Algo no huele bien

Samuel Blixen
12 julio, 2019

Ministerio de Defensa investiga quema de archivos militares y el posible vínculo con el juicio de Roma.

Documento escrito por Jorge Tróccoli sobre su relación con los oficiales argentinos de la Esma / Foto: archivo Fusna


La destrucción de documentos y su quema y un allanamiento militar de la oficina donde trabaja personal del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia en la sede de la Armada Nacional coincidieron con el inicio de la última etapa de la apelación en tribunales de Roma que culminó con la condena perpetua de 13 militares uruguayos. La amistad con Alfredo Astiz, el “ángel de la muerte”, y las felicitaciones que recibió del genocida Luis D’Imperio, jefe de la Esma, fueron pruebas decisivas para condenar a Jorge Tróccoli.

Trece militares uruguayos fueron sentenciados por la Corte de Apelaciones de Roma a condena perpetua por la comisión de desapariciones forzadas y homicidios en el marco del Plan Cóndor de víctimas de doble ciudadanía, uruguaya e italiana. De los 13, sólo uno, el capitán de navío (r) Jorge Tróccoli, está a tiro de la justicia italiana para cumplir la pena de por vida (los demás cumplen condena en Uruguay, están muertos o prófugos). Y este desenlace cierra una saga de hechos inconcebibles que comenzó cuando Tróccoli se escapó de Uruguay, en setiembre de 2007, ante un requerimiento de la justicia. Ubicado meses después en Italia, eludió la extradición porque una “mano amiga” adulteró las fechas del expediente italiano para aducir que habían expirado los plazos de los trámites administrativos. Fue nuevamente enjuiciado por los crímenes del Cóndor, pero sólo permaneció en la cárcel durante tres meses hasta que fue absuelto porque el abogado defensor contratado por el Estado uruguayo no se tomó la molestia de autenticar los documentos probatorios. Y ahora esa saga culmina cuando, en apelación, otros jueces invirtieron drásticamente la sentencia en primera instancia y dictaron una pena durísima, que en Uruguay fue saludada por familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y, en primer lugar, el propio gobierno, que la ha convertido en una prueba irrefutable de su compromiso político con el tema.

Tróccoli se propone jugar una última carta, apelando a la instancia de casación, con el único argumento posible: que la Corte de Apelaciones cometió vicios formales que anulan la sentencia. Esta movida en la Corte de Roma tiene su correlato en la Segunda División del Estado Mayor de la Armada Nacional (N‑2), en el puerto de Montevideo. Desde fines de mayo, cuando tomó impulso la etapa decisiva de la apelación en Roma, tuvieron lugar extraños episodios relacionados con el capitán de navío Tróccoli. Dichos acontecimientos fueron debidamente denunciados al ministro de Defensa, José Bayardi, quien los confirmó a Brecha.

El primer episodio de la denuncia escrita que recibió el ministro de Defensa tiene que ver con la presencia en el archivo de la Inteligencia Naval de oficiales ajenos a ese departamento. Dichos oficiales trabajaron días en ese archivo, que contiene la documentación del N‑2. Tróccoli fue jefe de inteligencia del Fusna (S‑2) en 1978. Tras la presencia de los oficiales en el archivo, se pudo comprobar el trasiego de unas bolsas de residuos negras, que contenían papel triturado y fueron quemadas. Aunque se desconoce el tipo de material que fue quemado, existen distintas ordenanzas que obligan a identificar los documentos que son destruidos.

En la sucesión de hechos, aproximadamente una semana después de la quema, oficiales de la unidad reclamaron a los funcionarios del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), encargados de la digitalización de la documentación del archivo Fusna, la entrega de las carpetas referidas al capitán de navío Tróccoli, que estaban en préstamo en la oficina de trabajo para el procesamiento de la información. Dichas carpetas contenían la documentación sobre Tróccoli que el abogado Andrea Speranzoni (que representó a los familiares de las víctimas en la etapa de apelación, y al Estado uruguayo en la parte civil) utilizó en la apelación en Roma y había obtenido en 2018 durante su visita al país en busca de pruebas.

Finalmente, el 19 de junio, esa oficina, donde trabaja el personal del Gtvj en el edificio de la Armada, fue objeto de una requisa o allanamiento por parte de los oficiales, que no comprobó ninguna irregularidad, según explicó un jerarca, aunque no se sabe qué era lo que se buscaba. La denuncia que recibió Bayardi contiene todos los detalles de los acontecimientos. En una conversación telefónica, el ministro informó a Brecha: “No bien recibí la comunicación por parte de Michelini (Felipe, coordinador del Gtvj), ordené una investigación de urgencia. A las 72 horas recibí un primer informe y solicité una ampliación. El resultado de esa investigación será entregada mañana (por ayer, jueves) al doctor Michelini”. Sobre las implicancias de los hechos denunciados, el ministro dijo a este semanario que las explicaciones contenidas en los informes “son razonables”, aunque no dio detalles.

Pueden existir explicaciones varias a propósito del interés mostrado por los jerarcas del Estado Mayor de la Armada sobre la documentación referida a Tróccoli, precisamente en momentos en que se ponía en marcha la fase final del juicio apelatorio en Roma. De hecho, la documentación que obtuvo el abogado Speranzoni en el Fusna tuvo precisamente valor probatorio, como explicó el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma (véase recuadro), porque fueron debidamente autenticados y protocolizados.

Muchos de esos documentos ya eran conocidos y otros fueron producto del trabajo que realizaron los funcionarios del Gtvj en el archivo del Fusna. Por ejemplo, Brecha difundió el 6 de setiembre de 2018 las calificaciones de oficiales de la Armada Argentina sobre el desempeño de Tróccoli en operaciones de inteligencia realizadas en Argentina, calificaciones que fueron incorporadas al legajo del capitán de navío. Ese legajo estaba incorporado al expediente judicial que implicaba a Tróccoli en sesiones de tortura contra prisioneros entre 1976 y 1977, pero la documentación fue rechazada por el tribunal de Roma, porque el abogado Fabio Galiani, contratado por el entonces canciller Luis Almagro, no protocolizó los documentos y tampoco les dio la debida importancia.

El legajo de Tróccoli consigna en la foja 106A: “Apoyado en claros principios y en muy buenos conocimientos doctrinario ideológicos del enemigo, (Tróccoli) desarrolló con marcado acierto tareas en el área de inteligencia y de operaciones de inteligencia. (Copia textual de los conceptos vertidos por el capitán de corbeta D’Imperio)”. Luis D’Imperio fue, junto con Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, responsable del grupo de Tareas en la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). También fue responsable de miles de torturados, desaparecidos y asesinados, principalmente Montoneros, y con el alias Abdala (como consta en un recibo ubicado en los Archivo del Terror de Paraguay) fue el piloto del avión de la Armada argentina que trasladó desde Asunción a Buenos Aires a los desaparecidos uruguayos Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde.

Ese relacionamiento con oficiales de la Esma, desde 1976 hasta 1979, facilitó a Tróccoli los criterios para la instalación en el Fusna de La Computadora, una estructura que, a semejanza de La Pecera, de la Esma, utilizaba prisioneros colaboradores para analizar la veracidad de la información de otros prisioneros, arrancada bajo tortura. Uno de esos colaboradores admitió haber almorzado con Tróccoli y oficiales argentinos en el casino de la Esma. Pero esta información, contenida en los informes entregados por la Armada al presidente Tabaré Vázquez en 2005, tampoco fue utilizada por el abogado Galiani en el juicio de Roma.

En cambio, el abogado Speranzoni explotó con acierto la documentación que obtuvo en el Fusna y la Esma. Esos documentos no sólo confirman la presencia de Tróccoli en la Esma y su relacionamiento con terroristas de Estado argentinos, sino que también, fundamentalmente, implican una confesión de Tróccoli de que el Fusna realizó operativos en Argentina.

Uno de los documentos presentados por Speranzoni a la Corte (y que Brecha obtuvo en Roma de fuentes vinculadas a la apelación) es un manuscrito en el que hace una evaluación del capitán de fragata Astiz, conocido como “el ángel rubio de la muerte”, quien, infiltrado, les daba un beso en la mejilla a aquellas madres de Plaza de Mayo para señalarlas como blanco de la represión de sus compañeros de la Esma. Tróccoli, quien aseguraba conocerlo íntimamente, evaluó a Astiz cuando este fue hecho prisionero del ejército británico en las islas Georgia durante la Guerra de las Malvinas. “Lo conozco perfectamente – escribió Tróccoli–. No creo que pueda decir algo que pueda afectarnos demasiado.” El temor de los jefes del Fusna estaba justificado: “Por su trayectoria, antigüedad en la Esma y grado de confianza que se le tiene (fue uno de los condecorados por su actuación en la lucha contra subversiva), estuvo al tanto de todas las operaciones de la Esma, ya sea por haber participado o porque se lo comentaban”. Y lo más importante: “Conoce las operaciones nuestras allá (en Argentina) y las de ellos acá (en Uruguay), aunque creo que aquí no operó”. Tróccoli arriesga una opinión: “Por su forma de ser, lo más probable es que no hable nada, o bien que los desinforme y les haga dar (a los británicos) un paso en falso”.

El texto confirma algunos extremos: Tróccoli conocía las intimidades de la Esma porque había operado allí durante el año que permaneció en Argentina. El temor de que, con la captura de Astiz, se filtrara información sobre las operaciones conjuntas tenía que ver con la responsabilidad de los oficiales del Fusna en la captura y la desaparición de militantes de los Gau, del Mln y del Pcr capturados en las redadas iniciadas a fines de diciembre de 1977, en Buenos Aires y en la provincia, que se prolongaron hasta mediados de 1978. Con estas confesiones resultan aun más frágiles las explicaciones del comandante de la Armada en su informe entregado al presidente Vázquez sobre la existencia, en el Fusna, de interrogatorios a algunos de esos desaparecidos. El contralmirante Tabaré Daners, que firmó el informe, había sido jefe directo de Tróccoli en 1977 y 1978 y, según un portero de un edificio en Buenos Aires, que testificó en el juicio de Roma, estaba presente en el allanamiento en el que fue detenido uno de los desaparecidos. Pero nada de esto logró mover los engranajes de la justicia uruguaya.

La sentencia de Roma

Daños colaterales

La condena perpetua para 13 militares uruguayos desencadenó una controversia inesperada entre el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el secretario general de la Oea, el ex canciller uruguayo Luis Almagro. El trasfondo es la confrontación con Almagro por su política respecto de Venezuela y la manera en que conduce la Oea, como verdadero ministro de colonias. Puntualmente, el entredicho es un ajuste de cuentas por la indiferencia con que Almagro, siendo canciller, abordó el juicio de Roma, que en primera instancia absolvió a los acusados.

Desde Roma, donde asistió a la lectura de la sentencia de apelación, Toma recordó que Almagro había sido el responsable de la contratación, por unos honorarios que treparon a los 600 mil euros, del abogado que representó al Estado uruguayo, Fabio Galiani, cuyo desempeño fue desastroso. Toma no tuvo empacho en endilgar a Almagro los errores de Galiani y, en particular, la omisión de protocolizar la documentación probatoria (legajos de los inculpados, expedientes judiciales), razón por la que fue descartada (véase nota central). En contraposición, Toma no desperdició ninguna oportunidad de sugerir que el éxito de la apelación fue producto de su intervención personal y de los lineamientos que recibió del presidente Tabaré Vázquez. De hecho, Uruguay fue parte civil en el proceso y la acción de los fiscales italianos respondió a la iniciativa de los familiares de las víctimas, que encontraron en el abogado Andrea Speranzoni un actor con iniciativa.

Cierto es que, durante su permanencia en Uruguay, Speranzoni contó con el apoyo decidido de Presidencia y, en particular, para las diligencias de autenticación de los documentos, pero resulta un poco exagerado atribuir a Toma, como se sugiere, la autoría del hallazgo de esa documentación perteneciente al archivo del Fusna y al llamado archivo Berrutti, que fue el resultado del trabajo realizado por el personal del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj). Según un comunicado de Presidencia, “las sentencias de los tribunales uruguayos y los legajos aportados en la apelación, que llevó a Roma (Miguel Ángel) Toma por orden del presidente Vázquez, construyeron los pilares de la decisión del Tribunal de Apelaciones para revocar la sentencia de primera instancia y condenar, ahora sí, a todos los procesados”. En realidad, la documentación fue llevada a Roma por el propio Speranzoni, tras su visita al archivo del Gtvj y el archivo del Fusna.

En declaraciones a la radio Sarandí, Toma analizó los resultados de la apelación, que, dijo, “no les cae bien a algunos actores políticos” y que tendrá un doble efecto, “sobre las causas en Uruguay y sobre las posibles extradiciones”. La condena a perpetuidad será aplicable, en lo inmediato, a Jorge Tróccoli, que permanece en Italia como ciudadano de ese país, y, eventualmente, al capitán Pedro Mato Narbondo, que está prófugo de la justicia uruguaya, por su participación en la represión del Cóndor, reside en Brasil (desde donde ha enviado provocativas fotos en las que se lo ve disfrutando de las playas) y eventualmente puede ser detenido por Interpol, si la justicia italiana lo reclama. Los restantes condenados (José Gavazzo, Luis Maurente, Ricardo Medina, José Sande Lima, Ernesto Soca, Ernesto Ramas, Jorge “Pajarito” Silveira, Gilberto Vázquez, Juan Carlos Larcebeau, Juan Carlos Blanco), que cumplen prisión en Uruguay, deberán primero cumplir la pena para después enfrentar los pedidos de extradición. El decimotercero es el fallecido Ricardo Arab.

Sobre Tróccoli, el comunicado de Presidencia afirma: “Tuvo un rol central en la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya, en acuerdo con la Esma argentina. Y en la fase ejecutiva, el acusado desempeñó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en la Esma de Buenos Aires y, contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2 de Fusna”. Por su parte, Toma afirmó que Tróccoli participó en el “segundo vuelo” que en 1976 concretó la extradición de uruguayos secuestrados en Automotores Orletti, participación de la que por primera vez se tiene noticia.