>>>Aquí se cuecen habas .
Ayer se detectaron varias empresas que están vinculadas a maniobras develadas en los Papeles de Panamá. La Dirección General Impositiva (DGI) llevó adelante varios procedimientos en esas firmas en las que participaron unos 40 inspectores. Tras las inspecciones, se incautó información sobre la venta de sociedades anónimas offshore.
El director de la DGI, Joaquín Sierra, dijo que hay “mucha información” en el material incautado como “pruebas de evasión fiscal”.
Ahora, con la información recabada se procederá a cotejar con otros datos de oficinas del Estado y a nivel de dependencias extranjeras para llegar a conclusiones sobre algunos procedimientos.
Secretaría antilavado de activos
Por otra parte, el martes 19 de abril comenzarán las inspecciones a varias firmas mencionadas en los “Panama Papers” a cargo de la Secretaría Nacional Antilavado según lo adelantó el titular de esta dependencia, Carlos Díaz, ayer en el parlamento.
El funcionario consideró que “van a haber casos que se van a poder controlar” y entendió que “no se veía la necesidad de alterar el plan de acción que se tiene pero se decidió hoy hacerlo”. Díaz sostuvo que la unidad especializada del Banco Central “suponemos que estará controlando algunos de los nombres de las sociedades y personas” que aparecen, dijo, en los informes de los Papeles de Panamá. Subrayó que en la dependencia que el dirige “estamos controlando”.
Para Díaz, “interesa valorar las afirmaciones del director de política Tributaria de OCDE, Pascal Saint-Amans, señalando que los demás países deberían tomar el ejemplo de Uruguay en cuanto a cómo ha ido transparentando su legislación”.
El titular de la Secretaría Nacional Antilavado habló también sobre el caso llamado “ruta del dinero K” que en Argentina viene investigando la Justicia Penal y que involucra, por ahora, a algunos colaboradores del pasado gobierno.
Aseguró que Uruguay “pedirá informes” a Argentina para conocer “hacia donde iba el dinero de la ruta K” dijo Díaz. El funcionario consideró que en nuestro país “hay delincuentes nacionales que estarían colaborando” con el destino del dinero proveniente del vecino país. “Hay centros que estarían recibiendo ese dinero y nosotros tenemos incertidumbre por donde iba el dinero y cómo se introducía al sistema” sostuvo. Díaz confirmó que se va a esperar “a ver qué pasa con las personas imputadas en Argentina” para avanzar en las investigaciones.
Desde principios de este año, se llevaron adelante una serie de reuniones del Grupo de Trabajo para la inclusión del delito fiscal como precedente del delito de lavado de activos. Esta medida nace encomendada en la resolución de gobierno del año 2012 que encomendó a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos a la conformación de un grupo de trabajo con el cometido de analizar los ajustes normativos necesarios para la inclusión del delito fiscal como precedente del delito de lavado de activos, en el marco de los nuevos estándares en materia de prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva del GAFI.
Comisión antilavado
Hoy viernes se reunirá la comisión antilavado de activos con legisladores para estudiar un recurso legal para que las empresas uruguayas que tienen operaciones offshore con base en Panamá, transparenten la información.
El Banco Central de Uruguay, a través de su Unidad de
Información y Análisis Financieros, la Dirección General Impositiva y la
Secretaría Antilavado comenzó a controlar a los estudios jurídicos y sus clientes vinculados a sociedades anónimas offshore.
Es la reacción del gobierno uruguayo a lo que se ha denominado "Panama Papers", la filtración de 11 millones de documentos del estudio panameño Mossack-Fonseca. El gobierno uruguayo juega a varias bandas. DGI busca evasión fiscal en el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, vigente desde 2011 para este tipo de sociedades. BCU y Antilavado rastrean irregularidades vinculadas a negocios o transferencias que podrían servir de pantalla para lavar dinero.
El viernes 8, Impositiva uruguaya inició una serie de operativos para controlar los estudios que comercializan las sociedades offshore con el propósito de constatar si sus titulares habían pagado o no el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Los procedimientos continuaron esta semana. Ayer 40 inspectores de la DGI participaron en las visitas a los estudios jurídicos.
El director del organismo uruguayo, Joaquin Serra, señaló que, en la investigación de la DGI, podrían surgir indicios o pruebas materiales de otros ilícitos (lavado de dinero o fraudes), los que serán enviados a la Justicia Penal o la Secretaría Antilavado.
"Vamos a abarcar la totalidad de estudios relevantes que trabajan con sociedades offshore. No solo estamos investigando sociedades radicadas en Panamá sino también otras radicadas en paraísos fiscales. Estamos investigando todas aquellas situaciones que podrían haber derivado en un mal uso de sociedades offshore", advirtió.
En las inspecciones, los funcionarios de la DGI uruguaya solicitaron a los titulares de los estudios información acerca de las ventas de acciones de estas sociedades. Según Serra, los inspectores pidieron que se identificara a cada uno de los titulares de las sociedades, así como también datos sobre su residencia.
"La información que estamos recabando la vamos a cruzar con bases de datos. Podemos utilizar intercambio de información con otros países. También la cruzaremos con los pagos que los contribuyentes hayan realizado y declaraciones juradas presentadas ante el organismo", dijo Serra. Agregó que también se está recibiendo desde el exterior información de uruguayos vinculados a sociedades anónimas o estudios jurídicos.
En dos estudios jurídicos, los inspectores de la DGI uruguaya debieron incautar la información ante la negativa de los titulares de proporcionar datos sobre las offshore de sus clientes.
Los titulares de esos estudios alegaron secreto profesional. Ese planteo "no corresponde" ante un pedido de datos de titulares de acciones de sociedades offshore por parte de la DGI, afirmó Serra. Si ambos estudios continuaban en la negativa a proporcionar datos, la DGI ya había acordado con la Policía los allanamientos. En los restantes estudios, los inspectores de la DGI obtuvieron colaboración y recibieron los datos, señala El País de Uruguay.
Serra no detalló sobre la cantidad de estudios inspeccionados ni los nombres de los mismos por considerar que rige el secreto tributario sobre esas actuaciones.
El volumen de datos que maneja la DGI "es amplio. Hay mucha información que tenemos que verificar", subrayó el jerarca.
Para ello, Serra creó un grupo de trabajo interno que tendrá como cometido analizar la información que ya tenían y que han recogido en estos últimos días en las inspecciones.
Los integrantes de este grupo harán un estudio caso a caso y se estima como "altamente probable" la detección de evasión fiscal u otras irregularidades. En esos casos, la DGI uruguaya procederá a la liquidación de los impuestos y la aplicación de multas. El jerarca aclaró que, con estos operativos, la DGI pretende constatar el cumplimiento del pago del Impuesto a la Renta a las Personas Físicas.
Sostuvo que, desde 2011, los rendimientos de capital inmobiliario —préstamos, intereses por depósitos bancarios o distribución de sociedades de residentes— deben pagar ese impuesto. El monto estimado de evasión a la DGI mediante la utilización de empresas offshore ronda los u$s15 millones.
Según Serra, esa es una cifra pequeña para el volumen de dinero que recauda la DGI. Sin embargo, agregó, "más allá del dinero, hay aspectos que como sociedad tenemos preservar. No debemos dejar la sensación de que hay personas que como tienen poder económico o posibilidades de armar una ingeniería sofisticada, están en condiciones de evadir" impuestos.
Por su parte, la Secretaría Nacional Antilavado uruguaya definió que el martes 19 comenzará con su inspección a varias firmas mencionadas en los "Panama Papers". "Va a haber casos que se van a controlar. No se veía la necesidad de alterar el plan de acción que ya se tenía pero decidimos que debemos hacerlo", afirmó Carlos Díaz, titular de la Secretaría Nacional Antilavado, que concurrió a la comisión de Diputados sobre el Lavado de Activos.
"Esos casos van a ser controlados", insistió, aunque no dijo de qué estudios o firmas se trata. Aclaró que no son situaciones que ya estén en la justicia.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central uruguayo también comenzó a cruzar información de sociedades anónimas y sus titulares a efectos de verificar la legalidad de las actuaciones y, eventualmente, el origen de los fondos que manejan.
En un documento de 2014, al que accedió El País de Uruguay, el argentino Néstor Ramos, administrador del Helvetic Services Group (empresa que habría canalizado dinero proveniente de actividades ilícitas de la familia Kirchner desde Uruguay) aclara que "el Estudio Damiani así como cualquiera de sus miembros o asociados, ya sean personas físicas y/o jurídicas, accionistas, empleados y/o directores, no tienen ni han tenido control en la gestión de nuestra empresa".
El documento fue certificado por un escribano en la ciudad suiza de Lugano, donde residía Ramos, el 13 de octubre de 2014. En el documento Ramos también señala que no ha mantenido una relación de dependencia con el estudio Damiani y que es un prestador independiente de servicios profesionales.
Ramos ha sido señalado como "testaferro" de Lázaro Báez, el empresario de la construcción argentino al que se vincula con negocios ilícitos del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner y su esposa Cristina.
Damiani dijo que "Helvetic no es Damiani". Con respecto a Ramos señaló que "nos proveyó servicios" y que estaba "recomendado por los principales bancos del mundo". El presidente de Peñarol dijo estar "realmente dolido" por las denuncias que lo involucran y que es "el primero" que quiere que todo se aclare. En el programa Damiani insistió en que su estudio, en el que trabajan unas 60 personas, siempre analizó los antecedentes de sus clientes.
A la Secretaría Nacional Antilavado uruguaya le provoca "incertidumbre" no saber cuál es la conexión del dinero K una vez que llega a Uruguay, y si hay vinculaciones con organizaciones financieras locales. El organismo pedirá a Argentina que "colabore" dando información sobre los contactos en Uruguay, anunció en el Parlamento el titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz, luego de reunirse con la comisión de Diputados sobre el Lavado de Activos.
"Queremos saber a quién se le da el dinero, quién lo introduce al sistema y a qué institución va. La apuesta nuestra es al control interno", subrayó. Es fundamental que se los identifique. Estaríamos frente a delincuentes uruguayos que colaboran con los argentinos", remarcó Díaz.
La "apuesta" de la Secretaría es "que el sector financiero haga los controles suficientes como para que aquel que deposita o hace transacciones con ese dinero esté perfectamente identificado. Si tenemos dinero que no sabemos adónde va, tenemos que inferir que hay centros o alguien que recibe ese dinero y lo está colocando", sostuvo Díaz.
"Pediremos la colaboración de la justicia argentina y que se nos diga adónde va ese dinero una vez que pasa por la frontera", anunció, porque "es una cosa que nos tiene con incertidumbre. No resulta creíble que alguien venga con u$s5 millones y los deje en el baño del aeropuerto", razonó.
Según el jerarca, "lo que preocupa son las instituciones financieras uruguayas y también lo no financiero, es decir los sujetos obligados al control financiero". Díaz entiende que la justicia uruguaya hará suyo el planteo de la Secretaría porque "es imprescindible identificar esa fuente de depósitos ilícitos".
>>> Hay cosas que son sagradas
>>> A mi que me revisen!
Es la reacción del gobierno uruguayo a lo que se ha denominado "Panama Papers", la filtración de 11 millones de documentos del estudio panameño Mossack-Fonseca. El gobierno uruguayo juega a varias bandas. DGI busca evasión fiscal en el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, vigente desde 2011 para este tipo de sociedades. BCU y Antilavado rastrean irregularidades vinculadas a negocios o transferencias que podrían servir de pantalla para lavar dinero.
El viernes 8, Impositiva uruguaya inició una serie de operativos para controlar los estudios que comercializan las sociedades offshore con el propósito de constatar si sus titulares habían pagado o no el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Los procedimientos continuaron esta semana. Ayer 40 inspectores de la DGI participaron en las visitas a los estudios jurídicos.
El director del organismo uruguayo, Joaquin Serra, señaló que, en la investigación de la DGI, podrían surgir indicios o pruebas materiales de otros ilícitos (lavado de dinero o fraudes), los que serán enviados a la Justicia Penal o la Secretaría Antilavado.
"Vamos a abarcar la totalidad de estudios relevantes que trabajan con sociedades offshore. No solo estamos investigando sociedades radicadas en Panamá sino también otras radicadas en paraísos fiscales. Estamos investigando todas aquellas situaciones que podrían haber derivado en un mal uso de sociedades offshore", advirtió.
En las inspecciones, los funcionarios de la DGI uruguaya solicitaron a los titulares de los estudios información acerca de las ventas de acciones de estas sociedades. Según Serra, los inspectores pidieron que se identificara a cada uno de los titulares de las sociedades, así como también datos sobre su residencia.
"La información que estamos recabando la vamos a cruzar con bases de datos. Podemos utilizar intercambio de información con otros países. También la cruzaremos con los pagos que los contribuyentes hayan realizado y declaraciones juradas presentadas ante el organismo", dijo Serra. Agregó que también se está recibiendo desde el exterior información de uruguayos vinculados a sociedades anónimas o estudios jurídicos.
En dos estudios jurídicos, los inspectores de la DGI uruguaya debieron incautar la información ante la negativa de los titulares de proporcionar datos sobre las offshore de sus clientes.
Los titulares de esos estudios alegaron secreto profesional. Ese planteo "no corresponde" ante un pedido de datos de titulares de acciones de sociedades offshore por parte de la DGI, afirmó Serra. Si ambos estudios continuaban en la negativa a proporcionar datos, la DGI ya había acordado con la Policía los allanamientos. En los restantes estudios, los inspectores de la DGI obtuvieron colaboración y recibieron los datos, señala El País de Uruguay.
Serra no detalló sobre la cantidad de estudios inspeccionados ni los nombres de los mismos por considerar que rige el secreto tributario sobre esas actuaciones.
El volumen de datos que maneja la DGI "es amplio. Hay mucha información que tenemos que verificar", subrayó el jerarca.
Para ello, Serra creó un grupo de trabajo interno que tendrá como cometido analizar la información que ya tenían y que han recogido en estos últimos días en las inspecciones.
Los integrantes de este grupo harán un estudio caso a caso y se estima como "altamente probable" la detección de evasión fiscal u otras irregularidades. En esos casos, la DGI uruguaya procederá a la liquidación de los impuestos y la aplicación de multas. El jerarca aclaró que, con estos operativos, la DGI pretende constatar el cumplimiento del pago del Impuesto a la Renta a las Personas Físicas.
Sostuvo que, desde 2011, los rendimientos de capital inmobiliario —préstamos, intereses por depósitos bancarios o distribución de sociedades de residentes— deben pagar ese impuesto. El monto estimado de evasión a la DGI mediante la utilización de empresas offshore ronda los u$s15 millones.
Según Serra, esa es una cifra pequeña para el volumen de dinero que recauda la DGI. Sin embargo, agregó, "más allá del dinero, hay aspectos que como sociedad tenemos preservar. No debemos dejar la sensación de que hay personas que como tienen poder económico o posibilidades de armar una ingeniería sofisticada, están en condiciones de evadir" impuestos.
Por su parte, la Secretaría Nacional Antilavado uruguaya definió que el martes 19 comenzará con su inspección a varias firmas mencionadas en los "Panama Papers". "Va a haber casos que se van a controlar. No se veía la necesidad de alterar el plan de acción que ya se tenía pero decidimos que debemos hacerlo", afirmó Carlos Díaz, titular de la Secretaría Nacional Antilavado, que concurrió a la comisión de Diputados sobre el Lavado de Activos.
"Esos casos van a ser controlados", insistió, aunque no dijo de qué estudios o firmas se trata. Aclaró que no son situaciones que ya estén en la justicia.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central uruguayo también comenzó a cruzar información de sociedades anónimas y sus titulares a efectos de verificar la legalidad de las actuaciones y, eventualmente, el origen de los fondos que manejan.
En un documento de 2014, al que accedió El País de Uruguay, el argentino Néstor Ramos, administrador del Helvetic Services Group (empresa que habría canalizado dinero proveniente de actividades ilícitas de la familia Kirchner desde Uruguay) aclara que "el Estudio Damiani así como cualquiera de sus miembros o asociados, ya sean personas físicas y/o jurídicas, accionistas, empleados y/o directores, no tienen ni han tenido control en la gestión de nuestra empresa".
El documento fue certificado por un escribano en la ciudad suiza de Lugano, donde residía Ramos, el 13 de octubre de 2014. En el documento Ramos también señala que no ha mantenido una relación de dependencia con el estudio Damiani y que es un prestador independiente de servicios profesionales.
Ramos ha sido señalado como "testaferro" de Lázaro Báez, el empresario de la construcción argentino al que se vincula con negocios ilícitos del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner y su esposa Cristina.
Damiani dijo que "Helvetic no es Damiani". Con respecto a Ramos señaló que "nos proveyó servicios" y que estaba "recomendado por los principales bancos del mundo". El presidente de Peñarol dijo estar "realmente dolido" por las denuncias que lo involucran y que es "el primero" que quiere que todo se aclare. En el programa Damiani insistió en que su estudio, en el que trabajan unas 60 personas, siempre analizó los antecedentes de sus clientes.
A la Secretaría Nacional Antilavado uruguaya le provoca "incertidumbre" no saber cuál es la conexión del dinero K una vez que llega a Uruguay, y si hay vinculaciones con organizaciones financieras locales. El organismo pedirá a Argentina que "colabore" dando información sobre los contactos en Uruguay, anunció en el Parlamento el titular de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz, luego de reunirse con la comisión de Diputados sobre el Lavado de Activos.
"Queremos saber a quién se le da el dinero, quién lo introduce al sistema y a qué institución va. La apuesta nuestra es al control interno", subrayó. Es fundamental que se los identifique. Estaríamos frente a delincuentes uruguayos que colaboran con los argentinos", remarcó Díaz.
La "apuesta" de la Secretaría es "que el sector financiero haga los controles suficientes como para que aquel que deposita o hace transacciones con ese dinero esté perfectamente identificado. Si tenemos dinero que no sabemos adónde va, tenemos que inferir que hay centros o alguien que recibe ese dinero y lo está colocando", sostuvo Díaz.
"Pediremos la colaboración de la justicia argentina y que se nos diga adónde va ese dinero una vez que pasa por la frontera", anunció, porque "es una cosa que nos tiene con incertidumbre. No resulta creíble que alguien venga con u$s5 millones y los deje en el baño del aeropuerto", razonó.
Según el jerarca, "lo que preocupa son las instituciones financieras uruguayas y también lo no financiero, es decir los sujetos obligados al control financiero". Díaz entiende que la justicia uruguaya hará suyo el planteo de la Secretaría porque "es imprescindible identificar esa fuente de depósitos ilícitos".
>>> Hay cosas que son sagradas
Las revelaciones sobre el papel de estudios uruguayos en presuntos casos de lavado de dinero o evasión fiscal surgidos de los “Panama Papers” están dando lugar a indagatorias en varios ámbitos, uno de ellos a nivel judicial.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, solicitó a la fiscalía de Crimen Organizado que “estudie iniciar de forma inmediata investigaciones a partir de la información publicada en la prensa y en particular el vínculo de algunos estudios uruguayos” en presuntos casos de lavado de dinero proveniente de corrupción pública, informaron a Búsqueda fuentes del Ministerio Público.
La Fiscalía General de la Nación observa con “mucha preocupación” estas revelaciones que vinculan a estudios uruguayos con posibles delitos. Por eso decidió poner un equipo especializado en Crimen Organizado a investigar la información divulgada e iniciar de oficio indagatorias sobre las presuntas irregularidades expuestas, señalaron los informantes.
La Fiscalía dispondrá que el nuevo equipo que se conforme en la sede de Crimen Organizado de primer turno, donde el 1º de mayo asumirá Carlos Negro, se encargue de investigar las revelaciones de los “Panama Papers”, destinando para ello a más funcionarios.
“Hay líneas de investigación que están bastante claras, aunque se está definiendo la estrategia”, añadieron las fuentes. “No puede ser que el país esté involucrado en este tipo de maniobras y no se haga nada”, protestó una de ellas.
Por su parte, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo está analizando la información trascendida hasta ahora de los “Panama Papers” para definir posibles acciones.
La Dirección General Impositiva (DGI) también evalúa pedir datos a estudios jurídicos que tienen sociedades anónimas en Panamá y son mencionados en los documentos difundidos por más de un centenar de medios de comunicación del mundo, entre ellos Búsqueda, informó el viernes 8 en “El Observador” el director general de Rentas, Joaquín Serra. Agregó que la DGI organizará “operativos” si constata inconsistencias al cruzar información.
A nivel parlamentario, el oficialismo está promoviendo una investigación a partir de los “Panama Papers”.
Damiani y mexicanos.
Una de las firmas uruguayas más comprometidas en la documentación filtrada del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) es el estudio JP Damiani & Asociados, cuyo titular es Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol y miembro del Comité de Ética de la FIFA hasta que trascendieron los “Panama Papers”.JP Damiani & Asociados tramitó poderes especiales y toda la documentación necesaria para un negocio millonario realizado por Jaguar Capital, mencionada como una de las sociedades que presuntamente se usó para mover “el dinero k” en la venta de un terreno en Punta del Este por U$S 16,5 millones.
Las indagatorias en Argentina por el supuesto lavado de dinero de empresarios vinculados a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández avanzaron en los últimos días.
La investigación de Búsqueda a partir de los “Panama Papers” también halló que los mexicanos Gerardo González Valencia —a quien se vincula en su país con las operaciones del cartel de la droga Jalisco Nueva Generación— y Wendy Delaithy Amaral Arévalo, están relacionados con dos sociedades panameñas creadas por MF a través del estudio notarial uruguayo Asesores y Consultores del Sur Ltda (Asconsur), con oficinas en el Centro de Montevideo.
En los documentos filtrados de MF, González Valencia —uno de 18 hermanos que, según periódicos mexicanos, integran el cartel de narcos— y Amaral Arévalo, quien es mencionada como esposa de aquel, figuran con residencia en un chalet en Punta del Este. También se indica el mismo domicilio para un tercer ciudadano mexicano ligado a las sociedades panameñas.
Algunos periódicos mexicanos asociados en la investigación internacional empezaron a informar esta semana sobre los servicios prestados por MF a integrantes del grupo conocido como “Los Cuinis”, socio del cartel de Jalisco Nueva Generación.
Según la investigación de Búsqueda, la escribana Ginaella Guarino Anfossi, directora de Asconsur, aparece como firmante de varias comunicaciones en años recientes con personal de MF relacionadas con dos sociedades tramitadas para la pareja de mexicanos.
Consultada por Búsqueda, Guarino afirmó que Amaral Arévalo y González Valencia fueron clientes de su estudio pero que “actualmente” no lo son. Agregó que “cuando no cumplieron con la debida diligencia”, el estudio se desvinculó de estos clientes.
Cuando se le preguntó si conocía el nexo que se le atribuye a González Valencia con carteles de la droga, Guarino negó saberlo. “Tampoco son probadas las cosas… y a veces se tejen historias que no tienen nada más que un atado de datos y no son las cosas como fueron”, sostuvo.
“Es muy delicado el tema”, admitió la escribana Guarino.
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