Uruguay alcanza récord de suicidios desde que hay registro y supera a la crisis económica de 2002
El aumento del suicidio entre varones, el incremento de quienes se quitaron la vida en Treinta y Tres, la crecida de la autoeliminación entre los adultos mayores y la alta tasa histórica de Uruguay explican el nuevo récord
El año pasado, el segundo de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, trajo un aumento de los suicidios. Pasó en el mundo, donde el confinamiento, el cierre de los centros educativos, el proceso de duelo por los muertos con covid-19 y la caída del empleo decantó en una suba de quienes decidieron quitarse la vida. Y en Uruguay, donde la tasa de autoeliminación ya era alta, el incremento de 2021 se tradujo en un nuevo récord: 758 suicidios o —lo que es lo mismo— 21,39 suicidios cada 100.000 habitantes.
Ni siquiera en la crisis financiera de 2002 se había alcanzado tal guarismo (se habían suicidado 20,62 personas cada 100.000 pobladores). La diferencia es que en aquel entonces, previo a la corrida bancaria, la tasa de autoeliminación era una cuarta parte más baja que en los años inmediatamente previos a covid-19. Es decir: si se deja de lado los vaivenes anuales, el suicidio viene al alza desde hace más de dos décadas.
Según las cifra oficiales del Ministerio de Salud Pública, la suba de los suicidios en hombres explica en buena medida el incremento global. Ya era sabido que las mujeres piden más ayuda que los varones, que ocho de cada diez suicidios eran de varones, y que el machismo pesa hasta en la manera de morirse. En números se ve así: cada 100.000 hombres, en el año se suicidaron 36,38. Pero de cada 100.000 mujeres, se quitaron la vida la quinta parte.
“Por como soy, no voy a poder verte jamás con otro hombre, sabés que siempre me dolió saber de tu relaciones con otras personas aunque las escuchara sin problemas y de verdad no quiero algún día cruzarte en la calle y que estés tomada de la mano con alguien más que no soy yo”, rezaba una carta que dejó un joven de 22 años y cuyo contenido fue analizada por el equipo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la Universidad de la República.
El sociólogo Pablo Hein, uno de los integrantes del grupo de investigación, había explicado que “es peor perder una novia que un novio, porque se pone en juego el ideal de macho”.
La otra “novedad” de las cifras oficiales de 2021, esas que procesa el equipo de Estadísticas Vitales del MSP, es la suba del suicidio entre los veinteañeros y los adultos mayores. La tasa de suicidios de la población entre 25 y 29 años pasó 29 cada 100.000 a más de 36. También aumentó entre todas las edades mayores de 50 años, pero con énfasis en los mayores de 80 (franja etaria en la que se acercó a 50 suicidios cada 100.000).
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El este del país se concentran las mayores tasas de suicidio. Pero Rocha, que otrora era el departamento con peores guarismos, fue superado por Treinta y Tres.
Un peón rural de Treinta y Tres pidió la autorización de su patrón porque necesitaba ir a terapia en la capital departamental, pero nunca fue a la consulta. Un peluquero no aguantó el cáncer que lo aquejaba y puso fin a su dolor. Un municipal no regresó de la casa de su abuela, a donde iba a cuidar a los perros, y lo encontraron colgado (el método más común de suicidio). Todo pasó en Treinta y Tres en pocos días.
Los expertos todavía no encontraron la explicación a ese incremento en el departamento esteño, más allá de haber constatado falencias en la atención psiquiátrica, un creciente desempleo y la falta de ocio para los jóvenes.
Pero lo llamativo de Treinta y Tres encendió las alarmas en las autoridades sanitarias a escala nacional y potenció una estrategia de prevención del suicidio.
“Se convocó a un Grupo Técnico de Expertos en Prevención del Suicidio y organizaciones de la sociedad civil en 2021 para aportar en el diseño de las estrategias. Entre las principales acciones en marcha se destacan la conformación de los grupos departamentales de prevención del suicidio por Ordenanza 315/2022, las prestaciones de salud mental, la obligatoriedad de la notificación de la Ficha de Registro Obligatoria del Intento de Autoeliminación (FRO-IAE), un protocolo de seguimiento, la actualización de una guía clínica para profesionales del primer nivel de atención y las líneas telefónicas de atención 24 horas, entre otras”, anunció el Ministerio de Salud en su sitio web..
El suicidio en Uruguay, el tema junto con Pablo Hein, sociólogo, docente e investigador.
Ley de Salud Mental en Uruguay: cinco años sin presupuesto
La Diaria22 de junio de 2022
Escribe Bruno Scelza , Federica Pérez
La comisión que controla la implementación de la norma tampoco funciona desde 2021.
Cecilia Baroni es psicóloga e integrante del Frente Antimanicomial, una organización civil referente y fundamental para la salud mental en Uruguay, que se creó después de la Ley 19.529 de Salud Mental -aprobada en 2017-. También es integrante de Radio Vilardevoz. En una entrevista con la diaria, dio un contexto de la situación actual de la salud mental en Uruguay y repasó el rol de los diferentes colectivos de la sociedad civil en la creación de la ley.
Con base en el proceso de armado del proyecto de ley, en el que participó, Baroni contó que “la idea de crear una ley llegó entre 2008 y 2009, cuando se presentaron algunos anteproyectos”, y que luego de su aprobación, “da la sensación de que, al haber una ley desde 2017, ahora siempre ronda la idea de que esa ley existe y que hay que hacer cosas para que funcione”. Aunque no se cumpla como se debería, “si vas a una reunión sobre algún tema adjunto, al menos mencionan la ley, es un discurso que tiene intenciones”, explicó. Pero también reconoció que “luego está la realidad y cómo es implementada la existencia de esa ley, que hasta ahora no ha tenido los recursos suficientes porque se aprobó sin presupuesto”.
Por otra parte, mencionó algunas de las instituciones que la ley pautó para que trabajen en la ejecución del texto y consideró como una de las más importantes a la Comisión Nacional de Contralor, “una de las más amplias, con el rol de generar incidencia en algunos espacios para pinchar y que las cosas salgan”, acotó Baroni.
Algunas instituciones crearon áreas relacionadas con la ley. Por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo “creó un área de salud mental que no tenía”, y la Universidad de la República (Udelar) comenzó a trabajar en algunos aspectos relacionados con el tema. Baroni agregó que “sería muy oportuno” que ministerios como, por ejemplo, el de Vivienda también pudieran “hacer sus aportes en cuestiones de alojamiento”. Lo que sucede es que se trabajó “hasta noviembre del año pasado, luego se detuvo todo y, ahora, según un mail que nos ha llegado, querrían retomar el trabajo y hacer un resumen de lo que se hizo hasta el momento”, lamentó Baroni.
Según el propio texto de la norma, el objetivo de la ley es “garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las personas y particularmente de aquellas personas usuarias de los servicios de salud mental”.
La ley está conformada por 48 artículos que describen diversas disposiciones que hacen a la atención integral y al respeto de los usuarios con trastornos de la salud mental del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entre las disposiciones, pauta el cierre de los establecimientos asilares y estructuras monovalentes, y según el texto de la ley, “el cumplimiento definitivo del cronograma no podrá exceder temporalmente el año 2025”. A tres años de ese límite, autoridades de la salud pública uruguaya declararon que ese objetivo no se cumplirá. “El cierre del Vilardebó no va a ser, nosotros no vamos a cerrar el Vilardebó, pensamos adaptarlo como hospital judicial” y también podrá haber “algún paciente social”, declaró Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el 14 de mayo de 2021 a la prensa.
Al ser consultado por el cierre de las instituciones asilares y monovalentes (la ley pauta su cierre para 2025), Cipriani les preguntó a los periodistas: “¿Y qué hacés con 610 personas? ¿Te las llevo a tu casa? ¿Se las llevo a la casa de otro? ¿Cómo se les va a dar la atención?”.
Otro de los puntos que establece la ley es la creación de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental “como organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Salud Pública, con los cometidos que le atribuye la ley”. La comisión funcionó a partir de 2018, pero quedó acéfala en setiembre de 2021.
Aunque son diversos los profesionales y colectivos civiles que reclaman al Estado un incremento del presupuesto, mayores garantías y una atención urgente y eficiente a la salud mental de los uruguayos, sobre todo en un contexto pospandemia, las señales son casi nulas y las carencias cada vez más evidentes, con modelos de atención antiguos y objetivos de atención integral (redactados en la propia ley) aún muy lejanos.
Una clara muestra de la necesidad de una mayor atención a la salud mental fue la décima marcha por la salud mental, el 10 de octubre de 2021, en la que los principales reclamos y pedidos se centraron en la urgencia de destinar mayor presupuesto para cambiar el modelo de atención, que agravó sus consecuencias en los últimos dos años.
Las carencias de lo importante
Ángel Valmaggia, exdirector de la Comisión Nacional de Contralor (establecida por el artículo 39 de la Ley de Salud Mental), dialogó con la diaria acerca de las funciones de la comisión y la importancia de su funcionamiento. Según la ley, la comisión debe conformarse con dos representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), tres representantes de la Udelar, un representante de las organizaciones más representativas de los trabajadores de la salud mental, un miembro de las sociedades científicas vinculadas, un representante de las organizaciones de las personas con trastorno mental, uno de las organizaciones más representativas de los familiares y un representante de las organizaciones de la sociedad civil en salud mental y derechos humanos.
Valmaggia fue nombrado presidente desde que comenzó a funcionar el órgano y se mantuvo en el cargo durante tres años, pero desde setiembre no hay nadie en su lugar y además la comisión no funciona. “Ocurrió que no hubo prórroga. No podíamos seguir porque no había forma de seguir funcionando; de hecho, no teníamos dinero para gestionar nada ni para cumplir con los objetivos de la comisión”, contó.
La falta de presupuesto también afectó el cumplimiento de las funciones de la comisión. “Las clínicas ubicadas en los distintos lugares del interior del país las inspeccionamos si alguno de nosotros justo tenía que viajar por otro motivo, pero no hubo dinero ni para cosas simples como sacar fotocopias”, relató el exdirector. También recordó que un mes antes de dejar de funcionar se le avisó al MSP que la gestión terminaba y no recibieron “ni siquiera la confirmación de que el correo había sido recibido”.
La falta de presupuesto y la necesidad de contar con mayores recursos fue algo que se le comunicó en otras ocasiones al ministerio. “El trabajo de la comisión era sumamente rico, la ausencia es lamentable, y lo peor es que se le quitó continuidad”, lamentó Valmaggia, y subrayó que “nunca hubo respuesta, ni siquiera cuando anunciamos el fin de nuestra gestión”, porque lo que sucede es que directamente “la Ley de Salud Mental se aprobó sin presupuesto, entonces desde ahí, todo es carencias”, puntualizó.
Por otra parte, también especificó las funciones de la Comisión de Contralor. Según Valmaggia, la comisión creó un manual de funcionamiento y, mediante un formulario, los usuarios podían gestionar las denuncias acerca de internaciones involuntarias, temas judiciales, inconvenientes con maltratos o con el acceso a los medicamentos. “Esas denuncias nos llegaban a nosotros y las gestionamos en conjunto con la Institución Nacional de Derechos Humanos”. El formulario se encontraba disponible en la página web del MSP.
“Un ejemplo que recuerdo de la gestión es el caso de una paciente con riesgo de vida que estaba sumamente mal, entonces la comisión le hizo sugerencias al juez actuante, y a los dos años, cuando pedimos que nos comunicaran cómo estaba la paciente, se nos informó que había mejorado”, relató. Otro de los logros fue “el cierre de tres residenciales que fueron clausurados por falta de condiciones y, de todo eso, enviamos al ministerio una memoria anual, durante los tres años”.
la diaria solicitó las memorias anuales al MSP mediante un pedido de acceso a la información pública, pero este fue rechazado porque, según la cartera, “no existe una sistematización de denuncias por temática”, ya que al recibirlas para “toda denuncia se inicia un expediente caratulado con la identificación del denunciante”.
Para el exdirector también quedaron algunos temas pendientes. “Una cosa que quisimos hacer y no pudimos, por falta de datos, fue saber cuántos lugares de internación y de usuarios hay en el país; nunca se pudo saber el número de pacientes ni el de residenciales, faltan datos”, comentó. También hubo cosas que no se cumplieron al pie de la letra. “En cuanto a temas judiciales, el responsable de comunicar a la comisión las internaciones o denuncias era el director técnico de las instituciones, pero durante los tres años lo hacían sólo algunos”, concluyó.
Sobre la Ley de Salud Mental opinó que “es una excelente ley, en la que se trabajó durante muchísimos años y que plantea un cambio profundo en la atención de la salud mental”. “Implementa las casas a medio camino, hospitales de día, e instalaciones en hospitales generales, entre muchas otras cosas”, repasó, y lamentó que “no tiene un presupuesto para poder llevar adelante esos cambios”.
En resumen, consideró que “lamentablemente no se está cumpliendo con la ley, ni en centros privados ni en públicos, no hay una red de atención como plantea el documento y estamos bastante lejos de cumplir aquellas metas”.
El rol de la sociedad civil
Luego de la aprobación de la ley se formaron varias organizaciones civiles. Una de ellas es el Frente Antimanicomial. “Muchas de las organizaciones que impulsaron el proyecto quedaron frustradas con su aprobación porque quedó en clave de trastorno mental y porque la Comisión de Contralor no quedó autónoma del Ministerio de Salud Pública”, relató Baroni. “Eso generó que parte del movimiento social convocara a crear el frente como forma de acompañar la vigilancia e implementación de la ley”. En el contexto de pandemia, el Frente fue la organización que pidió que parte del Fondo Coronavirus se destinara a la salud mental, “a políticas que hicieran algo por la situación, pero todo se volcó a lo sanitario y el pedido quedó en la nada”, mencionó Baroni.
Fuera de la falta de presupuesto, la psicóloga mencionó que gracias a la ley se generaron algunos cambios importantes: la Udelar instaló una Comisión de Salud, algunas facultades están promoviendo cosas en las que “es importante pensar”; por ejemplo, la Facultad de Psicología aceleró la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, “una de las cosas que la ley demostró que debe haber y que importan los abordajes diferenciados”.
De todas maneras, la falta de presupuesto afecta la implementación de la norma en un país en el que “aún están muy presentes dos paradigmas que están en juego desde antes de la creación de la ley”, acotó Baroni. Según la psicóloga, los paradigmas predominantes son “el de la salud mental como un conjunto de cosas y el de la salud mental como trastorno”.
Para Baroni, escuchar a personas como Leonardo Cipriani, el presidente de ASSE, preguntar a la ciudadanía a dónde quieren que vayan las personas que están internadas en el establecimiento asilar Hospital Vilardebó y que, desde ya, diga que una de las metas de la ley, que es cerrar ese centro para 2025, no se va a cumplir “es saber que aún hay quienes lo piensan desde la perspectiva del trastorno y su principal propósito es contratar psiquiatras”, opinó. A su entender, “la salud vista como un campo complejo tiene tensiones, alianzas y cosas en las que no se pone en perspectiva la salud mental individual, sino que hay otras partes en juego”.
Durante la pandemia
Baroni también hizo referencia a la salud mental en el contexto de la pandemia. Mencionó que hubo algunos cambios vinculados, por ejemplo, a las internaciones. “La existencia de la ley también ha sido un paraguas para abrir algunas unidades, por ejemplo, en el Hospital Pasteur, para no internar a personas en centros de larga estadía y no agregar más camas en el Vilardebó; aun así, la cantidad de personas que Uruguay tiene en condiciones de encierro es muy grande”, explicó. Aunque en este momento el Vilardebó tiene alrededor de 280 camas, es un récord mínimo, porque llegó a tener 3.000.
Pero también se mantienen otras carencias. “Por ejemplo, durante la pandemia no se previó la cantidad de funcionarios infectados con covid-19. Eso, por momentos, llevó a que las personas que están internadas allí se encontraran con más encierro porque se tenían que quedar en las salas sin salir a los patios”, recordó. “En las colonias se prohibió el ingreso y los números bajan porque las personas van falleciendo, no porque en algún momento se externalizan”.
Además recordó que del presupuesto con el que ya cuenta el MSP se iba a destinar un porcentaje a la ley para que se crearan centros de medio camino con capacidad para 70 personas derivadas de otras colonias o del mismo Vilardebó. “Eso aún no sucede, y puede parecer poco, pero si otros ministerios, como el de Vivienda, interceden también, el trabajo y la diferencia se vuelven muy significativos”, porque “nadie quiere que se lleven adelante los cierres sin alternativas habitacionales sociosanitarias”.
En cuanto a la medicación, acotó que gracias al sistema público “está bastante regulada” y no es un gran negocio, al menos “si se compara con otros países”. Aun así, durante la pandemia, también “debido a que es casi el único método que se utiliza y receta [para tratar la salud mental], hubo faltantes puntuales”. El consumo de fármacos, como casi única respuesta que se sigue dando, tuvo un aumento. “Y no hubo respuesta rápida de aggiornamiento; para algunas posiciones muy ortodoxas de la profesión hasta trabajar por zoom fue complejo. La pandemia nos ayudó a llegar a las teleconsultas, pero cuando vuelva la vieja normalidad eso va a desaparecer”, consideró.
Durante la pandemia, entre 2020 y 2022, según el análisis de las compras públicas en torno a los diez principales fármacos para salud mental -los ansiolíticos Midazolam, Alprazolam, Diazepam y Clonazepam; los antipsicóticos Haloperidol, Quetiapina, Risperidona y Clozapina; y los antidepresivos Fluoxetina y Sertralina, que se gestionaron a través de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y que están considerados en el Formulario Terapéutico de Medicamentos del MSP-, Uruguay destinó 1.037.400 dólares -según el valor del dólar en 2020- de fondos estatales para adquirir estos productos, por medio de diversos procesos de selección, entre ellos, la licitación, que se define en un concurso público; y compras directas o excepciones, que impide la pluralidad de postores.
Las compras en el período desde marzo de 2020 a marzo de 2022 se concentraron en tres de las 33 empresas que el MSP habilita a comercializar en el rubro: en primer lugar, Megalabs, a la que el Estado uruguayo le compró por un total de 484.413 dólares; en segundo lugar, Icu Vita, con un total de ventas de 239.771 dólares; y, por último, Fármaco Uruguayo, con 77.728 dólares. De los medicamentos para salud mental con mayor demanda en el país, Megalabs tiene autorizaciones para comercializar 13 de ellos, Icu Vita, cinco, y Fármaco Uruguayo, seis.
Por su parte, Fármaco Uruguayo facturó por el Midazolam más de dos millones de pesos uruguayos, equivalentes a 54.225 dólares, y, aunque está habilitado para comercializar Haloperidol, no hizo ninguna venta de este medicamento. Icu Vita recibió 242.148 dólares por su comercialización de Midazolam y sólo hizo una venta de Quetiapina, por 2.700 pesos uruguayos, en el período 2020-2022.
la diaria intentó comunicarse sin éxito con las empresas para obtener sus descargos respecto de la investigación. No se obtuvo respuesta de la solicitud de entrevista a un referente del Departamento de Medicamentos de ASSE.
Por último, Baroni mencionó las carencias del sector privado en cuanto a la atención de la salud mental y consideró que aunque en el sector público los avances son lentos, superan la atención y los modelos de las instituciones privadas: “Lo bueno de lo privado es que entrás en el sistema de salud desde hospitales generales o puertas de emergencia, lo que se quiere también para lo público, pero el modelo de atención sigue teniendo como principales métodos la internación, la medicación y el seguimiento de psiquiatra”, que es “lo que no queremos, medicar para toda la vida”, concluyó.
Por otros temas, como presupuesto para las contrataciones y acceso a los medicamentos durante la pandemia, la diaria dialogó con Artigas Pouy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay.
En cuanto a las contrataciones, Pouy detalló que influyen factores que existen desde antes de la emergencia sanitaria. “Desde que se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, se ha generado un aumento de trabajo en la salud mental”, dijo. También remarcó que existen diferencias entre el sector público y el privado. “En el ámbito público se han dado a conocer las dificultades para contratar, mientras que en el sector privado no, lo que no quiere decir que no las tenga”, agregó Pouy. También manifestó que “salarialmente los cargos de psiquiatría en Salud Pública han quedado relegados, por dinero y en las condiciones de trabajo, por eso los profesionales muestran cierta preferencia por el sector privado”.
Contó que en noviembre de 2021 la Sociedad de Psiquiatría y la Dirección de Salud de ASSE acordaron funciones de alta dedicación para los psiquiatras y se firmó un convenio en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero “el acuerdo aún no avanza en su proceso”.
En cuanto a medicamentos, consideró que “siempre hubo alguna falta, por compras o por selección de compras”, pero que “durante la pandemia se dio en simultáneo con la disminución de las consultas presenciales”, sobre todo en los primeros meses de la pandemia. De todos modos, consideró que “las faltas de medicamentos seguramente hayan sido puntuales”.
Según supo la diaria, en marzo desde el Ministerio de Desarrollo Social, una de las carteras incluidas en el trabajo relacionado con la salud mental, le enviaron a Martín Lema, el titular de la cartera, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, un resumen del trabajo realizado por la comisión creada por la Ley de Salud Mental en 2021 y los planes de continuación para 2022. la diaria intentó acceder al informe pero, por el momento, es considerado de carácter interno.
Para profundizar en los planes de acción y conocer mejor el trabajo del ministerio, la diaria intentó sin éxito comunicarse con Horacio Porciúncula, el coordinador del área de salud mental de esa cartera, y con una de las asesoras técnicas, Denisse Dogmanas.
Este reportaje forma parte de una investigación regional liderada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta), en la que participaron OjoPúblico (Perú), la diaria (Uruguay), LaBot (Chile), Ojoconmipisto (Guatemala), PODER (México) y La Nación (Argentina).
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