Promoción de la candidatura de la Fiscal Mirtha Guianze

Promoción de la candidatura de la Fiscal Mirtha Guianze

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27.01.12 - Uruguay

Candidaturas para la I.N.DD.HH.

Walter Pernas

Brecha

Institución Nacional de Derechos Humanos en carrera Febrero, mes de candidatos
Febrero, mes de candidatos
Las organizaciones sociales se aprestan a presentar postulantes para ocupar el consejo directivo de la entidad. La votación para los cargos no escapará a la puja política. La nueva institución podrá ingresar sin previo aviso a los lugares denunciados por violaciones de los derechos de las personas.
El 8 de marzo vence el plazo para que las organizaciones sociales o ciudadanos en forma particular presenten sus candidatos a ocupar cargos en el colegiado de cinco miembros que dirigirá la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Es un organismo que trabajará administrativamente en la órbita del Parlamento, pero al que la ley 18.446 le concede un funcionamiento autónomo.
La institución se encargará de la "defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional", no se hallará sujeta a jerarquía y no podrá "recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad".
Una comisión especial parlamentaria –con integrantes de todos los partidos– está recibiendo las propuestas de candidatos, revisará si cumplen con los requisitos previstos, confeccionará la lista de postulantes y podrá recomendar a la Asamblea General, por ejemplo, la votación de una plancha de cinco miembros que haya elaborado, más allá de que otros candidatos también pueden ser considerados. La conformación de la o las planchas se hará respetando el espíritu de género de la ley: tres mujeres y dos hombres, o viceversa. Las planchas, que serán consideradas en el Parlamento el 12 de abril, deberán aprobarse por tres quintos de los votos.
El trabajo durante febrero y los primeros días de marzo será intenso para esta comisión presidida por la diputada Daniela Paysée (FA) e integrada por Luis Alberto Heber (PN), Pedro Bordaberry (pc) e Iván Posada (pi), entre otros. Una vez recibido cierto número de propuestas, deberá revisar los antecedentes de los postulantes y entrevistarlos. Incluso, para el caso de personas que se encuentren en el exterior, se prevé la posibilidad de entrevistarlos a distancia.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ha postulado públicamente a la fiscal Mirtha Guianze para ocupar el consejo directivo de la institución, y en febrero concretará los pasos formales para presentar a la candidata. Crysol, el colectivo de ex presas y presos políticos, también apoyará la candidatura de la fiscal.
Guianze es una fiscal emblemática en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Su profesión, y la carrera desempeñada en las últimas décadas, la dotan de un perfil vinculado a la defensa de los derechos civiles y políticos, uno de los aspectos centrales de la institución. Desde el gobierno se cree importante la presencia de Guianze, y la bancada frenteamplista posiblemente busque la aprobación de su candidatura. No obstante, como en otros tiempos –cuando el FA manejó su nombre para la Fiscalía de Corte–, blancos y colorados probablemente presenten ciertos reparos, aunque en este caso podrían ser sorteados.
Es que, aunque se argumente que el ánimo del organismo no debe centrarse en banderías políticas, la historia indica que cada partido hará fuerza por estar de alguna manera representado. De ahí que blancos, colorados y frenteamplistas buscarán negociar políticamente la integración de la plancha, más allá de que los candidatos necesariamente deberían presentar un perfil ajustado a la importante función, si se tiene en cuenta la experiencia de estos organismos en otros países.
Los postulantes deberán caracterizarse por una "alta autoridad moral; contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos; no haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante los dos años anteriores a su designación, exceptuándose los cargos electivos de la Universidad de la República".
El cargo es incompatible con "el ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad o la dignidad o prestigio de la institución; el ejercicio de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materia de la Institución Nacional de Derechos Humanos". Tampoco es compatible con el ejercicio de funciones o de asesoramiento en partidos políticos, sindicatos, comisiones, asociaciones, sociedades civiles o comerciales, fundaciones o similares; ni con la actividad política partidaria y gremial, con excepción del voto.
La diputada Paysée dijo a Brecha que la idea de la comisión es conformar una lista de candidatos con tales requisitos, pero que puedan trabajar en todos los campos de los derechos humanos. Sin descuidar los derechos civiles y políticos, la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales es relevante para estos tiempos. La institución recibirá denuncias que deberá investigar o indagará de oficio cuando sospeche violaciones a los derechos humanos en organismos públicos, empresas públicas regidas por el derecho privado o aquellas que mantengan contratos con el Estado.
Para ello podrá, por ejemplo, "ingresar con o sin previo aviso a los lugares de detención, hospitales, establecimientos militares y cualquier otro establecimiento en que existan personas privadas de libertad o en régimen de internación". Puede solicitar información, examinar archivos y otros documentos, interrogar a los responsables, divulgar la información recabada, realizar recomendaciones para resolver situaciones, ventilar públicamente su incumplimiento, si fuere el caso, o presentar denuncias judiciales, entre otras facultades.