El último caso que he conocido ha sido en Sudáfrica, donde la noche del 22 de marzo murió de ocho tiros –uno en la cabeza–Sikhosiphi Bazooka Rhadebe, líder comunitario en Xolobenicontra los planes de la empresa minera TEM, subsidiaria de la minera australiana MRC, de explotar una mina de titanio en su tierra, una mina que, como ellos dicen, significaría la destrucción de sus medios de vida.
Pocos días antes, el 3 de marzo, Berta Cáceres, compañera del movimiento internacional Vía Campesina en Honduras y reconocida un año antes con el premio Goldman (el Nobel verde), fue asesinada mientras dormía.
Ella, como GustavoCas tro Soto, retenido hasta principios de abril, y Nelson García, asesinado una semana después tras el desalojo por el Gobierno hondureño de las tierras que ocupaban 150 familias, son hombres y mujeres que defienden el derecho de poder vivir en sus territorios frente a multinacionales del sector energético, minero y agropecuario que –con la complicidad del Gobierno– pretenden hacer de esos lugares cualquier tipo de lucrativo negocio.
Porque la tierra y ríos que, cuidados, son madre y sustento, maltratados y explotados con monocultivos industriales (fundamentalmente palma africana para el aceite de la agroindustria, en el caso de Honduras), o retenidos en represas hidroeléctricas, son imprescindibles para el imposible milagro de la multiplicación infinita del dinero. Este es el conflicto central de nuestros días: sostener la vida o hacer de la vida un negocio.
Y así avanza una lluvia de asesinatos y criminalización de gentes campesinas que, si la atiendes, es una tormenta que empapa. Solo este mismo mes de marzo podemos añadir muchos casos más.
Como Walter Manfredo Méndez Barrios, muerto de bala mientras se dirigía a su parcela en una de las áreas de la Reserva de la Biosfera Maya, en Guatemala, donde al frente de la cooperativa agrícola La Lucha ejercía su activismo frente a la usurpación de tierras y los usos ilegales de la misma. Como la muerte de los hermanos Cristian y Jorge Castiblanco, de 23 y 18 años, y de Álex Carrillo, de 35, trabajadores del campo y activistas comunitarios que junto con sus familias y demás habitantes de la región de Cabrera, en Colombia, se oponen a proyectos de megaminería y a la construcción de hidroeléctricas en el páramo de Sumapaz.
O como aquí, en el Estado español, donde se ha condenado a tres años y medio de prisión a Andrés Bódalo, del Sindicato de Obreros del Campo, también parte de la Vía Campesina, por una protesta colectiva contra el latifundismo y sus negocios agrarios.
>>>Asesinados en Brasil del Movimiento Sem Terra
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