Grave denuncia de abuso policial en Maldonado. Denuncian brutal golpiza de cuatro uniformados a un joven detenido en un patrullero. La madre del agredido es Policía.
Fiscalía registra aumento significativo de denuncias contra policías
Daños colaterales
Mauricio Pérez Brecha 3 junio 2022
Las denuncias contra policías por delitos de abuso de funciones aumentaron un 300 por ciento entre 2020 y 2021, según los datos de la Fiscalía General de la Nación. Allí se esconden decenas de casos de maltrato policial. También aumentó la cantidad de denuncias por abuso de autoridad contra los detenidos, por lesiones y por amenazas. Dos violentos procedimientos registrados en los últimos días son investigados en la Justicia y uno de ellos puede transformarse en un leading case sobre los riesgos del empoderamiento policial.
Cuatro policías perseguían a un hombre que había intentado robar una finca. La persecución se desarrolló por las azoteas y terminó dentro de una vivienda, cuando el hombre ingresó por una banderola e intentó esconderse debajo de una cama vacía. Uno de los policías, que lo seguía de cerca, logró detenerlo. Los otros estaban en la azotea y bajaron, raudos, cuando su compañero les informó que el trabajo estaba terminado:
—Lo tenemos. Ya está.
Cuando los policías se adentraban en la finca, se escucharon los llantos y los gritos de dolor del detenido. También golpes:
—¡Che, dejá algo para nosotros! ¡Vamo’ arriba! –le gritaron, entre risas, a su compañero.
Cuando ingresaron a la habitación, le entregaron la cámara al policía que detuvo al hombre. Ahí, por primera vez, se filmó la imagen del detenido, lastimado y quejoso, sangrando, con un corte desde la ceja hasta la sien. La sangre se veía por toda la habitación.
—¿Qué te pasó en la cabeza? ¿Te pegaron? –preguntó el policía.
—No, nadie me pegó –contestó entre quejidos.
—¿Te enganchaste en la ventana, viejo? –repreguntó el policía, mientras filmaba la banderola, que se percibía limpia, sin rastros de sangre.
—Puede ser.
Fue entonces que se escuchó a uno de los policías, sorprendido, hablar en voz baja:
—Puta madre, está filmando. Che, ¿sabían que estaba filmando?
Las denuncias de abuso policial enfrentan diversas dificultades para avanzar en la vía judicial. En general, suelen basarse en el testimonio de la víctima, pero es habitual que carezcan de elementos que prueben la agresión. En esos casos, se cuenta con registros gráficos del hecho o con un informe forense que certifica el origen y la entidad de las lesiones. También se constata la negativa de las víctimas a presentar una denuncia por miedo a futuras represalias. Pero este caso rompe con ese patrón.
Tras la instancia judicial, el joven fue condenado, en proceso abreviado, a tres meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de violación de domicilio. Sin embargo, los elementos agregados en esa carpeta de investigación revelaron la violencia del proceder policial. El procedimiento quedó registrado en la cámara corporal personal de uno de los efectivos. De allí se desprende la violencia del accionar policial cuando el joven ya estaba detenido. La grabación permite escuchar su llanto y sus gemidos, así como los gritos de los policías y su intento de acomodar el relato sobre lo que había sucedido.
El informe forense, en tanto, constató una herida corto-contusa, saturada, ciliar y supraciliar en el lado derecho, una «lesión compatible con el relato» del joven detenido. Según declaró, uno de los policías le golpeó el rostro contra el piso. Además, el detenido –hoy condenado– decidió hacer la denuncia.
Con estos elementos, la defensora pública Mael Rodríguez presentó una denuncia penal contra los cuatro policías por el delito de abuso de autoridad contra los detenidos. La golpiza del joven puede transformarse en un leading case (‘caso testigo’) que confirme el universo de situaciones violentas que se producen en los procedimientos policiales, que fueron minimizadas por el Ministerio del Interior y buena parte del oficialismo.
A mediados de 2021, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay denunció la sistemática violación de los derechos de las personas capturadas en procedimientos policiales. Señalaron omisiones y excesos en la actuación policial en el momento de la detención, dificultades en la atención médica de los detenidos, malas condiciones de detención en las seccionales y un uso excesivo de la prisión preventiva (véase «Garantías contra el exceso», Brecha, 14-V-21). En un informe entregado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el gremio de defensores públicos –que representa a más del 90 por ciento de las personas imputadas de delito en Uruguay– daba cuenta de casi un centenar de procedimientos policiales de apariencia irregular registrados entre 2020 y 2021 en todo el país, en particular tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que amplió el margen de actuación de la Policía.
En el informe se consignaban 62 casos de abuso policial. Se trata de situaciones de un uso excesivo de la fuerza durante la detención y en momentos posteriores, que incluyen golpes y malos tratos cuando la persona ya está reducida o en la seccional. Además, se detallaron 21 casos de lesiones, 11 allanamientos ilegales, cinco situaciones de falta de atención médica, dos de provocación policial y uno de amenazas, todos documentados con un número de expediente y un relato del hecho. El trabajo de los defensores públicos les valió las críticas del oficialismo, que los acusó de ser un colectivo de izquierda, radicalizado, que hacía política y estaba en campaña contra la LUC.
Sin embargo, la denuncia presentada por Rodríguez confirma la situación. En su escrito, al que accedió Brecha, la defensora lo dejó asentado: «El incremento en la violencia de los procedimientos policiales que se viene dando en nuestro país es una realidad que ningún operador jurídico puede desconocer. Es por eso que cada uno, en su rol y con la más seria responsabilidad, debe tomarse el trabajo de investigar y llegar a fondo en cada investigación, para así frenar los procedimientos que excedan lo necesario para detener a los imputados. A juicio de esta defensora, todo acto que exceda lo necesario para detener a un imputado puede investigarse como posible abuso policial y puede, incluso, llegar a operar como tortura».
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Los más de 40 minutos de grabación de la cámara corporal (comúnmente llamada Go Pro, por la marca) permiten escuchar el diálogo entre los policías y el detenido, mezclado con sus sollozos de dolor:
—Reaccioná. ¿Dónde te sentís lastimado?
—Igual coaguló, así que de-sangrado no se nos va a morir. […] Es superficial, nomás, ¿eh? La ceja derecha.
—Viejo, mantenete consciente, ¿sabés? Respirá hondo y mantenete consciente.
—Dame una bolsita, algo, que no quiero tocar, porque le voy a manchar la cama al loco. Dame una bolsita. ¿Tenés? O un trapito, porque tengo sangre en las manos y voy a manchar todo.
Entonces uno de los policías le dice que no se le ocurra decir «estupideces», porque está todo grabado.
—Quiero saber si estás respirando. Te pedimos asistencia también.
—Y sí, me partieron la cabeza.
—¿Quién te partió la cabeza? ¿Nosotros te partimos la cabeza?
—No, mi hermana… Ustedes, tranquilos, que yo no soy alcahuete: no voy a decir nada –contestó el hombre.
Cuando llegó el patrullero, un oficial le ordenó que se parara y caminara:
—Dale, dale, dale. Caminá. Caminá para allá. Callate.
—¡No me judees más, loco! ¡No me judees más! –le gritó entre llantos.
La cámara se apagó.
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Con el informe de los defensores públicos sobre la mesa, la SCJ decidió remitir los antecedentes a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) mediante el oficio número 108/2021. El organismo asumió el análisis de las denuncias, tras lo cual envió pedidos de información al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación. Después de más de seis meses de estudio, en marzo de 2022 la INDDHH presentó sus conclusiones: el informe de los defensores públicos «es coincidente» con las situaciones detectadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en cuanto «al debilitamiento de las garantías de las personas durante los primeros momentos de la detención».
Además, se señaló que a partir de la aprobación de la LUC se tornó más difícil verificar las posibles situaciones de abuso policial: entre otras cosas, porque se extendió a cuatro horas el plazo en que la persona detenida puede permanecer sin notificar al fiscal o al juez y se dispuso la presunción relativa de legitimidad en la actuación policial durante el cumplimiento de funciones, lo que representa «una riesgosa inversión de la carga de la prueba en materia penal, con afectación de los derechos fundamentales».
La difusión del informe reavivó las críticas del oficialismo a la INDDHH (véase «Las presiones del poder», Brecha, 18-III-22) y motivó una respuesta del Ministerio del Interior, que arguyó que fue un ataque infundado contra la Policía. Los voceros del gobierno fueron el ministro Luis Alberto Heber y el director de Seguridad y Convivencia, Santiago González, quienes contestaron con números hasta entonces desconocidos.
Según los datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad difundidos por la cartera, desde la entrada en vigencia de la LUC la cantidad de denuncias por abuso policial bajó: en 2019 se registraron 152; en 2020, 158, y en 2021, solo 136. «¿Dónde está lo que escuchamos en el Parlamento, de que iba a haber un crecimiento exponencial de la actitud de la Policía, de que iba a dar palo y garrote?», preguntó Heber. Sin embargo, los datos de otro organismo público presentan un panorama diferente.
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Los datos de la fiscalía muestran un incremento de la cantidad de denuncias con al menos un policía indagado en el último año. El crecimiento es significativo: 1.198 denuncias en 2021; 357 en 2020; 155 en 2019 y 64 en 2018. Un salto superlativo se registró, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica (400 denuncias contra policías el último año). Pero también hay una escalada de denuncias por delitos que esconden casos de abuso policial. En 2021 se registró un aumento del 268 por ciento en las denuncias de lesiones, del 768 por ciento en las de amenaza, del 200 por ciento en las de violencia privada y del 100 por ciento en las de abuso de autoridad contra los detenidos. Y un aumento del 300 por ciento en las denuncias de abuso de funciones, según la respuesta de la fiscalía a un pedido de Brecha de acceso a la información pública.
Las denuncias por abuso de autoridad refieren a actos arbitrarios cometidos contra personas detenidas o arrestadas. En este caso, se pasó de cuatro en 2020 a ocho en 2021 (hay tres denuncias en 2022);1 de estas, cuatro terminaron con la imputación de un policía. El resto de los delitos tiene una figura más laxa, que engloba situaciones diversas, varias de ellas asociadas al abuso policial, dijeron fuentes de la fiscalía a Brecha. Esto es así para los delitos de lesión (92 denuncias en 2021) y amenaza (127 denuncias el último año).
Eso sucede también con las denuncias de abuso de funciones. El informe de la fiscalía (basado en el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay) muestra un crecimiento sistemático desde 2018. Ese año se presentaron tres denuncias por este delito; en 2020, 29, y en 2021, 116. En los primeros cuatro meses de este año, hubo 22 denuncias por abuso de funciones. Según las fuentes, la figura del abuso de funciones se utiliza cuando no existe una figura concreta y engloba desde el maltrato en la vía pública hasta la violencia verbal. Estos casos suelen ser derivados a las fiscalías de delitos económicos y complejos, tal como ocurrió con la denuncia presentada por Rodríguez, que llegó a la órbita del fiscal Ricardo Lackner, quien ya inició la investigación.
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El uso de las cámaras corporales por policías se implementó en la anterior administración, para solventar las pruebas de una investigación policial y evitar eventuales abusos policiales; es decir, como garantía para los detenidos, pero también para los policías. Uno de sus primeros usos ocurrió durante el desalojo de la sede del Consejo Directivo Central en 2015. El entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi (hoy fallecido), entregó la grabación en bruto del procedimiento dentro del edificio con el objetivo de probar la versión oficial de los hechos.
Sin embargo, el uso de estas cámaras presenta dificultades. En reiterados casos en los que hay denuncias de abuso policial no hay registros audiovisuales. Los policías suelen argumentar que se quedaron sin batería, que las cámaras no se prendieron, que las imágenes se perdieron. Incluso, en ocasiones se envían grabaciones de un procedimiento distinto al investigado. Eso atenta contra una prueba relevante.
La ausencia de registros gráficos fue uno de los cuestionamientos de la INDDHH y los defensores públicos, pero también un reclamo de los gremios policiales, que solicitan extender el uso de las cámaras corporales para evitar denuncias infundadas. En este contexto, el senador frenteamplista Charles Carrera presentó un proyecto para hacer obligatorio que los policías cuenten con cámaras en estos procedimientos. De prosperar la iniciativa, todos los policías que participen en un procedimiento en el que se use la fuerza física, armas u otros medios de coacción, así como en detenciones o en la conducción de personas a una sede policial, deberán tener cámaras corporales, que tendrán que permanecer encendidas durante todo el procedimiento. Y el registro deberá ser conservado mediante mecanismos idóneos. Con esto, según Carrera, se brindarían mayores garantías para evitar posibles abusos, pero también un resguardo y un apoyo al policía ante denuncias infundadas.
La ausencia de grabaciones tuvo un efecto concreto en un proceso judicial. En 2021, la jueza Graciela Eustachio liberó a una persona en una audiencia de control de detención por la falta de esa evidencia. El hombre dijo que los policías ingresaron a su casa y que luego de detenerlo le hicieron firmar una autorización de ingreso. Eustachio consideró «llamativo el hecho informado por la propia fiscalía de que la filmación proporcionada por la Policía no registra el arribo de los funcionarios a la finca» y que la Policía «no procedió en este caso conforme a derecho». Por eso, la persona recobró la libertad.
- El registro de la fiscalía llega hasta el 25 de abril de 2022.
Abuso entre pares
El Sindicato Policial de Maldonado denunció ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior los presuntos abusos cometidos por efectivos de la Guardia Republicana contra una mujer policía y su familia. El hecho, denunciado por El Observador (25-V-22), ocurrió a partir de la denuncia de un eventual desacato en la vía pública. Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron a un joven que otras dos personas intentaban calmar. Resultó ser un menor de edad con problemas psiquiátricos que sufría una crisis nerviosa.
Los policías, sin embargo, intervinieron en forma despectiva y agresiva, y arremetieron contra las dos personas que intentaban calmarlo: otro joven paciente psiquiátrico y su padre. Cuando esto sucedió, se presentó una mujer y les dijo que era policía y que las dos personas que intentaban calmar al joven eran su hijo y su esposo. El oficial a cargo del procedimiento desoyó la explicación y los dos jóvenes fueron detenidos y metidos por la fuerza al móvil policial. También en forma violenta fue destratado el otro hijo de la mujer, menor de edad, cuando salía de un almacén.
La mujer policía se acercó al lugar con las manos en la cabeza para demostrar que estaba desarmada. Entonces le dispararon con munición no letal. Fue herida en el abdomen. Su hijo menor recibió un disparo en la pelvis y otro en el pie izquierdo. Ante esto, la mujer presentó una denuncia policial contra sus colegas, en la que pidió el relevamiento de las cámaras corporales de los efectivos, que no habrían estado operativas. El jefe de la Policía de Maldonado, en tanto, dispuso una investigación administrativa de urgencia, que aún está en trámite.
De acuerdo a fuentes de Brecha, la investigación sobre este hecho está paralizada. La fiscalía aún no dispuso la citación de la denunciante y Asuntos Internos no acusó recibo de la denuncia del sindicato. El caso sí fue asumido por la INDDHH, que pidió información sobre los hechos.
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