Vivir entre la mierda

Agua estancada, olor nauseabundo, bolsas, papeles y botellas esparcidas, pastizales que crecen y ya tapan carteles, además de dar cobijo a roedores.

TOMER URWICZ06 nov 2016

Cuando Lorena Falcón ve que a sus hijos les duele el estómago, sabe que tiene que volar hasta la policlínica del barrio. Sabe que no es una indigestión cualquiera. Los excrementos que pasan día y noche por las cunetas que rodean la casa de Lorena —y las de sus vecinos— contaminan la tierra donde juegan sus hijos, y son ellos los que pagan las consecuencias más seguido por la falta de saneamiento. Seis de cada 10 niños en zonas con riesgo socio-sanitario tienen parásitos en su cuerpo. Así lo constata una investigación de Uruguay Crece Contigo y la Facultad de Medicina, en base a una pequeña muestra de niños en el área metropolitana. El dato es una confirmación de lo ya hallado en una escuela de Malvín Norte y en Barros Blancos: las (malas) condiciones de vida de la población se reflejan en que más de la mitad de los niños tienen parasitosis intestinales.

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A 25 minutos del Centro de Montevideo, entre el Marconi y Las Acacias, los días después de la lluvia son una pesadilla. El agua corre por las calles sin asfaltar, lleva de un lado al otro la mugre y forma un ambiente ideal para la concentración de parásitos. Estos gusanos van a parar luego al cuerpo de los vecinos, en especial de los niños que están en contacto con el agua que corre por la cuneta, causando diarreas, problemas respiratorios y patologías más solapadas: complicaciones en el crecimiento y en el aprendizaje. Son enfermedades que, más que cualquier encuesta, son "marcadores de pobreza", explica Ana María Acuña, profesora de Parasitología del Instituto de Higiene.

Esta realidad que afronta Lorena y los que viven en los 20 ranchos vecinos, se replica en los 64.667 hogares de Uruguay que no tienen acceso al saneamiento básico. Se trata de una cifra "baja" en relación a la región, pero "alta" en base a las consecuencias que trae y a la capacidad del país para afrontar el problema, dice Eduardo Brenes, catedrático de Acondicionamiento Sanitario de Udelar. Las zonas más urbanizadas, en especial de Montevideo, son las que tienen mejores indicadores. En el área rural el 9,2% de los hogares no cuenta con las necesidades básicas de saneamiento, mientras que en las ciudades desciende al 5,5%. Pero también sucede que en las zonas más densamente pobladas es donde hay más contagio de enfermedades.

Un grupo de parasitosis intestinales, las Helmintiasis Transmitidas por el Suelo (HTS), colonias de gusanos asociados a factores ambientales, son "las enfermedades tropicales desatendidas con mayor prevalencia a nivel mundial", señala Acuña. Según las Naciones Unidas, cada año mueren 1.3 millones de niños menores de 5 años por el uso de un saneamiento deficiente. De ahí que la universalización de este servicio sea una de las metas que fijó el organismo internacional para 2030.

"Es una meta muy difícil", reconoce el arquitecto Brenes. El saneamiento impacta directamente en el precio de la tierra. Hay quienes prefieren vender su vivienda que está ubicada en una zona conectada a la red y comprar en un lugar más barato. "Es un buen negocio, pero que implica la extensión de las ciudades".

Al mismo tiempo, la instalación del saneamiento es uno de los servicios más caros. La sola colocación de una cámara y un caño que se conecte a la red de alcantarillado cercana, si la hubiera, ronda los US$ 1.000. No en vano OSE, que se encarga de satisfacer este servicio en el interior (en Montevideo la Intendencia es la responsable), invierte US$ 50 millones por año, equivalente a construir de cero 25 escuelas de tiempo completo.

Desde la Organización Mundial de la Salud insisten en que es "una buena inversión". Según los cálculos de esta institución por cada dólar que se invierte en saneamiento se ahorran entre US$ 3 y US$ 4 en salud. El problema, explica Brenes, es que cada vez la apuesta cuesta más porque "al extenderse la periferia y al haber poca gente concentrada, son necesarios caños más largos".

Más allá de esta explicación económica, hay otro factor que, según los analistas, hace inviable cumplir con el objetivo de la universalización del saneamiento. En Uruguay se cuenta al pozo negro como una solución al problema y eso "es una mentira", señala Brenes. Una familia tipo llena un pozo reglamentario (5.000 litros) en 10 o 15 días. Las barométricas pasan, en promedio, cada seis meses. A veces el atraso responde a que el vecino no los llama (o no quiere pagar) y otras porque, según cálculos de Brenes, "es necesario multiplicar la cantidad de camiones quizás por 50" y aumentar concomitantemente las plantas receptoras de esas aguas.

El resultado es que los pozos se desbordan contaminando el entorno, y el agua ya contaminada por el contacto con las heces corre a cielo abierto o se filtra hacia las napas (las aguas subterráneas). En lugares de mayores ingresos, como en zonas del barrio Carrasco donde tampoco hay saneamiento, "la población tiene la posibilidad de llamar a la barométrica y pagar cuando quiere, pero en los sectores más vulnerables eso es imposible", comenta el arquitecto.

Si bien por normativa se prohíbe que los pozos sean permeables, es impensable cumplir con esta prohibición porque "se necesitarían otras soluciones que no hay", reconoce Daniel Greif, director nacional de Aguas. Incluso "hoy casi todos los estudios indican que para poblaciones de menos de 2.000 habitantes la mejor solución al saneamiento es un sistema barométrico centralmente gestionado", señala en Montevideo.com el secretario de Aguas, Carlos Colacce. Pero en el país cuatro de cada 10 hogares tienen pozo negro, y en "el interior supera al 50%".

Aún en el mejor de los casos, con pozos impermeables y con la cantidad de barométricas necesarias, el problema no estaría resuelto. "Los camiones tiran las aguas contaminadas que recogieron sin el adecuado control", acusa el arquitecto Brenes y recuerda cuando María Julia Muñoz, por entonces ministra de Salud, fue a inaugurar unas obras en Paysandú y mientras hablaba con los medios se veía a una barométrica volcando los desechos en el arroyo Sacra.

El incumplimiento de las barométricas es señalado en el documento que Uruguay presentó hace tres semanas en la conferencia Habitat III de Naciones Unidas. Se constatan "vertimientos ilegales de barométricas en terrenos o cuerpos de agua, y vertimientos autorizados por los gobiernos departamentales que incumplen la normativa nacional".

Parte de estas infracciones responden a la falta de control, de hecho el organismo regulador (Ursea) aún no se interiorizó en los aspectos sobre el saneamiento, reconoce el director César Falcón. La otra cuota de responsabilidad es la falta de plantas de tratamiento para quitarles el efecto contaminante a las materias orgánicas. "Muchas están desbordadas (como en La Paz y Pinar del Norte) o hay lugares que ni siquiera tienen", explica Brenes, "pero desde los organismos oficiales claramente se desestimula a que haya plantas privadas creyendo que el propietario no se hará responsable".

Tras la reforma constitucional de 2004, es el Estado quien debe garantizar este derecho. "Son obras caras que ni el Estado termina haciéndolas, menos aún un privado", sentencia Greif.

"Vivo entre la mierda".

Cuando se acercan las elecciones, Lorena Falcón ve cómo los políticos se acercan a su barrio. "Sacan fotos, hacen promesas y luego se olvidan, dejamos de existir", dice apretando los dientes, conteniendo la rabia. A su costado el hijo mayor la escucha atento. Él, dirá más tarde su madre, es la prueba de que el Estado se ha olvidado de las obligaciones que le asigna la Constitución. "Además de parásitos el gurí tiene plombemia (comprobada por la policlínica de Las Acacias) y nuestros ingresos apenas nos permiten cubrir el día a día".

Los niños son los más afectados por la falta de saneamiento en Uruguay. El 6,3% vive en hogares sin este servicio y en Salto el porcentaje crece al 10,4%, analiza el licenciado en Geografía Leonardo Olivera, en base a datos del Censo 2011. Es otra demostración de la "infantilización" de la pobreza, dice, y de como inciden los factores socioculturales.

Es que en uno de cada 10 hogares que no cuenta con saneamiento, sí tiene un auto o camioneta, según el Censo. Cuando no existen condiciones para construir sistemas formales de saneamiento a cargo del Estado, se suele pensar en formas "alternativas". Esto significa que será un sistema donde el usuario deberá preceptivamente tener participación activa en la operación y mantenimiento. Pero es muy difícil "pedirle a alguien en situación de extrema pobreza, que está pensando en el día a día, que debe planificar mejor e invertir en saneamiento", aclara Brenes.

En todo caso es el Estado quien debería planificar mejor, dice el catedrático de Acondicionamiento Sanitario. Y hace énfasis en el término "sanitario". Dice que hacer el foco ahí es estar pensando en salud. Lo mismo cree Roberto Gómez, reelecto concejal vecinal en Casavalle, a 700 metros de donde viven Lorena y sus hijos.

Para Gómez "hacer hincapié en el saneamiento también es una cuestión de derechos humanos". Recuerda que entre el pasado martes y miércoles, con las lluvias, el asentamiento Gustavo Volpe se vio colapsado por el agua que ingresaba en los hogares "con orín y todo". Pero el "gobierno prefiere invertir $ 12 millones en una pista de skate a cuatro cuadras".

En su defensa, Greif explica que desde Dinagua se está elaborando un plan de saneamiento (que se desprende del Plan Nacional de Aguas). Como parte de los estudios se está proyectando un acceso masivo a la red en Ciudad del Plata, obra que ascenderá a US$ 180 millones.

También la Intendencia de Montevideo anunció en septiembre el comienzo de obras en Manga, para dotar de acceso a la red a más de 20 mil ciudadanos. Según el intendente Daniel Martínez las labores finalizarán en cuatro años. Por último, Colacce agregó en el primer congreso nacional sobre saneamiento, realizado el martes, que Presidencia firmará un acuerdo con el BID para atacar la problemática.

Las zonas en las que más urge una solución, dicen desde OSE, son la cuenca del Santa Lucía, la microrregión Ruta 5 desde Progreso hasta La Paz y Ciudad del Plata. Brenes agrega que sería relevante atender también a las ciudades en pleno crecimiento, como Nueva Palmira, para "fomentar el desarrollo".

Los concejales de la zona del Marconi le explican a Lorena sobre algunas de estas buenas intenciones. Pero la madre de ella, que escucha mientras juega con la nieta, reclama: "Ya no creo en nada, vivo así hace más de 30 años... vivo entre la mierda".

Comprar la solución.

Montevideo es la ciudad con mayor extensión del saneamiento en red. Hay más de 2.900 kilómetros de cañería instalada, tantos como para construir una recta desde Uruguay hasta Perú. Sin embargo esta infraestructura sigue siendo insuficiente. La ONG Un Techo Para Mi País, que trabaja en los asentamientos de la capital, nota que "la Intendencia de Montevideo no ingresa a colocar el servicio en muchos terrenos porque son predios privados", explica Mara Fleitas, directora de Hábitat de la ONG. Distinto es lo que sucede en el acceso a la electrificación y el agua potable. Por eso Fleitas sugiere como primer paso la compra de esos terrenos. Lo siguiente es el compromiso de los vecinos. Eso sucedió en el asentamiento 7 de Diciembre, que desde octubre está conectado a la red. El proyecto comenzó hace dos años y costó US$ 78 mil. Pero gracias a ese esfuerzo de la ONG y privados se logró dar solución a más de 40 familias. Silvia Rodríguez (50) fue una de las beneficiarias. Ella vio cómo la obra partió de cero, se hicieron las cámaras principales y luego cada vecino se encargaba de su propia vivienda. El colector principal estaba a solo 50 metros, pero era inviable la conexión previa a la intervención. "Ya se nota un cambio en los olores, en la higiene", dice la vecina que espera con ansias pasar el primer verano sin "tantos mosquitos". Rodríguez recuerda que en esta zona de Sayago Norte, desde la Facultad de Agronomía hacia el Parque Lecocq, las enfermedades en los niños eran moneda corriente, incluso la hepatitis. "Ahora, esperemos, todo cambiará", concluye.

La costa en camino a ser ciudad: ya hay unas 300 personas con saneamiento.

MARIANA CASTIÑEIRAS.  La oficina donde trabaja el director de obras de la Comuna Canaria, Nicolás Vilaró, está rodeada de pozos. Se ubica en una de las zonas estratégicas para la obra de saneamiento en Ciudad de la Costa, la A, la única cuyo avance supera el 85%. El perímetro de esta pequeña casa va a permanecer así hasta que se finalicen las obras. "Es una forma de entender que el resto de la costa está así", dice Vilaró.

A pocas cuadras de allí solo queda el recuerdo de lo que fue el mal sueño de los últimos meses. En los alrededores del Colegio Santa Elena, entre las calles Río Sena y Río Uruguay, hoy el cemento luce casi pronto y las máquinas ultiman detalles, pero durante varias semanas hubo cuadras enteras que se inundaban y quedaban prácticamente inutilizadas, al punto de impedir la salida de algunos vecinos de sus hogares.

 Solamente así, gestionando con deuda pública.

La paciencia ya es un bien escaso en Ciudad de la Costa. Vilaró sabe que no es lo mismo trabajar en Santa Lucía del Este que en pleno Lagomar y los vecinos se lo hacen notar. "Siempre está la parte en la que uno está empantanado, como este invierno, pero los que ya hicimos bastantes obras sabemos que todo esto va a pasar y el vecino cuando vea la calle va a agradecer".

La obra de saneamiento, drenaje, pluvialidad y vialidad en Ciudad de la Costa es una de las principales a nivel nacional de los últimos años. Comenzó en 2010 con la formación del Consorcio Canario entre OSE y la intendencia, un acuerdo mediante el cual la gestión, la administración y el control de las obras quedarían en manos de ambos. Sin embargo, durante la administración de Yamandú Orsi ambas pasaron a gestionar sus obras por separado.

Hasta ahora, la intendencia lleva invertidos unos US$ 70 millones. La planta ya está funcionando y, según OSE, ya hay 300 familias conectadas a la red de saneamiento que están recibiendo el servicio. Las zonas que le siguen, C1 y B1 —Lagomar y el área entre Parque de Solymar y Solymar— están en proceso de construcción de sur a norte.

Un camino lleno de pozos.

Vilaró coloca el mapa que delimita las zonas de obra sobre su mesa y por momentos parece que tuviera al balneario abierto en la sala de operaciones. Pasa la lapicera por las zonas más problemáticas: la B1 es una de ellas. El área fue un campo de batalla este invierno. OSE inició su trabajo en octubre de 2015 y un año después la comuna empezó con drenaje pluvial y pavimentación.

Allí las obras se demoraron por dos razones, explica. Una es el invierno lluvioso. La otra fue un desacuerdo con OSE sobre quién debía hacerse cargo de colocar la base granular en las calles, es decir, el material que va debajo del asfalto.

La intendencia entendía que al ser OSE quien tenía que romperla para instalar el saneamiento, también debía repararla. Tras una negociación, se decidió que el ente deberá afrontar los gastos. Según pudo saber El País, el directorio aprobó en estos días la solicitud de un crédito por más de US$ 5 millones para financiar estos complementos.

"Es una obra incómoda y traumática para la gente que vive ahí", dice Sebastián Andújar, diputado nacionalista. "La gente en este proceso no ha recibido más que un montón de problemas y gastos, como la reestructura de la casa por la obligatoriedad de la conexión". Según señala, la concejal Beatriz Balparda presentó en octubre una iniciativa para que, mientras dure la obra, los vecinos sean bonificados en su pago de la contribución inmobiliaria. "No fue tratada ni escuchada", puntualiza Andújar.

El orden siempre es: primero el saneamiento, luego el drenaje y pavimentos. Sin embargo, en la zona C —menos la C1—, entre Parque, Lomas y Médanos de Solymar, fue al revés. Ya se pavimentaron ocho kilómetros de las avenidas principales, se crearon macrocanales para drenar el agua y se trabaja en el mantenimiento de las calles de tosca y limpieza de cunetas. Llegado el momento de comenzar las obras de saneamiento se tendrá que romper sobre lo construido, pero se trata de medidas paliativas dado que faltan al menos cinco años para que se comience a trabajar en el área.

Según un informe de avance de obra de OSE de septiembre de este año al que pudo acceder El País, el saneamiento de las zonas que se trancaron este invierno, la B1 y C1, lleva terminado el 64% del total. Para la B2 (San José de Carrasco) se hizo en un 50% y para la B3 (Shangrilá) ya se adjudicó la obra a la empresa Abengoa pero no se firmó el contrato. La intendencia obtuvo el financiamiento a través de dos fideicomisos que le suponen una deuda hasta 2036.

Vilaró evita hablar de plazos o fechas concretas de finalización. Dice que es difícil de estimar porque se tienen que cumplir las tres fases del proceso —obtención de financiamiento, licitación, ejecución— para OSE y luego la intendencia. De todas formas hay algunos objetivos planteados de acá a 15 años. Para ello, la Dirección de Obras elaboró un indicador de pavimentos firmes, que mide todas las calles en centros urbanos que tienen algún tipo de pavimentación que no sea tosca. En este momento el indicador señala que se lleva avanzado un 29%, en promedio, para todos los centros urbanos de Canelones. Para 2020 se espera llegar a un 45% y para 2030 a un 80%. Solo la Ciudad de la Costa se ubica hoy en un 35%.

Por otro lado, Vilaró indica que en el último período se aplicaron algunas multas a empresas que trabajan para OSE por impedir que los vecinos salieran de sus hogares y también por daños a las viviendas. Los reclamos, sostiene, han sido puntuales. La comuna creó una página de Facebook, "Canelones en obra" para ir informando a los vecinos de los avances y responder inquietudes.

El director de obra estima que se está avanzando con la pavimentación a un ritmo de un kilómetro por semana, y agrega que se realizará una inversión de US$ 8 millones para comprar nuevas máquinas que permitan arreglar las calles luego de las tormentas. El mantenimiento de lo que ya está construido va en principio por parte de las empresas, que serán responsables durante 24 meses después de la entrega.

En el corazón del proyecto.

En Solymar Norte está ubicada la planta de tratamiento de líquidos residuales de la Costa. La enorme instalación ya procesa lo que llega desde las 300 casas conectadas, así como líquidos provenientes de Pando y de las barométricas de la zona que ahora deben verter los líquidos en la planta. Lo que procesa hoy es una décima parte de lo que se espera que llegue a tratar. El ir y venir de camiones de barométricas es constante. Desde que funciona la planta es obligatorio que lleven los desperdicios allí, en sustitución de un centro de vertido que estaba en Pinar Norte y que, según cuenta el ingeniero técnico de Ciudad de la Costa de OSE, Germán Saralegui, no cumplía con la normativa ambiental.

Hay más de 100 barométricas que vierten en la planta, pero Saralegui estima que serían más si hubiera menos vecinos con pozos negros mal construidos, que filtran el agua sucia a la napa freática. Cada barométrica paga $ 120 pesos por vertido de cada camión, que habitualmente le permite cargar lo que retiró de dos viviendas, dice Saralegui, quien estima que el pago del servicio de saneamiento será tres veces menor a lo que cobra una barométrica, que ronda los $ 1.500.

Con cada paso del proceso que se hace en la planta, el líquido se vuelve más cristalino. Al llegar, los líquidos pasan primero por un proceso de filtrado que quita todos los residuos, desde los más grandes a los más pequeños. Luego se aplican los reactores que eliminan la materia orgánica. El último paso es colocar cloro al agua para luego pasar al emisario, que las vierte a un kilómetro de la costa del Río de la Plata.

Al lado de la planta hay unas pocas viviendas y una fábrica. Los olores que genera le han traído algunas denuncias a OSE, que trabaja para controlarlos. En el perímetro de la planta se pueden ver filas de árboles a medio crecer que, una vez que lleguen a su tamaño máximo, servirán de barrera natural. Producción: Eduardo Barreneche