En Montevideo, Amalia Antúnez
“El
primer testimonio que di por este juicio fue en 1999, en la embajada de
Italia en Buenos Aires”, recuerda Jair Krischke, presidente del
Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre (MJDH), cuando
se le pregunta acerca del pedido de cadena perpetua elevado por la
fiscalía italiana contra 27 militares del Cono Sur acusados de la
desaparición forzada de ciudadanos italianos en el marco del Plan
Cóndor.
El año pasado Krischke
fue convocado nuevamente a prestar testimonio en ese juicio y aprovechó
la ocasión para alcanzar una serie de documentos probatorios de la
existencia del Plan Cóndor en el Cono Sur.
Hasta entonces, la justicia italiana no poseía datos concretos de la importancia que tuvo el aparato represor brasileño en esta operación.
“Brasil realizó gestiones mucho antes de la famosa reunión de Santiago de Chile que da origen al Plan Cóndor”, señaló Jair.
La documentación presentada por el dirigente del MJDH evidencia que Brasil contaba con una gran central de inteligencia en la embajada en Montevideo que dirigía los operativos represivos en la región.
“Después de 17 años de trabajo en este juicio, de juntar documentos, testimonios, etcétera, me queda el sabor amargo de saber que uno de los requeridos vive plácidamente en Santana do Livramento, en la frontera entre Brasil y Uruguay”.
Se trata del coronel (r) Pedro Mato Narbondo, que huyó a Brasil y se convirtió en ciudadano brasileño y como tal, porque así lo dispone la Constitución de ese país, no es pasible de extradición.
“Mato Narbondo no puede ser extraditado, pero podría perfectamente ser juzgado en Brasil. En este momento estoy estudiando este caso a la luz del Tratado del Mercosur para ver si hay algo que se pueda hacer”, informó.
Jair se lamenta también porque cuando él realizó la denuncia ante el fiscal italiano del caso, Giancarlo Capaldo, la lista de brasileños implicados era de trece personas, doce militares y un civil.
“De esa lista, quedaron apenas tres, porque el resto murieron todos. El último falleció en junio pasado, era el jefe del DOPS, la policía política, en Rio Grande do Sul”.
De los tres sobrevivientes, “uno ya excede los 90 años de edad. Además los brasileños no figuran entre los 27 por los que el Ministerio Público de Italia ha pedido prisión perpetua”, recuerda.
Hasta entonces, la justicia italiana no poseía datos concretos de la importancia que tuvo el aparato represor brasileño en esta operación.
“Brasil realizó gestiones mucho antes de la famosa reunión de Santiago de Chile que da origen al Plan Cóndor”, señaló Jair.
La documentación presentada por el dirigente del MJDH evidencia que Brasil contaba con una gran central de inteligencia en la embajada en Montevideo que dirigía los operativos represivos en la región.
“Después de 17 años de trabajo en este juicio, de juntar documentos, testimonios, etcétera, me queda el sabor amargo de saber que uno de los requeridos vive plácidamente en Santana do Livramento, en la frontera entre Brasil y Uruguay”.
Se trata del coronel (r) Pedro Mato Narbondo, que huyó a Brasil y se convirtió en ciudadano brasileño y como tal, porque así lo dispone la Constitución de ese país, no es pasible de extradición.
“Mato Narbondo no puede ser extraditado, pero podría perfectamente ser juzgado en Brasil. En este momento estoy estudiando este caso a la luz del Tratado del Mercosur para ver si hay algo que se pueda hacer”, informó.
Jair se lamenta también porque cuando él realizó la denuncia ante el fiscal italiano del caso, Giancarlo Capaldo, la lista de brasileños implicados era de trece personas, doce militares y un civil.
“De esa lista, quedaron apenas tres, porque el resto murieron todos. El último falleció en junio pasado, era el jefe del DOPS, la policía política, en Rio Grande do Sul”.
De los tres sobrevivientes, “uno ya excede los 90 años de edad. Además los brasileños no figuran entre los 27 por los que el Ministerio Público de Italia ha pedido prisión perpetua”, recuerda.
Un proceso largo
Heridas que no cierran
Fueron
demasiados años, mucho tiempo y mucha lucha, y así como los represores
murieron sin ser juzgados; familiares de sus víctimas también han muerto
ignorando el paradero de sus seres queridos y sin la satisfacción de
que estos homicidas fuesen condenados.
“La justicia que tarda se transforma en injusticia – lamenta Jair – y estamos ante un caso así. Sin dudas que esta condena tiene un peso político muy importante porque sienta un presente judicial, pero ya no sirve como un acto de justicia propiamente dicho”.
“Cuando me tocó ir a mediados de este año a la corte de Roma, donde se desarrolla este proceso, noté la frialdad con que es tratado el tema, y hasta me topé con la falta de rigurosidad con que se mueven algunos, desde el abogado de los familiares hasta ciertos intérpretes”.
Jair declaró que afortunadamente la persona encargada de realizar la interpretación de sus declaraciones era un muchacho uruguayo que tenía conocimiento del Plan Cóndor, “pero se dio el caso de una intérprete que creía que este plan tenía que ver con algo económico”, se asombró.
Krischke recordó también algunos tecnicismos a los que tuvo que estar atento para que sus declaraciones no perdieran fuerza y la documentación que llevaba fuera aceptada como prueba.
“Fue muy doloroso para mí ver cómo se desarrolló todo este proceso, y eso que soy apenas un investigador sobre el tema.
Me imagino cómo se habrán sentido los familiares”, finalizó.
“La justicia que tarda se transforma en injusticia – lamenta Jair – y estamos ante un caso así. Sin dudas que esta condena tiene un peso político muy importante porque sienta un presente judicial, pero ya no sirve como un acto de justicia propiamente dicho”.
“Cuando me tocó ir a mediados de este año a la corte de Roma, donde se desarrolla este proceso, noté la frialdad con que es tratado el tema, y hasta me topé con la falta de rigurosidad con que se mueven algunos, desde el abogado de los familiares hasta ciertos intérpretes”.
Jair declaró que afortunadamente la persona encargada de realizar la interpretación de sus declaraciones era un muchacho uruguayo que tenía conocimiento del Plan Cóndor, “pero se dio el caso de una intérprete que creía que este plan tenía que ver con algo económico”, se asombró.
Krischke recordó también algunos tecnicismos a los que tuvo que estar atento para que sus declaraciones no perdieran fuerza y la documentación que llevaba fuera aceptada como prueba.
“Fue muy doloroso para mí ver cómo se desarrolló todo este proceso, y eso que soy apenas un investigador sobre el tema.
Me imagino cómo se habrán sentido los familiares”, finalizó.
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