Por Sergio Sommaruga
Por la mega-causa de corrupción de “Odebrecht” y el pago de “coimas” millonarias, solo hay dos políticos uruguayos involucrados a nivel internacional.
Uno es “Bettingo” Sanguinetti, hermano del expresidente colorado Julio María Sanguinetti.
Recientemente la justicia de Colombia hizo un pedido de captura internacional en su contra, según informó la prensa de ese país.
El otro uruguayo implicado es el abogado Pablo Correa, recientemente procesado en Argentina por esta causa.
Este abogado integró las filas del partido nacional. Incluso fue el abogado de ese partido que patrocinó las denuncias contra Ancap por supuestos actos de corrupción.
Paradójicamente el que terminó procesado por corrupto en Argentina, fue el.
Llamativamente poco se supo de esto en los medios de comunicación.
Llama más la atención que programas como “santo y seña” que según su propio eslogan se dedican a “que todo se sepa”, no hayan dedicado un solo minuto a este tema. Claro, están muy ocupados en generar mantos de sospecha sobre las organizaciones obreras. Seguramente lo hacen por pura objetividad y nada de ideología.
La misma objetividad y neutralidad ideológica que los llevo a no enterarse de los políticos uruguayos implicados en esta red de corrupción internacional.
Por mi convicción ética y política siempre sospecho de los que se envalentonan con los humildes y se agachan con los poderosos.
De esos, nunca espero nada bueno ni leal.
>>> "Bettingo" Sanguinetti fue "clave" en el esquema de corrupción de Odebrecht
>>> Coimas en ANCAP
Junto al abogado Carlos Dentone y el
contador Martín Molinelo, fue también procesado el letrado Pablo
Correa, exabogado del Partido Nacional en el caso ANCAP.
El juez argentino Sebastián Casanello
procesó a los tres profesionales uruguayos por entenderlos vinculados a
la red de sobornos que pagó la contratista Odebrecht en Argentina y la
corrupción de exjerarcas durante los gobiernos kirchneristas.
Por este caso, según se informó, ya
habían sido encausados el ex ministro de Planificación, Julio De Vido,
su delfín Roberto Baratta, y José López, el famoso hombre de los bolsos
de dinero en un convento en Buenos Aires.
La Justicia argentina procesó también al
lobista Jorge "Corcho" Rodríguez, a quien acusa de utilizar a la
empresa off shore uruguaya Sabrimol Trading, a través de las cuales se
habrían cobrado comisiones millonarias.
Los representantes uruguayos de esta
firma fueron procesados por Casanello como partícipes secundarios de los
sobornos, por proporcionar la ingeniería jurídica y contable que
sostenía el funcionamiento de esa firma off shore que fue calificada por
el juez como una caja negra donde ingresaban los sobornos de Odebrecht,
de acuerdo a Subrayado.
Según informó Clarín, los pagos
se realizaban con cheques de la empresa uruguaya y se cambiaban en
diversas casas de cambio y agencias financieras para evitar la
trazabilidad del dinero sucio. La sospecha del juez es que esos dineros
llegaban a los funcionarios kirchneristas.
Clarín dice que Odebrecht habría pagado
coimas para adjudicarse entre otras obras dos plantas potabilizadoras de
agua. En la investigación, "Corcho" Rodríguez quedó señalado como
facilitador de los pagos y de hecho se detectaron transferencias a sus
contadores en Uruguay por más de 11 millones de dólares.
Odebrecht admitió en diciembre de 2016
haber pagado en el país alrededor de 35 millones de dólares en concepto
de sobornos durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
(2007-2015), y actualmente es investigada en dos expedientes más: la
concesión a Odebrecht de un proyecto de ampliación de gasoductos
(2006-2008) y la ampliación del ferrocarril Sarmiento licitada en 2006.
>>> El suicidio de Alan García
El exmandatario, que se suicidó de un disparo el pasado mes antes de ser arrestado en su casa de Lima por su vínculo con Odebrecht, aterrizó en el radar de los investigadores en 2017. Fue entonces cuando EL PAÍS desveló que un alto cargo de su segundo gobierno (2006-2011), el exvicepresidente de la compañía estatal Petróleos del Perú Faresh Miguel Atala Herrera, manejó un depósito en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y que lo hizo a través de una misteriosa sociedad creada en Panamá, Ammarin Investment.
Para entender la historia hay que viajar a 10.000 kilómetros de Lima. Flanqueado por montañas, Andorra es un país de 77.000 habitantes que goza de un singular atractivo para las fortunas internacionales: La garantía de un Estado al suroeste de Europa y el secreto bancario que blindó sus cuentas hasta 2015.
Es precisamente Betingo –según los investigadores- el empleado de la BPA que consigue que Odebrecht, la mayor constructora de América -168.000 empleados y tentáculos en 28 países- desembarque como cliente en el banco andorrano. La compañía decide usar la institución financiera para los manejos de su Departamento de Operaciones, una oscura unidad de negocios especializada en comprar voluntades. La BPA se convierte así en pieza de un mecanismo off shore por donde circulan sobornos millonarios que acaban en el bolsillo de políticos, presidentes y altos funcionarios de 12 países de Latinoamérica. El entramado se conecta con una maraña de testaferros y bancos con China, Alemania, Bahamas y Suiza.
Entre los responsables a los que Odebrecht agasaja a través de Andorra figura Miguel Atala Herrera. La relación entre el que fuera número dos de Petróleos del Perú entre 2008 y 2011 y el banco arranca 15 meses después de que el expresidente inicie su segundo mandato.
Las tretas del 'número dos' de Petróleos del Perú
En el Know Your Customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado donde los aspirantes a abrir una cuenta deben explicar el origen de los fondos, Atala Herrera se presenta como un empresario inmobiliario con intereses en los sectores agrícola y textil. Anuncia un primer ingreso de un millón de dólares (900.000 euros) y comunica que prevé colocar hasta 10 (8,6 millones de euros) en los meses sucesivos. Justifica sin entrar en detalles que el dinero procede de “una operación de inversores brasileños”.La BPA abre la cuenta al alto cargo de García. Alala Herrera aparece en el depósito con su hijo Samir Atala Nemi, de 41 años. Poco importa la vaguedad de sus justificaciones. Tampoco parece pesar demasiado que Atala Herrera aparezca en las bases que maneja la entidad como una Persona Políticamente Expuesta (PEP). Una etiqueta para identificar a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.
El nombre de Atala Herrera suena como una bomba en Perú. La publicación de este periódico de su cuenta en Andorra desata un tsunami. Su abogada andorrana envía una carta a EL PAÍS para arremeter contra la información.
Pero ya es tarde. La revelación planea en los cenáculos políticos. Y vira el foco de los investigadores hacia Alan García, que desde 2017 estaba siendo investigado por la Fiscalía peruana por un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con la adjudicación de la obra de la Línea 1 del Metro de Lima, donde participó Odebrecht.
El siguiente capítulo es la confesión. Tras ser arrestado el pasado abril, Atala Herrera admite a los investigadores que sus fondos en Andorra pertenecen a García, como reveló IDL Reporteros. Una acusación, la de testaferro, que mantiene también el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata. Sostuvo este último que la constructora destinó fondos a la campaña de García de 2006. Un hito conectado supuestamente con una misteriosa cuenta en un país al suroeste de Europa.
>>> Video inédito
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