La columna de Carlos Peláez
lunes 22 de agosto del 2016
Según el Ministerio de Vivienda en Uruguay, se
define un asentamiento irregular como “agrupamiento de más de 10
viviendas, ubicados en terrenos públicos o privados, construidos sin
autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares, sin
respetar la normativa urbanística. A este agrupamiento de viviendas se
le suman carencias de todos o algunos servicios de infraestructura
urbana básica en la inmensa mayoría de los casos, donde frecuentemente
se agregan también carencias o serias dificultades de acceso a servicios
sociales.”
Se trata de construcciones rudimentarias que
carecen de aislamiento térmico, servicios higiénicos, de un lugar
destinado a cocina, y en el que generalmente adultos y menores comparten
el mismo espacio destinado al descanso.589 asentamientos irregulares hay en Uruguay y 165.271 uruguayos viven en esa situación, de acuerdo a los resultados del Censo 2011. Aunque en los últimos dos años y a partir de la crisis económica esa cifra pudo haber crecido significativamente.
La mayoría ubicados en Montevideo. Pero 7.000 personas están asentadas en Maldonado y en Colonia hay 500 familias en idénticas circunstancias. Flores parece ser el único departamento sin asentamientos.
Según informaba El Observador el año pasado “la erradicación o mejoramiento sustancial de no menos de 73 asentamientos marginales comparte con la reducción de la pobreza el primer lugar en los logros de las políticas sociales de los dos gobiernos del Frente Amplio. De los cientos de asentamientos irregulares en todo el país, mayoritariamente en Montevideo con 412 según las últimas cifras oficiales disponibles, solo algo más del 7% se beneficiaron con transformaciones básicas. En algunos casos, barrios enteros fueron trasladados a viviendas nuevas en ubicación diferente. En otros, se mejoraron viviendas en el mismo lugar y se proveyeron servicios públicos”.
En el imaginario popular se asocia asentamiento con delito. Y puede ser que en algún lugar en particular sea así. Pero la generalización es injusta. Por ejemplo en el asentamiento Los Eucaliptus, ubicado en Maldonado, viven unas 1.500 personas y este año apenas unas 15 fueron detenidas, incluso la mayoría de estos no vivía allí sino que lo usaba como aguantadero aprovechando la irregularidad del lugar.
Los asentamientos tienen que ver con la pobreza y las dificultades para acceder a la tierra. Ya no para un pobre, un terreno mal ubicado es casi inaccesible para jóvenes que pretendan consolidar una familia.
Los planes de construcción para vivienda social que tiene mucho marketing, en la práctica no han servido para los fines propuestos. La especulación inmobiliaria domina el mercado.
Pero esto viene al caso porque mañana 35 familias que tienen a su cargo a casi 90 niños, asentadas en el Parque Guaraní cerca de Maroñas, serán desalojadas. El viernes fueron procesadas 8 personas por usurpación, uno con prisión y están todos amenazados si mañana no se van voluntariamente.
Los jueces que cumplen con lo que establecen las leyes, no tienen un criterio único ante iguales circunstancias. Podría citar ahora de memoria mas de una decena de ocupaciones de tierras realizadas por ricos y a veces famosos en Punta del Este sin que nunca siquiera hubieran sido citados por un juzgado.
En el año 2011 Gustavo Gonzalez y Benjamín Nahoum publicaron en el año un libro titulado “Los sin tierras urbanos, causas, propuestas y luchas populares”.
Y entre muchas cosas muy interesantes proponen estudiar limitaciones al derecho de propiedad. O tal vez habría que estudiar el “derecho de uso”, más que la propiedad de una vivienda.
Como sea, no es este un problema que pueda soportarse varias decenas de años por delante. Con excluídos no se construye un país.
El País DIEGO PIRIZ23 ago 2016
Algunos con caras de rabia y otros de tristeza,
la mayoría con pose resignada, así se encontraban los adultos de 35
familias que ayer estaban desarmando sus casas precarias, de chapa y
madera, en un predio que se encuentra próximo al complejo de viviendas
"Parque Guaraní".
En torno a las 9:00 de la mañana, hoy ya no tiene que
haber nadie allí, un terreno que en gran parte es de la IMM. La Justicia
les dio el ultimátum. "El que esté acá va a ser sacado a la fuerza, y
si las casas siguen construidas van a venir con unas máquinas para
tirarlas abajo", comentó a El País una de las tantas mujeres integrantes
del asentamiento, quien tiene a su cargo tres hijos.
Las familias, con sus casi 90 niños, ocupan desde hace
un año y medio un campo conformado por tres padrones. Luego de varias
intimaciones judiciales, el pasado viernes, la jueza Ana Margarita
Salterain Gutiérrez procesó a ocho personas por el delito de usurpación.
A una de ellas, con prisión, por tener un antecedente penal.
Ayer a la noche, unas 15 familias ya se encontraban en
la calle, con chapas, maderas y ropas a cuestas. Sus hijos jugaban al
costado de una cañada.
José, uno de los integrantes del asentamiento, mientras
trataba de ordenar el caos de materiales que tenía tirado en el piso,
decía: "es injusto lo que está pasando, porque nosotros somos gente
trabajadora, no somos ladrones, nos falta una vivienda digna y no la
podemos conseguir, por eso terminamos en esto".
Asimismo aseguró que en ningún momento pidió que
alguien le regale nada, sino que está dispuesto a trabajar para poder
pagar una casa donde pueda vivir su familia.
"La Intendencia no tuvo la delicadeza de brindarnos
un apoyo con el transporte, tenemos que sacar estas chapas y cosas de la
casa en carritos de feria", contó Jessica.
Otros ocupantes se acercaron a conversar con El País y
destacaron "la serie de mentiras y engaños" que vivieron por parte de
las autoridades.
"Cuando comenzó el problema pudimos hablar con Daniel Espósito (director de la división Tierras y Hábitat de la comuna);
nos prometió una solución a través del Mides, pero fue todo mentira,
porque ni una entrevista nos dio, nos dejó tirados a todos, no le
importó ni a él ni a nadie de la Intendencia que nuestros hijos duerman
en la calle".
Bajo las nubes rojizas había gente que nada declaró; recortados como sombras, ensimismados, desmontando chapas.
En el gobierno nacionalista de 1990, se invirtieron 100 millones de dólares en núcleos básicos evolutivos, en terrenos urbanizados como respuesta a una cifra mucho menor de asentamientos. Eso sin perjuicio de haber duplicado las viviendas del PLan Mevir en todo el país.
ResponderEliminarLa intendencia que menor respuesta tuvo fue la de Montevideo donde el Dr. Vazquez era intendente, porque entendía que era obra de los blancos.
No parece lógico que por las más diferentes razones siga habiendo tanta gente que sigue quedando por fuera de las condiciones básicas en que deben nacer y crecer nuestros compatriotas.
Sin lugar a dudas es un tema de estado que el próximo gobierno deberá encarar con todos los partidos políticos, para que deje de ser una alternativa proselitista y se convierta en una verdadera solución.
!este es el Uruguay que no te dejan ver
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