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El Informe: No Hay Petróleo by icndiario on Scribd

Una denuncia, realizada por el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería y por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), vuelve a poner a la empresa estatal petrolera en la mira de lajusticia. El sustento de esta acción es un pedido de acceso en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública N° 18.381.
El motivo de discordia se remite a un contrato confidencial que ha sido mantenido en secreto por Ancap y la empresa francesa Total, que se encarga de buscar petróleo liviano en la plataforma marítima uruguaya.
En este contexto, Víctor Baccheta (integrante del movimiento Uruguay Libre) entiende que es importante conocer los contratos que el Estado firma con otras empresas debido a que estos documentos incluyen las condiciones que acuerdan cada una de las partes. “Ancap y la petrolera no quieren mostrar el acuerdo. Pero esta acción implica ocultarle al público la información que merece tener. Considerando que está en juego un recurso natural del país como es el petróleo, los ciudadanos tienen derecho a saber en qué condiciones se negocian los asuntos. Además, en las contratos pueden observarse las características de la forma de explotación y la tecnología que se llevará a cabo, dos aspectos que son claves para determinar qué impactos ambientales se tendrá.”
Cómo se inició esta denuncia
El 10 de junio de 2016 el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería denunció que Ancap tenía reticencias para mostrar el contrato secreto que fue acordado con la empresa petrolera, de nacionalidad francesa, denominada Total. Ante este asunto, Bacchetta declaró a SdR: “Nosotros siempre hemos usado la Ley de Acceso a la Información Pública, nos guiamos por el procedimiento que está establecido en ese documento. Primero se realiza una solicitud por escrito al organismo que corresponde. Éste tiene 20 días hábiles para responder. En caso que lo haga de forma negativa o que no conteste (lo que usualmente se lo denomina silencio positivo) la ley prevé la posibilidad de una denuncia ante la justicia. En este caso, Ancap respondió negativamente. Por tanto nos quedaba una sola alternativa. Esta semana Raúl Viñas, que fue el que hizo la solicitud inicial, entró con la acción judicial.”
Por su parte, Martín Prats, presidente de CAinfo, expuso que a partir de la preocupación del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, se tomó la decisión de iniciar una acción judicial conjunta. Sin embargo, afirma que los resultados que de ella pueden desprenderse son imprevisibles. “Estamos iniciando la acción judicial para tener acceso al contrato con la empresa Total. Hemos presentado la demanda pero no hemos tenido la audiencia. Este es un juicio muy rápido que suponemos que se va a resolver en unos días. Después de la audiencia estará la primera sentencia.”
Una cuestión democrática
Prats afirma que las empresas privadas suelen tener una lógica de acción común: cuando realizan acuerdos comerciales, su objetivo principal es proteger tanto sus intereses económicos como también la metodología de trabajo que aplican. Lo que no debe de olvidar el Estado, según sus palabras, es que “esos intereses económicos, si bien son legítimos, deben tener un contrapeso a través del interés social. En este caso, se trata de un tema que puede afectar al medioambiente, aspecto último que implica una mayor implicancia de todos los ciudadanos. Lo que intentamos poner sobre la discusión jurídica es cuándo el interés económico y particular de una empresa puede prevalecer sobre el interés de toda una población. Nosotros entendemos que no siempre lo privado puede prevalecer. En algunos sucesos el interés de la sociedad debe estar por encima del afán de lucro o ganancia de una empresa.”
Según Bacchetta este caso de confidencialidad por parte de Ancap es similar a otros asuntos que ocurrieron en el pasado, como por ejemplo el proyecto de Aratirí, instancia que fue decisiva para determinar la creación del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería. “Al igual que en otros casos, lo que buscamos es tratar de ejercer un nuevo tipo de ciudadanía. Entendemos que como ciudadanos no podemos limitar nuestra acción a cada 4 años para dejar que la mayor parte de las decisiones importantes sean tomadas por las preferencias de un gobierno o de un legislador.” Enfatizó, además, en la existencia de algunos proyectos que nunca son presentados durante las campañas electorales, los cuales pasan a ser invisibles para la mayoría de los uruguayos. Sin embargo, a pesar de esta ignorancia, Bacchetta entiende que algunas de estas decisiones son importantes para el país. Por tanto señala que cualquier ciudadano tiene el derecho de estar informado sobre lo que sucede. Considera además que sin acceso a esa información es imposible que exista una mayor participación política. “Al pelear por ello, no solo hablamos de medioambiente, también significa una búsqueda por una nueva forma de ver a la democracia.”
En sintonía con lo expresado por Bacchetta, el presidente de CAinfo entiende que “Cuando hablamos de interés social, hablamos de valores que la sociedad debe cuidar. También expresamos sobre intereses generales que llaman a todos los ciudadanos. Inevitablemente cuando se piensa en el interés social también nos referimos a que hay decisiones que, para poder ser tomadas de forma correcta, la sociedad debe conocer los fundamentos que existen detrás de ellas. Precisamente saber qué es lo que el Estado acuerda con las empresas privadas es un tema de democracia.”
La misteriosa confidencialidad
El año pasado se reveló que Ancap compromete a sus trabajadores a firmar acuerdos de confidencialidad. Sobre este asunto Prats afirma que existe una relación entre estos convenios y los pactos secretos que realiza el organismo estatal con empresas extranjeras. El presidente de CAinfo entiende que es una forma legal que utiliza Ancap para mantener la confidencialidad, la cual es un requisito excluyente de muchos de los acuerdos con otras empresas privadas.
Por su parte, Bacchetta considera que existe una cultura del secreto. “La lógica es siempre la misma. Nosotros hemos constatado, en diversos rubros, que hay una lógica del secreto, es decir, una cultura del misterio en la administración pública. Han estado acostumbrados a no informar a los ciudadanos cuáles son sus actividades. Incluso tuvimos que hacer un juicio para saber cuáles fueron los gastos que tuvo el gobierno con el proyecto del puerto de aguas profundas. Definitivamente no querían dar las cifras. Pero no solo sucedió en este caso, es un tema general. En muy pocos hechos se tiene una conducta acorde con el derecho al acceso a la información pública. Lo cierto es que la ley está muy lejos. Aún no se cumple efectivamente por parte de la administración del Estado.”
Contaminación: ¿sí o no?
Con respecto al tema de la contaminación en Uruguay, Bacchetta afirma que existen datos que revelan información. “Yo no te puedo decir más que eso porque ahora no tengo la referencia en la mente de esos estudios. Pero eso se puede buscar y se puede reunir. Por ejemplo, los casos de Montevideo más notorios son: la Plombemia y la contaminación del agua. No podría decirte si la contaminación es alta o baja, porque sería muy genérico hacer una clasificación de este tipo. Pero lo cierto es que hay problemas serios. Existen dificultades para saber lo que realmente sucede porque se oculta la información. Es una problemática muy compleja.”
Lucía Barrios