La mano justa de Bonomi

"No se trata de mano dura o mano blanda, se trata de mano justa", dijo Bonomi

http://youtu.be/869paC3ouIg

Hace un corto tiempo atrás expresó Bonomi que su política ni es de "mano dura" ni de "mano blanda" la llamó de "MANO JUSTA".La "mano justa" quiere construir dos cárceles para un total de 3.000 presos. Hoy en día hay 9.067 presos en un total de 7.500 "plazas" como le llaman. Si a los 9.067 se le agregan 3.000 nuevas "plazas" a construirse tenemos que la visión de Bonomi es de un número de presos cercano a los 12.000, es decir un crecimiento del 33% del número actual de presos.Resulta pues, que a pesar de los altamente optimistas pronósticos gubernamentales sobre la economía nacional,el crecimiento,etc,etc,ya se calculan las consecuencias sociales de este optimismo en el crecimiento en un 33% de los presos.Suena contradictorio.Demás esta decir que la política de "mano justa" ha significado el ignorar las raíces sociales del aumento de la delincuencia. La "mano justa" de Mujica se lo atribuye a las ambiciones desmedidas por artículos de lujo,por ejemplo.Lejos están los tiempos en los que el Presidente y por lo menos varios ministros y muchos senadores y diputados cantaban a coro la canción de Viglietti dedicada al "Chueco" Maciel...aquella que habla de "la patria chueca". 

9.067 presos hay en las cárceles de todo el país - “Va a haber más presos. Tenemos que prepararnos para evitar que aumente el hacinamiento” dijo Bonomi

“La idea es hacer las dos cárceles;edificar otra cárcel, a través del modelo tradicional, para unos 1.000 reclusos en el predio donde está ubicado el Comcar.

El Ministerio del Interior decidió, al comienzo de esta administración, edificar un centro de reclusión para 2.000 presos utilizando el modelo de participación público privada (PPP).

3.2.12

Feos, malos y sucios

Columna de opinión. 

La Justicia de Maldonado está dedicada desde diciembre, por tercer año consecutivo, a desterrar a forasteros que “molestan” a los turistas y carezcan de domicilio o de un trabajo que expliquen su presencia en el departamento. Para eso se vale de la Ley de Vagancia, Mendicidad y Estados Afines, vigente pero arcaica y de constitucionalidad dudosa, que apunta contra las personas que “representen un peligro social”.
Esta norma de 1941 habilita a los jueces a declarar “en estado peligroso” a “vagos”, “mendigos”, “ebrios y toxicómanos habituales”, “proxenetas” y a aquellos “que observen conducta reveladora de inclinación al delito”, “no justifiquen” el dinero y los bienes en su poder u “oculten su verdadero nombre”. El sujeto “peligroso” podrá ser “internado” en “régimen de trabajo obligatorio” en la “Escuela Correctiva de Inadaptados”, sometido a “aislamiento curativo” e impedido “de residir en determinado lugar o departamento”, entre otras “medidas de seguridad”.
El primer inconveniente de esta ley es que se superpone con el Código Penal, que ya sanciona los mismos delitos (como el proxenetismo) y las mismas faltas (como la mendicidad abusiva). El segundo es que se pasa por el fundillo el principio de presunción de inocencia, al castigar hasta con prisión acciones, conductas y apariencias que no constituyen delitos ni faltas. La dichosa “Escuela Correctiva de Inadaptados”, convertida con la Rendición de Cuentas de 1961 en “Colonia Educativa de Trabajo”, no es otra cosa que el proyecto de cárcel inaugurado a las cansadas en 1972 con el nombre de Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1, aunque más conocido como Penal de Libertad. El tercero es la imprecisa descripción de los actos que pretende reprimir: de aplicarse a rajatabla contra todo “vago”, “ebrio y toxicómano” o “inclinado al delito”, unos cuantos turistas harían cola en los juzgados fernandinos.
Por lo tanto, se trata de una ley arbitraria e intermitente, que permite al juez declarar “peligroso” a alguien por puro capricho, por ejemplo cuando emigran a los balnearios numerosos desocupados en busca de empleo temporal.
Pero los comerciantes y prestadores de servicios turísticos aplauden como focas que se someta al supuesto “inadaptado” a un insoportable acoso policial y judicial hasta que acepte un pasaje de ida obsequiado por una compañía de transporte interdepartamental. La Ley de Vagancia, por lo que se sabe, sólo subsiste en Maldonado. Los jueces de los restantes 18 departamentos la eluden. Menos mal: si cundiera el ejemplo, ¿se expulsaría a los “peligrosos” de un país sin pena de destierro?
Sin embargo, la Jefatura de Policía de Montevideo cumple desde diciembre la misión de “retirar indigentes” de “lugares públicos” frecuentados “por turistas”. Según la versión oficial, se los deriva a los refugios, como si se tratara de la versión tórrida del Plan Frío Polar. Según Jorge Bonet, desocupado en situación de calle entrevistado por El Espectador, también se les ordena “desplazarse hacia la rambla o hacia el otro sector donde está la estación de AFE”.
Las explicaciones del gobierno son contradictorias. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que “no es para que los turistas no los vean”, sino porque “los espacios públicos están para el disfrute de la gente, y no para dormir o acampar”. Bonomi le respondía así a su par de Turismo, Héctor Lescano, quien había tomado la iniciativa “por un tema de paz, tranquilidad y, por qué no, de estética”, preocupado por los visitantes “pero también como ciudadano”, según le dijo a El Observador. El portavoz de la Jefatura de Policía de Montevideo, José Luis Rondán, le dio la razón a Lescano y no a su jefe cuando declaró a El País que a “esos individuos” debe impedírseles andar “dando vueltas por ahí” si la intención es que el turismo “funcione”. Además, generalizó, “son rastrillos”, por lo que apartarlos reduciría los robos al descuido y los asaltos.
Para Bonomi, el principio a custodiar es el bien común. Para Lescano, el disfrute de la ciudad. Para Rondán, la prosperidad turística y la seguridad.
En pos de esos objetivos el gobierno nacional se resigna a obviar los derechos humanos, igual que la Justicia de Maldonado. A la gente de la calle hay que esconderla por fea y molesta. Al delito se lo previene encerrando de antemano al que tenga cara de delincuente o se vista como tal. Y a la pobreza no hay que erradicarla, sino expulsarla de los lugares donde “disfruta la gente”. La gente bien.
Mientras, los delincuentes de verdad aprovechan que la Policía pierde tiempo en tareas menores. También aprovechan que la propia Justicia ablande a sus potenciales víctimas, porque la sensación de inseguridad se agrava al dejar impunes las faltas y delitos “leves” tipificados en el Código Penal, no en la Ley de Vagancia. Los delincuentes de verdad saben que lo de Maldonado y lo de Montevideo son megaoperaciones, pero de cirugía estética.

Marcelo Jelen

     Sábado 4 de Febrero de 112

        
     Evitar que se politice el combate a la delincuencia

Por estas horas la ex ministra del Interior Daisy Tourné volvió a referirse en términos polémicos a la situación de la seguridad en el país y no dudó en cuestionar a los cuadros policiales, a los que adjudicó la real conducción de la Policía. Pero la ex jerarca también rozó la gestión del actual ministro, Eduardo Bonomi, al cuestionar los megaoperativos en las zonas marginales, un instrumento de acción policial que el secretario de Estado ha defendido con firmeza.

La diputada socialista y ex ministra del Interior Daisy Tourné dijo el martes por la noche que en materia de seguridad "los que mandan son los milicos" y cuestionó los megaoperativos por considerar que se limitan a dejar "contenta" a la gente mientras los "grandes chorros" se escapan "alertados por la propia Policía".

Tourné participó de un encuentro sobre seguridad ciudadana que se desarrolló en Casa del Pueblo, organizado por la Seccional de Profesionales del Partido Socialista, en el cual también participaron los sociólogos Rafael Bayce y Rafael Paternain y el ex subsecretario de Interior, Juan Faropa.

Los profesionales invitados, así como la legisladora, coincidieron en que la izquierda carece de todo plan y estudio en materia de seguridad, pero Tourné fue más lejos y sostuvo que los megaoperativos dejan por un rato "contenta" a la gente y que "los grandes chorros" no caen en estas redadas porque son "alertados por la propia Policía. Sólo caen chorritos". La ex ministra afirmó también que "los que mandan son los milicos y no los políticos", en alusión a los servicios de seguridad del Estado, fundamentalmente la Policía.

La diputada dijo además que "hay que ser muy militante para agarrar el cargo de ministro" y sostuvo que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, "está más solo que el uno", ya que "no existe política de seguridad" en la fuerza política.

"La derecha nos marca la agenda. Quieren miedo porque no saben gobernar sin el temor de la gente. Algo similar a lo que ha hecho la Iglesia siempre", porque "un pueblo con miedo justifica cualquier cosa", agregó.

Lamentablemente, la ex ministra se equivoca en algunas de las afirmaciones que realizó en su exposición ya que a nuestro juicio ha optado por politizar un tema que no es de izquierda ni de derecha, simplemente requiere de que estén a su frente los mejores técnicos. Así es, el principal objetivo debe ser el de resolver un problema que es acuciante para la población, aún más para aquellos que menos tienen ya que son los que están en peores condiciones para proveerse de sus elementos y de condiciones que les permitan vivir seguros.

Es que la seguridad tampoco es de izquierda o de derecha, es como la inflación, como el déficit fiscal o el Producto Bruto Interno. Es un error llevarlo a esos términos porque además, quienes cometen los delitos, en ningún momento se fijan en si sus víctimas son de izquierda o de derecha.

Si bien hay muchos temas que los separan, tanto en el programa de gobierno del Partido Nacional, como en la plataforma electoral del Frente mostraron en la pasada campaña electoral coincidencias en cuanto a la necesidad de promover el refuerzo de las herramientas policiales, la incorporación de nuevos efectivos, la creación de institutos de rehabilitación para el tratamiento de los delincuentes y varios otros aspectos de un gran programa nacional de combate a la criminalidad.

Es que el único camino válido para enfrentar este flagelo que afronta la sociedad actual pasa por el establecimiento de una política de Estado en esta materia, máxime que buena parte de estas coincidencias abarcan a los restantes partidos con representación parlamentaria. Y es algo que necesita el país, que no logrará los mismos resultados si lo que se busca es el enfrentamiento y dividir entre buenos y malos.

En ese sentido, el actual ministro del Interior ha dado muestras de que está dispuesto a dar una lucha sin cuartel contra la delincuencia, usando entre otras herramientas los denominados "megaoperativos", los mismos que criticó Tourné en su intervención. Sabido es que estas acciones policiales no han terminado con la detención de delincuentes mayores, pero sí han servido para que quienes viven al margen de la ley sepan que la Policía está dispuesta a ir a buscarlos cualquiera sea el lugar en el que se escondan.

Antes de asumir funciones el 2 de marzo del año pasado, Bonomi dejó en claro su intención de que las cosas debían cambiar. Si bien sus metas aún no se han logrado, lo cierto es que hay un esfuerzo por demostrar que se está en el combate franco a la delincuencia. Y que se busca restablecer en la gente la convicción de que su integridad y sus pertenencias están a salvo de la acción delictiva, especialmente en los vecindarios más humildes.

No es idea de estas columnas subrayar diferencias entre el enfoque de Bonomi con el de sus antecesores de los últimos años. Lo que no se puede dejar pasar es que está señalando puntos de vista que privilegian la defensa de la sociedad ante los embates de la delincuencia. Y esto no puede dejar de merecer el más extendido de los respaldos.

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Lo dijo “Va a haber más presos. Tenemos que prepararnos para evitar que aumente el hacinamiento” Eduardo Bonomi Ministro del interior

En cifras

9.067 presos hay en las cárceles de todo el país, según datos del censo de reclusos realizado en junio pasado. 7.500 son las plazas con las que cuenta el Ministerio del Interior para alojar a los reclusos. 8.353 son hombres mientras que las mujeres son 714. 5.098 están procesados, es decir, sin condena. El Estado lo atribuye al “uso excesivo” de la prisión preventiva. 2.089 ya cumplieron los dos tercios de la condena.  

Ante el problema de la vivienda esta haciendo falta UNA MANO JUSTA, pero justa de verdad,no "justa" de desocupaciones,no "justa" de ignorar el problema, no "justa" de "megaoperativos".Hace falta una "mano justa" que solucione con la misma celeridad con que Bonomi planea nuevas cárceles el asunto de la tremenda falta de "PLAZAS" para que la gente pueda tener una vivienda digna."Cuba está en la ruina" dijo hace un tiempo atrás el Presidente,pero en Cuba, a pesar de cinco decenios de bloqueo,la gente tiene sus casas,hay "plazas" para que todos puedan vivir decentemente.Ante el sonado fracaso del "plan de construcción de viviendas" (si así se lo pudiera denominar) que impulsó el Presidente Mujica en uno de sus tantos llamados que suenan bien entre los votantes pero muy mal en la práctica,cuando se tiene que implementarlos, es sin duda hora ya DE QUE SE APLIQUE EL MISMO ALARMISMO,URGENCIA,Y MÁS QUE NADA RECURSOS, para la construcción de viviendas dignas para los millares de necesitados.

Ausencia de "mano justa" en edificios ocupados que solucionen los problemas de vivienda.

Extraido del colectivo Noticias Uruguayas por Alberto Vidal