Boiso Lanza, el lugar mas siniestro

>>> Les pega en el forro

“En este edificio funcionó la sala 8 del Hospital Militar donde estuvieron detenidos y sufrieron tortura u omisión de asistencia militantes políticos y sociales entre 1968 y 1985”, la placa está ubicada en la entrada del centro de salud castrense desde el 28 de octubre. Todo aquel que entre o salga del hospital pasará por allí y la verá.
Ese es el objetivo que tiene la Comisión Especial encargada de dar cumplimiento a la ley de reparación del Estado ante su actuación ilegítima “entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985”, que ya lleva 18 intervenciones.
“Son elementos simbólicos pero extremadamente importantes, porque se busca restablecer la dignidad de las víctimas”, dijo a Búsqueda Nicolás Pons, presidente de la Comisión Especial.
Aunque la norma se promulgó en octubre del 2009, los primeros años se enfocaron en reparaciones económicas y de salud. Así, la primera placa recordatoria se instaló en 2013, en el ex local del sindicato de la construcción y hasta 2015 se habían realizado siete intervenciones.
En 2016 hubo un aumento en el número de homenajes: la comisión colocó 11 placas y tiene previsto instalar otras tres antes de fin de año. “Todas las placas fueron colocadas por solicitud de organizaciones, el Estado no ha colocado ninguna por iniciativa propia, aunque de querer hacerlo puede”, explicó Pons.
Según la ley, “en todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos”.
Muchas de estas placas se han puesto en unidades militares. En varios casos cada intervención contempla la instalación de más de una placa, como sucedió en Río Negro o en el Puerto de Montevideo. En diciembre sucederá lo mismo en Salto con una intervención que colocarán dos, y en Bella Unión donde serán 11 las placas a instalar.
Este viernes se colocará una placa en la base de Boiso Lanza, cuartel general de la Fuerza Aérea, en la que se recordará que allí asesinaron al militante comunista Ubagesner Chaves Sosa.

Contraplacas.

El empuje que desde el Estado se le quiere dar a la ley para que “toda la gente la conozca y recurra a ella” no ha caído del todo bien entre militares en actividad y retirados , según supo Búsqueda.
Luego de la colocación de la placa en el Hospital Militar, una institución emblemática para los oficiales ya que se construyó hace 186 años con aportes militares, empezó a circular en varios grupos de Whatsapp el siguiente mensaje: “Te propongo iniciar una campaña para poner una contraplaca en el HCFFAA (Hospital Militar). Que diga mas o menos así: ‘Aquí en este hospital militar se le salvó la vida a Raúl Sendic Antonaccio y a José Mujica Cordano, entre otros muchos uruguayos. La historia y no la memoria, tiene la palabra’. Es cierto y es democrático. Además, lo dijo Mujica muchas veces. Al menos iniciar la movida con la idea de que no es bueno que a un hospital donde se atienden más de 300.000 personas se lo tilde de omisión de asistencia. Que la gente tenga la oportunidad de saber la otra realidad y elegir.
En todas y cada una de las tatuceras que funcionaron en el país, como así también en la mal llamada ‘cárcel del pueblo´ de J. Paulier, también poner placas testimonio: ´acá, en plena democracia, funcionaron centros clandestinos subversivos, donde se acopió armamento, se secuestró, torturó y asesinó compatriotas en nombre del MLN”.
El mensaje circuló entre varios militares, dijeron a Búsqueda oficiales de las tres armas de las Fuerzas Armadas que lo recibieron.
Entre los retirados, este tipo de actividades generó malestar. El presidente del Centro Militar, Carlos Silva, dijo a Búsqueda que prefería no emitir su opinión aún porque el centro estaba “analizando el tema” para tomar una posición al respecto. “Estamos considerando el tema, especialmente después de lo del Hospital”, dijo Silva.
Consultado al respecto, Pons sostuvo que han tenido “muy buena disposición” de parte de las instituciones militares para llevar adelante estas intervenciones, aunque no desconoce que en algunos casos esto no es bien recibido.“Lo que uno ve son expresiones aisladas a veces en los medios de comunicación o comentarios aislados. También se sucedieron algunos elementos muy puntuales, pero no son una constante”, explicó.
Entre esas situaciones puntuales con las que tuvo que lidiar la Comisión Especial se encuentra el caso del Regimiento Nº 2 de Caballería en Durazno. Allí se previó la instalación de una placa recordatoria del asesinato de Oscar Fernández Mendieta. Cuando se iniciaron los contactos, “el militar a cargo nos dijo que él no iba a permitir la colocación de placa alguna sin la autorización expresa del comandante en jefe”, dijo Pons.
“Así que hubo que hablar con el ministro de Defensa, que hablara con Manini Ríos y que este instruyera al militar a que permitiera la colocación de la placa. Fue una demora, una forma de dilatarlo lo más posible. Estos son casos muy puntuales, pero los hemos tenido”, agregó.

Reparaciones.

La Comisión Especial funciona bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura con representantes de los Ministerios de Economía, Salud y las organizaciones civiles Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crysol.
Es la encargada de aplicar las cuatro formas de reparación que establece la ley. Además de las placas y memoriales, la norma establece que la Comisión “expedirá un documento que acredite la condición de víctima y la responsabilidad institucional que le cabe al haber afectado la dignidad humana”.
Se han entregado 864 documentos, dijo Pons.
Otra reparación es a través del sistema de salud. Para todas las víctimas que lo soliciten, el Estado dará las prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica. Hasta ahora hubo 393 indemnizaciones.
La reparación económica es otro de los aspectos contemplados, e implica pagos que van desde las 200.000 hasta las 500.000 Unidades Indexadas (UI).
En este rubro se emitieron 409 indemnizaciones que totalizan unos U$S 18,4 millones al valor del dólar y la UI actual.