Narco país

Incautan en Alemania 4.500 kilos procedentes de Uruguay valuada en 1.100 U$ millones


Joven emprendedor uruguayo involucrado con el transporte

Se llama Martín Mutio Ballester Molina , de 32 años de edad, es uruguayo, su familia es dueña de la reconocida bodega Santa Rosa. Es el único imputado por el cargamento de 4,5 toneladas de cocaína que salió del puerto de Montevideo rumbo a Europa.

Jueza Beatriz Larrieu le dió prisión domiciliaria Martin Mutio

Los abogados del empresario imputado Martin Mutio, consideran clave una prueba de la policía aduanera alemana. Indican que la fiscalía tenía esa prueba antes de imputar a Mutio. La jueza Larrieu ordenó cederla a la defensa, la fiscalía se opuso y apeló


La jueza Larrieu resolvió que el empresario Martin Mutio espere el juicio en libertad. La fiscalía no se opuso. Además el Tribunal de Apelaciones dio la razón a la jueza en que haya hecho entregar una prueba a la defensa que tenía en su poder la fiscal

El empresario uruguayo Martín Mutio, que estaba cumpliendo prisión domiciliaria por el caso del cargamento de cocaína que salió del país y llegó a Alemania en agosto de 2019, quedó ayer en libertad.

Mutio era el único imputado por la mayor operación de narcotráfico detectada hasta el momento en Alemania: un envío a Hamburgo de 4,5 toneladas de cocaína, valuadas en unos US$ 1.100 millones.

La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu indicó a El País que la defensa del empresario solicitó ayer, en una audiencia que duró unos minutos, la libertad de su defendido y que la Fiscalía no se opuso. Ahora, Mutio deberá fijar domicilio y avisar en caso de que se mude, mientras continúa la investigación de lo ocurrido.

A Mutio se le tipificó el delito de asistencia al narcotráfico por el envío de este cargamento de cocaína. El 24 de octubre de 2019, durante una audiencia judicial, la fiscal Ferrero le solicitó a la jueza Larrieu cambiar la acusación de Mutio. En vez de tipificarle el delito de asistencia al narcotráfico, la fiscal pidió imputarlo como coautor de exportación de estupefacientes al entender que había nuevos datos en la investigación que así lo indicaban. La jueza no hizo lugar al pedido fiscal y ese día además le otorgó prisión domiciliaria a Mutio, algo que cumplió hasta ayer.

La documentación aduanera de los cuatro contenedores con soja a granel, con la que trataron de disimular el cargamento de cocaína, señala que habían sido cargados en un silo ubicado en Los Cerrillos, Canelones.

Sin embargo, la investigación realizada por efectivos de la Dirección General de Lucha contra el Tráfico de Drogas y la División Inteligencia e Investigación de la Prefectura Nacional Naval, constató que tres recipientes fueron llenados en Los Cerrillos y uno de ellos en un silo ubicado en la ciudad de Libertad.

En ese último contenedor se cargaron las 4,5 toneladas de cocaína pura con destino a Hamburgo. En toda la logística de la carga participó el empresario observando el embarque o dando órdenes a subalternos con el propósito de coordinar el arribo y el traslado del contenedor con la soja y la cocaína.

Justicia…

La justicia determinó que quedara sin efecto la prisión domiciliaria en la que se encontraba Martín Mutio, el único imputado por las 4,5 toneladas de cocaína que fueron incautadas en junio de 2019 en Hamburgo (Alemania) en un contenedor que había salido de Montevideo semanas antes, informaron a El Observador fuentes judiciales

En una audiencia que tuvo lugar este lunes a la tarde, de escasos minutos, la jueza Beatriz Larrieu definió que el imputado continuara esperando el inicio del juicio oral con la única medida restrictiva de la fijación de domicilio, de modo de que las autoridades puedan ubicarlo si necesitan interrogarlo. No tiene cierre de fronteras, ni la tobillera electrónica que
tenía puesta desde el 5 de febrero, cuando la magistrada entendió que Mutio debía salir de la cárcel, para cumplir prisión domiciliaria.
Fuentes allegadas a la defensa integrada por los abogados Florencio Macedo y Martín Fernández, dijeron a El Observador que los penalistas entienden que influyó el hecho de que hasta el momento “no hay evidencia fuerte” en contra de su defendido. Por su parte, integrantes del equipo de investigación de la fiscal del caso, Mónica Ferrero, admitieron que la
fiscalía “no tenía mayores argumentos” para defender la prisión domiciliaria.

Mutio fue imputado el 30 de agosto del año pasado como autor de un delito de asistencia al narcotráfico. Este hombre, de 32 años, era el propietario del contenedor incautado, y ya había sido enviado a prisión en dos oportunidades durante el proceso. El día en que lo imputaron, Larrieu decretó la medida de cárcel durante dos meses. Luego, el 25 de octubre, la misma jueza decidió que pasara a cumplir la medida cautelar en su casa, lo que fue apelado por la fiscal Ferrero, porque, según su fundamentación, además de la gravedad del delito presuntamente cometido, el imputado tenía “una empresa en Argentina” y contactos en ese país, y que además contaba con “medios económicos como para irse al extranjero”.
A eso se le agregaba el riesgo de que Mutio –un hombre con un antecedente por falsificación de documentos de 2015– entorpeciera la investigación al tener contacto con otros posibles involucrados en la maniobra, y así incidir en las versiones que dieran esas personas a la fiscalía.
Esos argumentos fueron recogidos a comienzos de noviembre por el Tribunal de Apelaciones de 3° Turno, que resolvió entonces que el empresario volviera a la cárcel, pero días atrás la jueza del caso otra vez le dio la razón a la defensa de Macedo y entendió que el hombre podía
seguir esperando el comienzo del juicio oral en su casa.
Por otra parte, los abogados de Mutio presentaron también un recurso de nulidad a mediados de febrero, contra el caso planteando que la fiscalía ocultó una prueba clave durante el transcurso de la investigación.
El reclamo de Macedo y Fernández es que, en su consideración –y también en el de la jueza Larrieu–, la defensa tenía que haber tenido acceso desde un principio a una información proporcionada por las autoridades aduaneras alemanas a las uruguayas acerca del contenedor del imputado que fue confiscado en Hamburgo.
Esa información era documentación de las autoridades que indicaban que no podía descartarse en forma absoluta que la cocaína –escondida entre una carga de soja– se haya cargado fuera de Uruguay.

En el escrito presentado el 5 de febrero, en el cual se solicitó la nulidad del juicio, la defensa del empresario reclamó que la fiscalía haya omitido informar que la investigación de la Policía Judicial Aduanera de Alemania concluyera en forma primaria que las 4,5 toneladas de cocaína debían sumarse al peso total del contenedor, por lo que la droga se habría cargado en otro puerto. “Es decir, las autoridades alemanas ‘presumen’ que en Hamburgo la cantidad de soja que Mutio declaró exportar se encontraba en su totalidad, pero que el contenedor pesó 4,5 toneladas más de cuando ingresó al puerto de Montevideo”, señala el documento de Macedo y
Fernández al que accedió El Observador.
Sin embargo, Ferrero entiende que ese argumento no es válido para definir la responsabilidad de Mutio, porque el contenedor no fue pesado en Hamburgo, sino en Amberes, Bélica, el destino final de la carga.
En Uruguay el contenedor cargado pesaba 30.410 kilos. Luego de que la droga fuera extraída por las autoridades alemanas, el peso definido en Bélgica se redujo a 25.580 kilos, una “cifra similar al peso de la cocaína incautada”, sostuvo la fiscal en una audiencia el 25 de octubre del
año pasado. De esa manera, en su consideración, se caía el argumento presentado por Macedo de que la cocaína podía haber sido infiltrada en el mar o en algunos de los puertos en los que el trasatlántico se detuvo antes de llegar a Hamburgo.

“Si se considera la hipótesis de una eventual contaminación de la carga con la sustancia estupefaciente en la trayectoria del buque desde Montevideo hasta Hamburgo, al momento en que las autoridades alemanas retiran las 4,5 toneladas de cocaína, el peso del contenedor debería ser similar al peso con que fue embarcado en Uruguay”, señaló Ferrero.
Fuente: El Observador




Al final del gobierno de Mujica, sin tener la licencia para proveer al Estado, el empresario comenzó a preparar la cotización de la compañía en una bolsa de Canadá; el gobierno busca restringir la “especulación” en el nuevo llamado

Sartori ganó más de US$ 50 millones con la marihuana

escribe Guillermo Draper

escribe Guillermo Draper Ten, nine, eight, seven… corean 15 personas mientras aplauden y sonríen. Six, five, four, three… En el centro, Juan Sartori exultante. Two, one… Y Sartori presiona el botón para que suene “la campana” y dar inicio a la jornada de la Bolsa de Valores de Toronto. Es 1º de diciembre del 2016, día de salida a la bolsa de International Cannabis Corporation (ICC), la primera empresa en vender marihuana en las farmacias uruguayas. Sartori aprieta el botón una y otra vez, mientras invita al resto a que lo hagan. Es el resultado de una idea que comenzó más de dos años antes y que le abrirá posibilidades millonarias.

Esa escena, registrada en un video oficial de la Bolsa de Toronto, quedó fuera de las memorias que divulgó el precandidato por el Partido Nacional en su libro Volver a crear futuro. De hecho, Sartori no hizo mención a la marihuana recreativa en su autobiografía, pese a que el negocio de ICC incrementó su patrimonio en por lo menos US$ 50 millones, dijeron a Búsqueda fuentes que trabajaron en sus empresas.

En algunas declaraciones públicas, el precandidato pretendió incluso reducir el rol que tuvo en esa compañía, la única de las que creó en Uruguay que dio ganancias a sus accionistas. —¿No sos proveedor del Estado en este momento? —le preguntó el 21 de enero uno de los conductores del programa Fácil desviarse a Sartori.

—No, y nunca lo fui —respondió.
—Bueno, de alguna forma eras proveedor a través de ICC, ¿me explico?
—Bueno, sí. Pero en ICC ahí siempre fui accionista minoritario también. Es diferente en las empresas donde yo participé en la gestión que en las que simplemente invertí, fui un accionista como otros; en ICC fui un inversor en una empresa cotizada en bolsa que era ICC (…).

Esas respuestas no reflejan el proceso que desembocó en que ICC ganara la licencia para proveer la marihuana y levantara millones de dólares en los mercados internacionales, según documentos de la compañía analizados por Búsqueda y las consultas realizadas entre sus exempleados y funcionarios de los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez.

El Parlamento aprobó en diciembre del 2013 la ley que reguló el mercado de cannabis y habilitó la venta de marihuana en farmacias. El gobierno de Mujica abrió, en julio del 2014, el llamado para seleccionar hasta a cinco empresas interesadas en ser las primeras en producir la marihuana que se vendería al público. Meses antes de que el gobierno oficializara el llamado, Sartori había ordenado a su equipo que estuviera al tanto del tema, porque sí o sí quería obtener una de las licencias. Entre sus lugartenientes había dudas sobre el negocio, ya que la “escala” del mercado uruguayo lo hacía poco atractivo. Sartori les dijo que quería obtener una licencia, porque el mercado de cannabis era una “burbuja” que debían aprovechar, según la reconstrucción de Búsqueda.

Meses antes de que el gobierno oficializara el llamado, Sartori había ordenado a su equipo que estuviera al tanto del tema, porque sí o sí quería obtener una de las licencias. Entre sus lugartenientes había dudas sobre el negocio, ya que la “escala” del mercado uruguayo lo hacía poco atractivo. Sartori les dijo que quería obtener una licencia, porque el mercado de cannabis era una “burbuja” que debían aprovechar.

Los documentos que presentó ICC en la licitación indicaban que los directores eran Óscar Costa, mano derecha de Sartori en los negocios y ahora también en su campaña electoral, y Francisco Roque, un ejecutivo de Union Group International Holdings de la época. Cuando la Secretaría Antilavado requirió información complementaria, surgió que el beneficiario final de la empresa era Union Group, cuyo fundador y accionista mayoritario era Sartori (60%), mientras que el minoritario era el fondo canadiense Dundee Corporation (40%). Cuando aún competía por la licencia y previendo un resultado favorable, Sartori ideó el próximo paso. El empresario ordenó a su equipo que preparara una compañía (que se llamaría Shogun) que les permitiera cotizar en una bolsa de valores canadiense.

En noviembre de 2014, todavía sin la licencia, Union Group ya tenía borradores de lo que sería su presentación a posibles inversores extranjeros.

Sobre el final del período, en el gobierno de Mujica las autoridades estaban divididas sobre cuándo otorgar la licencia. Mientras que el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, era de los que preferían que el sistema de venta en farmacias comenzara a funcionar antes del 1º de marzo, otros consideraban que era mejor esperar. Primó la postura de Julio Calzada, entonces secretario general de la Junta Nacional de Drogas, quien no quería “atar de manos” a la administración siguiente, dijeron a Búsqueda fuentes que participaron en esas discusiones.

Así, si bien había quedado al borde de conseguir el negocio, ICC recibió la licencia en octubre del 2015, ya con Vázquez en el poder, y comenzó a cotizar en bolsa recién en diciembre del 2016, el día que Sartori hizo “sonar la campana”.

Casi dos años después, Aurora Cannabis, una de las principales empresas canadienses del rubro, compró ICC por US$ 220 millones de dólares, a pagarse con acciones de la canadiense y no en efectivo. La empresa tenía entonces en Uruguay la licencia por marihuana recreativa, una plantación de cáñamo y un laboratorio a estrenar, y una licencia para producir cannabis medicinal en Colombia. Los datos del gobierno indican que, hasta noviembre del 2018, momento de la venta de ICC, se habían comprado poco más de US$ 2 millones de marihuana en las farmacias.

Cuando las autoridades aprobaron la transacción, Union Group tenía el 29% de las acciones de ICC, por lo que le correspondían US$ 63,8 millones en acciones de Aurora Cannabis. De ese total, Sartori debía recibir el 60%: US$ 38,3 millones.

El último enero, Sartori llegó a un acuerdo con Dundee Corporation, su socio histórico, para comprar su participación en Union Group, lo que incluyó sus acciones en el tema cannabis. El CEO del grupo canadiense dijo el 29 de marzo en una conferencia telefónica con inversores que Dundee recibió unos US$ 14,5 millones en efectivo para abandonar Union Group.

Fuentes que participaron en la creación de ICC y que siguieron en la empresa hasta poco antes de la transacción con Aurora Cannabis, estimaron que, teniendo en cuenta esa venta y la salida a la Bolsa en 2016, Sartori ganó con los negocios cannábicos iniciados en Uruguay más de US$ 50 millones. Sartori no pasó a efectivo todas sus acciones de Aurora, por lo que sigue como “proveedor” del Estado, según los informantes. Eso se debe a que, por contrato, tiene restringido por el momento vender todas las acciones que recibió.

Consultado acerca de la estimación de US$ 50 millones, Sartori respondió: “No voy a hacer comentarios”. Ante la repregunta de si podía ser una cifra superior, ya que otros cálculos ubican esa ganancia en US$ 70 millones, insistió en que no hablaría del tema. Antes de que Búsqueda le preguntara si todavía tenía acciones de Aurora Cannabis, el precandidato cortó el teléfono.

Especulación

El gobierno de Vázquez decidió que no quería repetir la experiencia de ICC. En el llamado a nuevas empresas productoras de marihuana para las farmacias, que vence este viernes, incluyó en el pliego la prohibición de vender la licencia en un plazo de dos años, relataron a Búsqueda técnicos que asesoran a posibles interesados y que discutieron el tema con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. “Esto busca desalentar la especulación, una práctica común en el mundo del cannabis”, detalló uno de los informantes.

Consultada al respecto, una fuente del gobierno explicó: “Buscamos que el interés principal sea la actividad productiva en sí misma y el cumplimiento de las metas para abastecer el mercado regulado”. Otra de las prohibiciones incluidas en el llamado de este año, que no estaba en el primero, es que ninguno de los interesados puede tener participación en las dos empresas que ya venden marihuana al Estado.