Uruguay a la caza de "terroristas domésticos".
14 julio 2017
Samuel Blixen
DE ESTE LADO DE LOS ANDES. Casi por la misma época en que el cadáver del agente de la dictadura chilena Eugenio Berríos –prisionero en Uruguay de oficiales de la contrainteligencia de ambos países– emergía en 1995 de las dunas de la costa de El Pinar, después de dos años de desaparecido, agencias de Estados Unidos finalmente concretaban en Buenos Aires una primera “reunión de consulta sobre cooperación para prevenir y ¡eliminar! el terrorismo internacional”. Como señalaron en su informe el embajador uruguayo Felipe Paolillo y el asesor del ministro del Interior Edison González Lapeyre, Estados Unidos aprovechó la debilidad del gobierno de Carlos Menem (duramente cuestionado por la inoperancia oficial en la investigación del atentado a la Amia, la mutual israelita de Argentina, que cobró 85 muertos) para impulsar un encuentro que, con cierta ironía, sus autores calificaron, entrecomillándolo, de “regional”. No pasó desapercibido que en los días de reunión, el 1 y 2 de agosto de 1995, la atención de la prensa se centrara en el tratamiento Vip que el gobierno argentino otorgaba al hijo del general libio Muammar Gaddafi, considerado uno de los más notorios terroristas internacionales; así lo consignan los informes reservados de los asesores uruguayos.
La delegación uruguaya, presidida por el ministro del Interior, Didier Opertti, contó con el asesoramiento del inspector principal Humberto Fraga Pintos, de la Dnii, y los coroneles Daniel Barral, de la Dgid, Santiago Pomoli, agregado militar en Buenos Aires, y Ricardo Queirolo, del Ministerio de Defensa Nacional. Las directivas del ministro Opertti fueron: “No tomar compromisos formales pero sí establecer niveles de cooperación, cooperar sin entorpecer”. Un informe del contralmirante Óscar Otero, director general de Información de Defensa, enumeraba los acuerdos, formales o no: intercambio de información, fortalecimiento de controles fronterizos, armonización de legislaciones antiterroristas y mejoramiento de los convenios internacionales sobre extradición. En el Grupo B, que discutió la forma de combatir la amenaza del terrorismo internacional, se acordó que “los estados participantes deberían mejorar los mecanismos para compartir la información existente, compartir las evaluaciones sobre amenazas del terrorismo internacional, especialmente aquellas que pueden señalar nuevos desarrollos o tendencias; y el intercambio de información y de listas sobre personas conocidas o sospechosas de estar vinculadas con el terrorismo internacional”. El Grupo B sugería “la identificación de un interlocutor único en cada país que esté disponible las 24 horas del día para la trasmisión y recepción de información sobre personas y/o hechos, y de compartir las ‘watch lists’ sobre el terrorismo internacional recopiladas por cada país individualmente”. Aunque la propuesta de Estados Unidos –lanzada por Philip Wilcox, coordinador para el contraterrorismo, y Paul Pillar, subdirector de inteligencia para el contraterrorismo– y secundada por Argentina, de crear organismos supranacionales, no fue aprobada, se reconoció “la necesidad de ciertos países de recibir la asistencia técnica de capacitación y logística necesaria para mejorar sus posibilidades de intercambio”. Uruguay, por su parte, “insistió en que se incluya el terrorismo doméstico en el tema y no se soslaye, ya que se encuentra encuadrado en la misma problemática”. Los documentos no definen qué debía entenderse por “terrorismo doméstico”, que preocupaba a la delegación uruguaya.
La reunión de consulta sobre terrorismo repitió, indisimuladamente, los acuerdos de Viña del Mar de noviembre de 1975, donde los delegados de los servicios de inteligencia de las dictaduras de la región dieron origen al mecanismo de coordinación represiva cuyo nombre, Plan Cóndor, fue propuesto por el delegado uruguayo del Servicio de Información de Defensa (Sid), el coronel José Fons. Salvo la creación de una estructura operativa supranacional, fueron aprobados el intercambio de información, la distribución de listas de “sospechosos” y la designación en cada país de un responsable, calcando el esquema, 20 años después. El archivo Berutti recoge episodios puntuales de la nueva coordinación. Las reuniones multilaterales y bilaterales, tanto de aparatos policiales como militares, se incrementan notablemente a fines del mandato de Sanguinetti, pero se van procesando a lo largo del quinquenio, durante las actuaciones de Opertti, Luis Hierro López y Guillermo Stirling en el Ministerio del Interior; y de Raúl Iturria y Juan Luis Storacce en el Ministerio de Defensa.
DESCOORDINACIONES DE INTELIGENCIA. La comunicación entre la inteligencia policial y la militar no era muy fluida a mediados de 1999. El coronel Juan Miguel Pagola, jefe de la División Enlace de la Dgid, reconocía a finales de mayo de 1999 que el Ejército se había enterado, por una “agencia amiga”, de las reuniones de una “Unidad coordinadora de acciones conjuntas de Argentina y Uruguay” integrada por representantes de los ministerios del Interior de ambos países. El coronel Pagola consignaba que fue necesario que el Batallón de Infantería número 4 “realizara averiguaciones” para confirmar que las reuniones, de las que participaban además las prefecturas navales y las aduanas de los dos países, tenían por objeto establecer criterios comunes de control en los puertos de ambas márgenes; existía la “inquietud por el probable tráfico de armas y drogas a través de las embarcaciones deportivas que se movilizan entre los puertos del Río de la Plata y el río Uruguay”. La Dgid instó a la Armada nacional a que participara activamente en esas reuniones de coordinación.
El 11 de junio de 1999 el director de la inteligencia policial, inspector principal Luis Pereyra Saldías, participó en Puerto Iguazú, Formosa, de la primera reunión de elementos de inteligencia regionales realizada con participación de representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La inteligencia militar tomó conocimiento, otra vez por “una agencia amiga”, de que en la reunión “se resolvió remitir un informe mensual de la evolución de la situación que se relacione con terrorismo, crimen organizado y movimiento de extranjeros, que será presentado por el país que elaboró el trabajo” en el curso de reuniones regulares. Se resolvió, para el siguiente encuentro, a realizarse en Montevideo, “agilizar la tramitación de pedidos de antecedentes relacionados con el terrorismo, sus actores y modus operandi; se sugiere instrumentar un sistema de consulta rápido entre las partes, en integrar las bases de datos disponibles en el sistema Excel con intercambio de disquetes”.
DE HIZBOLÁ A LOS SIN TIERRA. Paralelamente, la inteligencia militar avanzaba en la coordinación entre ejércitos: del 21 al 23 de setiembre de 1999 se realizó en Minas, sede de la División de Ejército 4, la novena reunión de intercambio militar Brasil-Uruguay. Aquí el temario se desvió ligeramente del terrorismo internacional, el crimen organizado y el narcotráfico, e incorporó “actividades de organizaciones terroristas revolucionarias y subversivas”. Las dos delegaciones estaban encabezadas por el general de división Dilermando Carlos Suárez Adler, comandante de la Sexta División del Ejército, integrante del Comando Militar Sur con sede en Porto Alegre; y el comandante de la División de Ejército 4, general Luis A Pérez, respectivamente. Las deliberaciones se centraron en el accionar del Movimiento Sin Tierra (Mst) de Brasil, cuya actividad se incrementaba en el sur, cerca de las fronteras paraguaya y uruguaya. El general Adler explicó que el Mst “se asemeja al movimiento con los lineamientos generales adoptados en la revolución francesa” (sic); dijo que Brasil “está enfrentando la llamada favelizacion del campo” y que “el objetivo del Mst (al ocupar tierras) no es producir sino crear centros de pobreza para que la izquierda tenga un caldo de cultivo propicio para captar adeptos e incrementar la concientización de las masas”; afirmó que el Mst “se estructura como un ejército donde lo único que le está faltando son las armas”. La delegación brasileña informó que “no se constata una migración de elementos de la ‘triple frontera’ hacia la colectividad árabe de la frontera Uruguay-Brasil”, pero “destacó que el prefecto de la ciudad de Chuy, Mohammed Kassem Jomaá, viajó en el presente año por espacio de 90 días, junto a su esposa e hijas (quienes no regresaron), a Líbano”, y que “se constatan visitas a la ciudad de Santana do Livramento de elementos de Oriente Medio”.
La población de origen palestino en la frontera uruguaya con Brasil atraía la atención de la Secretaría de Información del Estado (Side) argentina. Una parte de la Dgid informaba que “se tomó conocimiento de que un integrante de la Side concurrió a la ciudad de Chuy, junto a dos oficiales de la Dnii, el día 10” de junio de 1999. “El motivo habría sido hacer reconocimiento del lugar, ya que la intención sería infiltrar con algún agente a la comunidad palestina en esa ciudad.” Aprovechando la ocasión, el agente argentino preguntó a sus colegas uruguayos sobre la versión de que “militares chilenos requeridos internacionalmente estarían en nuestro país amparados por oficiales del Ejército nacional”. Según el parte de la Dgid, el subcomisario Ique Inzaurralde “puntualizó que no se haría eco de este tipo de información” y que “atenderían cualquier pedido por la vía oficial”; sobre estos temas “se informaría al director de la Dgid para que tomara cartas en el asunto”.
CORRESPONDENCIA ENTRE AMIGOS. La relación de las estructuras de inteligencia con “agencias amigas” era intensa, a juzgar por los reiterados informes. En junio de 1999 el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), la agencia de inteligencia española, comunicó, por intermedio del enlace en Montevideo, el texto íntegro del testimonio, en forma de acta notarial, que Washington Raúl Rodríguez Martínez, un uruguayo que vivía en Tacuarembó y que en 1978 fue secuestrado en Buenos Aires por personal militar uruguayo, brindó ante el cónsul de España a pedido del juez Baltasar Garzón, que en esas fechas armaba el expediente del Plan Cóndor. El testimonio, que involucraba al coronel Jorge Silveira, al capitán Ricardo Arab y al inspector Hugo Campos Hermida, llegó antes a mano de los oficiales de la Dgid, en la casona de Monte Caseros y Larrañaga, que al despacho del juez Garzón en Madrid.
El Bundesnachrichtendienst (Bnd, agencia de inteligencia extranjera del gobierno alemán) solicitaba de la Dgid “la información que se posee referente a: la empresa uruguaya Gadiluz SA, dado que la misma quiere mantener relaciones comerciales con empresas alemanas”. El pedido plantea la interrogante de si todas las relaciones comerciales pasan por los canales de las inteligencias militares; en este caso la Dgid informó al Bnd los nombres de los propietarios y responsables de la empresa La Casa del Policía.
Pero fue la carta pública que el poeta argentino Juan Gelman envió al presidente Sanguinetti, poniéndolo en la picota mundial por su inexcusable complicidad con los secuestradores y asesinos de María Claudia García de Gelman y el robo de su hija Macarena, lo que intensificó el intercambio entre la inteligencia uruguaya y las “agencias amigas” argentinas. Promovía ese intercambio el inminente desenlace de la investigación de Juan Gelman sobre el paradero de su nieta y el destino final de su nuera, que se produciría meses después con el hallazgo de Macarena, tras asumir Jorge Batlle como presidente, en marzo de 2000. El primer “aporte” argentino fue la ficha completa que la inteligencia argentina tenía sobre los “antecedentes” de Gelman. La misma “agencia amiga” fue muy comedida al enviar a Montevideo, por las dudas, una declaración de la Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt que fijaba posición respecto de la denuncia de Gelman por la prescindencia y la inacción del presidente Sanguinetti en investigar el paradero de su nieta secuestrada al nacer, que resultó tan fácil para el sucesor Batlle. Sanguinetti había afirmado rotundamente que en Uruguay no hubo ningún caso de niños secuestrados y desaparecidos, un extremo de impunidad que no impidió, empero, que tanto en Uruguay como en Argentina fueran condenados militares por el “caso Gelman”.
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