Aumento de sueldo

 

 

 

>>> Lacalle aumentó su sueldo de $403.232
 

Mientras miles de personas hacen fila en ollas populares para tener un plato de comida y no pasar hambre, Lacalle se subió el sueldo a si mismo y a los suyos.

 

02 de Julio de 2021

El Presupuesto había determinado que los cargos con ingresos mayores a los de un ministro no recibirían ajustes salariales durante todo el período de gobierno.

El artículo 286 del proyecto de Rendición de Cuentas remitido por el Poder Ejecutivo, incorpora la retribución del presidente de la República a las excepciones de cargos con mayor ingreso que el de un ministro ($276.795) que tendrán aumentos salariales.

El proyecto establece que se incorpore «a las excepciones contenidas en el décimo inciso del artículo 4º de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, a la retribución del Presidente de la República».

Dicho inciso de dicho artículo contenido en el Presupuesto Nacional establecía que entre 2021 y 2024 los funcionarios «que perciban una remuneración total nominal superior» a la de un ministro «recibirán incrementos salariales nulos, o los necesarios para igualarlos al sueldo de dicho Ministro en oportunidad de cada adecuación salarial».

Dentro de las excepciones se contemplaba solamente a los funcionarios de los Incisos 16 «Poder Judicial» y 19 «Tribunal de lo Contencioso Administrativo» del Presupuesto. El proyecto de Rendición incorpora únicamente al presidente. 

El artículo del Presupuesto también estableció que las adecuaciones salariales de los funcionarios públicos se realizarán de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumo, pero que entre 2022 y 2024 se incluirá «un componente de recuperación del poder adquisitivo» para que el salario real no «haya sufrido deterioro» al finalizar el período.

Según la declaración jurada presentada ante la Junta de Ética Pública y Transparencia (JUTEP), en agosto de 2020 el presidente Luis Lacalle Pou recibía un sueldo líquido mensual de $ 403.242.

 

 

Recortes y congelación salarial trazan semana en Uruguay

 Montevideo, 3 jul (Prensa Latina) 

Recortes presupuestales, encarecimiento de combustibles y amenazas de congelamientos salariales trazaron una semana en Uruguay que hoy desembocó en impulso final de una recogida de firmas para derogar artículos de una ley gubernamental.
El Poder Ejecutivo presentó al parlamento la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal 2020, a cargo de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien proyectó además la continuación del mismo rumbo en gastos para 2021.
Arbeleche señaló entre las pocas novedades de apariencia favorable 'la incorporación de dos programas vinculados a políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables, como la niñez de 0 a 3 años y la población que habita en viviendas precarias'.
Pero esto último se cubrirá a costa de un fideicomiso de rubros destinados a la compra de tierra para el Instituto de Colonización, recaudados por impuestos y estimados en 12 millones de dólares, lo que la Federación de Cooperativas de viviendas por ayuda mutua describió como 'vestir un santo, desvistiendo otro'.
Para el senador del Frente Amplio Charles Carrera, el gobierno sigue 'festejando el ajuste fiscal general y en particular en cada inciso' de los 350 artículos, a pesar de las 'consecuencias que esto tiene, en el contexto internacional de la pandemia y la recesión general' de la economía uruguaya.
Otro cuestionamiento en las filas frenteamplistas surgió al permitirle a los organismos públicos depositar sus recursos en cualquier banco de plaza habilitado, lo cual traspasará ganancias del Banco República estatal a los privados.
Con la llegada simultánea de nueva ronda de la Comisión Tripartita Salarial, el movimiento sindical divisó otro congelamiento que representará 'un duro golpe' para el conjunto de los asalariados, 'ya castigados' por elevados niveles de desempleo y la pérdida de ingresos consecuentes, la caída de horas trabajadas y el subsidio por desempleo.
El economista y senador de Uruguay Daniel Olesker sostuvo que el actual gobierno en sus primeros 15 meses benefició a empresarios; mientras trabajadores pagan el costo social.
Sindicalistas y opositores políticos criticaron por 'muy mala señal' el segundo aumento de combustibles en 20 días que calificaron de perjudicial para los intereses de las grandes mayorías y 'absolutamente inoportuno' por el momento de 'profunda crisis social y económica' y social' que transita el país.
La gremial del sector estatal combustible culpó a la Ley de Urgente Consideración (LUC) que encomienda al Poder Ejecutivo a disponer ajustes de precios en rubros energéticos cada 30 días, y crea la herramienta de Paridad en los de importación.
El presidente de la central sindical de Uruguay PIT-CNT, Fernando Pereira, afirmó en recta final hasta el 9 de julio en la recogida de firmas para derogar 135 artículos de la LUC en lo que está en juego es la forma de gobernar, que la sociedad no comparte.