viernes, 24 de octubre de 2014

Mas transparencia S.C.J.





Los que se autoconsideran "baluarte" de la democracia, ellos, los de la SCJ, los de la "muralla" para impedir la defensa de los DD.HH. y para garantizar la violación de la legalidad internacional. Ellos, los garantes de la impunidad, los NO elegidos por el pueblo, ellos se van en la impunidad, también ellos, luego de haber colocado a Uruguay como paria internacional, como país que viola las convenciones internacionales de la ONU que se han firmado y ratificado. Ellos, se van nomás, conformes con las tropelías jurídicas que han implementado en defensa de los peores asesinos de la historia uruguaya. Como vienen nuevos, que seguramente serán cortados por la misma tijera y como la mayoría que agredió a los DD.HH. sigue tras su muralla, volvemos a repetir: QUE SE VAYA LA CORTE!
Colectivo Noticias Uruguayas

vie oct 24 2014
El primer ministro de la Corporación que dejará el cargo será Julio César Chalar, que deberá retirarse el próximo 5 de noviembre al cumplir 70 años de edad. Chalar integra la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desde diciembre de 2012, cuando la Asamblea General lo designó para suplir a Daniel Gutiérrez, quien cesó al llegar al tope de diez años en el cargo.
Y el 6 de junio de 2015 cesará en su cargo el ministro de la SCJ Jorge Ruibal Pino, también por cumplir 70 años de edad, el máximo que la Constitución permite para ocupar cargos en el Poder Judicial. Ruibal Pino integra la Corporación desde marzo de 2007.
De acuerdo con el mecanismo que prevé la Constitución, cuando se produzcan las vacantes, el Poder Judicial deberá comunicarlo a la Asamblea General que dispondrá de 90 días para nombrar en cada caso al nuevo miembro de la SCJ.
La designación de los ministros de la Corporación debe realizarse por 2/3 de los votos de la Asamblea General. Como esa mayoría es difícil de alcanzar, es habitual que vencido el plazo legal el Parlamento comunique que no hubo acuerdo y de ese modo asciende el ministro más antiguo del tribunal de apelaciones.
Así, siguiendo el criterio de la antigüedad, el sustituto de Chalar sería el magistrado Felipe Hounie y el de Ruibal Pino el juez Eduardo Vázquez, dijo a El País el presidente de la Corporación, Jorge Larrieux.
El sustituto de Chalar deberá ser designado por la Asamblea General antes del 3 de febrero de 2015 (con la mayoría actual del Frente Amplio) ya que la nueva integración del Parlamento en base a la elección del domingo próximo asumirá el 15 de febrero.
En tanto que el nuevo Parlamento con la mayoría que surja de la elección sí deberá llenar la vacante que dejará Ruibal Pino en junio de 2015.
Larrieux dijo desconocer el criterio que utilizará el Parlamento para ocupar las vacan-tes en la Corporación, si optará por buscar acuerdos políticos o se regirá por el orden de antigüedad.
El último antecedente de acuerdo político para integrar la Corporación fue la elección de Ricardo Pérez Manrique, quien integra el máximo órgano del Poder Judicial desde diciembre de 2012.

Casos a estudio.

En los próximos meses, la Corporación deberá definir asuntos de gran interés público y político, como los recursos de inconstitucionalidad presentados por empresarios contra la ley de responsabilidad penal del empleador, y la acción de casación contra la revocación del procesamiento del expresidente del Banco República, Fernando Calloia, en el caso Pluna.
La relación entre el gobierno de José Mujica y la SCJ tuvo momentos de gran tensión, principalmente en 2013, donde incluso desde el oficialismo se amenazó con promover un juicio político contra los integrantes del máximo organismo del Poder Judicial.
El traslado de la jueza Mariana Mota de la materia penal a la civil y la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales fueron dos de los temas de discordia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.


 
Unas130 organizaciones sociales presentaron ayer una petición ante la Asamblea General del Poder Legislativo reclamando que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos con mayor transparencia y participación de la ciudadanía.
Según informa El País, el planteo sugiere la creación de una comisión parlamentaria bicameral que reciba las propuestas de personas que aspiran a ocupar el cargo de ministro.

El documento presentado señala que hoy por hoy "no se fundamenta, no se discute, ni hay intervenciones o informes de comisiones que argumenten sustancialmente la razón y motivos para la elección de la persona designada". Menciona, a modo de ejemplo, la baja representatividad que han tenido las mujeres en la SCJ: tres ministras desde 1907, en un total de 76 magistrados.

El petitorio llega a pocos meses de dos cambios en la integración de la Suprema Corte. El primer ministro de la Corporación que dejará el cargo será Julio César Chalar, quiene debe retirarse por cumplir 70 años. Su sustituto será resuelto en febrero, en vísperas de que se instale el nuevo gobierno. En junio cesará en su cargo el ministro de la SCJ Jorge Ruibal Pino, también por cumplir la edad tope permitida para el ejercicio de este cargo.

De acuerdo con el mecanismo que prevé la Constitución, cuando se produzcan las vacantes, el Poder Judicial deberá comunicarlo a la Asamblea General que dispondrá de 90 días para nombrar al nuevo ministro.


Todavía quedan jueces y fiscales DIGNOS a pesar de la "muralla" contra los DD.HH. levantada por la SCJ, de forma ilegal e inconstitucional, ya que no pueden "a priori" dictaminar que habrá una muralla para frenar los juicios a los criminales de lesa humanidad.
vie oct 24 2014
La magistrada llevó a cabo la medida probatoria en el marco de una investigación por torturas durante la dictadura. La denuncia fue presentada en 2012 por un grupo de 40 expresos políticos.
Ayer, la jueza Staricco y la fiscal Cristina González, acompañadas por cerca de 40 personas entre de denunciantes y testigos, recorrieron las instalaciones del Fusna y la Prefectura. "La diligencia se realizó con toda normalidad. No hubo ningún inconveniente", aseguró Staricco al ser consultada por El País.
La jueza se excusó de brindar más detalles sobre el estado de la investigación ya que declaró la reserva del expediente. De todos modos, confirmó que ya declararon varios marinos retirados en calidad de indagados y que algunos de sus defensores alegaron la prescripción de los delitos que están siendo investigados.
La denuncia por torturas en la Armada fue presentada a mediados de 2012 por el abogado Pablo Chargoñia. La acción solicitó investigar torturas y trato degradante hacia personas que estuvieron detenidas en el Fusna y la Prefectura durante la dictadura, entre 1972 y 1980.





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1 comentario:

  1. http://youtu.be/7ZZliFOODr4
    La Conferencia de las organizaciones,luego de presentada la petición.

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