Julio María Sanguinetti y Didier Opertti en el año 1997
Uruguay a la caza de "terroristas domésticos".
14 julio 2017
Samuel Blixen
Los aparatos de inteligencia policial y militar –la Dirección
Nacional de Información e Inteligencia (Dnii) y la Dirección General de
Información de Defensa (Dgid)– participaron junto con Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay, Estados Unidos y Canadá en una nueva fase de
coordinación que sustituyó a la “sedición revolucionaria” por el
“terrorismo internacional” como objetivo de su accionar. Documentos de
la inteligencia militar hallados en el llamado “archivo Berrutti”
revelan el origen de este nuevo Cóndor democrático y atestiguan sobre
acciones concretas. Esos documentos dan cuenta de la fluidez de
relaciones entre distintas estructuras militares y policiales de
inteligencia, y de los desencuentros vernáculos de los dos principales
aparatos de espionaje.
DE ESTE LADO DE LOS ANDES. Casi por la misma época
en que el cadáver del agente de la dictadura chilena Eugenio Berríos
–prisionero en Uruguay de oficiales de la contrainteligencia de ambos
países– emergía en 1995 de las dunas de la costa de El Pinar, después de
dos años de desaparecido, agencias de Estados Unidos finalmente
concretaban en Buenos Aires una primera “reunión de consulta sobre cooperación para prevenir y ¡eliminar! el terrorismo internacional”.
Como señalaron en su informe el embajador uruguayo Felipe Paolillo y el
asesor del ministro del Interior Edison González Lapeyre, Estados
Unidos aprovechó la debilidad del gobierno de Carlos Menem (duramente
cuestionado por la inoperancia oficial en la investigación del atentado a
la Amia, la mutual israelita de Argentina, que cobró 85 muertos) para
impulsar un encuentro que, con cierta ironía, sus autores calificaron,
entrecomillándolo, de “regional”. No pasó desapercibido que en los días
de reunión, el 1 y 2 de agosto de 1995, la atención de la prensa se
centrara en el tratamiento Vip que el gobierno argentino otorgaba al
hijo del general libio Muammar Gaddafi, considerado uno de los más
notorios terroristas internacionales; así lo consignan los informes
reservados de los asesores uruguayos.
La delegación uruguaya, presidida por el ministro del Interior,
Didier Opertti, contó con el asesoramiento del inspector principal
Humberto Fraga Pintos, de la Dnii, y los coroneles Daniel Barral, de la
Dgid, Santiago Pomoli, agregado militar en Buenos Aires, y Ricardo
Queirolo, del Ministerio de Defensa Nacional. Las directivas del
ministro Opertti fueron: “No tomar compromisos formales pero sí establecer niveles de cooperación, cooperar sin entorpecer”.
Un informe del contralmirante Óscar Otero, director general de
Información de Defensa, enumeraba los acuerdos, formales o no:
intercambio de información, fortalecimiento de controles fronterizos,
armonización de legislaciones antiterroristas y mejoramiento de los
convenios internacionales sobre extradición. En el Grupo B, que discutió
la forma de combatir la amenaza del terrorismo internacional, se acordó
que “los estados participantes deberían mejorar los mecanismos para
compartir la información existente, compartir las evaluaciones sobre
amenazas del terrorismo internacional, especialmente aquellas que pueden
señalar nuevos desarrollos o tendencias; y el intercambio de
información y de listas sobre personas conocidas o sospechosas de estar
vinculadas con el terrorismo internacional”. El Grupo B sugería “la
identificación de un interlocutor único en cada país que esté
disponible las 24 horas del día para la trasmisión y recepción de
información sobre personas y/o hechos, y de compartir las ‘watch lists’ sobre el terrorismo internacional recopiladas por cada país individualmente”.
Aunque la propuesta de Estados Unidos –lanzada por Philip Wilcox,
coordinador para el contraterrorismo, y Paul Pillar, subdirector de
inteligencia para el contraterrorismo– y secundada por Argentina, de
crear organismos supranacionales, no fue aprobada, se reconoció “la
necesidad de ciertos países de recibir la asistencia técnica de
capacitación y logística necesaria para mejorar sus posibilidades de
intercambio”. Uruguay, por su parte, “insistió en que se
incluya el terrorismo doméstico en el tema y no se soslaye, ya que se
encuentra encuadrado en la misma problemática”. Los documentos no definen qué debía entenderse por “terrorismo doméstico”, que preocupaba a la delegación uruguaya.
La reunión de consulta sobre terrorismo repitió, indisimuladamente,
los acuerdos de Viña del Mar de noviembre de 1975, donde los delegados
de los servicios de inteligencia de las dictaduras de la región dieron
origen al mecanismo de coordinación represiva cuyo nombre, Plan Cóndor,
fue propuesto por el delegado uruguayo del Servicio de Información de
Defensa (Sid), el coronel José Fons. Salvo la creación de una estructura
operativa supranacional, fueron aprobados el intercambio de
información, la distribución de listas de “sospechosos” y la designación
en cada país de un responsable, calcando el esquema, 20 años después.
El archivo Berutti recoge episodios puntuales de la nueva coordinación.
Las reuniones multilaterales y bilaterales, tanto de aparatos policiales
como militares, se incrementan notablemente a fines del mandato de
Sanguinetti, pero se van procesando a lo largo del quinquenio, durante
las actuaciones de Opertti, Luis Hierro López y Guillermo Stirling en el
Ministerio del Interior; y de Raúl Iturria y Juan Luis Storacce en el
Ministerio de Defensa.
El entonces ministro del Interior, Guillermo Stirling, y el inspector Luis Pereira Saldías, en el acto del Día de la Policía.
DESCOORDINACIONES DE INTELIGENCIA. La comunicación
entre la inteligencia policial y la militar no era muy fluida a mediados
de 1999. El coronel Juan Miguel Pagola, jefe de la División Enlace de
la Dgid, reconocía a finales de mayo de 1999 que el Ejército se había
enterado, por una “agencia amiga”, de las reuniones de una
“Unidad coordinadora de acciones conjuntas de Argentina y Uruguay”
integrada por representantes de los ministerios del Interior de ambos
países. El coronel Pagola consignaba que fue necesario que el Batallón
de Infantería número 4 “realizara averiguaciones” para
confirmar que las reuniones, de las que participaban además las
prefecturas navales y las aduanas de los dos países, tenían por objeto
establecer criterios comunes de control en los puertos de ambas
márgenes; existía la “inquietud por el probable tráfico de armas y
drogas a través de las embarcaciones deportivas que se movilizan entre
los puertos del Río de la Plata y el río Uruguay”. La Dgid instó a la Armada nacional a que participara activamente en esas reuniones de coordinación.
El 11 de junio de 1999 el director de la inteligencia policial,
inspector principal Luis Pereyra Saldías, participó en Puerto Iguazú,
Formosa, de la primera reunión de elementos de inteligencia regionales
realizada con participación de representantes de Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay. La inteligencia militar tomó conocimiento,
otra vez por “una agencia amiga”, de que en la reunión “se resolvió
remitir un informe mensual de la evolución de la situación que se
relacione con terrorismo, crimen organizado y movimiento de extranjeros,
que será presentado por el país que elaboró el trabajo” en el curso de reuniones regulares. Se resolvió, para el siguiente encuentro, a realizarse en Montevideo, “agilizar
la tramitación de pedidos de antecedentes relacionados con el
terrorismo, sus actores y modus operandi; se sugiere instrumentar un
sistema de consulta rápido entre las partes, en integrar las bases de
datos disponibles en el sistema Excel con intercambio de disquetes”.
DE HIZBOLÁ A LOS SIN TIERRA. Paralelamente, la
inteligencia militar avanzaba en la coordinación entre ejércitos: del 21
al 23 de setiembre de 1999 se realizó en Minas, sede de la División de
Ejército 4, la novena reunión de intercambio militar Brasil-Uruguay.
Aquí el temario se desvió ligeramente del terrorismo internacional, el
crimen organizado y el narcotráfico, e incorporó “actividades de organizaciones terroristas revolucionarias y subversivas”.
Las dos delegaciones estaban encabezadas por el general de división
Dilermando Carlos Suárez Adler, comandante de la Sexta División del
Ejército, integrante del Comando Militar Sur con sede en Porto Alegre; y
el comandante de la División de Ejército 4, general Luis A Pérez,
respectivamente. Las deliberaciones se centraron en el accionar del
Movimiento Sin Tierra (Mst) de Brasil, cuya actividad se incrementaba en
el sur, cerca de las fronteras paraguaya y uruguaya. El general Adler
explicó que el Mst “se asemeja al movimiento con los lineamientos generales adoptados en la revolución francesa” (sic); dijo que Brasil “está enfrentando la llamada favelizacion del campo” y que “el objetivo del Mst (al ocupar tierras) no
es producir sino crear centros de pobreza para que la izquierda tenga
un caldo de cultivo propicio para captar adeptos e incrementar la
concientización de las masas”; afirmó que el Mst “se estructura como un ejército donde lo único que le está faltando son las armas”. La delegación brasileña informó que “no se constata una migración de elementos de la ‘triple frontera’ hacia la colectividad árabe de la frontera Uruguay-Brasil”, pero “destacó
que el prefecto de la ciudad de Chuy, Mohammed Kassem Jomaá, viajó en
el presente año por espacio de 90 días, junto a su esposa e hijas
(quienes no regresaron), a Líbano”, y que “se constatan visitas a la ciudad de Santana do Livramento de elementos de Oriente Medio”.
La población de origen palestino en la frontera uruguaya con Brasil
atraía la atención de la Secretaría de Información del Estado (Side)
argentina. Una parte de la Dgid informaba que “se tomó conocimiento
de que un integrante de la Side concurrió a la ciudad de Chuy, junto a
dos oficiales de la Dnii, el día 10” de junio de 1999. “El
motivo habría sido hacer reconocimiento del lugar, ya que la intención
sería infiltrar con algún agente a la comunidad palestina en esa
ciudad.” Aprovechando la ocasión, el agente argentino preguntó a sus colegas uruguayos sobre la versión de que “militares chilenos requeridos internacionalmente estarían en nuestro país amparados por oficiales del Ejército nacional”. Según el parte de la Dgid, el subcomisario Ique Inzaurralde “puntualizó que no se haría eco de este tipo de información” y que “atenderían cualquier pedido por la vía oficial”; sobre estos temas “se informaría al director de la Dgid para que tomara cartas en el asunto”.
CORRESPONDENCIA ENTRE AMIGOS. La relación de las
estructuras de inteligencia con “agencias amigas” era intensa, a juzgar
por los reiterados informes. En junio de 1999 el Centro Superior de
Información de la Defensa (Cesid), la agencia de inteligencia española,
comunicó, por intermedio del enlace en Montevideo, el texto íntegro del
testimonio, en forma de acta notarial, que Washington Raúl Rodríguez
Martínez, un uruguayo que vivía en Tacuarembó y que en 1978 fue
secuestrado en Buenos Aires por personal militar uruguayo, brindó ante
el cónsul de España a pedido del juez Baltasar Garzón, que en esas
fechas armaba el expediente del Plan Cóndor. El testimonio, que
involucraba al coronel Jorge Silveira, al capitán Ricardo Arab y al
inspector Hugo Campos Hermida, llegó antes a mano de los oficiales de la
Dgid, en la casona de Monte Caseros y Larrañaga, que al despacho del
juez Garzón en Madrid.
El Bundesnachrichtendienst (Bnd, agencia de inteligencia extranjera del gobierno alemán) solicitaba de la Dgid “la
información que se posee referente a: la empresa uruguaya Gadiluz SA,
dado que la misma quiere mantener relaciones comerciales con empresas
alemanas”. El pedido plantea la interrogante de si todas las
relaciones comerciales pasan por los canales de las inteligencias
militares; en este caso la Dgid informó al Bnd los nombres de los
propietarios y responsables de la empresa La Casa del Policía.
Pero fue la carta pública que el poeta argentino Juan Gelman envió al
presidente Sanguinetti, poniéndolo en la picota mundial por su
inexcusable complicidad con los secuestradores y asesinos de María
Claudia García de Gelman y el robo de su hija Macarena, lo que
intensificó el intercambio entre la inteligencia uruguaya y las
“agencias amigas” argentinas. Promovía ese intercambio el inminente
desenlace de la investigación de Juan Gelman sobre el paradero de su
nieta y el destino final de su nuera, que se produciría meses después
con el hallazgo de Macarena, tras asumir Jorge Batlle como presidente,
en marzo de 2000. El primer “aporte” argentino fue la ficha completa que
la inteligencia argentina tenía sobre los “antecedentes” de Gelman. La
misma “agencia amiga” fue muy comedida al enviar a Montevideo, por las
dudas, una declaración de la Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt
que fijaba posición respecto de la denuncia de Gelman por la
prescindencia y la inacción del presidente Sanguinetti en investigar el
paradero de su nieta secuestrada al nacer, que resultó tan fácil para el
sucesor Batlle. Sanguinetti había afirmado rotundamente que en Uruguay
no hubo ningún caso de niños secuestrados y desaparecidos, un extremo de
impunidad que no impidió, empero, que tanto en Uruguay como en
Argentina fueran condenados militares por el “caso Gelman”.
viernes, 14 de julio de 2017
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