La familia de Aldo “Chiquito” Perrini está a la espera de que la jueza penal Beatriz Larrieu convoque a una audiencia que cierre la investigación sobre el brutal asesinato mediante torturas ocurrido hace 40 años en el cuartel de Colonia. Esperan que ésta sea la última y que finalmente concurra en carácter de indagado el general retirado Pedro Barneix. Consultado por SdR, el abogado de la familia Perrini, Óscar López Goldaracena, estipula que antes de fin de año habrá una resolución en el caso. “El no procesamiento no es un escenario que esté contemplando”, aseguró con firmeza. Lo que ha estado en curso hasta este momento ha sido una indagatoria, no un juicio. Durante el desarrollo de la misma, Pedro Barneix y su defensa han presentado todo tipo de recursos para evadirla.
Los próximos pasos serán que la jueza pacte una audiencia
-se calcula para los primeros días de octubre, más tardar en el correr
de noviembre-, luego una nueva audiencia, al día siguiente otra
audiencia, esta vez con los médicos de la Facultad de Medicina en
relación con la autopsia histórica de Perrini, y recién en ese momento
se estaría en condiciones de dictaminar si hay procesamiento o no. “No pronosticaría que hubiera un procesamiento el mismo día”, dice el abogado. Se mantiene cauteloso, hace un paralelismo de la situación con el fútbol: “hasta que la pelota no entra en el arco no hay gol, y hasta que el juez no pite el final, no terminó el partido”. Sin embargo, afirma que sin dudas habrá resolución antes de diciembre de este año.
Helados. En febrero de 1974, en Carmelo,
“Chiquito” Perrini, un ciudadano común, 34 años, con hijos, heladero de
profesión, simpatizante del Frente Amplio, cayó en una redada y luego
fue trasladado al Batallón 4 de infantería en Colonia. En el camión en
el que se lo transportaba violaron mujeres, y las violaciones
continuaron en el cuartel, en presencia de prisioneros encapuchados.
Perrini salió al cruce a defenderlas, y en el Batallón se lo torturó
hasta la muerte. En la autopsia realizada en el Hospital Militar en
Montevideo se comprobaron “hematomas y equimosis en parte del tórax y abdomen”, mayoritariamente en “hipogastrio y genitales externos, múltiples hemorragias en el panículo adiposo subyacente”. La causa oficial de la muerte fue “edema agudo de pulmón originado por el stress”, es decir, posiblemente haya muerto asfixiado durante las sesiones de “apremios físicos”, eufemismo preferido por los militares en lugar de la palabra “tortura”.
El entonces teniente Pedro Barneix estaba presente al momento de los
interrogatorios, como consta en un documento interno del Ejército.
Artimañas. El año pasado, la defensa de
Barneix presentó un recurso de inconstitucionalidad a la Suprema Corte
de Justicia. El abogado de la familia Perrini objetó este recurso
mediante argumentos jurídicos anclados en el Derecho Internacional, por
tratarse de crímenes de lesa humanidad. En cuanto a si prescribió o no
el caso, López Goldaracena lo ejemplifica de esta manera: “si un
abogado tiene una audiencia y no puede ir, al haber estado impedido no
le corren los plazos. Si durante más de veinte años ni la familia ni la
fiscalía pudieron denunciar, es imposible argumentar la prescripción
de la causa”, por lo tanto, la indagación debe seguir y la causa no prescribe.
La jueza dio a lugar a la objeción, aceptando los
argumentos del abogado. La defensa de Barneix se dirigió al Tribunal de
Apelaciones. Presentaron entonces un recurso de recusación contra el
Tribunal. La defensa consideró que el Tribunal, teniendo antecedentes
de otros juicios a militares, había prejuzgado a Barneix. Esto hizo que
la causa se demorara por un tiempo.
Hace unos meses se rechazó este recurso. Citaron a
Barneix. La defensa entonces presentó un recurso de casación. La
Suprema Corte la rechazó. “Estamos en condiciones de afirmar que ya no hay más recursos para Barneix, lo que los abogados llamamos ‘chicana’”, expresó López Goldaracena. Consiguió que Barneix tenga cierre de fronteras. “Todo ciudadano tiene las garantías y la defensa de la Justicia. Pero en este caso hay una maliciosa intención de evadirla”, afirmó. “Cualquier
observador objetivo coincidiría en decir que hay plena prueba del
delito. Este es el único caso que en el que me tocó actuar donde hay
documentos militares que comprueban los hechos y hasta identifican
quiénes estaban”.
Cuando se comenzó a investigar la muerte de Perrini no se sabía a ciencia cierta quiénes eran los responsables del hecho. Se desconocía la participación de Barneix; este dato se supo durante la propia investigación. La prueba concluyente fue el documento militar y las declaraciones de los mismos militares. “La justicia militar preguntaba por los hematomas y se daba la misma respuesta en todas las declaraciones: ‘consecuencia de trato riguroso que se debía dar a los detenidos militares’”, recordó el abogado.
Cambiemos juezas. La Suprema Corte de Justicia, sin dar explicaciones, trasladó a un juzgado civil a la jueza de la causa, Mariana Mota, quien instruyó expedientes sobre terrorismo de Estado, además del caso del Banco Montevideo de los hermanos Peirano. Mota tuvo un entredicho con el ministro de defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, ante su decisión de inspeccionar el predio del Servicio de Materiales y Armamentos, donde se presume que fueron enterrados varios detenidos-desaparecidos. Con su destitución, parecían quedar truncas varias investigaciones. O al menos había una sospecha de intención. La nueva jueza, Beatriz Larrieu, decidió en este caso -para sorpresa de muchos- continuar con la indagación. SdR consultó a López Goldaracena si el cambio de juezas tenía algo que ver con el caso Perrini, ante lo que contestó: “No voy a emitir declaración”. Hizo una pausa y señaló: “Muy perspicaz la pregunta”.
Enemigo en casa.“Me consta que (Tabaré) Vázquez no sabía sobre Barneix. De saberlo se hubieran tomado las medidas del caso, sin dudas”, afirmó
López Goldaracena. En el año 2005, al asumir la presidencia, Tabaré
Vázquez elevó un pedido de informes a las Fuerzas Armadas en busca de
información sobre el paradero de los restos de los desaparecidos. El
entonces general Ángel Bertolotti encomendó a los generales Carlos Díaz
y Pedro Barneix recabar información. Algunas versiones apuntan a José
Gavazzo y Jorge Silveira como la fuente. Como parte de este informe, se
le hizo saber a Bertolotti el sitio donde estaría enterrada María
Claudia García de Gelman ,“con más de un 99.9% de certeza”,
como diría, muy seguro, el entonces presidente, y un confiado
Bertolotti señalaría el sitio en cuestión en presencia de Macarena
Gelman, hija de María Claudia. Hasta el día de hoy los restos de María
Claudia García siguen sin aparecer. Sí se encontraron restos, pero
otros. Los de Fernando Miranda, por ejemplo, en un lugar que en el
informe se aseguraba que no había nada.
“Sin embargo la información de los vuelos clandestinos, el Plan Cóndor, no fue falsa”,
acotó López Goldaracena. En relación a si cabe ir a la justicia por el
delito de ocultar o dar información equivocada, expresó no estar
enterado de si Barneix o Díaz lo hicieron deliberadamente. De todas
formas, según el abogado, es posible -analizando cada caso con sus
particularidades- que sea condenable, ya que según la ley, ocultar
información en crímenes de lesa humanidad es también un delito, “se condena a quienes no proporcionaron o oculten información”.
Que Barneix haya sido designado para buscar información tiene que ver para el abogado con “las
consecuencias y alcances de la impunidad. Impunidad moral y jurídica, a
la que siguió la impunidad política. Gente involucrada en crímenes de
lesa humanidad continuó con sus carreras y siguió escalando posiciones.
Esto le hace mal al sistema democrático”.
La otra pata. “La sociedad de
Carmelo, la uruguaya en general, pero me refiero a la de Carmelo
especialmente, ya dignificó la memoria de Perrini. Hay un busto en la
plaza de Carmelo, se hacen movilizaciones todo el tiempo. Ahora falta
la otra pata: la de la justicia”, subrayó López Goldaracena.
A pesar de cómo funcionó el sistema, el abogado y la
familia son optimistas. Para ellos va a existir la comparecencia. López
Goldaracena sentencia que “lo que le pasó a Perrini, ya se sabe. Yo
sé que mis clientes tienen razón. Sería justo que los responsables de
la muerte de Perrini, que murió por ser salvajemente torturado por
defender a mujeres que estaban por ser violadas, sean procesados”.
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