La inacción del Poder Ejecutivo

Jun 7, 2017

El abogado Pablo Chargoñia, reconocido por su actividad en relación a las violaciones de los derechos humanos, dijo a Fuerte y Claro que la inasistencia del Estado uruguayo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “tiene una dimensión dramática” y que el documento enviado por el Gobierno a modo de explicación es “bochornoso”. Además, opinó que el Grupo por Verdad y Justicia, consolidado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, “no está funcionando”.

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A fines de mayo de este año, la CIDH expresó “preocupación” y “sorpresa” por la ausencia del Estado uruguayo en las audiencias en donde se presentaron dos denuncias realizadas por organizaciones civiles.
Una de ellas se trató del planteo de más de 130 organizaciones que reclamaron mayor transparencia en el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Y la otra, proveniente del Observatorio Luz Ibarburu, alertó por el estancamiento de 300 causas judiciales sobre violaciones a los derechos humanos, y por las amenazas de muerte del llamado Comando Barneix.
Respecto a la no concurrencia del Estado uruguayo a estas audiencias, Chargoñia aseguró: “Cada vez que se intenta de explicar la no asistencia, la omisión del Estado se torna más dramática. Si era grave la omisión estas explicaciones son peores”.
Y aseguró: “Hubiera sido más sencillo, desde el punto de vista intelectual y político, asistir y leer el informe, que escribir ese comunicado bochornoso”.

El abogado explicó que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene dos órganos importantes; la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, un órgano jurisdiccional. A su vez, la Comisión es un órgano creado por la Convención Americana de Derechos Humanos y constituye un órgano de la OEA.
Chargoñia señaló que en el ámbito de estas audiencias, lo que se suele hacer es intentar acercar a los Estados y a las víctimas. Y opinó: “La relevancia del ámbito, sumado a la relevancia de los temas planteados, hacen que la inasistencia del Estado uruguayo tenga una dimensión dramática, alimentada por un dato estadístico: nunca antes había ocurrido”.

Por otra parte, indicó que desde el Observatorio Luz Ibarburu existe una preocupación por la impunidad actual, y por vincular las amenazas que buscan perturbar la actividad de quienes buscan investigan, con las dificultades que el Estado uruguayo presenta hoy en lo que suele llamarse justicia transicional, que no es otra cosa que el juzgamiento e los crímenes cometidos por el aparato estatal.
“Vázquez es muy habilidoso al decir ‘estamos trabajando’. El tema es cómo se está trabajando”, expresó.
Dijo que en los juzgados hay funcionarios que se comprometen mucho y otros que tratan este tema rutinariamente, por lo que el reproche del Observatorio apunta a la falta de voluntad política para resolver estos problemas. “Se debería neutralizar a aquellos funcionarios insensibles y proteger a la víctima”, sostuvo.
En relación a las declaraciones realizadas por el antropólogo López Mazz, quien expresó que hay decisiones políticas que dificultan los hallazgos, Chargoñia comentó: “Esto confirma algunas de las preocupaciones que estamos viendo. Ese Grupo por Verdad y Justicia, no está funcionando”.
En este sentido, dijo que en el informe enviado por el Gobierno a la Comisión Interamericana no se menciona en absoluto a este grupo, “¿Quiere decir que admiten que no funciona?”, cuestionó el abogado.
Además, indicó que al no haber “claridad, transparencia, ni un plan de trabajo”, se generan “enormes dudas”.
“Hemos preguntado dónde se está trabajando en materia de indagatoria de búsqueda de restos y no hemos tenido una respuesta contundente”, manifestó.

Al preguntarle sobre el número estimado de represores que todavía continúan libres, Chargoñia dijo que resulta muy difícil afirmar una cantidad porque “la imputación sigue recayendo en lo que pudo ver o escuchar la victima mientras era torturada”.
Dijo que 200 individuos denunciados son los que se conforman “con esta fuente de información que es así de relativa”.
“El número es indeterminado y la falta de otras fuentes de información, hace que ese número deba ser aumentado”, concluyó.
Consultado sobre su opinión respecto a la expresión del pueblo sobre este tema, Chargoñia lamentó: “Yo tengo cierto pesimismo histórico respecto a los procesos de toma de conciencia. Me da la impresión que algunos conceptos que estamos tratando de instalar no terminan de instalarse”.
Y opinó: “Si no comprendemos que no se puede tratar de forma humillante y degradante a cualquier persona, entonces no entendimos nada. No estamos ganando una batalla ideológica”.

A su vez, dijo que los datos de la realidad muestras que existe un reclamo “punitivista” y “neofascista”, incluso asumido por la propia izquierda que acepta la creación de más cárceles “como reacción frente al conflicto social de la marginación”.
“Es importante que la gente tenga la convicción de que hay crímenes imprescriptibles e imperdonables, para trazar una frontera ética, política y jurídica que no se puede cruzar”, reflexionó Chargoñia.
Y concluyó: “Los crímenes cometidos por el aparato estatal -la desaparición forzada, la tortura sistemática, las ejecuciones- vuelven a sus autores enemigos de toda la humanidad, pero esto no tiene que ser un discurso porque sino no sirve para nada. Tiene que ser una comprensión cabal. Es la única forma de garantizar que no vuelvan ocurrir”.