Estos cinco ciudadanos, luchadores sociales y políticos, estos compañeros, junto con Julio Abreu y Amaral García, un niño en aquel entonces, fueron secuestrados en Buenos Aires, lugar donde residían al exiliarse. Ocurrió en los primeros días del mes de noviembre de 1974. Luego de ser torturados en centros clandestinos de Argentina, fueron trasladados en secreto a Uruguay, salvajemente torturados, de nuevo, durante varios días, en la Casa de Punta Gorda, y, finalmente, ametrallados en este lugar.
Un crimen de Estado
La activa participación de integrantes de las fuerzas armadas uruguayas es un hecho indudable, al igual que la discusión del tema en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), presidido por Juan María Bordaberry e integrado por el Tte. Gral ® Gregorio Alvarez. Fue un supuesto acto de represalia, ante la muerte del Coronel Ramón Trabal en París.
Lo poco que se ha avanzado en el esclarecimiento de estos hechos se debe a esfuerzos privados de familiares, de compañeros y amigos, siendo notable la falta de involucramiento real y efectivo del órgano que tiene todas las potestades y facultades para investigar en nuestro país: el Poder Judicial.
La justicia no ha actuado
Aunque desde octubre del año 2011 no existen obstáculos legales para actuar, aunque la Ley de Caducidad promovida por el Dr. Julio María Sanguinetti en 1986 ya no sea un impedimento legal, la causa judicial, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Especializada en delitos de Lesa Humanidad, sigue sin avanzar. Incluso, los más que probables involucrados en los sucesos hasta gozan de prisión domiciliaria, sin haber sido nunca, pero nunca, interrogados al respecto.
La investigación criminalística, con todas las garantías del debido proceso, y con el rigor que corresponda, es el camino para llegar a la verdad, para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
Interrogar en sede a los involucrados
Los jueces deben llamar a declarar en sede a los presuntos involucrados, se llamen José Nino Gavazzo o Pajarito Silveira para los casos de Gomensoro Josman y Eduardo Silveira o general retirado Juan Alberto Lezama para la causa Eduardo Bleier o el Dr Martín Gutiérrez para dilucidar de manera fehaciente su participación en actividades de tortura o en tratos crueles, inhumanos y degradantes a los prisioneros políticos.
Eso es precisamente lo que reclamamos como colectivo cuando erigimos el Memorial en su homenaje en el año 2008 y es lo que seguimos demandando hoy a 11 años de ello, cuando se avizora en el horizonte cercano un nuevo gobierno con muy notoria hostilidad hacia estas temáticas.
La justicia tiene que actuar
El enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo, fundamental, incluso, para llegar a la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. Su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia, debe dejar de tolerar las mil y una triquiñuelas que en forma permanente emplean los sospechados como delincuentes para enlentecer las causas.
Debe generar las condiciones que permitan que los jueces actúen, se enfoquen y resuelvan. Debe frenar las indebidas prisiones domiciliarias de quienes han sido condenados por los peores crímenes que conoce la historia de nuestro país.
La lucha por la justicia es la lucha contra la impunidad, contra la cultura de la impunidad, por la institucionalidad del Estado de derecho, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática. Es la lucha por afirmar las normas de Derechos Humanos, como pilares de la convivencia ciudadana, por dignificar la vida humana.
No fueron las protestas gremiales, estudiantiles y sindicales, las que abrieron las puertas a los militares, las causantes del terrorismo de Estado. La dictadura fue la respuesta de las clases dominantes a la crisis económica del país que se manifestó desde 1955. Fue un proyecto global e integral de país que se impuso en América Latina y especialmente en el Cono Sur. Se comenzó a gestar desde el mismo momento en que Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968. Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas, las mismas que siguen siendo el poder económico en nuestro país hasta el día de hoy.
Conceder el desafuero a Manini Ríos
Reclamamos Justicia para los Fusilados de Soca, reclamamos más energía en la afirmación democrática, en todas las causas pendientes y, en ese marco, en esa batalla permanente contra la impunidad, reclamamos, obviamente, responsabilidades a quienes omitieron informar a la justicia acerca de los dichos de Gavazzo y de Pajarito Silveira en el Tribunal de Honor que los juzgaba, tal como lo informó Leonardo Haberkorn y lo pusieron de manifiesto tres generales.
El desafuero del general retirado Guido Manini Ríos, por omitir informar para encubrir a José Nino Gavazzo, es el primer desafío que debe afrontar el nuevo Parlamento en cuanto entre en funciones. Y así lo reclamaremos.
Nuevos tiempos con las banderas en alto
Comenzaremos a vivir nuevos tiempos. Seguiremos unidos y movilizados, más unidos que nunca en nuestro Crysol.
Como dijera nuestro entrañable Eduardo Galeano: ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros y cuando ella dice adiós está diciendo hasta luego.
En alto las banderas de lucha:
Vivan los Fusilados de Soca!!
(*) Mensaje de Crysol en el acto de Homenaje a los Fusilados de Soca, en el día de hoy, a 45 años de los sucesos. La actividad fue organizada por la Comisión de Memoria de los Fusilados de Soca y contó con la asistencia del Intendente de Canelones Prof. Yamandú Orsi.
Se llevó a cabo en el Memorial que los recuerda, en Camino de los Fusilados (exRuta70) y Ruta 9, en el Departamento de Canelones.
>>> Un día como hoy
Debe de
enfatizarse que esta cacería y aniquilación de personas se hizo en un
contexto dictatorial en el que no había ningún tipo de violencia armada
por parte de quienes fueron las víctimas.
Sí eran tiempos extremadamente violentos.
Las dictaduras Latinoamericanas coordinadas y al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional difundida por el Pentágono, violaban, secuestraban, robaban, torturaban, desaparecían hombres, mujeres y niños (los que habitualmente entregaban a otros represores) impedían el ejercicio de todos los derechos civiles e instrumentaban los "Planes Brady" para que estos países pudieran pagar la deuda externa a sus acreedores.
Los responsables civiles de estas atrocidades, que se beneficiaron económica y profesionalmente usurpando cargos en el Estado y viabilizando el desarrollo de una dictadura que los militares solos no habrían podido mantener, nunca fueron debidamente denunciados.
Importantísimas figuras de los partidos fundacionales del Uruguay dirigieron y ocuparon puestos en el Consejo de Estado (el "Parlamento" de la dictadura) en los Ministerios, en los Entes Autónomos, en los gobiernos Departamentales, etc. etc. etc.
Luego vinieron otros dirigentes -también de los "Partidos Tradicionales" que ha partir de la apertura democrática se encargaron de difundir la "Doctrina de los dos demonios" enseñada en la Escuela de las Américas (cerrada muchos años más tarde por los propios Estadounidenses por ser un "centro de enseñanza de tortura")
Bajo la consigna de "no tener los ojos en la nuca" y "dar vuelta la página" quienes no sólo no sufrieron la violencia dictatorial, sino que se habían beneficiado de ella, convencieron a un poco más de la mitad de los votantes de la época, de que ese era el "camino en paz" que había que recorrer.
En la actualidad, el pueblo uruguayo financia con un muy importante déficit anual, el conjunto de las pasividades super privilegiadas de todos esos civiles y militares impunes.
Cuando los uruguayos eleven sus copas en estos días, algunos brindarán muy austeramente, porque buena parte de los ingresos que les corresponderían, van a parar a los bolsillos de quienes avasallaron los derechos de sus progenitores.
Sí eran tiempos extremadamente violentos.
Las dictaduras Latinoamericanas coordinadas y al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional difundida por el Pentágono, violaban, secuestraban, robaban, torturaban, desaparecían hombres, mujeres y niños (los que habitualmente entregaban a otros represores) impedían el ejercicio de todos los derechos civiles e instrumentaban los "Planes Brady" para que estos países pudieran pagar la deuda externa a sus acreedores.
Los responsables civiles de estas atrocidades, que se beneficiaron económica y profesionalmente usurpando cargos en el Estado y viabilizando el desarrollo de una dictadura que los militares solos no habrían podido mantener, nunca fueron debidamente denunciados.
Importantísimas figuras de los partidos fundacionales del Uruguay dirigieron y ocuparon puestos en el Consejo de Estado (el "Parlamento" de la dictadura) en los Ministerios, en los Entes Autónomos, en los gobiernos Departamentales, etc. etc. etc.
Luego vinieron otros dirigentes -también de los "Partidos Tradicionales" que ha partir de la apertura democrática se encargaron de difundir la "Doctrina de los dos demonios" enseñada en la Escuela de las Américas (cerrada muchos años más tarde por los propios Estadounidenses por ser un "centro de enseñanza de tortura")
Bajo la consigna de "no tener los ojos en la nuca" y "dar vuelta la página" quienes no sólo no sufrieron la violencia dictatorial, sino que se habían beneficiado de ella, convencieron a un poco más de la mitad de los votantes de la época, de que ese era el "camino en paz" que había que recorrer.
En la actualidad, el pueblo uruguayo financia con un muy importante déficit anual, el conjunto de las pasividades super privilegiadas de todos esos civiles y militares impunes.
Cuando los uruguayos eleven sus copas en estos días, algunos brindarán muy austeramente, porque buena parte de los ingresos que les corresponderían, van a parar a los bolsillos de quienes avasallaron los derechos de sus progenitores.
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