por Marcos Taire“En el ocaso de sus vidas, los generales Adel Vilas y Antonio Bussi, los mayores represores del pueblo tucumano, no pudieron afrontar con dignidad el costo de sus crímenes. Vilas debió ser internado en una institución para enfermos mentales, con delirios persecutorios. Su colega Bussi, ahora en un country con prisión domiciliaria y próximo a afrontar un juicio oral, lloriquea todo el tiempo y tiene picos de presión cuando le mencionan la posibilidad de ser trasladado a una cárcel común. Es como si los ayes de dolor de sus miles de víctimas los acorralaran pidiéndoles explicación, reprochándoles su crueldad.
Vilas llegó a Tucumán a mediados de enero de 1975. Llevaba consigo su designación como comandante de la Quinta Brigada de Infantería y las instrucciones para lanzar el Operativo Independencia. Su primera acción militar fue la instalación del campo de concentración de la Escuelita de Famaillá. Según él mismo lo confesó, más de 1500 tucumanos pasaron por allí, fueron sometidos a todo tipo de tormentos y la inmensa mayoría asesinados. Vilas, acompañado de un alienado jefe de policía, el teniente coronel Antonio Arrechea, fueron vistos en numerosas oportunidades en la sala de torturas.
En su diario de campaña (1), cuya publicación impidió el Ejército porque es una verdadera confesión criminal, Vilas llegó a afirmar que “es falso de toda falsedad que los hombres encargados de tomar declaración, empleando muchas veces métodos no convencionales, queden traumatizados o con psicosis de guerra”. Al respecto, escribió que era “menester desmontar uno de los principales mitos del enemigo, referido a su capacidad de resistencia para soportar el castigo físico o psicológico: tarde o temprano su capacidad se agotaba y terminaba quebrándose, como se dice en el lenguaje operativo”. El atenuante, según Vilas, era que no vio “un solo caso de brutalidad gratuita o placer morboso en los interrogatorios”.
Para Vilas la tortura, la violación, la flagelación y el asesinato formaban parte de una metodología de guerra simple y natural que en nada afectaría a los interrogadores que la practicaban. El paso del tiempo demostraría lo contrario. Son numerosos los casos de locura y suicidio de oficiales y suboficiales que participaron en la represión llevada a cabo durante el Operativo Independencia. El propio Vilas es un caso patético de enfermedad mental.
Vilas fue internado en un sanatorio psiquiátrico de la Capital Federal, derivado desde el Hospital Militar por severos trastornos mentales. Los profesionales que lo atendieron diagnosticaron agresividad verbal y un peligroso delirio persecutorio. Además, padecía un síndrome confusional y disartria (trastorno en el habla).
El otro jefe del Operativo Independencia, Antonio Domingo Bussi, se acerca al final de sus días de la peor forma: deprimido y con la amenaza cierta de tener que afrontar un juicio oral donde podrían ventilarse los crímenes más abyectos que cometió, ordenó y supervisó.
Así como la mayor creación de Vilas fue la capucha (2) utilizada por los secuestradores de los grupos operativos, la obra más grande e importante de Bussi fue el campo de concentración y exterminio que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Allí fueron sometidos a los peores tormentos y asesinados más de mil tucumanos. El propio Bussi disparaba el tiro de gracia a prisioneros sentenciados a muerte, como fue el caso de la estudiante Ana Cristina Corral, de solo 16 años. Le seguían otros jefes, oficiales y suboficiales, del Ejército y la Gendarmería y civiles del aparato de inteligencia, que sellaban así el pacto de sangre que rige aun hoy, como lo prueba el asesinato del prefecto Febres. Las víctimas recibían los disparos al borde de un pozo al que caían y donde sus cuerpos eran cubiertos con leña y neumáticos e incinerados. Se conoce incluso el caso de algunos prisioneros arrojados con vida a ese salvaje crematorio.
Bussi fue detenido el 15 de octubre de 2003. Gozó de arresto domiciliario, en un barrio privado de Pilar, provincia de Buenos Aires, hasta marzo de 2006, oportunidad en que la Justicia ordenó su traslado al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Allí, a pocos cientos de metros de donde sus víctimas fueron sometidas a los peores atropellos que pueda imaginar el ser humano, permaneció hasta el 15 de diciembre pasado, cuando fue favorecido con la prisión domiciliaria, esta vez en un country en Yerba Buena, provincia de Tucumán. Las casas pertenecen a hijos suyos y están construidas en las zonas más residenciales de Buenos Aires y Tucumán.
Una apologista de los genocidas (3), perteneciente a la familia propietaria del diario La Gaceta, de Tucumán, describió el estado de Bussi: “el General sufre (…) una profunda depresión (…) apenas puede movilizarse y duerme con oxígeno (…) de a ratos se quiebra y reconoce su vulnerabilidad. Nada lo alegra ni lo saca de su extrema tristeza. No quiere recibir visitas, no lee los diarios y de vez en cuando ve televisión (…) Vive aterrorizado…”
Los allegados a Bussi dicen que la evidente decrepitud del otrora poderoso general es lamentable, acosado, además, por los fantasmas del pasado. Un hijo suyo llegó a decir que si su padre era enviado a una cárcel común, como lo solicitó y le fue negado al fiscal de la causa, Bussi se pegaba un tiro. Habrá que ver cual será su comportamiento el día que deba afrontar el juicio oral. Tendrá coraje y dignidad o será el pusilánime y cobarde que describen sus allegados y familiares?
Notas:
1) Diario de campaña, sin título. Una copia mecanografiada y corregida puede consultarse en el sitio “nuncamas.org”. También hay copias en el CELS y en varios organismos defensores de derechos humanos.
2) Apenas iniciado el Operativo Independencia los tucumanos llamaron “encapuchados” a los secuestradores. Utilizaban medias de mujer, pasamontañas, capuchas, poleras, bufandas, etc., para ocultar su condición de oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y de seguridad, policías, agentes civiles de inteligencia, etc.
3) Luz García Hamilton, en “periodismo de verdad.com”
Bussi será juzgado por el secuestro y desaparición de Vargas Aignasse
En 2008, el ex gobernador de facto Antonio Domingo Bussi se sometería al primer juicio oral y público en su contra por la primera causa de la dictadura reactivada en la Justicia Federal de Tucumán. En un fallo firmado el 26 de diciembre, el juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, elevó a juicio la causa por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, ocurridos la noche negra del 24 de marzo del '76. La audiencia también alcanza a Luciano Benjamín Menéndez. Ambos están acusados como presuntos autores responsables de los delitos de lesa humanidad y de Genocidio. Sobre sus espaldas ya pesa la elevación a juicio por el Plan Cóndor.
El represor Antonio Domingo Bussi no tendrá muchos motivos para recibir con alegría al 2008, ya que el próximo año podría enfrentarse al primer juicio oral y público en su contra en una de las 600 causas que se reactivaron en la Justicia Federal de Tucumán por los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura militar. El juez federal subrogante Nº 2, Daniel Bejas, resolvió elevar a juicio la causa por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, ocurridos la noche negra del 24 de marzo de 1976. La audiencia también alcanza al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Ambos militares retirados, que actualmente gozan del beneficio del arresto domiciliario (Bussi en un country de Yerba Buena y Menéndez, en Córdoba), tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados como presuntos autores responsables de los delitos de lesa humanidad (violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita en concurso real) en el marco del delito del derecho penal internacional de Genocidio. Por este último se entiende una serie de actos perpetrados con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
De esta manera, en su fallo firmado el 26 de diciembre pasado, el magistrado no hizo lugar a la oposición formulada por la defensa de los represores (representada por el abogado Horacio Conesa Mones Ruiz) ante el requerimiento que fue presentado en setiembre pasado por el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer. Ahora, la causa será remitida al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, donde se fijará la fecha del juicio.
Uno de los escollos legales que demoró el pronunciamiento de Bejas fue el planteo de Conesa Mones Ruiz, quien rechazó la elevación a juicio oral argumentando, entre otros motivos, que la causa se encuentra apelada a través de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A esto, el juez respondió: '....no tiene asidero legal alguno por cuanto conforme a lo dispuesto por el artículo 311 del Código Procesal Penal de la Nación, el auto de procesamiento es apelable sin efecto suspensivo'.
Sobre las espaldas de Bussi pesa además la elevación a juicio oral por la causa en la que se investiga el denominado Plan Cóndor, en la que también están involucrados el ex dictador Jorge Rafael Videla y Menéndez en una nómina total de 17 militares retirados. La medida fue ordenada en noviembre pasado por el juez federal Sergio Torres, quien investigó la 'concertación de un acuerdo criminal', como se calificó a los procedimientos conjuntos de las fuerzas armadas y de seguridad de la Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.
Los hechos del negro marzo del '76
Encapuchados y fuertemente armados, personas de civil, identificados como oficiales de la Policía Federal, golpearon brutalmente la puerta de la vivienda de Salas y Valdez 1.079 del Barrio Obispo Piedra Buena del ex senador provincial justicialista a las 3.30 de la madrugada negra del 24 de marzo de 1976. Después de avisarle que quedaba detenido, bajo amenazas de armas de fuego, Vargas Aignasse fue encapuchado con la funda de una almohada y retirado del lugar. Al día siguiente pasó nuevamente por su casa en busca de documentación y luego fue alojado clandestinamente en la Brigada de Investigaciones. Allí fue sometido a tratos crueles inhumanos e interrogatorios bajo torturas y el 31 de marzo fue trasladado al penal de Villa Urquiza en calidad de detenido por orden militar en estado incomunicado.
El 1 de abril fue la última vez que Vargas Aignasse fue visto con vida por su esposa (y otra persona ajena al círculo militar y policial), mientras caminaba solo en el patio de la cárcel. Según el testimonio de su mujer, evidenciaba en su rostro marcas de haber estado vendado, y con ataduras en sus muñecas. Cinco días después, las mismas autoridades del Ejército le comunicaron a la mujer que su esposo había sido secuestrado por desconocidos mientras era trasladado en un vehículo policial junto a otro preso a su domicilio en cumplimiento de una orden de liberación. Este supuesto secuestro en manos de extraños nunca se comprobó.
Así describió -en un expediente de 73 fojas- el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, los trágicos hechos que vivió el senador peronista luego de que fue detenido por parte de las fuerzas militares que estaban al frente del aparato represivo que tomó el poder el 24 de marzo del '76. El fiscal se basó en las declaraciones de la esposa de la víctima, Marta Cárdenas, que presenció la detención de Vargas Aignasse y en informes firmados por el represor Alberto Luis Cattáneo y el en ese entonces comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército e interventor militar de la Provincia de Tucumán, Antonio Domingo Bussi , quien fundamentó que la detención se produjo en estricto cumplimiento de una orden emitida por los mandos militares.
Según declaraciones coincidentes de testigos, que constan en el expediente judicial, en su paso por la cárcel Vargas Aignasse fue sometido a tratos crueles, tortuosos e indignos con más intensidad que al resto de los detenidos por pertenecer al grupo de los presos políticos, que eran expuestos a golpes, ataques de perros y escasez de comida, entre otros castigos. 'Los injustos cometidos en perjuicio de Vargas Aignasse fueron consecuencia directa del cumplimiento de un plan criminal de acción, previsto por las fuerzas usurpadoras del poder constitucional que se formalizó el 24 de marzo de 1976, que en nuestra provincia venían operando desde muchos antes bajo la cobertura del Operativo Independencia', concluyó en su requerimiento el fiscal.
En el momento en que fue secuestrado, el padre del actual diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse tenía 35 años y estaba en la lista de personas consideradas 'opositoras al régimen'. Era licenciado en Física y pertenecía a la agrupación política denominada Federación de Agrupaciones Nacionales de Estudiantes de Tucumán (FAMET).
El largo camino de la causa
La causa se inició el 6 de febrero de 1984 con la denuncia de Rodolfo y Julio Vargas Aignasse, ambos hermanos del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, ante el juez federal René Padilla, a quien le solicitaron que investigue los delitos de privación ilegítima de la libertad seguida de torturas y muerte del dirigente político. El expediente, que se acumuló con el iniciado el 14 de abril de 1976, tomó curso contra Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Félix González Naya y Antonio Arrechea.
El 8 de febrero de 1984, el 15 de octubre de 2003 y el 14 de noviembre de 2003 se produjeron las declaraciones indagatorias y ampliaciones de Bussi, según consta en el expediente judicial. Y recién el 29 de octubre del último año, el ex juez federal Nº 1, Jorge Parache, resolvió el procesamiento de Bussi y Menéndez con prisión preventiva y un embargo de 1,2 millón de pesos sobre bienes de cada uno.
Con las resoluciones del 7 de octubre, 29 de octubre y 1 de diciembre de 2003, el ex magistrado resolvió no hacer lugar a las pretensiones de finiquito de la acción penal por prescripción, cosa juzgada, indulto, amnistía y nulidad, interpuestos oportunamente por al defensa de los represores. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Luego de que la defensa interpuso recurso de apelación en contra de las mencionadas resoluciones, la Cámara Federal de Apelaciones dictó el 15 de diciembre de 2004 el fallo que confirma el procesamiento de Bussi y Menéndez y desestima los planteos de su defensa, aunque dispuso la falta de mérito para ambos por el delito de homicidio agravado.
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