Piezas que faltan

Luis Becerra o “Leandro” 

 Los móviles del espionaje en democracia. 


Samuel Blixen
Brecha publicó 14.000 documentos del “archivo Berruti”

“Estos documentos hace mucho que están y sin embargo no son de acceso a la gente”, dijo el periodista Samuel Blixen

>>> Oir a Samuel Blixen 
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Un link con los documentos

Además de reproducir algunos de los documentos de inteligencia mencionados en la serie de artículos sobre espionaje en democracia, publicada desde fines de 2016, Brecha ha aplicado, como política de transparencia, el criterio de aportar a personas o instituciones, objeto directo del espionaje, el conjunto de materiales (la mayoría inéditos) que están en su poder. La simple lectura ha demandado meses, de ahí que esa contribución ha sido en ocasiones parcial.
Ahora, en momentos en que se ha acrecentado y generalizado el interés por esos documentos, y ante la evidencia de que el acceso a éstos es harto difícil (si no imposible), Brecha ha decidido, en aplicación de un criterio de democracia informativa y de transparencia, facilitar a todos –periodistas, políticos, sindicalistas, estudiosos y también a los interesados en general– la posibilidad de consulta. Para ello ha destinado, en la página web del semanario, un link que permita acceder a todos los rollos del “archivo Berrutti” que están en poder de Brecha sobre el espionaje militar en democracia.
Acceda a los documentos aquí:

Decididamente El País construye agenda: un prolijo artículo de Paula Barquet, publicado en la edición del domingo 23, tuvo la virtud de sacudir la modorra sobre el espionaje militar en democracia contra partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales. Centrado en las andanzas de “Leandro”, el agente 03-E del Departamento III (Operaciones) de la Dgid (uno de los tantos cambios de ropaje de la inteligencia militar), el artículo tiene entre otras virtudes, la de confirmar la existencia de “Leandro”, acudiendo a la consulta de aquellos dirigentes políticos y sindicales que –en los documentos reseñados por Brecha a fines de 2016– habían sido víctimas del espía. En aquellas publicaciones iniciales estaban todos los indicios para la identificación. Sin embargo, recién ahora, la crónica de El País (que por cierto no menciona el nombre completo) disparó la inquietud de otros colegas que sí difundieron el dato. Y también la reacción de los espiados, como lo revela la declaración de la Federación de la Bebida (Foeb), que condena la práctica de espionaje, lo atribuye a la persistencia de una “democracia tutelada”, reclama una definición de los poderes del Estado y anuncia reclamos legales.
En su momento, Brecha decidió no invertir esfuerzos en la identificación de la decena de espías que, según los datos de los documentos del “archivo Berrutti”, podían ser fácilmente ubicables. Ese criterio –que no supone ningún tipo de cuestionamiento a otros colegas que sí se han propuesto aportar el dato al público– se apoyaba en dos consideraciones, una práctica: se priorizó la lectura, engorrosa, de los miles de documentos y su verificación para comunicar los aspectos esenciales del espionaje; otra, sustancial: se entendió que correspondía a las propias víctimas, señaladas con nombre y apellido (y evaluadas ideológica y políticamente, vigiladas incluso en aspectos de su vida privada), identificar a sus espías, a los espías de sus organizaciones.
En la serie de artículos que Brecha sigue publicando esporádicamente sobre el espionaje militar en democracia, se dieron elementos para la identificación, por ejemplo, del “Zapatilla”, un ex preso político que señaló y delató a decenas de jóvenes militantes del Mln, calificándolos de fanáticos de la “lucha armada ya”; del militante del Partido Nacional que informaba puntualmente sobre las reuniones del Honorable Directorio y de las actividades del grupo que orientaba Juan Raúl Ferreira; del militante del Partido Comunista del seccional Mendiola que “cubrió” para los militares el proceso de crisis que desembocó en la ruptura del partido; y, por supuesto, de “Leandro”, el militante del Pit-Cnt, de Foeb y del Partido Socialista que asistía a las discusiones del plenario y el Secretariado de la central, y daba línea en las estructuras sindicales del PS.
Es de suponer que cada dirigente y cada organización ha tomado las previsiones del caso, entre otras cosas porque el espía puede seguir abusando de la confianza de quienes no sospechan de ese doctor Jekyll. A la lista de agentes que siguen apareciendo (el “archivo Berrutti” contiene más de 3 millones de documentos) habrá que sumar algunas “distracciones” de los oficiales de inteligencia, en general muy prolijos a la hora de compartimentar a sus agentes, pero que en ocasiones se les escapa la identidad real. Tal es el caso de Alberto Morales, director de Evico (“servicios de vigilancia, información comercial, revisación de personal, antecedentes laborales, control de portería, servicios especiales”), según reza la tarjeta que entregó a “Guillermo”, el oficial del Departamento III, en una entrevista de abril de 1988, al que le ofreció pasar información sobre la Intendencia Municipal de Canelones, “ya que es secretario de un representante nacional de Canelones”: los diputados de la Comisión Investigadora podrán confirmar si el tal Alberto sigue deambulando por el Palacio Legislativo.
Son curiosas ciertas reacciones sobre la identificación de espías: algunos dirigentes del Partido Comunista prefirieron calificar de “carne podrida” el contenido de los documentos de inteligencia ante el cúmulo de información sobre los intentos militares, policiales y de la Cia de infiltrar el Comité Central del partido. Más extraña fue la reacción de la senadora socialista Mónica Xavier cuando a finales de año comenzó a circular el nombre de Becerra: “Es un viejo militante. Lo que pasa es que Blixen odia al Partido Socialista”, habría comentado a algunos de sus colegas en Diputados. (Argumentos similares se esgrimieron cuando Brecha desnudó el papel del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, en el escándalo por la liberación de ejecutivos del grupo Peirano).
Dichas reacciones pueden ser comprensibles ante el impacto de la evidencia: en democracia, los aparatos de inteligencia militar y policial continuaron las mismas prácticas de la dictadura. Y conviene aclarar: el escalón primero y fundamental de la inteligencia es la recolección y obtención de información secreta, y ello se consigue con espías. Lo que sí debería haber cambiado es el objetivo de la inteligencia. Pero no: en democracia los enemigos que debían ser espiados y controlados fueron, como en dictadura, las organizaciones populares, los partidos de izquierda o los grupos progresistas de los partidos tradicionales, los sindicatos, las estructuras estudiantiles, las corporaciones profesionales y hasta los bailes juveniles. Todo aquello que, como siempre, se calificó de “comunista” o “sedicioso”.
Los políticos, los partidos políticos, debían tener conciencia de que si no tuvieron la voluntad de modificar a las Fuerzas Armadas (su estructura, la formación de sus oficiales, sus objetivos, sus misiones) y si permitieron que aquellos oficiales más comprometidos en el proceso dictatorial siguieran ascendiendo y ocupando los principales cargos y mandos, el espionaje seguiría viento en popa con total autonomía. La mayoría de los ministros de Defensa que desfilaron por la comisión investigadora admitieron, ante la evidencia de los documentos, que desconocían lo que hacían sus subordinados. En definitiva, no quisieron saber. La única excepción fue la ministra Azucena Berrutti.
Incidentalmente, el artículo de El País terminaba: “La información difundida por Brecha abarca lo aportado por espías e infiltrados manipulados por la inteligencia militar, pero no revela qué se hacía con los datos o qué operativos motivaban”. Simple: Brecha no lo sabe. En el “archivo Berrutti” no existe información sobre las operaciones del Departamento III (Operaciones). Era el departamento que ejecutaba, junto con el Ocoa, los operativos de vigilancia, captura, interrogatorios y de­sapariciones durante la dictadura; y de infiltración, vigilancia, escuchas, interceptación telefónica, e incluso detenciones e interrogatorios en democracia. Los documentos sobre esas operaciones (que incluyen el Plan Cóndor) aún no han sido encontrados. Sería deseable que todos los colegas unificaran el reclamo sobre esa información que se le sigue sustrayendo a la sociedad.