* Por Michael Boussard, víctima del abuso policial de Maldonado.
Yo vivo en Montevideo; había ido a Maldonado para encontrarme con mi compañera. El viernes me levanté en la casa de ella y al mediodía fue a buscarme un amigo en una moto que le habían prestado. Estábamos yendo para el barrio Kennedy, donde vive su madre, y nos empezó a seguir un móvil de la policía nacional. Como nos quiso chocar, nos asustamos y no frenamos. Cuando salimos a la ruta, nos chocó otro patrullero de frente; yo salí volando y mi compañero se estrelló contra el parabrisas: se fracturó la cadera, las piernas y se quebró tres vértebras. Tiene riesgos de quedar parapléjico, según informan los médicos.
Antes de que me pudiera levantar del suelo, después de que nos atropellaran, varios policías se acercaron y lo primero que hicieron fue pisarme la cabeza. Mientras nos insultaban, giro para ver a mi compañero y observo que un uniformado le estaba pisando el rostro, amenazándolo: “De esta cara no te vas a olvidar más”. Después de diez minutos recibiendo insultos y golpes en el piso, nos subieron a dos ambulancias separadas, con custodia policial dentro del vehículo. Cuando llegamos al Hospital de Maldonado, nos esposaron a las camillas. Dos policías estaban dentro de la sala, impidiendo que nuestras familias nos vieran. Nos tuvieron ocho horas incomunicados y detenidos en el hospital, sin darnos un vaso de agua, siquiera.
Nos acusaban sin pruebas por un delito que no cometimos. Mi compañero es menor de edad y tampoco les importó. Instalaron una versión en los medios, que decía que yo recién salía de la cárcel; es mentira, jamás entré a una comisaría, no tengo antecedentes.
Cerca de las 21hs nos avisaron que habían llamado de la Fiscalía, que estábamos en libertad; nos sacaron las esposas y se fueron, como si nada hubiera pasado. Mi hermana estaba esperándome ahí porque una persona del barrio le había contado lo sucedido; ni desde la policía ni desde el hospital les avisaron a nuestras familias que estábamos internados y detenidos. Tuve miedo hasta que me subí al ómnibus para volver a Montevideo. De hecho, me desmayé cuando llegué a Tres Cruces.
Necesitamos que se haga justicia y que se controle a la policía; quienes vivimos en barrios populares sufrimos todos los días la estigmatización, la discriminación y la violencia de las fuerzas de seguridad. A mi amigo lo trasladaron a Montevideo, todavía está internado, con la cara desfigurada por los golpes y el cuerpo quebrado por cómo nos chocaron; nos podrían haber matado. Está angustiado, llora de dolor y de bronca porque es injusto que nos traten así.
Elijo denunciar esta situación para que no la sufran otros gurises:
los Derechos Humanos se defienden o se violan, no hay grises.
4 julio 2019
>>> Otro caso y van... por ser negro
Efectivos de la Seccional 2º de San Carlos, Maldonado, se encuentran implicados en un caso recientemente denunciado por la familia de un joven, y difundido por la diputada Susana Andrade quien elevó una carta a Mario Layera,director de la Policía Nacional. El caso se dio a conocer luego de que familiares de la víctima, indignados ante la situación, hicieran público el infortunio mediante las redes sociales. Según denunciaron, los agentes acusados asediaban a este joven sin motivos por lo cual suponen que la razón del acoso es el color de su piel. Actualmente, el joven está con prisión domiciliaria nocturna, y un medio de prensa local difundió una versión policial que afecta su ánimo y reputación. El entorno de Rafael lo describe como «un hombre de familia, trabajador, pacífico, buen vecino, y todo lo que se puede esperar de una persona de bien».
De acuerdo a la versión de la diputada Andrade, la suegra del detenido acudió a ella y redactó una carta que relata los hechos denunciados. La situación que expresa el documento, comienza con la detención en la esquina de la casa del chico, que se encontraba junto a una amigo, donde es reducido brutalmente en un confuso episodio, por más de siete agentes, que según el parte médico le dejó graves daños a la víctima.
El procedimiento, y las posibles irregularidades, están en manos de la Justicia con abogada de oficio. Los efectivos se negaron a identificarse y a dar datos de los vehículos. La denuncia se centra en la gravedad que implica el ensañamiento y discriminación racial hacia la víctima, no solo en el momento de someterlo sino luego de detenido. A entender de la diputada, se trata de «una clara situación de violencia física, verbal y moral en razón del color de su piel, hechos que podrían configurar delitos de odio en nuestro derecho penal y de acuerdo a legislación internacional en la materia» La carta que relató la suegra del imputado, difundida en las redes sociales,describe los hechos asegurando que desde que se lo llevan comienza la violencia psicológica, llamándolo «negro»en varias ocasiones.
Asimismo, cuenta algunas de las cosas que le dijeron a la víctima y que hablaban entre ellos cuando estaban en el calabazo: «Vos podes decir lo que quieras, entre nosotros nos cubrimos. A mí me gusta pegarle a los negros, trabajé en el Vilardebó y había como tres negros que estaban grandes así como vos y son los que más me gusta pegar. Pero fuimos bobos tendríamos que haberte llevado calentito para que no se noten las marcas”.
La diputada Andrade solicitó a Layera que se le otorguen los nombres, apellidos y rangos de los efectivos actuantes y datos de los vehículos al parecer dos camionetas, una moto y más de 7 u 8 policías entre mujeres y hombres, e informes forenses del detenido.
«Comprenderán que esto es gravísimo” dijo Andrade. “Muchas veces los delitos de odio se disfrazan de diversas maneras para cubrirse de impunidad y es responsabilidad comunitaria no permitir su normalización con la complicidad del silencio. Es tarea de la Policía perseguir a los delincuentes -como a los racistas- y no a la gente de bien. Casi la única herramienta que tenemos contra el racismo cotidiano es la denuncia social, ya que continuamente queda escondido dentro de otros hechos desgraciados. Más allá del desacato o no la justicia dirá, no podemos dejar pasar situaciones de discriminación y violencia étnico racial y menos cuando se comenten de arma y uniforme involucrando inevitablemente a la institución que representan, e instaurando una especie de terrorismo ciudadano propio de tristes épocas de violaciones a derechos humanos consuetudinarias e impunes, que seguramente no queremos repetir en democracia», expresó la diputada. ¿Quién es Rafael?
«Rafael es un joven afrodescendiente y vino a Uruguay con su mamá uruguaya que estaba exiliada en Holanda en tiempo de dictadura», cuenta su suegra en su descargo en las redes. «Este muchacho fue discriminado desde chico, en la escuela por su color de piel y el idioma. Mi yerno un muchacho que trabaja en un sanatorio de Maldonado hace cinco años. Buena persona, buen compañero, amigo y padre. El sábado es detenido a menos de diez metros de su casa junto con su amigo por funcionarios policiales. Es un muchacho educado pero de color y esto parece que a la policía no le gusta», agrega.
«Cuando salgo me encuentro con mi hija, mamá a Rafa lo tienen tirado en el piso, se levantó y les dijo ustedes no me pueden hacer esto. Yo nerviosa repetía y les decía que era abuso de poder! Nuevamente lo volvieron a tirar y todos los policías se le tiraron encima y el gritaba esperen me están lastimando, lo esposaron, lo golpearon, insultaron, le tiraban la cabeza para atrás, le tiraban de los brazos esposado para arriba, le engancharon los dedos y se los torcían para atrás, el intenta darse vuelta y le pisaron en la ingle y testículos. Fue horrible cómo actuaban con total impunidad. En ese momento pasaba una pareja de vecinos y la señora gritó es Rafa!suéltenlo y ellos le dijeron váyase. Aclaro que es un buen muchacho y no está metido en absolutamente nada raro. Después de todo esto se lo llevan por desacato y tengo vídeos que comprueban que en ningún momento se desacató, se movía porque lo golpeaban»
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