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El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, reveló ayer en el Senado que el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección de Inteligencia Estratégica le aseguraron que no hubo espionaje en años de democracia a partidos políticos, jueces, periodistas y otras autoridades, tema que investigará Diputados a propuesta del Frente Amplio.

"Las autoridades han respondido que institucionalmente no se han realizado actividades de esas características y que no existen en las fuerzas archivos al respecto", indicó el ministro brevemente en sala.

Cuarenta y ocho horas antes de que el plenario de la Cámara de Diputados aprobara la instalación de una comisión investigadora parlamentaria sobre actividades de espionaje militar en democracia (véase recuadro), los mandos del Ejército hicieron la primera movida en el tablero, reveladora de la actitud que asumirán en los próximos 180 días en que se desplegará la indagatoria parlamentaria. Consecuentes con una línea histórica, los mandos han optado por negar la evidencia y encubrir el espionaje.
El mensaje fue trasmitido por el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en ocasión de la convocatoria del Senado a Comisión General para abordar la situación general de las Fuerzas Armadas. En la ocasión, el ministro aclaró que no bien habían surgido las primeras denuncias periodísticas había consultado a los mandos sobre prácticas de espionaje a organizaciones políticas y sociales por parte de la inteligencia militar. Los mandos le informaron que desde la reinstalación de la democracia en 1985 tales prácticas fueron eliminadas. En la sesión del Senado del martes 22, el ministro detalló la respuesta de sus subordinados agregando nuevos elementos. Dijo que el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección de Inteligencia Estratégica le aseguraron que no hubo espionaje en años de democracia a partidos políticos, jueces, periodistas ni otras autoridades.
El desmentido sobre la existencia de espionaje de inteligencia en democracia (espionaje que surgió de los informes de dos peritos a una jueza penal al relevarse el contenido de la documentación incautada en el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni) ya había sido adelantado por el ministro a los integrantes de la bancada del Frente Amplio que impulsaban la creación de la comisión investigadora.
Pero en el Senado el ministro Menéndez agregó otro elemento: “Las autoridades han respondido que institucionalmente no se han realizado actividades de esas características y que no existen en las fuerzas archivos al respecto”. El ministro se encargó de enfatizar que la afirmación sobre la no existencia de documentos era parte de la respuesta que había recibido; y además subrayó el carácter sugerente del adverbio “institucionalmente”, que abre una puerta lateral para considerar que la documentación incautada en el domicilio de Castiglioni era producto de una actividad “privada”.
La respuesta de los mandos al ministro juega con una ambigüedad que puede convertirse en un tiro por la culata. El ministro aparentemente debe atenerse a lo informado por sus subordinados, pero eventualmente podrá enfrentarse a una situación delicada, muy parecida a la mentira que unos generales hicieron llegar al presidente Tabaré Vázquez sobre la ubicación de restos de desaparecidos. Menéndez ya tiene sus dolores de cabeza con los “libretazos” del comandante de la Armada, el último de los cuales se refiere a la intimación y amenaza contra La Diaria por el contenido de un artícu-
lo de humor. La iniciativa del comandante Leonardo Alonso de enviar una carta al matutino amenazando con denuncias judiciales no fue avalada por el ministro ni por el presidente Tabaré Vázquez, quien en su primera presidencia contó con Alonso como edecán militar.
Ahora, la respuesta del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Eduardo Pintos, y del director de la Inteligencia Estratégica Militar, coronel Juan José Pomoli, puede ser mucho más temeraria, entre otras cosas porque la comisión investigadora puede llegar a la conclusión, a poco que camine, de que sí hay, “institucionalmente”, documentación oficial sobre espionaje militar a políticos, sindicalistas, activistas de derechos humanos, legisladores y magistrados.

 La pretensión de que el material en poder de Castiglioni fue elaborado por una estructura “privada” de inteligencia no resiste el mínimo análisis y caerá por su propio peso cuando los historiadores Isabel Wschebor y Álvaro Rico testimonien ante la comisión investigadora que entre los documentos relevados a pedido de una jueza penal había muchos con visos de ser copias de originales de inteligencia militar.
Confirmar la procedencia de esa documentación incautada implicará acceder a los archivos de la inteligencia militar para verificar la existencia de documentos sobre espionaje que el general Pintos y el coronel Pomoli dicen que no existen.
A los efectos de ayudar a la búsqueda, Brecha puede proporcionar algunas pistas. En 2006, la entonces ministra de Defensa, Azucena, Berrutti, procedió “institucionalmente” a ordenar el lacrado de un armario metálico, en dependencias de una unidad de inteligencia militar en la calle Eduardo Víctor Haedo, que contenía rollos microfilmados. Esos rollos fueron “institucionalmente” digitalizados; la digitalización, en dos discos duros y en 51 Dvd, fue “institucionalmente” entregada al ministro de Defensa Nacional dos años después de la incautación, y dos juegos de copias fueron “institucionalmente” entregadas a la Presidencia de la República y al Archivo General de la Nación.
En ese archivo –que bien podría calificarse como “archivo Berrutti”, en honor a su descubridora– hay una inconmensurable información sobre un amplio abanico de actividades militares, que abarca un extenso lapso desde los años previos al golpe de Estado hasta el año 2005. En esos rollos hay fichas de detenidos, actas de interrogatorios, ficheros de partidos políticos, fichas correspondientes al fichero general del Servicio de Información de Defensa (Sid), ficheros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa), constancias de habilitación para cargos públicos, índice alfabético de delegados de mesa y candidatos de partidos políticos, fichas sobre personal del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de Sanidad Militar, listado de actas de reclusas, carpetas de detenidos, trámites relacionados con pasaportes, documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii), fichas de abogados defensores de sediciosos, ficheros de jefaturas de policía del Interior, documentos del Departamento II (exterior) de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid), documentación del Esmaco, documentación relacionada con el Conae, Primaria, Secundaria y Utu, fichas de procesados por la justicia militar, fichero general de la Dgid, documentación relacionada con el narcotráfico y, finalmente, documentación no detallada, año a año, hasta fines de 1999.
Pero en lo que refiere al interés específico de la comisión investigadora, y particularmente a la afirmación de los mandos sobre la inexistencia de documentos, merece detallarse la lista de los rollos incautados por la doctora Berrutti que refieren, específicamente, a “informes y documentos proporcionados por informantes del Departamento III de la Dgid”. En los rollos numerados del 148 al 155 hay material de espionaje correspondiente al año 1987; los rollos 780, 854, 858, 902 y 918 refieren a informes de espías e infiltrados del año 1989; los rollos 994, 1020 y 1060 corresponden a 1991; el rollo 1077 es de 1992; los rollos 1214, 1216, 1278, 1295, 1298, 1302, 1305, 1307, 1311 y 1317 contienen informes del año 1993; los rollos 1323 y 1326, del año 1994; el rollo 1423 corresponde al año 1995; el rollo 1540, al año 1996; el rollo 1649, al año 1997; los rollos 1712 y 1713 corresponden al año 1998; y finalmente tres rollos (números 1856,1857 y 1858) corresponden al año 2005.
Todas esas microfilmaciones confirman el papel jugado por la estructura oficial de inteligencia militar en el espionaje. Pueden ser fácilmente consultados en el Archivo General de la Nación, en primer lugar por el propio director de Inteligencia Estratégica, para despejar la ambigüedad sobre la afirmación de no existencia de documentos. Por si ocurre alguna dificultad para ubicar esos informes de espías e infiltrados, los mandos pueden consultar –y eventualmente interrogar– a algunos oficiales cuyos nombres aparecen en informes de los espías. Por ejemplo: el documento número 1861, en el rollo 902, que informa sobre una oferta de venta de armas a Irán, contiene una anotación a mano, del oficial de inteligencia, que recomienda “preguntarle al capitán Francia”, del arma de Ingenieros. El coronel Ruggiero es citado en el documento número 295 del rollo 858, respecto de acciones de espionaje a diversos periodistas; y el teniente coronel Bonavoglia aparece como referencia a propósito de un informe sobre reuniones en la parroquia San Antonio. Y también, a efectos de confirmar el carácter institucional de ese espionaje, pueden consultarse los archivos de los otros departamentos de la Dirección General de Información del Estado –el Departamento I, el Departamento II y el Departamento de Contrainteligencia– que habitualmente recibían copias del Departamento II (Operaciones) de los informes de los infiltrados, como aquel –consignado en el documento 1788 del rollo 902– que daba indicaciones para espiar a los periodistas Ariel Hernández, Pedro Cribari y Omar Prego.
La reacción inicial de los mandos negando lo evidente obedece a una práctica reiterada que obliga a regresar una y otra vez al punto de partida, para impedir cualquier erosión de la autonomía que las Fuerzas Armadas edificaron a lo largo del tiempo. La táctica se aplica a cualquier esfera, sean los privilegios o la impunidad. Con ello, y una buena dosis de cinismo, retrasan el momento de dar cuenta de lo que hicieron y de lo que hacen.
A juzgar por la experiencia, es una táctica que da resultados. En este caso habrá que demostrar primero que hubo espionaje, para recién después establecer cuáles eran los móviles y los objetivos, qué se perseguía cuando se espiaba.
La Comisión Investigadora tiene una dura tarea por delante.

Amado denunció amenazas

“No gasten pólvora en chimangos”

Por Lourdes Rodríguez
La reafirmación ante el conjunto de sus colegas de que nada ni nadie doblegará su voluntad política, formulada por el diputado colorado Fernando Amado, tenía una justificación evidente: una ciudadana de apellido Castiglioni, presumiblemente familiar del coronel Elmar Castiglioni, en cuyo domicilio se incautaron documentos de inteligencia militar, lo amenazó con revelar secretos en el caso de que apoyara la formación de una comisión investigadora parlamentaria sobre espionaje militar.
Amado recibió insultos (“rata inmunda”, “gusano arrastrado”) y amenazas contra él y su familia el mismo día en que pronunció públicamente en El País sus apreciaciones sobre los alcances del archivo (“se trata de una insubordinación de los militares al poder civil”). Afirmó que no es la primera vez que recibe este tipo de mensajes intimidatorios (citó sin dar detalles los que recibe de “la hija de un connotado torturador”), pero que los de esta ocasión buscaban extorsionarlo para que no respaldara la conformación de la investigadora.
Además del apellido de la mujer que lo coaccionó, el legislador identificó que se trata de una persona que “se dice colorada”, pero que su cercanía a “alguna gente” del Partido Colorado le resulta muy evidente: “En el partido que yo me proyecto, esta clase de gente no tiene espacio ni tolerancia alguna. Me voy a encargar de erradicar a los inescrupulosos fascistas con el único fin de defender la democracia”.
Se puso a disposición de este ámbito (aprobado por unanimidad) y argumentó: “Este es el modus operandi clásico de este tipo de personas antidemocráticas que lo que buscan es tener información para después intentar chantajear y lograr determinadas cosas. Entender esto es entender la importancia de este tema”. Entre las razones de su revelación, Amado mencionó su intención de enviar “un mensaje muy contundente a todos los clubes de fachos, de enemigos de la democracia, de conspiradores, de torturadores, de espías y de un largo etcétera”. En esa dirección afirmó: “No gasten pólvora en chimangos, este legislador no tiene nada que ocultar y mucho menos va a ceder un milímetro ante sus cobardes amenazas. Se equivocan feo”.
Luego de su intervención recibió algunos gestos solidarios de integrantes de su bancada, pero también de varios de sus pares oficialistas, quienes se acercaron hasta su banca para demostrar el apoyo (Óscar Groba, del Espacio 609, Luis Puig, del Pvp, Jorge Pozzi, de Nuevo Espacio, Gerardo Núñez del Pcu).