>>> Por el Derecho a No ser Desaparecido
El 30 de agosto Día Internacional del Detenido desaparecido es un día marcado por el dolor y también por la lucha.
Dolor que surge luego de vivir la
barbarie, la pérdida de tanta gente valiosa en tantos lugares del mundo.
Y lucha porque fue la respuesta de los familiares, de los compañeros de
esos desaparecidos, de sus sociedades, la que resistió, persistió y
encontró caminos para denunciar y alertar al mundo. Así iniciamos esa
lucha por ellos, por ellas, que será permanente mientras exista la
impunidad y el abuso del poder político y económico que se ha vestido
con tan distintos ropajes hasta el presente.
La desaparición forzada es un problema
mundial. En su momento fue principalmente producto de dictaduras
militares. En nuestros años tenebrosos, América Latina perdió decenas de
miles de personas, vio distorsionado el desarrollo de sus sociedades,
los lazos entre las generaciones, al tiempo que sus países eran
saqueados.
Pero la desaparición forzada también se
perpetra hoy en situaciones complejas de conflicto interno, aún en
estados formalmente democráticos. ¿A cuántos ambientalistas,
sindicalistas, periodistas han desaparecido o asesinado en estos años?
¿Cuántos maestros y activistas han desaparecido sólo en México? El
objetivo de estas prácticas sigue siendo el mismo: reprimir, mediante la
desorganización y el miedo que produce la desaparición forzada,
cualquier oposición.
A los cientos de miles de víctimas en América, África y Asia, se suman hoy los migrantes desaparecidos.
Aquí este método comenzó a ser utilizado
en los años previos al golpe de estado. Estaban suprimidas las garantías
individuales y operaban los grupos paramilitares como el Escuadrón
cuando sucedieron las primeras desapariciones.
Buscamos a nuestros seres queridos por
cuarteles y comisarías igual que todos los familiares de presos
militantes políticos, sindicalistas, estudiantiles. Un deambular
angustioso, sabiendo de las torturas, temiendo por sus vidas hasta que,
si había suerte, permitían el famoso “paquete” que era señal de vida.
Es difícil precisar cuándo cada uno pudo
ir asumiendo esta nueva circunstancia de no-ser, de no-estar que tienen
los desaparecidos. Lleva años.
Unirnos y organizarnos fue un camino
natural. Recorriendo cuarteles primero y buscando apoyos fuera de las
dictaduras donde vivíamos después. Así nos agrupamos con otras
organizaciones de familiares del continente en FEdeFAM, la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos. Entender lo que pasaba, acá y en otros países
fue clave en aquellos años. Se denunció la Desaparición Forzada desde el
exilio y a medida que se reinstalaban los gobiernos electos, se comenzó
a explicarle a la ciudadanía las formas y los contenidos de esta
aberración.
De a poco, a nivel internacional se logró
la Convención Interamericana (en vigor desde 1996) y la Convención
Internacional contra la Desaparición Forzada (en vigor desde 2010),
precedidas de sus respectivas Declaraciones.
El esfuerzo de cientos de personas pudo
revelar la magnitud de este crimen en el mundo y aunar esfuerzos para su
prevención y condena. ¡Una gran lucha!
Bien sabemos que estos pasos, que fueron muchos y arduos, son un inicio, un marco, una tribuna.
Pero se precisa un accionar contundente
en cada país para erradicar la Desaparición Forzada; se precisa la
conciencia de un pueblo dispuesto a movilizarse para exigir verdad y
justicia a los Estados que continúan siendo cómplices de este delito por
acción u omisión.
En nuestro país, la impunidad sobre estos
delitos fue blindada por la Ley de Caducidad, donde el mismo Estado
declinaba su interés en enjuiciarlos y elegía la impunidad por sobre la
Constitución y la justicia. Fueron años muy duros. Muchos de los
militares denunciados por los peores crímenes fueron ascendidos,
representaron al país para recibir por ejemplo en Oslo el premio para la
Paz a los Cascos Azules, fueron asesores de gobierno, profesores en la
escuela militar, en la UTU, directivos de clubes, hasta ejercieron como
médicos y psiquiatras en su impunidad. Todos siguieron en sus cargos y
cobraron sus sueldos y sus ascensos, ninguno enfrentó un tribunal de
honor, y en muchos casos aún en gobiernos del Frente Amplio, el mismo
Estado, a través del ministerio de Defensa, ejerció su defensa y
garantizó sus privilegios.
De todos los militares que actuaron
durante la dictadura en los distintos organismos de represión, en todos
los cuarteles de las distintas armas en todo el país, ya sea como
agentes directos o como partícipes necesarios en los crímenes
perpetrados contra la población, solo 30 están presos y 5 de ellos con
prisión domiciliaria.
¿Cómo fue posible?
La negación y el silencio en los primeros
años pos dictadura, cuando aún había testigos vivos, huellas y pistas,
selló el pacto de omertá entre los implicados.
La Comisión para la Paz, de 2001, también
brindó el beneficio de amparo a los criminales, los exoneró de los
crímenes fuera de fronteras y ni aún así obtuvo respuestas ciertas.
Y, a lo largo de los tres períodos del
Frente Amplio, hubo marchas y contramarchas. Avances en el análisis
histórico, en legislación, en reparación, en el hallazgo de 4 cuerpos de
compañeros y en los pocos procesamientos de criminales de Estado.
Contramarcha en los plazos, en la búsqueda, en la exigencia a los
militares de reconocer su actuación en el terrorismo de Estado y
deslindarse de ella.
El reciente juicio del Plan Cóndor en
Argentina no dejó lugar a dudas a los sistemas judiciales sobre la unión
y coordinación de los aparatos represivos en los países del cono sur,
sobrevolando fronteras e intercambiando información y prisioneros, ni
sobre el carácter institucional de estas acciones. De la participación
del Estado, in totum, para llevarlas adelante.
Lamentablemente, esa revisión de la
actuación de las instituciones estatales, en especial las represivas
pero también las diplomáticas, las administrativas, sigue pendiente. Y
nada se ha hecho respecto a los grupos económicos que alentaron,
sostuvieron y lograron ganancias gracias al Terrorismo de Estado.
En estos años comprendimos que el Estado
difícilmente se investigue a sí mismo, que el miedo fue y es uno de los
mayores aliados de la impunidad y un instrumento privilegiado del
autoritarismo y que los logros son siempre fruto de la movilización, de
la persistencia y suma de iniciativas y voluntades.
En síntesis, ningún gobierno desde el 85 a
la fecha asumió esta bandera. Todos pusieron sus propios obstáculos y
agitaron los miedos de antaño.
Hoy estamos en una situación por demás difícil:
Las causas judiciales se empantanan la
búsqueda de restos no avanza y las amenazas, intimidaciones o robos a
las personas que trabajan en el tema, han sido una constante. La
investigación sobre el robo de los discos duros y la amenaza a los
antropólogos del Grupo de Antropología Forense no muestra avances.
A 43 años del golpe la gran pregunta
sigue siendo si estamos generando las garantías de no repetición. Si
esta conducta errática, omisa en tantos aspectos, resulta un avance en
cuanto a esas garantías.
Creemos que NO.
Es muy grave para nosotros el lugar que
este gobierno está dando a las Fuerzas Armadas como interlocutor válido
para temas tan sensibles como son la educación y la seguridad. Una
participación que no les compete. Una práctica propia del período
dictatorial, que implica volver a darles una legitimidad absurda e
incongruente con nuestra institucionalidad republicana.
La gravedad de estos hechos parece
ignorada por muchos sectores políticos que integran el FA, que ni
siquiera logra mayorías para retirarse de “misiones de paz” que actúan
como ejércitos de ocupación.
Tampoco tocan sus increíbles privilegios
económicos. A su caja profesional deficitaria en 400 millones de dólares
anuales que pagamos todos, prometieron cambiarla pero aún no se conocen
proyectos, mientras no dudan en recortar ingresos a la educación y la
salud
La poca y tardía justicia sobre estos
crímenes del Terrorismo de Estado genera un mensaje nocivo de
impotencia, impunidad presente. Si lo sumamos a la dificultad de acceso
a la justicia que tiene la población más vulnerable, más pobre, más
joven, y a la política de endurecimiento de las penas que se está
imponiendo, borra los logros de la lucha más importante de dos años
atrás: el NO a la baja. Que con entusiasmo y argumentos ganaron la
voluntad popular para profundizar en el tema y buscar otros caminos que
refuercen el acceso a la educación y no a la cárcel ni a la “educación
en valores” a cargo del Ejército.
En cuanto al Grupo de Trabajo por Verdad y
Justicia: Familiares tiene una postura histórica de colaborar con todas
las instancias institucionales que el Estado forme para investigar y
responsabilizarse del tema.
Gran parte de este trabajo por verdad,
sólo se puede hacer desde el Estado: entrar a los lugares denunciados
por posibles enterramientos, generar y gestionar archivos, acceder con
más facilidad a expedientes judiciales, etc.
Lo hacemos manteniendo una opinión
crítica. Por eso si bien consideramos un avance el acceso abierto a los
archivos en su poder, y la recepción de solicitudes de la sociedad civil
para articularlas, el trabajo va demasiado lento y el tiempo apremia.
En 1 año y medio no estamos satisfechos con esos resultados y entendemos
que cambiarlos requiere otro vigor otra ejecutividad que aún esperamos.
Creemos que la memoria viva debe alumbrar
este camino. Para interpelar, criticar y proponer nuevas acciones.
Confiamos en las jóvenes generaciones que año a año se suman a esa gran
manifestación contra la impunidad que son las marchas del 20 de mayo.
En su nueva mirada sobre lo sucedido, Esa memoria que nos pertenece como
pueblo, como sociedad, es el verdadero sostén de nuestras banderas y
hace posible trabajar juntos para integrar esta experiencia y alimentar
la esperanza de un país mejor.
Verdad Memoria y Justicia.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
30 de Agosto de 2016
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