De 99 diputados, se anotaron 57 para hablar. Cada uno, luego de los cuatro iniciales, tenía 15 minutos. La sesión sería larga. Sobre las cuatro de la mañana, le llegó el momento de hacer uso de la palabra a Semproni. Y el diputado reiteró lo que había anunciado.
“El tema es que convencidos de que este proyecto no era lo mejor, a los dos o tres días de haber fijado posición respecto al mismo aparece el compañero presidente a plantear su visión sobre este proyecto”, recordó. La postura del mandatario “era coincidente con la visión que nosotros teníamos. Nos encontramos con que lo que podría entenderse que era desubicado y o que estábamos solos, tenía nada más y nada menos que la coincidencia del presidente y del vicepresidente. En consecuencia no estábamos solos en esa visión”, agregó.
Semproni no quería ir en contra de los dos pronunciamientos populares que ratificaron la Ley de Caducidad y además consideraba que el proyecto de ley dejaba abierta la posibilidad para los recursos de inconstitucionalidad.
El diputado dijo también que este para él era un tema de conciencia y por tanto lo excluyó de los mandatos de la disciplina partidaria. “La disciplina partidaria se puede acatar, la hemos acatado y la vamos a seguir acatando en todas aquellas instancias en las cuales no nos afecten temas que nosotros entendemos que son de conciencia. Además, en el estatuto del Frente Amplio los temas de conciencia excluyen la obligatoriedad de respetar las decisiones. Con dolor tengo que decir que no vamos a transitar por la disciplina partidaria porque esto se convierte para nosotros en un tema de conciencia”, señaló.
Luego invitó a buscar otra forma de anular la Ley de Caducidad. “Pueden tener la certeza, en especial nuestros compañeros del Frente, de que vamos a seguir a peleando con todas nuestras fuerzas por verdad, por justicia, por juicio y por castigo a los culpables”, dijo.
El diputado José Bayardi fue uno de los primeros en hablar. Y dedicó su intervención a defender la importancia de respetar las determinaciones de los partidos políticos, en clara alusión a lo que más tarde haría y diría Semproni.
“Nosotros no vivimos en ninguna monarquía, ninguno de nosotros es más que el partido político que lo trajo y lo sentó acá. Y voy a reivindicar al partido político, la democracia imperfecta interna de mi partido, que hay que corregir, que hay que superar pero que tomó una definición por unanimidad de cuál debe ser el comportamiento de su bancada de diputados. No llegamos acá sin el partido. Pienso que no violento la lealtad a mi presidente si vengo acá a defender lo que piensa mi partido”, afirmó.
Antes de él, el primer diputado que había hablado por el oficialismo había sido Felipe Michelini. Argumentando a favor de la norma en análisis dijo que no era inconstitucional y que a 30 años de los crímenes cometidos por la dictadura los familiares siguen esperando -“por razones de Estado”- la posibilidad de conocer la verdad de lo sucedido.
“Como legislador, como ciudadano, no me alcanza recitar el haz de derechos que nuestra constitución reconoce y garantiza. Dedico y dedicaré toda mi energía para que nunca más pueda ocurrir lo que ocurrió en la época del terrorismo de Estado y 30 años después se les continúe diciendo a las víctimas y a los familiares que deben seguir esperando por razones de Estado, por conveniencia de política o por no molestar a quienes pueden sentirse ofendidos por una acción de la Justicia independiente en la República”, señaló.
Michelini dijo que rechaza todas las observaciones jurídicas que se han hecho al proyecto. Remarcó que los militares “asesinos de escritorio” siguen impunes y que otros “siguen ocultando la verdad” sobre lo sucedido. Agregó que para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que condenó a Uruguay por la vigencia de la Ley de Caducidad- y las declaraciones de inconstitucionalidad de esa norma dictadas por la Suprema Corte de Justicia, era necesario que el Parlamento aprobara el proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad.
El segundo en hablar fue el blanco Gustavo Borsari que basó su intervención en que el texto en estudio desconocía dos pronunciamientos populares y, además, no reflejaba la posición del presidente de la República. “Ni la dictadura desconoció el plebiscito del 80”, afirmó. Luego recordó que Mujica dijo en la campaña de cara al balotaje que terminaría ganado, que no le “enmendaría la plana” al pueblo, en referencia al resultado del plebiscito de 2009. El texto a estudio, entonces, es “el colmo del como te digo una cosa, te digo la otra”, ironizó. “La gente no aguanta más que le mientan”, agregó.
El legislador blanco afirmó que pese a la vigencia de la ley, hay 27 militares presos por delitos de lesa humanidad. Borsari fue particularmente duro con el canciller Luis Almargo, autor inicial del texto interpretativo de la Ley de Caducidad.
“Podrá venir el canciller de la República con todos sus técnicos a comisión a decirnos que hay fallos internacionales que obligan al Uruguay. Tiene que saber el canciller de la República que mucho más obligan los pronunciamientos de nuestro pueblo, tenga claro Almagro que después de haber metido a nuestro país en este problema y haber sido desautorizado claramente por el presidente de la República, lo menos que puede hacer es irse para su casa. Si no lo hace, a este Parlamento no puede venir más a aconsejar a ninguna comisión”, afirmó.
El legislador blanco José Carlos Cardoso habló de la inconveniencia del proyecto de ley redactado por el Poder Ejecutivo y corregido en el Senado. Señaló que para él fue un error intentar anular la Ley de Caducidad en lugar de buscar derogarla, extremo para el que presentó un proyecto.
“Confundir esto, anulación de la Ley de Caducidad, interpretar lo que hay que hacer en los juzgados, con la derogación, es por lo pronto leer muy poco. Porque la derogación lo que hace es lo que ha hecho el Parlamento siempre con aquellas leyes que son inconstitucionales”, señaló en referencia a las sentencias de la Suprema Corte que consideran inconstitucional a la Ley de Caducidad. “Estamos dando un debate sobre una ley que es letra muerta. El debate que quiere instalar la izquierda es ir para atrás. Es plantarse en el año 86. No quieren quitar la ley del sistema jurídico. Porque si quisieran eliminar la ley y alinear la legislación vigente con los organismos internacionales, bastaba con derogar una ley que está muerta”, afirmó.
El diputado colorado Fitzgerald Cantero llamó la atenciónsobre que hay camino a recorrer con la Ley de Caducidad y la aprobación del texto interpretativo hubiera tenido el efecto contrario al que buscan sus impulsores, dado que habilitaría los reclamos por inconstitucionalidad.
El legislador colorado dijo que si se aprobara este texto interpretativo y se desconociera dos pronunciamientos populares, el Frente Amplio hubiera desmentido que hay batllismo en su interior. Luego, recordó varias frases en las que Mujica anunciaba que respetaría el pronunciamiento popular.
Por el Partido Independiente, Iván Posada recordó que Mujica concurrió al Parlamento para pedir que este proyecto no se apruebe. Entonces, dijo, si se hubiera aprobado el proyecto, la propia bancada oficialista estaría debilitando a su presidente. "Un grave daño institucional", afirmó.
La diputada socialista Daisy Tourné también se refirió a la disciplina partidaria. “El que diga acá en este recinto que está siendo imparcial, francamente está mintiendo. Acá no hay nadie imparcial todos sabemos por qué levantamos o no las manos. Por suerte acá no hay lugar a las abstenciones. Hay que asumir el compromiso con todo lo que esto implica. Yo me hago responsable de lo que voy a hacer”, señaló.
Por reglamento del Poder Legislativo, el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que cuenta con media sanción del Senado, debería ir ahora a la Asamblea General. Allí deberían saldarse los diferentes pronunciamientos de ambas cámaras legislativas. Sin embargo, se necesitaría una mayoría especial para aprobarlo con la que no cuenta el Frente Amplio. Sería raro que desde el oficialismo se insista en ese camino con un proyecto de ley que parece haber naufragado definitivamente.
Pacto mortal a la justicia
José Mujica se refirió hoy a su opinión sobre el proyecto
interpretativo de la Ley de Caducidad, que tantas discusiones internas
generó en el seno del Frente Amplio, luego que el propio presidente
obligara con su opinión a una "marcha atrás" de algunos diputados.
En
su audición radial de M24, el mandatario reiteró que no pondrá trabas a
lo que decida el Parlamento pero que tiene derecho a hacer sentir su
opinión.
"Este debate es jurídico y político. Mira hacia atrás y mira hacia el futuro. Implica valores muy trascendentes como la disciplina partidaria. Entendemos el alboroto y podemos disculpar alguna impertinencia de ciudadanos ilustres que se definen como frenteamplistas", dijo en alusión a la carta firmada por "Frenteamplistas contra la impunidad", en que varios legisladores y figuras de izquierda criticaban la postura del presidente.
"La insinuación de que hay algunos 'frentistas con la Justicia', es algo simplista que desnaturaliza el análisis. Si hubieran tenido la grandeza de nombrarse a sí mismos como uruguayos por la Justicia, no tendría ninguna razón para quejarme, pero todos tenemos errores", agregó.
"Estamos frente a un legítimo debate de ideas de fondo, que no es turbio. En este debate, el gobierno, el Poder Ejecutivo, tenía una opinión, que la dije, y es que en el campo de la decisión se va a mantener afuera. No vamos a jugar el poder institucional. Necesitamos sostener unidad pero no es que nos falten herramientas legales para hacerlo. Están disponibles y son muy simples. Alcanza con una firma y a otra cosa, este problema se acaba y queda para el próximo período, pero ese no es el camino del Ejecutivo", dijo Mujica en alusión a que tiene el poder de acabar con el proyecto interpretativo pero no lo va a hacer. Aludió a "innumerables caminos legales" que pueden terminar con el problema. "El Parlamento tiene una representación de la nación más directa que la Presidencia, y su voluntad no debería ser obstruida (...) así que ninguna zancadilla jurídica, no vamos a poner el poder legal del gobierno a intervenir: el gobierno se va a quedar afuera", afirmó.
La opinión
"Renunciar a usar el poder legal no nos puede prohibir, ni mucho menos, el hacer escuchar nuestra opinión a quien quiera oírla, empezando por los parlamentarios de nuestro partido. Pedimos a los legisladores el derecho de opinar, como cualquier hijo de vecino, y esa opinión la tuvimos que dar abiertamente", aclaró sin embargo.
"Es legítimo que un presidente quiera dar su opinión, como es legítimo permitir que otros decidan. Mi opinión la conocen todos a esta altura, aunque la enredaron mucho. Es clara: creo en la intención -que acompaño- de enterrar la impunidad, pero discrepo con el camino elegido. Se le pasa por arriba a dos plebiscitos y chocamos ahí con nuestros principios. Segundo, se está haciendo uso de una mayoría parlamentaria ínfima, conseguida con menos del 1 % de los votos a gatas. Ante un tema de semejante profundidad no me gustan nada ninguna de las dos cosas", agregó el mandatario.
"No me gusta que los profesionales de la política hagan sentir a la gente que la democracia es un asunto de tecnicismos jurídicos, un tema de abogados y constitucionalistas que pueden llegar a conclusiones distintas de lo que nos enseñaron cuando iba a la escuela", siguió.
"Para la gente común las cosas son más sencillas. Son como el truco,
donde sólo la carta mayor mata a la menor. Para la gente el plebiscito
es el 2 de la muestra y el Parlamento el 4. No va a haber quien convenza
que se puede matar a dos consultas populares por una cuestión
legislativa (...) No es bueno que se diga al pueblo que no entiende
cuando vota. Que se le diga que se lo consultó por equivocación, porque
no tenía derecho a votar nada. Esta es la gran razón por la que discrepo
con el proyecto", sentenció.
"Una enorme minoría voto a otros
partidos. Dentro del Frente, hay otra enorme minoría que no está de
acuerdo con el proyecto interpretativo, pero nuestro Plenario va a
obligarlos a votar disciplinadamente. Es legítimo, es legal, pero me
permito dudar que sea lo mejor para el país. Y dudo mucho que sea bueno
para el porvenir del FA. Tendá costos importantes (...) y dañar el
Frente es una forma de dañar a los más débiles, al país (...) porque la
política del FA hacia adelante es una bandera de derechos humanos
desplegada a favor de los vivos", concluyó.
Montevideo Portal
Estimado, al entra a tu blog el antivirus me advierte que eliminó tres virus HTML. No conozco mucho el tema pero no debo ser la única presona a la que le aparece el aviso.
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