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Martes 14 • Octubre • 2014
La jaula del Cóndor
El general retirado Iván Paulós fue procesado por un
juez italiano por secuestro y homicidio y podría pedirse su extradición.
El juez italiano Alessandro Arturi decidió procesar a 21
latinoamericanos por el secuestro y homicidio de 23 ciudadanos italianos
víctimas de la Operación Cóndor, la coordinación represiva que operó en
los países del Cono Sur durante las dictaduras de la década de 1970.
Según informó ayer la agencia Efe, entre los que serán juzgados
a partir del 15 de febrero ante la Sección Tercera del Tribunal Penal
de Roma se encuentran dos militares uruguayos: el coronel retirado Pedro
Antonio Mato Narbondo y el general retirado Iván Paulós, aunque el
cable incluye también al coronel Carlos Calcagno, procesado con prisión
en Uruguay por la desaparición de Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde y
fallecido en mayo de 2013, y al ex presidente de facto Juan María
Bordaberry, procesado con prisión en 2006 por los asesinatos de Zelmar
Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo,
condenado en 2010 por atentado contra la Constitución y fallecido en
2011.
Mato fue citado a declarar en el marco de la indagatoria sobre la muerte por torturas del militante democristiano Luis Batalla y no concurrió, por lo que la jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, ordenó su conducción. Sin embargo, el militar retirado se fugó a Brasil y ahora recae sobre él un pedido de extradición. Paulós, que ocupó entre 1978 y 1981 la jefatura del Servicio de Información y Defensa de la dictadura e integró la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas, no ha sido citado a declarar como indagado en ninguna causa.
Según Efe, el juez italiano separó el caso de algunos de los militares uruguayos imputados, pues ya habían sido procesados en su país por el homicidio de los italianos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas y Juan Pablo Recagno. El magistrado envió una solicitud al ministro de Justicia italiano para que autorice que puedan volver a ser procesados por los mismos cargos. Se trata del ex ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco y los militares José Gavazzo, José Ricardo Arab, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, Ernesto Soca y Jorge Silveira, todos condenados o procesados con prisión en Uruguay en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En otros dos casos, el del ex dictador Gregorio Álvarez, condenado a 25 años de penitenciaría en Uruguay, y el del militar Juan Carlos Larcebeau, procesado con prisión, el juez se reservó la decisión hasta obtener las sentencias penales de primer y segundo grado que recaen sobre ellos.
Vale recordar que en un hecho sin precedentes en Italia, en este juicio el Estado uruguayo participa como parte civil afectada, y un equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República y la Embajada uruguaya en Italia, ha colaborado en la recolección de información, el envío y recepción de documentos judiciales y en el asesoramiento legal a los familiares de las víctimas.
Hay dos procesos judiciales por los mismos delitos que fueron separados del expediente principal sobre la Operación Cóndor y que involucran al capitán de navío Jorge Tróccoli y al mayor retirado Antranig Ohanessian. Tróccoli, que ya estuvo detenido en Italia entre 2007 y 2008, pero consiguió su excarcelación, fue imputado el mes pasado por el fiscal Giancarlo Capaldo. Por su parte, Ohanessian, que también había estado detenido en 2008 en Buenos Aires y consiguió quedar libre, fue detenido nuevamente en agosto del año pasado en Pocitos, a raíz de un pedido de extradición del mismo fiscal italiano que fuera habilitado por el Ministerio Público de Uruguay, pero aún no tiene un fallo de la Justicia.
El general Paulós dijo ayer a la agencia de noticias AP que la decisión del juez italiano “es un disparate” y “una de las tantas injusticias de la Justicia de hoy”. Fuentes del MRE explicaron a la diaria que la Justicia italiana puede solicitar colaboración de la Justicia uruguaya tal como lo hizo en mayo, cuando pidió que se citara a declarar por videoconferencia a 12 de los militares y policías acusados en el caso, instancia a la que ninguno concurrió. El abogado Federico Álvarez Petraglia indicó que lo más probable es que el juez italiano solicite la extradición de Paulós a Uruguay y de Mato a Brasil, pero explicó que Mato es “ciudadano brasileño” y que ese país “no concede la extradición de sus ciudadanos”.
Mato fue citado a declarar en el marco de la indagatoria sobre la muerte por torturas del militante democristiano Luis Batalla y no concurrió, por lo que la jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, ordenó su conducción. Sin embargo, el militar retirado se fugó a Brasil y ahora recae sobre él un pedido de extradición. Paulós, que ocupó entre 1978 y 1981 la jefatura del Servicio de Información y Defensa de la dictadura e integró la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas, no ha sido citado a declarar como indagado en ninguna causa.
Según Efe, el juez italiano separó el caso de algunos de los militares uruguayos imputados, pues ya habían sido procesados en su país por el homicidio de los italianos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas y Juan Pablo Recagno. El magistrado envió una solicitud al ministro de Justicia italiano para que autorice que puedan volver a ser procesados por los mismos cargos. Se trata del ex ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco y los militares José Gavazzo, José Ricardo Arab, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, Ernesto Soca y Jorge Silveira, todos condenados o procesados con prisión en Uruguay en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En otros dos casos, el del ex dictador Gregorio Álvarez, condenado a 25 años de penitenciaría en Uruguay, y el del militar Juan Carlos Larcebeau, procesado con prisión, el juez se reservó la decisión hasta obtener las sentencias penales de primer y segundo grado que recaen sobre ellos.
Vale recordar que en un hecho sin precedentes en Italia, en este juicio el Estado uruguayo participa como parte civil afectada, y un equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República y la Embajada uruguaya en Italia, ha colaborado en la recolección de información, el envío y recepción de documentos judiciales y en el asesoramiento legal a los familiares de las víctimas.
Hay dos procesos judiciales por los mismos delitos que fueron separados del expediente principal sobre la Operación Cóndor y que involucran al capitán de navío Jorge Tróccoli y al mayor retirado Antranig Ohanessian. Tróccoli, que ya estuvo detenido en Italia entre 2007 y 2008, pero consiguió su excarcelación, fue imputado el mes pasado por el fiscal Giancarlo Capaldo. Por su parte, Ohanessian, que también había estado detenido en 2008 en Buenos Aires y consiguió quedar libre, fue detenido nuevamente en agosto del año pasado en Pocitos, a raíz de un pedido de extradición del mismo fiscal italiano que fuera habilitado por el Ministerio Público de Uruguay, pero aún no tiene un fallo de la Justicia.
El general Paulós dijo ayer a la agencia de noticias AP que la decisión del juez italiano “es un disparate” y “una de las tantas injusticias de la Justicia de hoy”. Fuentes del MRE explicaron a la diaria que la Justicia italiana puede solicitar colaboración de la Justicia uruguaya tal como lo hizo en mayo, cuando pidió que se citara a declarar por videoconferencia a 12 de los militares y policías acusados en el caso, instancia a la que ninguno concurrió. El abogado Federico Álvarez Petraglia indicó que lo más probable es que el juez italiano solicite la extradición de Paulós a Uruguay y de Mato a Brasil, pero explicó que Mato es “ciudadano brasileño” y que ese país “no concede la extradición de sus ciudadanos”.
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Ver ademas:
Italia procesa a acusados del Cóndor
Después de un año de audiencias de la que
participaron familiares y abogados, de notificaciones a los países
interesados y a los acusados, 20 imputados irán a juicio por la
desaparición de 23 personas de ascendencia italiana nacidas en
Argentina, Chile y Uruguay.
Por Elena Llorente
Desde Roma
Por primera vez en Europa, desde que las dictaduras latinoamericanas
hicieron desaparecer y asesinaron a miles de personas, Italia procesará
a 20 responsables del Plan Cóndor, la operación internacional de
aniquilación de opositores puesta en marcha en la década del ’70 por
esas dictaduras. Los 20 imputados son acusados de la desaparición de 23
personas de origen italiano nacidas en Argentina, Chile y Uruguay. El
juicio comenzará el 12 de febrero próximo en la sección tercera del
Tribunal Penal de Roma, decidió ayer el juez de las investigaciones
preliminares, Alessandro Arturi. Después de un año de audiencias de la
que participaron familiares y abogados, de notificaciones a los países
interesados y a los acusados, Arturi consideró que el juicio propiamente
dicho podía comenzar. Se trata de 20 militares y políticos de Chile,
Uruguay, Perú y Bolivia acusados de haber hecho desaparecer las 23
personas en esos países y en Argentina, Paraguay y Brasil.En principio no serán juzgados los 35 acusados incluidos en la lista original por el fiscal Giancarlo Capaldo, sino sólo 20. De los 15 restantes, tres han fallecido y de los demás, todos uruguayos y un boliviano, se espera más documentación de parte de la Justicia de los respectivos países o, como para el caso de varios uruguayos, el juez enviará una solicitud al ministro de la Justicia italiano, el único que según la Constitución italiana puede autorizar que el proceso vaya adelante aun cuando los acusados han sido ya juzgados por la misma causa en sus países de origen. Estos casos serán revistos en una nueva audiencia preliminar, se informó, que el juez Arturi fijó para el 19 diciembre. Allí se verá si pasan a ser parte o no del proceso que comienza en febrero.
Los 20 acusados son once chilenos, cuatro uruguayos, cuatro peruanos y un boliviano. Entre ellos, el ex dictador boliviano y general Luis García Meza Tejada, responsable del golpe de Estado del julio de 1980 que derrocó a Lydia Gueiler a fin de impedir que el progresista Hernán Siles Zuazo, que había ganado las elecciones, subiera al poder. García Meza está detenido en La Paz acusado de asesinato y complicidad con el narcotráfico. En la lista aparecen también los generales chilenos Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la Caravana de la Muerte, que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet, también detenido, y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la terrorífica CNI (Central Nacional de Inteligencia). Entre los peruanos se destaca la figura del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de 1975 a 1980; el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Martín Martínez Garay y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada. En el grupo uruguayo está el ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto (19731976) Juan Carlos Blanco, el general Iván Paulós, jefe del servicio de Informaciones de la Defensa (SID), y el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo, acusado de haber sido uno de los organizadores de la represión y las torturas en el centro de detención clandestina de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti.
No hay en la lista de acusados ningún militar argentino, aunque varios de los 23 desaparecidos fueron secuestrados en este país. La Argentina no quiere por ahora ocuparse de un juicio internacional porque se podrían debilitar los juicios que se están llevando, explicaron fuentes oficiales argentinas en Roma en el momento en que el juez Arturi comenzó sus investigaciones. En Italia se hicieron juicios contra los militares argentinos cuando en la Argentina, por las leyes de obediencia debida y de punto final, no se podían hacer esos procesos. Pero desde que la Argentina eliminó esas trabas, con los mismos testigos y los mismos elementos probatorios, no tendría sentido llevar adelante dos juicios, explicó la fuente argentina.
Los 23 desaparecidos, todos descendientes de italianos –y según la ley de la península, italianos puros–. Se trata de seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.
Hablan los familiares
“Estoy contenta porque por fin vamos a juicio, aunque sólo se ha incluido una parte de los acusados uruguayos”, dijo a Página/12 Cristina Mihura, viuda del ítalouruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, secuestrado en Buenos Aires en 1976. “Pero también quedó a la expectativa de lo que ocurra en diciembre luego de la decisión del ministro de Justicia italiano y de la información que tiene que mandar la justicia uruguaya. Yo espero que el ministro italiano autorice a proceder. Por el caso de Bernardo va a haber acusados chilenos y uruguayos”, agregó Mihura, que no ha faltado a ninguna audiencia preliminar.“Este juez ha hecho un trabajo muy serio –concluyó–. Y esto hace que yo, a diferencia de lo que me ocurre en Uruguay, me sienta tutelada, sin importar cuál sea la decisión final del proceso. La mayor parte de los familiares que están en condiciones como la mía no son tutelados por la justicia de sus países como nosotros hemos sido tutelados aquí.”
Por su parte, María Paz Venturelli, hija del desaparecido chileno Omar Roberto Venturelli, un militante del MIR y ex sacerdote, que fue arrestado y visto en la cárcel de Temuco hasta el 4 de octubre de 1973, después de lo cual nunca más se supo de él, dijo estar “bastante contenta de esta decisión, aunque creo que Italia ha asumido una responsabilidad muy grande. Espero que pueda llevarla a cabo”.
“No creo que pueda ir a Roma a las audiencias del nuevo juicio –comentó Venturelli que vive en Bolonia, unos 400 km al norte de Roma–, a no ser que me citen específicamente, porque seguí todas las audiencias del juicio contra Podlech y casi me quedé sin un día de vacaciones.” Oscar Alfonso Podlech Michaud, procurador militar y administrador de la cárcel de Temuco durante la dictadura de Pinochet, fue arrestado en 2011 en Madrid y sometido a juicio en Italia. Pero salió porque la Corte lo declaró inocente.
La familia Venturelli no ha podido hacer ningún juicio en Chile para saber algo del padre porque los acusados estaban protegidos por una amnistía, explicó María Paz Venturelli. “El juicio Podlech no terminó como esperábamos. Por eso digo que será muy difícil. Han pasado tantos años y Chile está tan lejos... En el proceso Podlech nosotros no tuvimos ninguna colaboración del gobierno chileno. Ahora sí la ha habido y espero que continúe y siga siendo operativa. Hacer un juicio como el que se intentará es una responsabilidad muy grande, se requiere mucho trabajo. Han tenido 40 años para hacer desaparecer pruebas e incluso los cuerpos. Ojalá que el hecho de que están implicados varios países le dé otro peso al proceso y podamos obtener mejores resultados.”
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