De la profecía esperada

 

Se nos quedó el maleficio
De brindar al extranjero
Nuestra fe, nuestra cultura,
Nuestro pan, nuestro dinero.
Y les seguimos cambiando
Oro por cuentas de vidrio
Y damos nuestras riquezas
Por sus espejos con brillo.

Hoy, en pleno siglo veinte
Nos siguen llegando rubios
Y les abrimos la casa
Y les llamamos amigos.
Pero si llega cansado
Un indio de andar la sierra
Lo humillamos y lo vemos
Como extraño por su tierra.

>>> Servir a los poderosos

El actual gobierno tomó lo que había hecho el gobierno anterior y continuó con el proceso

Uruguay también ofrece generosos incentivos a la inversión

El acuerdo con la empresa Katoen Natie, que le extiende hasta 2081 la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo, es un ejemplo más extremo del mismo estilo. La negociación previa, de la que todavía no se conocen todos los detalles, fue llevada adelante básicamente por Presidencia junto con el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y una vez que se hicieron públicos los alcances del acuerdo, mediante un decreto, tanto el PC como Cabildo Abierto expresaron objeciones y dudas, dejando en evidencia que no habían estado en la conversación. 

Es la mayor entrega de la soberanía de los últimos 100 años

 

Resumen ejecutivo
 

En las últimas tres décadas, los sucesivos gobiernos de Uruguay han declarado y demostrado su compromiso a largo plazo con la estabilidad política y económica, en un entorno regional caracterizado por una fuerte volatilidad. El país ha obtenido una puntuación alta en las métricas de calidad de los procesos democráticos, transparencia y control de la corrupción. Sobre la base de estos logros, Uruguay también ha liderado una política macroeconómica estable y prudente, y ha mantenido una alta apertura comercial y de inversión.

Apoyado por condiciones externas favorables, el período 2004-2014 estuvo marcado por un alto ritmo de crecimiento económico, reducción de la pobreza y elevadas tasas de inversión en Uruguay. Sin embargo, los años más recientes han provocado una desaceleración económica. El PIB y la formación bruta de capital del país crecieron más lentamente, al igual que las entradas de inversión extranjera directa (IED). Uruguay también está lidiando con algunos desafíos estructurales, relacionados con cambios demográficos, brechas de habilidades y la necesidad de facilitar la innovación y fortalecer su posición en las cadenas de valor globales. La pandemia de COVID-19 puede acentuar estos desafíos, ya que es probable que aumente la competencia por la IED. Como tal, Uruguay se encuentra actualmente en una encrucijada donde se requieren más reformas para facilitar su transición hacia la innovación, mayores niveles de bienestar y desarrollo socioeconómico sostenible. Varios de estos desafíos se pueden respaldar mediante reformas de la política de inversión y cambios en el clima empresarial del país que se destacan en esta Revisión .

El régimen de Uruguay está abierto a la IED y mantiene muy pocas restricciones formales a la entrada o al funcionamiento de empresas multinacionales. Actualmente tampoco existen requisitos de selección previa al establecimiento para la inversión extranjera en Uruguay.

 Como tal, Uruguay se ubica como uno de los países más abiertos en el IED de la OCDE Índice de Restricción Regulatoria de la , no solo entre las economías emergentes sino también entre las de la OCDE. El marco legal interno de Uruguay brinda garantías de protección a los inversionistas en consonancia con un moderno régimen de políticas de inversión. El desempeño del sistema de justicia nacional también ha mejorado significativamente con el tiempo. Como es el caso en muchas otras economías, Uruguay también ofrece a los inversionistas extranjeros una capa adicional de protección a través de una red de sus acuerdos internacionales de inversión. Dado que el alcance de la protección otorgada a través de dichos acuerdos es bastante amplio, el gobierno de Uruguay podría intensificar sus esfuerzos para aclarar, actualizar y reformar los tratados existentes para gestionar la exposición asociada.

Uruguay también ofrece generosos incentivos a la inversión. Las Zonas Económicas Francas (ZEF) ofrecen una exención fiscal completa a los usuarios durante la duración de sus contratos. Además, el uso del régimen COMAP, un esquema de incentivos tributarios específico bajo la Ley de Inversiones, ha aumentado significativamente desde 2007. Sin embargo, el apoyo que un inversionista puede recibir en Uruguay depende del momento exacto, la ubicación y el esquema utilizado en el país. momento de la solicitud de apoyo a la inversión. Como tal, si bien la transparencia del régimen ha aumentado, el gobierno podría aumentar aún más su coherencia regulatoria, especialmente al inscribir incentivos a la inversión en las leyes fiscales subyacentes y racionalizar y eliminar gradualmente algunas de ellas. Mejorar el seguimiento y la evaluación de los incentivos existentes también puede ayudar al proceso de optimización y mejorar la transparencia.

El reciente ejercicio de creación de consenso en torno a las actividades prioritarias y las reformas del clima de inversión realizado como parte de la planificación estratégica nacional puede ayudar a definir mejor el enfoque hacia la promoción y facilitación de inversiones. Específicamente, la identificación de reformas clave del clima de inversión horizontal ha ayudado a aclarar responsabilidades, establecer objetivos y fijar plazos. Independientemente del marco institucional definitivo que acompañe a este proceso, que actualmente se está articulando, se debe continuar con la identificación y ejecución de proyectos transversales clave en esta área, como la creación de la Ventanilla Única de Inversión. Además, se debe prestar mayor atención a la facilitación de la inversión y la mejora de la calidad regulatoria general. Las encuestas comerciales sugieren que los procedimientos administrativos engorrosos, por ejemplo, para obtener permisos de construcción y registrar una propiedad, siguen siendo un obstáculo para hacer negocios en Uruguay. Si bien el país generalmente muestra altos niveles de transparencia y acceso a la información, carece de una base legal general y una solución institucional para hacer cumplir las prácticas regulatorias de manera uniforme. Por lo tanto, además de continuar con los esfuerzos en curso de simplificación administrativa y digitalización, el gobierno podría aprovechar las mejores prácticas internacionales disponibles, como se destaca en la OCDE Recomendación de la sobre política regulatoria y gobernanza, para mejorar su desempeño en esta área.

Las empresas estatales (EPE) continúan desempeñando un papel importante en la economía uruguaya y reflejan la preferencia social, expresada en referendos a mediados de la década de 1990. En gran medida, las empresas estatales han logrado romper con la interferencia política, mejorar la gobernanza y la gestión y aumentar la eficiencia. Aún así, su historial en el logro de los objetivos de gestión es desigual y no hay pruebas contundentes de que haya mejorado con el tiempo. Se necesitan más reformas para mejorar su gobierno corporativo, fomentar la profesionalización de los directorios y aumentar la transparencia en el uso de los recursos. Dado el papel dominante de las empresas estatales en la economía de Uruguay y su influencia sobre la competitividad del país, es valioso adoptar modelos de mejores prácticas de transparencia financiera y profesionalismo gerencial, como los identificados en las la OCDE Directrices de sobre Gobierno Corporativo de Empresas Públicas .

Promover y permitir la conducta empresarial responsable (RBC) también es vital para atraer y retener inversiones de calidad y desarrollo sostenible. En gran medida, Uruguay ya ha suscrito la mayoría de los instrumentos multilaterales que sustentan los principios y estándares de RBC incorporados en las la OCDE Directrices de para Empresas Multinacionales . No obstante, RBC como tal es un concepto relativamente nuevo en Uruguay. No existe una estrategia nacional integral sobre RBC o políticas públicas dirigidas a RBC en sectores específicos. Hasta ahora, las actividades relacionadas con los RBC han sido realizadas principalmente por el sector privado y la sociedad civil. Por ejemplo, en lo que respecta a las reformas de gobierno corporativo, el gobierno podría aclarar los requisitos de divulgación, incluida la divulgación de información no financiera. Uruguay también ha establecido los planes para establecer el PNC como lo requieren las Directrices de la OCDE. Se prevé el establecimiento de un PNC que consta de una comisión interministerial y una Secretaría Ejecutiva con sede en el Ministerio de Economía y Finanzas, asistida por un órgano asesor de múltiples partes interesadas, para fines de 2020. La Secretaría de la OCDE puede ayudar a asegurar su puesta en funcionamiento.