.
El Ministerio del Interior y las empresas de telecomunicaciones comenzaron a realizar las primeras pruebas de funcionamiento de El Guardián, el moderno equipo de espionaje que permitirá intervenir llamadas telefónicas y mails a través de la última tecnología. Con ese objetivo, el gobierno obligó a las empresas Claro, Movistar y ANTEL a comprar equipos complementarios que deberán estar operativos en el próximo verano.
Empezaron a realizar algunas pruebas para ver cómo funcionan los equipos. “Ya se están realizando algunas intervenciones para que los involucrados vayan coordinando las tareas que les corresponderán a cada uno”, dijo a El Observador un jerarca de gobierno vinculado a las comunicación estatales.
Un decreto reservado del Ministerio de Economía del 28 de marzo pasado estableció que para la utilización de medios tecnológicos para esclarecer delitos es necesario contar con las mejores herramientas y es “conveniente otorgar a los operadores que presten o estén en condiciones de prestar servicios de telecomunicaciones aquellos beneficios tributarios que coadyuven a la adquisición de los bienes de alta tecnología que permitan la realización de las actividades de vigilancia electrónica”.
Un jerarca de una de las empresas telefónicas dijo a El Observador que el equipo que adquirieron a pedido del Ministerio del Interior permite acortar significativamente el tiempo para obtener los datos de las personas espiadas y estará manejado por personas de estricta confianza.
Pero únicamente podrán actuar ante una orden judicial que autorice el espionaje. “Nuestros clientes pierden su privacidad solo ante el juez”, aseguró el funcionario de la empresa telefónica.
El sistema permite seguir en forma simultánea el tráfico de 800 celulares y 200 teléfonos fijos, y puede monitorear correos electrónicos y redes sociales.
El decreto al que El Observador accedió incluye un protocolo de colaboración redactado por el Ministerio del Interior para que las empresas sepan cómo manejarse ante cada pedido de vigilancia electrónica dispuesta por un juez.
En el documento queda claro que las empresas de telecomunicaciones “estarán obligadas a seguir los procedimientos” que permitan conectar sus equipos con El Guardián, que el gobierno le compró a una firma brasileña.
“Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurriese en la ejecución de las interceptaciones, el incumplimiento de las órdenes de interceptación legal será constitutivo de una infracción sancionable de acuerdo con la normativa jurídica vigente. En la imposición de la sanción se valorará el retraso en la ejecución de la interceptación y otros perjuicios causados por el incumplimiento”, se afirma en el documento.
Pero también precisa que el costo de funcionamiento será muy bajo para estas firmas.
“El operador o proveedor de servicios de comunicaciones que haya realizado una interceptación legal tendrá derecho a que se le abonen las cantidades en que haya incurrido por el uso de canales de comunicación, temporales o permanentes”, señala.
Manejo de datos
Acerca del manejo de los datos obtenidos tras la intervención de El Guardián, el Ministerio del Interior explica que “la obligación de conservación de datos impuesta en línea para consulta por el agente facultado mediante orden judicial cesa a los seis meses computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación”.
“Reglamentariamente, previa consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un mínimo de seis meses (...)”, agrega el instructivo.
Por último, advierte que las empresas deberán procurar que los equipos de interceptación de comunicaciones estén ubicados de forma “discreta” y asegurarse que “cualquier información sobre ellas sea secreta”.
Solo podrá acceder al sistema el personal autorizado. El protocolo también afirma que “cualquier intervención (instalación o resolución de averías) se realizará con personal expresamente autorizado”.
La instalación de El Guardián facilitará la elaboración de informes de Inteligencia y, según informa la empresa que vende los servicios de esa plataforma, es ideal para el cruzamiento de datos.
“El sistema realiza monitoreo de voz y datos y ofrece recursos avanzados de análisis de audio e identificación de locutores. Es una solución hecha especialmente para las operaciones de investigación legal (...). Su interface es cien por ciento web, permitiendo al analista acceder al sistema desde cualquier lugar, de forma segura”, se señala en el sitio web donde se promociona el sistema.
El protocolo establece que las empresas de telefonía deberán facilitar información de la localización geográfica del terminal o punto de terminación de red origen de la llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de celulares se proporcionará una posición lo más exacta posible del punto de comunicación.
>>>"El Guardián"
El Gobierno compró tecnología de última
generación a una empresa brasileña para espiar llamadas, correos
electrónicos y las redes sociales como parte de su plan de lucha contra
el delito, según surge de una resolución presidencial que se conoicó
este lunes.
La compra del equipo denominado "El Guardián" fue aprobada por el presidente José Mujica en acuerdo con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a un costo de dos millones de dólares.La operación de compra "debe mantenerse en secreto", sostiene la resolución presidencial que habilitó la adquisición.
El Guardián web, permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos.
También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.
La plataforma, que será proporcionada por la empresa Digitro Tecnología, ya es utilizada por la Policía Federal de Brasil.
Sobre su funcionamiento, la empresa proveedora señala en su web que el sistema "realiza monitoreo de voz y datos" y ofrece "recursos avanzados" de análisis de "audio e identificación de locutores.
"Es una solución hecha especialmente para las operaciones de investigación legal", asegura.
La nueva tecnología "permitirá desarrollar con eficacia" la investigación de "delitos complejos" logrando una "mejor gestión" en la seguridad pública "incidiendo" en las políticas de prevención y represión de la delincuencia, agrega la resolución presidencial que no fue publicada en las web oficiales.
El ministerio del Interior y las empresas de telecomunicaciones comenzaron a realizar las primeras pruebas de cara a que "El Guardián" esté operativo desde el mes de enero, señalaron fuentes oficiales citadas por El Observador.
Mientras, el fiscal de Corte y exjuez, Jorge Díaz, dijo a El País que antes de la puesta en marcha del sistema de espionaje el Ministerio del Interior "debe garantizar" a jueces y fiscales su "uso correcto".
Señaló que los operadores judiciales "deben tener claro" los "resguardos y alcances" del sistema porque son ellos quienes solicitan y libran las órdenes de interceptación de llamadas y correos.
"Seguramente habrá una etapa de mucho intercambio previa a la puesta en marcha del sistema", estimó el fiscal de Corte>>>Equipos Tetra
.
.
Por ejemplo un listado de las ventajas del sistema TETRA es el siguiente:
· Roaming, y gestión mejor de la red.
· Autenticación de terminales. Se sabe con quién está hablando. El agente B6565 y no el malo con su transceptor.
· Encriptación. Evitar el intrusismo en las comunicaciones.
· Llamadas individuales, sin colapsar el canal de Base a agentes por ejemplo.
· Aviso de situaciones de emergencia por medio de mensajes a terminales. Matrículas, etc..
· Localización de agentes por medio de GPS
· Permite las comunicaciones dentro de un grupo.
· Grupos de usuarios. Para eventos o operaciones especiales.
· Red Virtual. Aunque todos comparten la misma red física, no se incomodan las comunicaciones de Guardia Civil con las de Policía Nacional, al igual que pasa en GSM.
· Puede haber permisos controlables, tiempo de transmisión, quien puede hablar en cada momento
Toda vez que el fiscal de un caso pide una interceptación de llamadas, mails o mensajes de texto, el juez envía el oficio a la empresa que corresponda (ANTEL, Movistar o Claro) donde deberá establecer los números que se deben interceptar y por qué plazo.
Los ingenieros de la empresa telefónica efectúan la intervención y cada vez que el sospechoso atiende o realiza una llamada, suena un teléfono en la unidad policial que lo está investigando. Allí un policía se coloca los auriculares y comienza a grabar la conversación. Siempre se verifica que coincida el total de las escuchas con el material grabado en el soporte informático, para asegurarse que toda la información interceptada sea enviada al juzgado.
En los informes que realiza la Policía, las llamadas son divididas en dos categorías: social y profesional. Y cuando surge el indicio de alguna situación ilícita, se lo señala expresamente al juez.
En agosto de 2013 el Ministerio del Interior informó en el Parlamento que en esa cartera operan 21 servicios que realizan escuchas telefónicas legales. “En el Ministerio del Interior hay 21 sistemas caseros. Básicamente, es un sistema de grabación de audio, todos ellos independientes”, afirmó en la Comisión de Constitución y Códigos, el entonces asesor en telecomunicaciones de dicha cartera, Claro Taroco.
En las jefaturas de Policía del país hay habitaciones con teléfonos o computadoras con auriculares destinadas a realizar las escuchas cada vez que los sospechosos se conectan por celular o teléfonos fijos. Además, la Policía cuenta con tres unidades especializadas que también efectúan escuchas: la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección de Crimen Organizado e Interpol y la Dirección Nacional de Inteligencia. Otros organismos que también efectúan interceptaciones telefónicas son la Dirección de Investigaciones y Narcóticos de la Prefectura Nacional Naval, Aduanas, y la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (que depende del Ministerio de Defensa. Por eso en total hay 25 dependencias estatales que realizan escuchas.
Si en las conversaciones surgen indicios de otra persona que despierten interés de cara a lo que se investiga, la Policía pide la autorización judicial. La información recabada sin autorización del juez debe ser considerada nula, por ser ilegal.
Centro de Comando Móvil, unidad de transporte dotada de sistema de control y monitoreo de video vigilancia que permite instalar un centro de comando en zonas de siniestro o para operativos especiales de seguridad.
.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado