Informe regional sobre el Plan Cóndor hace duras críticas a las respuestas judiciales de Uruguay
Un informe realizado conjuntamente por el Observatorio
Luz Ibarburu, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile y el
Latin American Centre de la Universidad de Oxford, entre otras
instituciones, realiza una serie de sugerencias para el avance de las
investigaciones judiciales en América del Sur sobre el Plan Cóndor,
entre las que se encuentran la creación de una base de datos regional,
la generación de “circuitos más ágiles de transmisión” de información,
documentación y pruebas, y la conformación de equipos
multidisciplinarios. Los cuestionamientos al funcionamiento del sistema
judicial uruguayo no escasean.
En el informe también participaron la Intendencia de
Montevideo, la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales de la
central sindical uruguaya PIT-CNT, y otros organismos de la región. “Si
en los años 1970 los países de la región se reunieron, a través del
Plan Cóndor, para fomentar una política de coordinación represiva para
cometer delitos, ahora, cuarenta años después, es necesario desarrollar
políticas públicas a nivel regional con el objetivo de reparar e
investigar esos mismos crímenes”, dice el texto, llamado Justicia más allá de las fronteras: los crímenes transnacionales del Plan Cóndor,
y elaborado a partir de dos encuentros celebrados en Chile en diciembre
de 2015 y en Uruguay en junio de 2016. El objetivo de estos encuentros
fue “abordar los obstáculos, legales o fácticos, que demoran o
dificultan la investigación de los crímenes” y, además, pensar “de forma
conjunta estrategias y herramientas a implementarse a nivel regional”.
El informe identifica 23 causas judiciales en el marco de este plan, de las cuales la mayoría (13) han ocurrido en Uruguay. 11 ya concluyeron, tres se encuentran en etapa de juicio y otras nueve en investigación. Hasta el momento se ha condenado a 43 personas, mientras que 77 todavía están siendo juzgadas.
Obstáculos
Entre los obstáculos para llevar adelante las investigaciones del Plan Cóndor, el informe destaca que en algunos países, entre los que menciona a Uruguay, existe una “legislación procesal inadecuada”, con “códigos penales destinados a sancionar delitos comunes”, pero no “delitos sistemáticos”. En ese marco, se cuestiona que “los tipos penales a disposición de los operadores judiciales son insuficientes para englobar acabadamente crímenes de una naturaleza tan compleja”. También se critica el papel que se les da a las víctimas, que “tienen que aportar prueba, pero luego no pueden tener un papel activo en las causas en Uruguay, donde no existe la figura de querellante como en Argentina”.
Otro punto jurídico controvertido de Uruguay es la tipificación de los crímenes, ya que si bien “los delitos de desaparición forzada y de tortura existen en la legislación nacional desde 2006”, la Suprema Corte de Justicia “ha desestimado en todos los casos el pedido de tipificación del crimen de desaparición forzada, utilizando las calificaciones de privación de libertad o de homicidio”, lo que también pone arriba de la mesa el debate acerca de la prescripción de estos delitos.
Entre otras dificultades, también se enumera la “falta de continuidad y comunicación” en las investigaciones, por ejemplo, cuando un nuevo juez asume una causa ya avanzada, lo que “implica en la práctica un reinicio de la investigación”. También mencionan que el “difícil acceso a los archivos”, la dispersión de las pruebas y las “demoras prolongadas en la tramitación de exhortos internacionales” enlentecen las investigaciones. Se habla además de la “falta de especialización y capacitación” de los funcionarios públicos, especialmente en el sistema judicial uruguayo, en el que actualmente no hay “investigadores, ni fiscalías especializadas, sino que son los mismos funcionarios que atienden delitos comunes los que investigan casos de crímenes contra la humanidad”. No obstante, el informe destaca que el Poder Ejecutivo envió una ley para crear una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Pasos a seguir
Finalmente, se realizan tres recomendaciones de políticas públicas para “agilizar la investigación” y también el “juzgamiento de los delitos del Plan Cóndor en el futuro cercano”. Una de ellas es la creación de “equipos multidisciplinarios dedicados a investigar las causas de derechos humanos”, que podrían actuar dentro de los juzgados o de otros operadores judiciales, como las fiscalías. Se sugiere que estos equipos cuenten con historiadores, analistas de archivos, psicólogos, asistentes sociales, antropólogos, médicos forenses y traductores.
También se recomienda “establecer una base de datos o repositorio, a nivel regional”, con información sobre el plan. Esta base de datos contendría “documentos e información probatoria, testimonios e información de los archivos producida en cada Estado que participó” en el Plan Cóndor. La idea es que pueda ser utilizada en los procesos judiciales en curso, para evitar las demoras propias del trámite de los exhortos. El texto incluso cuenta con un anexo en el que se presupuesta esta base de datos, estimando su costo en entre 38.000 y 40.000 dólares.
Por último, el informe propone “generar circuitos más ágiles de transmisión de la información”, con medidas como, por ejemplo, “reducir el tiempo de tramitación de los pedidos de asistencia jurídica internacional vía exhortos”, enmendar los memorandos de entendimiento entre los países para agilizar el intercambio de documentación, y redactar nuevos convenios de cooperación judicial para que jueces y fiscales puedan intercambiar documentación sin tener que recurrir a los exhortos.
El informe identifica 23 causas judiciales en el marco de este plan, de las cuales la mayoría (13) han ocurrido en Uruguay. 11 ya concluyeron, tres se encuentran en etapa de juicio y otras nueve en investigación. Hasta el momento se ha condenado a 43 personas, mientras que 77 todavía están siendo juzgadas.
Obstáculos
Entre los obstáculos para llevar adelante las investigaciones del Plan Cóndor, el informe destaca que en algunos países, entre los que menciona a Uruguay, existe una “legislación procesal inadecuada”, con “códigos penales destinados a sancionar delitos comunes”, pero no “delitos sistemáticos”. En ese marco, se cuestiona que “los tipos penales a disposición de los operadores judiciales son insuficientes para englobar acabadamente crímenes de una naturaleza tan compleja”. También se critica el papel que se les da a las víctimas, que “tienen que aportar prueba, pero luego no pueden tener un papel activo en las causas en Uruguay, donde no existe la figura de querellante como en Argentina”.
Otro punto jurídico controvertido de Uruguay es la tipificación de los crímenes, ya que si bien “los delitos de desaparición forzada y de tortura existen en la legislación nacional desde 2006”, la Suprema Corte de Justicia “ha desestimado en todos los casos el pedido de tipificación del crimen de desaparición forzada, utilizando las calificaciones de privación de libertad o de homicidio”, lo que también pone arriba de la mesa el debate acerca de la prescripción de estos delitos.
Entre otras dificultades, también se enumera la “falta de continuidad y comunicación” en las investigaciones, por ejemplo, cuando un nuevo juez asume una causa ya avanzada, lo que “implica en la práctica un reinicio de la investigación”. También mencionan que el “difícil acceso a los archivos”, la dispersión de las pruebas y las “demoras prolongadas en la tramitación de exhortos internacionales” enlentecen las investigaciones. Se habla además de la “falta de especialización y capacitación” de los funcionarios públicos, especialmente en el sistema judicial uruguayo, en el que actualmente no hay “investigadores, ni fiscalías especializadas, sino que son los mismos funcionarios que atienden delitos comunes los que investigan casos de crímenes contra la humanidad”. No obstante, el informe destaca que el Poder Ejecutivo envió una ley para crear una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Pasos a seguir
Finalmente, se realizan tres recomendaciones de políticas públicas para “agilizar la investigación” y también el “juzgamiento de los delitos del Plan Cóndor en el futuro cercano”. Una de ellas es la creación de “equipos multidisciplinarios dedicados a investigar las causas de derechos humanos”, que podrían actuar dentro de los juzgados o de otros operadores judiciales, como las fiscalías. Se sugiere que estos equipos cuenten con historiadores, analistas de archivos, psicólogos, asistentes sociales, antropólogos, médicos forenses y traductores.
También se recomienda “establecer una base de datos o repositorio, a nivel regional”, con información sobre el plan. Esta base de datos contendría “documentos e información probatoria, testimonios e información de los archivos producida en cada Estado que participó” en el Plan Cóndor. La idea es que pueda ser utilizada en los procesos judiciales en curso, para evitar las demoras propias del trámite de los exhortos. El texto incluso cuenta con un anexo en el que se presupuesta esta base de datos, estimando su costo en entre 38.000 y 40.000 dólares.
Por último, el informe propone “generar circuitos más ágiles de transmisión de la información”, con medidas como, por ejemplo, “reducir el tiempo de tramitación de los pedidos de asistencia jurídica internacional vía exhortos”, enmendar los memorandos de entendimiento entre los países para agilizar el intercambio de documentación, y redactar nuevos convenios de cooperación judicial para que jueces y fiscales puedan intercambiar documentación sin tener que recurrir a los exhortos.
Cuarenta años después, lograr justicia por los delitos transnacionales cometidos en las décadas de 1970 y 1980 por la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor sigue siendo, en gran medida, una cuenta pendiente en América del Sur. Confrontar a los crímenes del pasado es fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos en el futuro, y requiere esfuerzos concertados a nivel regional. Este informe está basado en un estudio sobre la investigación de los crímenes de Plan Cóndor llevado adelante entre el 2013 y el 2016 y, en particular, dos talleres de trabajo en los que participaron académicos/ as, abogados/as, jueces, fiscales, expertos/as en políticas públicas y activistas de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El informe destaca los principales retos y obstáculos que hasta ahora han demorado la investigación de los delitos transnacionales en América del Sur. También se plantean tres propuestas de políticas públicas que se consideran necesarias para poder superar dichas dificultades en toda la región:
- establecer equipos multidisciplinarios dedicados a investigar las violaciones de derechos humanos;
- crearuna base de datos o repositorio, a nivel regional, con información sobre los crímenes de Plan Cóndor;
- generar circuitos más ágiles de transmisión de la información, documentación y pruebas para los juicios penales.
Adjunto en PDF informe completo
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