La pretensión gubernamental de reformar el sistema jubilatorio de los militares para poner fin a la sangría permanente de recursos estatales para solventar su déficit ha generado la airada reacción de los centros militares. Los mismos, habitualmente, son voceros oficiosos de los criminales condenados por graves violaciones a los derechos humanos y otros potenciales convictos.
En la ocasión rechazan enérgicamente que se reduzcan sus jubilaciones y pensiones, que se modifique su privilegiado y anacrónico sistema. Llama la atención la puerilidad argumental para justificar el déficit de la caja militar, la dramatización de su profesión, al parecer y según sus testimonios, miles de veces más sacrificada que la de un peón rural que suele trabajar de sol a sol, por poner un ejemplo sencillo. También sorprende el lamentable silencio de la mayoría de los actores gremiales, sociales, culturales y políticos acerca de este tema, salvo la senadora Constanza Moreira.
Como colectivo organizado de sobrevivientes del terrorismo de Estado, del cual las fuerzas armadas fueron el brazo ejecutor, no tenemos ningún interés ni deseamos congraciarnos con sus integrantes. Tampoco andamos con gre gre para decir Gregorio: la ley jubilatoria de las Fuerzas Armadas fue aprobada en 1974 por el Consejo de Estado de la época presidido por el extinto líder nacionalista Martín Recaredo Echegoyen (con tantas calles en su honor en todo el país), cuando el Parlamento había sido disuelto y los militares caminaban con paso firme a apoderarse de los resortes del Estado, a hipertrofiarse como institución y destinar porcentajes del PBI propios de países en verdaderos conflictos bélicos. Fue una ley hecha por ellos mismos en su propio beneficio e interés.
El hecho de que dicha ley no haya sido modificada luego de más de 30 años de retorno a la institucionalidad democrática es significativo. No puede verse al margen del contexto en que se llevó a cabo la transición, la precariedad del retorno, las presiones de los militares y sus secuaces, de la maldita ley de Caducidad, de la cultura de la impunidad que se introdujo en la sociedad uruguaya y de la fuerza corporativa que siguen teniendo al punto de generar temor en las propias filas de la izquierda uruguaya y que a nadie se le mueva un pelo, a nivel gubernamental, cuando el Servicio de Retiros abona las jubilaciones de los prófugos de la justicia por crímenes de Lesa Humanidad.
Los beneficios y prebendas de los militares uruguayos, obviamente nos referimos a los señores oficiales nucleados en los centros militares, son indignantes, habida cuenta del hecho de que cuando ellos gobernaban, topearon las jubilaciones y pensiones que sirve el BPS en 15 BPC, eliminaron el aguinaldo y otros beneficios. En este sentido la superación de las secuelas de la dictadura en ese ámbito no ha sido lograda plenamente y hay mucho camino a recorrer.
Los centros militares aducen que el déficit de la caja no se debe a mala administración o gestión de la misma, aunque el semanario Búsqueda informó la semana pasada de que una jerarca de la institución fue recientemente procesada por otorgar pensiones truchas. Básicamente lo atribuyen a decisiones del poder político desde el retorno a la democracia que implícitamente rechazan. En función de ello, no habría que modificar nada. Rentas Generales, todos, debe continuar asumiendo, indefinidamente dicho gasto: quinientos millones de dólares por año, a 31 años del retorno a la democracia, es mucha plata.
Para ellos, el primer gran problema radica en que la decisión adoptada por los diferentes gobiernos democráticos de disminuir el número de integrantes de las FFAA afectó negativamente la relación activos/pasivos que origina el déficit anual. Uruguay debería seguir teniendo fuerzas militares hipertrofiadas, en función de un proyecto de sociedad como lo fue el Terrorismo de Estado.
El segundo aspecto que los centros militares cuestionan por haber contribuido a desfinanciar la Caja Militar tiene que ver con la política de reparación que el Estado implementó hacia los militares que durante el terrorismo estatal fueron expulsados de las FFAA por sus convicciones democráticas y republicanas. Decenas y centenares de ellos vieron arbitrariamente truncadas sus carreras, una parte importante luego de haber sido bárbaramente torturados y enjuiciados sin ninguna garantía. Decenas fueron recluidos durante muchísimos años.
El desparpajo de los señores oficiales que integran los centros militares es inaudito. Merece una pública condena de todo el sistema político consustanciado con las normas democráticas y los principios de DDHH. Cuestionan la política de reducción de integrantes de las fuerzas de seguridad que se llevó a cabo para democratizar y civilizar la sociedad uruguaya. También rechazan hasta la política de reparación que se ha implementado, tardíamente, hacia quienes sufrieron graves violaciones a los DDHH en cumplimiento de las normas que, obviamente, no respetan ni reconocen.
Los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Cuando por acción u omisión no cumplen con sus obligaciones, los Estados tienen la responsabilidad de reparar el daño ocasionado. Deben hacerlo de una manera integral, tal como lo estipula la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. Hizo bien el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez en aprobar la Ley 17 949 en enero de 2006 (aunque el plazo de presentación a la misma haya sido poco publicitado y exiguo). Fue una medida importante y positiva. Es insólito y significativo que los centros militares cuestionen la política de reparaciones que se han impulsado muy especialmente en los últimos 10 años y reivindiquen, implícitamente las barbaridades que se cometieron.
Salta a la vista, una vez más, la necesidad de que el gobierno uruguayo ejecute la disposición establecida en el Artículo 25 de la Constitución que permite iniciar juicios civiles a los responsables de graves violaciones a los DDHH para que se hagan cargo de los costos monetarios que su ocasionar contumaz y delictivo ha ocasionado al país y que terminamos pagando todos, incluso las víctimas.
Asimismo, el Poder Ejecutivo debe adoptar la disposición de someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con condena firme para apartarlos de la institución militar que siguen integrando en igualdad de condiciones que quienes fueron torturados por ellos. Merece destacarse, además, que cobran sus jubilaciones habiendo computado doble, en base a las disposiciones legales, los años consagrados a las actividades delictivas en el marco de la vigencia de las Medidas Prontas de Seguridad.
Para evitar que la dictadura vuelva a reiterarse, el Estado tiene que investigar y sancionar todas las graves violaciones que se cometieron. La Resolución 60/147 es la hoja de ruta a transitar. Las ex presas y los ex presos políticos seguiremos movilizados por ello.
----------- Opinando Nº 1 - Año 5 - Jueves 4 de agosto de 2016
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