la prensa. Explicaron que denunciaron hechos, que no arriesgaron tipificaciones ni presuntos autores. La causa estará a cargo del juez Néstor Valetti. Los partidos solicitaron a la Justicia que cite a las personas que por distintos motivos se negaron a concurrir a la comisión investigadora. “En los hechos se menciona una cantidad de nombres que pedimos que sean citados, ya sea por haber participado en la investigadora o por haberse negado a hacerlo. Obviamente está [mencionado] el directorio de ANCAP”, señaló Delgado. A su turno, Bordaberry manifestó que “este es un momento feo”, pero “es nuestra obligación como legisladores”. Mieres coincidió en que se trataba de un día “triste para el país y para el partido de gobierno”.
Lo denunciado
Los hechos son conocidos, también las conclusiones de cada partido en la comisión investigadora parlamentaria que indagó durante seis meses la situación económica de ANCAP. Pero ayer se difundió la forma jurídica que escogieron el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Unidad Popular para presentar sus escritos ante el Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno. Los partidos piden a la Justicia que investigue a efectos de constatar la existencia de ilícitos e identificar a sus autores. Aunque las denuncias son distintas, los hechos que se señalan son prácticamente los mismos.
Todos los partidos denunciaron los gastos en publicidad del ente (y dentro de este capítulo, el acto de inauguración de la planta desulfurizadora) y la contratación de la agencia de publicidad La Diez. Sobre los gastos, se indica, por ejemplo, en el escrito de Unidad Popular que, según surge de los estados contables de ANCAP, el ente tuvo un gasto en publicidad de 10,7 millones de dólares en 2013 y 2014, cifra diez veces mayor en comparación con lo que venía invirtiendo el ente en períodos similares desde 2005. Sobre la contratación de La Diez, se señala que la licitación realizada a tales efectos mereció objeciones del Tribunal de Cuentas de la República y de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, y se cuestionan las potestades -excesivas, a juicio de la oposición- que tenía La Diez, que, por ejemplo, se encargaba directamente del pago a los medios de comunicación.
El segundo tema denunciado por todos los partidos fue el proceso de producción de cal y los costos vinculados; en particular, el contrato para el transporte de cal, que se adjudicó sin licitación a una empresa brasileña. Se objeta que se utilizó una empresa subsidiaria de ANCAP, Cementos del Plata, para realizar una actividad que está fuera del objeto del ente.
El vínculo de ANCAP con Exor, que ofició como intermediaria para cancelar una deuda del ente con la petrolera venezolana PDVSA, también es objetado en las denuncias de todos los partidos de oposición. Se señala la falta de procedimientos administrativos de contratación, y la decisión extrajudicial de pagarle una compensación a Exor por haber sido excluida de la intermediación, a raíz de una decisión de PDVSA.
Un tema denunciado por todos los partidos, con excepción del Partido Colorado, fue el convenio entre la Armada y ANCAP para la construcción de un remolcador y dos barcazas. El remolcador que construyó la Armada no fue utilizado por ANCAP, que alegó problemas de sonorización -extremo que la Armada niega- y la oposición cuestiona estas discordancias, así como los costos que implicó el arrendamiento de otro remolcador y la contratación de una consultoría sobre el tema sin realizar una licitación.
Unidad Popular dedica el capítulo más extenso de su denuncia a señalar presuntas irregularidades en Alur, tema que el resto de los partidos no aborda. Sostiene que Alur “es una empresa deficitaria” que “ha sobrevivido gracias a ANCAP”, y que “no ha prestado la debida diligencia y precaución en la realización de su actividad ni en el control de costos de producción”. El Partido Independiente solicita a la Justicia que investigue el hecho de que una misma empresa ganó varias licitaciones para construir plantas de cemento y de cal.
El convenio entre ANCAP y Petroecuador, por el que oficia como intermediaria la empresa Trafigura, se denuncia en los informes del Partido Colorado y Unidad Popular. Se objeta la contratación directa de Trafigura y la prestación de servicios sin contrato.
Finalmente, el Partido Nacional y el Partido Independiente objetan la regularización tardía de importaciones de crudo, gas propano y butano, realizada cuatro años después de la compra. Mieres consideró que en este caso hay “presunción de delito de contrabando”.
Los senadores del Partido Nacional (PN) Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga, los primeros en llegar, se refugiaron de la lluvia en el umbral del café Allegro, en el teatro Solís. Minutos después, llegó el protagonista, el senador denunciante en la comisión investigadora Álvaro Delgado (PN), junto a otro integrante de la comisión, Jorge Saravia. Con ellos llegaron 18.000 folios dispuestos en seis carpetas azules, con seis etiquetas que detallaban los seis temas que los nacionalistas pusieron en conocimiento de la Justicia, que se depositaron en el suelo y fueron objeto de flashes y filmaciones. Luego se sumaron al grupo que departía frente al Allegro el senador colorado Pedro Bordaberry y el independiente Pablo Mieres. Se colocaron frente a las cámaras, en las escalinatas, casi todos ellos vistiendo gabardinas en distintos tonos de beige. El último en llegar fue el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, con gabardina a tono pero abierta, quien pidió disculpas por la demora, abrazó a varios y pasó su brazo un rato por encima de los hombros de Larrañaga frente a una cámara de televisión, y entonces sí se conformó el cuórum para avanzar hacia el juzgado. Los representantes de Unidad Popular prefirieron no salir en esa foto: presentaron su denuncia tres horas más tarde, en el mismo juzgado.
A la salida de la sede, luego de que los tres partidos presentaran y ratificaran la denuncia, Bordaberry le confesó a Delgado que no le gustaban esas instancias pero que eran necesarias. “Los dejo, porque ustedes son los interlocutores válidos”, se despidió Lacalle Pou, y los otros dos senadores, junto a Mieres, fueron entrevistados en conjunto por la prensa. Explicaron que denunciaron hechos, que no arriesgaron tipificaciones ni presuntos autores. La causa estará a cargo del juez Néstor Valetti. Los partidos solicitaron a la Justicia que cite a las personas que por distintos motivos se negaron a concurrir a la comisión investigadora. “En los hechos se menciona una cantidad de nombres que pedimos que sean citados, ya sea por haber participado en la investigadora o por haberse negado a hacerlo. Obviamente está [mencionado] el directorio de ANCAP”, señaló Delgado. A su turno, Bordaberry manifestó que “este es un momento feo”, pero “es nuestra obligación como legisladores”. Mieres coincidió en que se trataba de un día “triste para el país y para el partido de gobierno”.
Lo denunciado
Los hechos son conocidos, también las conclusiones de cada partido en la comisión investigadora parlamentaria que indagó durante seis meses la situación económica de ANCAP. Pero ayer se difundió la forma jurídica que escogieron el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Unidad Popular para presentar sus escritos ante el Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno. Los partidos piden a la Justicia que investigue a efectos de constatar la existencia de ilícitos e identificar a sus autores. Aunque las denuncias son distintas, los hechos que se señalan son prácticamente los mismos.
Todos los partidos denunciaron los gastos en publicidad del ente (y dentro de este capítulo, el acto de inauguración de la planta desulfurizadora) y la contratación de la agencia de publicidad La Diez. Sobre los gastos, se indica, por ejemplo, en el escrito de Unidad Popular que, según surge de los estados contables de ANCAP, el ente tuvo un gasto en publicidad de 10,7 millones de dólares en 2013 y 2014, cifra diez veces mayor en comparación con lo que venía invirtiendo el ente en períodos similares desde 2005. Sobre la contratación de La Diez, se señala que la licitación realizada a tales efectos mereció objeciones del Tribunal de Cuentas de la República y de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, y se cuestionan las potestades -excesivas, a juicio de la oposición- que tenía La Diez, que, por ejemplo, se encargaba directamente del pago a los medios de comunicación.
El segundo tema denunciado por todos los partidos fue el proceso de producción de cal y los costos vinculados; en particular, el contrato para el transporte de cal, que se adjudicó sin licitación a una empresa brasileña. Se objeta que se utilizó una empresa subsidiaria de ANCAP, Cementos del Plata, para realizar una actividad que está fuera del objeto del ente.
El vínculo de ANCAP con Exor, que ofició como intermediaria para cancelar una deuda del ente con la petrolera venezolana PDVSA, también es objetado en las denuncias de todos los partidos de oposición. Se señala la falta de procedimientos administrativos de contratación, y la decisión extrajudicial de pagarle una compensación a Exor por haber sido excluida de la intermediación, a raíz de una decisión de PDVSA.
Un tema denunciado por todos los partidos, con excepción del Partido Colorado, fue el convenio entre la Armada y ANCAP para la construcción de un remolcador y dos barcazas. El remolcador que construyó la Armada no fue utilizado por ANCAP, que alegó problemas de sonorización -extremo que la Armada niega- y la oposición cuestiona estas discordancias, así como los costos que implicó el arrendamiento de otro remolcador y la contratación de una consultoría sobre el tema sin realizar una licitación.
Unidad Popular dedica el capítulo más extenso de su denuncia a señalar presuntas irregularidades en Alur, tema que el resto de los partidos no aborda. Sostiene que Alur “es una empresa deficitaria” que “ha sobrevivido gracias a ANCAP”, y que “no ha prestado la debida diligencia y precaución en la realización de su actividad ni en el control de costos de producción”. El Partido Independiente solicita a la Justicia que investigue el hecho de que una misma empresa ganó varias licitaciones para construir plantas de cemento y de cal.
El convenio entre ANCAP y Petroecuador, por el que oficia como intermediaria la empresa Trafigura, se denuncia en los informes del Partido Colorado y Unidad Popular. Se objeta la contratación directa de Trafigura y la prestación de servicios sin contrato.
Finalmente, el Partido Nacional y el Partido Independiente objetan la regularización tardía de importaciones de crudo, gas propano y butano, realizada cuatro años después de la compra. Mieres consideró que en este caso hay “presunción de delito de contrabando”.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado