Los 8 documentos desclasificados que condenaron a Bordaberry

Voz de Zelmar Michellini






Roger Rodríguez | La República

"Fue Bordaberry". Para el embajador de EEUU en Argentina en 1973, Ernest Siracusa, el presidente fue el que inició la movida de cerrar el Parlamento Ocho archivos desclasificados de EEUU condenan a Bordaberry

Revelador. El material desclasificado del National Security Archive fue conocido esta semana. Confirma que Bordaberry estaba "en la línea dura" del general Cristi, que Zelmar y el "Toba" eran "subversivos", y que para Juan Carlos Blanco se vivía la "tercera guerra mundial" que todo lo justificaba.

Ocho "documentos de cargo" contra Juan María Bordaberry(La República)

Ocho documentos desclasificados por el National Security Archive en Washington, se constituyeron en pruebas de cargo para la condena a 30 años de prisión por "atentado a la Constitución" de Juan María Bordaberry, primer dictador latinoamericano enjuiciado por dar un golpe de Estado.

El episodio es destacado por Carlos Osorio, uno de los más importantes desclasificadores del Freedom of Information Act (FOIA), una organización no gubernamental estadounidense que ha procesado cuatro millones de documentos del Departamento de Estado norteamericano.

Osorio, quien presentó más de 70 documentos desclasificados ante el Juzgado Penal de 5º turno en Uruguay, destacó esta semana el fallo de la jueza Mariana Motta, quien también adjudicó responsabilidad a Bordaberry en nueve casos de desaparición forzada y dos homicidios políticos.

Asistido por Marianna Enamoneta y Miliette Marcos, Osorio publicó un artículo en la página web del FOIA en el que subraya la importancia de los documentos desclasificados en la histórica causa denunciada por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León.

"Los documentos de Estados Unidos ayudan a los jueces a sobrepasar lo obstáculos de impunidad en Uruguay", sostuvo Osorio, para quien el material desclasificado identifica el rol de Bordaberry en el golpe de 1973, su desdén por las instituciones democráticas y su papel en los crímenes de la dictadura.

Golpe de Estado y torturas

El primero de los documentos es un memorándum fechado el 1º de julio de 1973 al segundo de la Embajada norteamericana en Uruguay, Frank Ortiz, expresa su temor de que recientes denuncias de tortura en Paysandú y el golpe de Estado pongan el peligro el apoyo del Congreso de EEUU al programa de asistencia a la policía uruguaya.

Ortiz, representante de la Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid), señala que "el último acto del Senado en las tempranas horas del 27 de junio fue votar 16 a 1, para hacer una investigación de las acusaciones de tortura en Paysandú".

"Inmediatamente después el Senado fue cerrado ya disuelto por el Presidente Bordaberry", agrega Ortiz, a quien un observador en el exterior le indicó que el golpe sería tanto por no poder conseguir el desafuero del Senador Enrique Erro como para prevenir una investigación sobre torturas en el país.

Un segundo documento del propio Frank Ortiz, expresa el 2 de julio que tras la disolución del Parlamento y de la central sindical CNT ("dominada por los comunistas") "los grupos de oposición, cuyos líderes están escondidos, están en estado de shock por lo imprevisto y arrasador de las medidas del gobierno".

El artículo del FOIA recuerda que, según Amnistía Internacional y numerosos otros organismos de derechos humanos, entre 1973 y 1976, Uruguay se terminó por convertir en el país con mayor número de encarcelados y torturados per cápita en América Latina.

"Escuadrones de la muerte"

Un tercer documento desclasificado, con fecha 25 de julio de 1973, y escrito por el asesor en jefe de Seguridad Pública de la Usaid, Charles C. Guzmán, señala la existencia de órdenes gubernamentales para realizar operaciones "especiales", que implicarían a escuadrones de la muerte.

"Para el 10 de julio, la oficina del jefe de la Policía había recibido órdenes de reintegrarse a las operaciones militares (...) se habían dado órdenes de operaciones coordinadas al mediodía de esa fecha (...) para la una de la tarde del 10 de julio, la Policía de Montevideo recibió nuevas órdenes llamando a un incremento en la coordinación entre las operaciones militares y de la Policía".

"Hay indicios de que se trata principalmente de operaciones de recolección de inteligencia y de naturaleza "especial", señala el documento desclasificado por Osorio, quien en su artículo destaca que en "la jerga de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad de los años sesenta y setenta el término "especiales" es una referencia a las actividades de los escuadrones de la muerte.

El propio documento, en su reporte sobre actividades policiales realizadas en los días anteriores, en los que cientos de personas fueron arrestadas, señala que parecería que los "planes del 14 de abril de 1972 estarían siendo reimplementados".

El reporte explica que un comando especial, integrado por la Metropolitana, la Republicana y "grupos de apoyo", se instaló en la oficina adjunta a la del jefe de Policía de Montevideo, bajo el mando de un coronel del Ejército, que informa de las acciones al ministro del Interior, Nestor Bolentini.

Informe a Henry Kissinger

El cuarto documento de cargo contra Bordaberry, es un informe que el embajador norteamericano Ernest Siracusa envió al Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger el 2 de noviembre de 1973, en el que hace un balance de los primeros cuatro meses del golpe de Estado.

"Desde el 27 de junio el gobierno de Bordaberry ha cerrado el Congreso, proscrito la actividad política, impuesto la censura para apagar a la crítica, hecho ilegal a la confederación sindical controlada por los comunistas, suspendido las actividades de la universidad nacional y tiene planes de proscribir a la federación de estudiantes universitarios y grupos afiliados. La base de poder del gobierno se ha movido hacia las Fuerzas Armadas".

El artículo del FOIA agrega que "con respecto a la relación de Bordaberry con los militares, Siracusa observa que "sus características lo hacen sentirse cómodo con los militares, y el debate sin fin sobre si Bordaberry o los militares están tras cualquier medida, generalmente están fuera de foco, pues el que Bordaberry y los militares generalmente están pensando en la misma línea".

"Creemos que Bordaberry fue el que inició la movida de cerrar el Congreso. Así mismo, fue Bordaberry, no los militares, quien esbozó un decreto que se espera vea la luz pronto proscribiendo o disolviendo al Partido Comunista (PCU). Estas y otras medidas, concebidas en términos de patriotismo, moralidad, o en consideraciones más prácticas, han aliado al presidente muy a menudo con los de línea dura como el comandante de la primera división, General Esteban Cristi", explica el informe de Siracusa.

En un quinto documento, fechado el 26 de diciembre de 1973, Siracusa da cuenta de una entrevista que mantuvo con Bordaberry, en la que el dictador le dice sobre la instituciones democráticas uruguayas: en cierto sentido (...) estas instituciones, tal como operaban, eran ellas mismas la amenaza real a la democracia en Uruguay".

Zelmar y Toba: subversivos

El sexto documento, es un informe a Kissinger del embajador norteamericano de Buenos Aires, Robert Hill, quien ante una serie de muertes sospechosas de guerrilleros chilenos en Argentina, señala el 14 de agosto de 1975 que ya existe una coordinación represiva entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

Esa coordinación sería confirmada en 1976 por los informes del enlace del FBI, Robert Scherrer, quien informaría sobre la existencia de la Operación Cóndor para la eliminación de los principales líderes de la resistencia a las dictaduras en la región.

En el séptimo documento, fechado el 18 de junio de 1976, un mes después del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el embajador Siracusa cita fuentes argentinas para implicar a los dos legisladores uruguayos en actividades subversivas.

Afirma que "Gutiérrez Ruiz es uno de los tres directores del pro cubano diario de extrema izquierda (sic) 'El Debate'" y señala que en 1970 tuvo información del secuestro de diplomáticos por el MLN­Tupamaros, quien lo secuestró para que se reuniera con el paramilitar Bardecio en 1972.

Sobre Zelmar, Siracusa sostiene que las autoridades argentinas "consideraban que Michelini estaba trabajando con la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) en Argentina, orquestando campañas de propaganda contra Uruguay. La JCR es la coordinación de los grupos terroristas/subversivos de Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia", agrega.

La "Tercera Guerra Mundial"

El octavo documento, fechado el 3 de agosto de 1976, es un análisis que elaboró Harry Shlaudeman, asistente de Henry Kissinger, advierte sobre la represión coordinada de las dictaduras del cono sur por la que ya habían muerto líderes de la oposición de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

En el material ­que LA REPUBLICA ya había publicado en agosto de 2002­ Shlaudeman explica que "los regímenes militares del Cono Sur" están juntando fuerzas para erradicar la "subversión", que se traduce cada vez más como disidencia no violenta de la izquierda y del centro".

"Las fuerzas de seguridad del Cono Sur ahora coordinan estrechamente actividades de inteligencia; operan en los territorios de uno u otro persiguiendo a subversivos; han establecido la Operación Cóndor para localizar y matar a terroristas de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) en sus propios países y en Europa...", agrega

Shlaudeman concluye que "el problema parte con la definición de 'subversión' (...) que se acerca cada vez más a incluir a casi cualquier persona que se oponga a las políticas gubernamentales... y recuerda que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay Juan Carlos Blanco el primero en describir la campaña contra los terroristas como la 'Tercera Guerra Mundial'".

"La descripción es interesante por dos razones ­agrega Shlaudeman­: justifica medidas feroces y arrasadoras de 'tiempos de guerra' y enfatiza el aspecto internacional e institucional, justificando por lo tanto el ejercicio del poder mas allá de las fronteras nacionales".

BORDABERRY CONDENADO POR GOLPE EN 1973

PRIMER PRESIDENTE LATINOAMERICANO PROCESADO POR ATENTADO CONTRA LA CONSTITUCION

El National Security Archive Publica Evidencia Desclasificada Usada en el Juicio
Documentos de EEUU Implican a Bordaberry en Represión

Washington, DC, March 30, 2010 - Por primera vez, un juez en América Latina ha enviado a un ex Jefe de Estado a prisión por el crimen de "Atentado contra la Constitución". En una decisión sin precedentes el mes pasado en Montevideo, el ex Presidente uruguayo Juan María Bordaberry fue sentenciado a servir 30 años por socavar la constitución uruguaya a través de un auto golpe en junio de 1973, y de ser partícipe en nueve desapariciones forzadas y dos homicidios políticos cometidos por las fuerzas de seguridad mientras era presidente entre 1972 y 1976.

Documentos desclasificados de EEUU integrados como evidencia en el caso por el National Security Archive dan cuenta que Bordaberry justificaba haber asumido poderes fuera de la constitución el 27 de junio de 1973 diciendo al Embajador de EEUU que "las tradiciones e instituciones democráticas de Uruguay… eran ellas mismas la amenaza real a la democracia". Otro documento muestra que, unos días después del golpe, se le ordenó a la policía lanzar, en coordinación con el ejército, "operaciones de recolección de inteligencia y operaciones de naturaleza ‘especial’", una referencia a actividades de escuadrones de la muerte.

"Los documentos de EEUU", dice Carlos Osorio, quien encabeza el Proyecto del Cono Sur del National Security Archive, "ayudaron a la justicia a descorrer el velo de secretividad sobre violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Bordaberry".

La sentencia de la juez Mariana Motta el pasado 9 de febrero de 2010, se basó en un caso presentado por los abogados, Walter de León y Hebe Martínez Burlé. "Nadie pensaba que lograríamos condenar a Bordaberry," dijo Martínez Burlé. "Incluso entre activistas de derechos humanos, algunos decían que estábamos locos".

Oscar Destouet, quien encabeza la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y que apoyó los procesos, hizo notar que "esta es la primera vez que un jefe de estado ha sido Juzgado por un golpe de estado". No hay duda que el caso no tiene precedentes en los tribunales de Uruguay. "La sentencia apunta a un amanecer en la jurisprudencia uruguaya", dice Jorge Pan, quien dirige el Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay [IELSUR].

Bordaberry fue elegido a la presidencia en 1971 en medio de una conmoción social y la insurgencia de los Tupamaros, el movimiento guerrillero más poderoso en América Latina en la época. A fin de destruir la insurgencia y apagar la disensión social, Bordaberry orquestó un auto golpe en junio de 1973, donde disolvió el Congreso y suspendió la constitución, y después lanzó una feroz campaña contrainsurgente en la que miles fueron encarcelados y torturados, y cientos muertos y desparecidos. Las fuerzas de seguridad uruguayas, además, coordinaban sus acciones represivas con otros países del Cono Sur en lo que se conoció como la "Operación Cóndor," persiguiendo y asesinando a ciudadanos uruguayos que se habían refugiado en otras naciones, como el Senador Zelmar Michelini y el legislador Héctor Gutiérrez Ruiz quienes fueron asesinados en Buenos Aires.

La búsqueda de justicia por violaciones de derechos humanos bajo el régimen militar ha sido bloqueada por una amnistía ratificada en un referéndum con el 54% de los votos en 1989. En Octubre de 2009, otro plebiscito para remover la amnistía se quedó corto con solamente el 48% de apoyo. Sin embargo, en agosto de 2003, la Corte Suprema falló que Bordaberry debía enfrentar los cargos como un ciudadano común.

Según Osorio, "los documentos de EEUU ayudan a los jueces a sobrepasar los obstáculos de impunidad en Uruguay". En diciembre de 2006, Osorio presentó su testimonio con más de 70 documentos desclasificados de EEUU ante la juez de instrucción a cargo de este caso histórico.

Esta gacetilla electrónica presenta ocho documentos desclasificados de EEUU introducidos en el caso que identifican el rol de Bordaberry en el golpe militar, su desdén por las instituciones democráticas y el papel de las fuerzas de seguridad en los crímenes bajo el régimen. Además incluye:

La sentencia de la Juez Mariana Motta
Un recuento de puntos sobresalientes del caso escrito por Walter de León
Una cronología sobre el golpe encabezado por Juan María Bordaberry
Una cronología del juicio por "Atentado contra la Constitución"

Ver los documentos

Julio 1, 1973 – Posibles Efectos de las Acusaciones de Tortura en Uruguay sobre el Programa de Seguridad Publica de la AID (clic para ver )

En un memorándum al segundo de la Embajada estadounidense en Uruguay Frank Ortiz, un representante de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) expresa su temor que las recientes acusaciones de tortura contra la policía uruguaya así como el golpe encabezado por el Presidente Bordaberry podrían poner en peligro el apoyo del Congreso de EEUU al programa de asistencia a la policía uruguaya. El documento menciona denuncias de tortura por la policía en la ciudad de Paysandú así como en otros lugares a través del país que están siendo investigados por legisladores uruguayos. Todo esto ha contribuido al conflicto entre el Congreso uruguayo y los militares y Bordaberry.

El oficial de la USAID informa que "el último acto del Senado en la tempranas horas del 27 de junio fue votar 16 a 1, para hacer una investigación de las acusaciones de tortura en Paysandú. Inmediatamente después, el Senado fue cerrado y disuelto por el Presidente Bordaberry… para un observador en el exterior… la motivación de cerrar el Congreso sería tanto ira por no poder procesar al Senador Erro por sus lazos con los Tupamaros, como el deseo del Presidente y de las Fuerzas Armadas de prevenir una investigación del Congreso de las torturas en Paysandú y otras partes".

Julio 2, 1973 – Los Estados Unidos y los Eventos en Uruguay (clic para ver)

El segundo de la Embajada de EEUU Frank Ortiz, envía una actualización al Departamento de Estado respecto de la situación en Montevideo luego del golpe. "Se ha llegado a un nivel decisivo en Uruguay… El ejecutivo, procediendo con y a [instancias de las fuerzas armadas] ha tomado medidas como la disolución del congreso y la poderosa confederación sindical dominada por los comunistas (CNT)…" El informe sugiere que entre los uruguayos "hay disposición a aceptar las afirmaciones del presidente en el sentido que las medidas ilegales llevadas a cabo eran necesarias y temporales y que habrá un regreso a las formas democráticas tradicionales".

Asimismo, Ortiz informa que "los grupos de oposición, cuyos líderes están escondidos, están en un estado de choque por lo imprevisto y arrasador de las medidas del Gobierno". Según Amnistía Internacional y numerosos otros organismos de derechos humanos, entre 1973 y 1976, Uruguay se convirtió en el país con mayor número de encarcelados y torturados per cápita en América Latina.

Julio 25, 1973 – División de Seguridad Pública: Informe sobre la Policía (clic para ver )

El asesor en jefe en Seguridad Pública de la USAID en Montevideo hace un informe de "las actividades luego de los recientes cambios en el Gobierno uruguayo". El informe dice que "para el 10 de julio, la oficina del Jefe de la Policía había recibido órdenes de reintegrarse a las operaciones militares… se habían dado órdenes de operaciones coordinadas al mediodía de esta fecha… para la una de la tarde del 10 de julio, la policía de Montevideo recibió nuevas órdenes llamando a un incremento en la coordinación entre las operaciones militares y de la policía… hay indicios que se trata principalmente de operaciones de recolección de inteligencia y de naturaleza ‘especial’". En la jerga de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad de los años sesenta y setenta, el término "especiales" (entre comillas en el documento) es una referencia a las actividades de los escuadrones de la muerte.

Noviembre 12, 1973 – Uruguay Cuatro Meses Después de la Clausura del Congreso (clic para ver )

El Embajador de EEUU Ernest Siracusa envía un informe al Departamento de Estado cuatro meses después del golpe diciendo que "desde el 27 de junio el gobierno de Bordaberry ha cerrado el Congreso, proscrito la actividad política, impuesto la censura para apagar a la crítica, hecho ilegal a la confederación sindical controlada por los comunistas, suspendido las actividades de la universidad nacional y tiene planes de proscribir a la federación de estudiantes universitarios y grupos afiliados. La base de poder del gobierno se ha movido hacia las Fuerzas Armadas".

Con respecto a la relación de Bordaberry con los militares, Siracusa observa que "sus características lo hacen sentirse cómodo con los miliares, y el debate sin fin sobre si Bordaberry o los militares están tras cualquier medida generalmente están fuera de foco… [pues] el que Bordaberry y los militares generalmente están pensando en la misma línea... Creemos que Bordaberry fue el que inicio la movida de cerrar el Congreso. Así mismo, fue Bordaberry, no los militares, quien esbozó un decreto que se espera vea la luz pronto proscribiendo o disolviendo al Partido Comunista (PCU). Estas y otras medidas, concebidas en términos de patriotismo, moralidad, o en consideraciones más prácticas, han aliado al presidente muy a menudo con los de línea dura como el comandante de la primera división, General Esteban Cristi".

Diciembre 26, 1973 – Conversación con el Presidente Bordaberry (clic para ver )

El Embajador de EEUU Siracusa informa sobre una reunión con Bordaberry dónde ambos cubren temas económicos y bilaterales. En una sección, luego de expresar su valoración que los uruguayos están contentos por la estabilidad que ha alcanzado el régimen luego del golpe, Siracusa dice "pude detectar también una cierta tristeza porque el precio haya sido que las tan preciadas instituciones democráticas de Uruguay habían sido hasta cierto punto sacrificadas o limitadas". Bordaberry responde explicando que "la situación había llegado realmente al borde del caos y que de no haberse tomado medidas drásticas el país se habría enfrentado con tener que aceptar una anarquía crónica o una verdadera toma de poder de los militares como alternativa". Siracusa termina diciendo que Bordaberry expresó que "todo lo que han hecho ha sido realmente un esfuerzo de parar el estancamiento de más de dos décadas y salvar las tradiciones e instituciones democráticas de Uruguay en lugar de violentarlas. En cierto sentido… estas instituciones, tal como operaban, eran ellas mismas la amenaza real a la democracia en Uruguay".

Agosto 14, 1975 – Muertes y Desapariciones de Extremistas Chilenos: Implicación del GOA [Gobierno de Argentina] (clic para ver )

En medio de numerosas muertes sospechosas de guerrilleros chilenos en Argentina, la Embajada de EEUU en Buenos Aires informa al Departamento de Estado que "el agregado legal [de EEUU] informa que las policías y en especial los establecimientos militares de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile están bien interconectados… Además, se sabe que operaciones de asesinatos son llevadas a cabo por estos gobiernos como favor entre ellos, aunque no puedan ser probados". Los informes de Robert Scherrer, enlace del FBI y agregado legal en la Embajada de EEUU en Buenos Aires, acerca de la colaboración de las agencias de seguridad del Cono Sur, revelarán más adelante la existencia de la Operación Cóndor en 1976.

Junio 18, 1976 – Más Información sobre Zelmar Michelini y Luis Héctor Gutiérrez (clic para ver )

Unas semanas después que los legisladores uruguayos exiliados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz fueran asesinados por desconocidos en Buenos Aires, el Embajador de EEUU en Montevideo, Ernest Siracusa, informa que "según [una fuente secreta] las autoridades argentinas consideraban que Michelini estaba trabajando con la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) en Argentina, orquestando campañas de propaganda contra Uruguay. La JCR es la coordinación de los grupos terroristas/subversivos de Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia".

Agosto 3, 1976 – Informe Mensual (Julio) de ARA [Sección América Latina]: La 'Tercera Guerra Mundial' y América del Sur (clic para ver )

Desde principios del año, numerosos miembros de guerrillas y líderes de la oposición de izquierda de países limítrofes del Cono Sur han sido muertos en Buenos Aires. Entre ellos, se encuentran dos legisladores uruguayos, un ex Presidente boliviano y muchos otros chilenos, uruguayos, bolivianos, brasileños y paraguayos.

En este análisis preparado para el Secretario de Estado Henry Kissinger, el Secretario de Estado Asistente Harry Shlaudeman informa que "los regímenes militares del Cono Sur... están juntando fuerzas para erradicar la ‘subversión’, que se traduce cada vez más como disidencia no violenta de izquierda y del centro. Las fuerzas de seguridad del Cono Sur ahora coordinan estrechamente actividades de inteligencia; operan en los territorios de uno u otro persiguiendo a subversivos; han establecido la Operación Cóndor para localizar y matar a terroristas de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) en sus propios países y en Europa... La cooperación de seguridad es un hecho: Existe una amplia cooperación entre las operaciones de seguridad/inteligencia de seis gobiernos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, y Uruguay. Sus servicios de inteligencia sostienen reuniones formales para planificar ‘Operación Cóndor’..."

Shlaudeman concluye explicando que "el problema parte con la definición de ‘subversión’... que se acerca cada vez más a incluir a casi cualquier persona que se oponga a las políticas gubernamentales... el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay Blanco... fue el primero en describir la campaña contra los terroristas como la ‘Tercera Guerra Mundial’. La descripción es interesante por dos razones: justifica medidas feroces y arrasadoras de ‘tiempos de guerra’; enfatiza el aspecto internacional e institucional, justificando por lo tanto el ejercicio del poder mas allá de las fronteras nacionales".