>>> Crimen organizado
Caras&Caretas 21 julio 2023
Carlos Pelaez
Narcoempresarios: mientras el Ministerio del Interior destina sus mayores esfuerzos a combatir el narcomenudeo, comienza a visibilizarse otro aspecto del crimen organizado: la irrupción de importantes empresarios en el negocio de la droga. En los últimos cuatro años solo por las manos de tres de ellos pasaron 11.000 kilos de cocaína. El crimen organizado dejó de ser un problema de las zonas marginales para instalarse en los barrios acomodados de la ciudad.
Jorge Pérez Bentancor se dedicaba a la importación de madera, principalmente desde Paraguay, pero también a importar y vender maquinaria agrícola. Hasta hace 15 días vivía con su familia en el barrio privado La Tahona, donde también tiene su residencia privada el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
El pasado 11 de julio y en el marco de la operación Los Titanes, la Policía lo detuvo en su casa acusado de integrar una banda junto a cuatro colombianos y cuatro uruguayos en cuyo poder se encontraron 265 kilos de cocaína.
La droga sería enviada a Europa acondicionada en tablones que había importado Pérez Bentacor, a través de la empresa Mintaka, desde Paraguay.
Mintaka fue el nombre de otra operación policial por la cual el mismo empresario había sido detenido y procesado con prisión en el año 2012 por estar en posesión de 312 kilos de cocaína.
La madera era exportada desde Paraguay por la empresa Agronegocios del Chaco Paraguayo SA, cuyo titular es el ciudadano uruguayo Diego Luis Menéndez Violante.
Este había sido acusado de estafa en un negocio agropecuario en Uruguay por un socio español que lo denunció por apropiarse de 90.000 dólares en el año 2018. Menéndez huyó a Paraguay y la Justicia de nuestro país solicitó su captura a Interpol.
El 20 de agosto del año pasado fue detenido a las 8 de la mañana mientras caminaba por un calle de la ciudad de Hohenau, departamento de Itapuá, ubicado al sur y limítrofe con Misiones, Argentina. Por ser parte de la hidrovía, es una zona de alta circulación de drogas.
El detenido fue trasladado hasta el Departamento Central de Policía y las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa, donde señalaron que el hombre ingresó en agosto de 2018 y en 2019 adquirió la cédula paraguaya.
Su captura se dio en cumplimiento de la orden emitida por la jueza penal de Garantías, Nilsa Sánchez de Rienzi.
El comisario principal de Interpol Paraguay, Nicolás Zárate, detalló que si el hombre se allanaba al pedido, se facilitaría su proceso de extradición, pero que en caso contrario se tendría un proceso más largo para cumplir con dicho objetivo, según informó el diario Última hora.
Pero el Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Uruguay informó que se desistió de la extradición porque la fiscal de San José, Mariana Rodríguez, que estaba a cargo de la investigación, consideró que no había mérito para una condena, por lo que Menéndez fue liberado.
Entre julio del año pasado y marzo de este año, su empresa Agronegocios del Chaco le vendió a Pérez Bentacor aproximadamente un millón de dólares en madera.
Una fuente policial a cargo de la investigación dijo a Caras y Caretas que “es probable que la cocaína ingresara a Uruguay escondida en los tablones. Es decir, de la misma forma en que pensaba sacarse rumbo a Europa”.
Los investigadores sospechan que “puede haber una cantidad importante de droga escondida en algún lugar que aún no se ha encontrado o tal vez ya habían logrado enviarla a su destino final”.
Según las declaraciones de importación, la madera ingresaba en camiones a través de Fray Bentos.
Según informó Guillermo Maciel, subsecretario de Interior, “se investigan posibles nexos de Pérez Bentancor con Sebastián Marset, ya que saben que ambos se conocen”.
La Justicia lo imputó por asistencia al narcotráfico y cumple prisión preventiva mientras continúa la investigación.
Comparte una característica con los otros dos narcoempresarios a los que se formalizó por encontrarles a ambos casi 11 toneladas de cocaína: sus redes sociales revelan adhesión al Partido Nacional.
Las nuevas caras del crimen organizado
Cuatro años atrás se encontró otra punta de ese submundo, cuando se descubrió que el empresario uruguayo Martín Mutio estaba involucrado en el envío de 4.500 kilos de cocaína incautadas en el puerto alemán de Hamburgo.
Cómo y por dónde llegó la droga a Uruguay es algo que aún no se sabe.
Recientemente un Tribunal de Apelaciones lo condenó a 15 años de prisión.
Martín Mutio Ballester Molina, 36 años, es hijo de uno de los propietarios de la bodega Santa Rosa (Passadore, Carrau & Mutio) y de una de las propietarias de la fábrica de autos, camiones y armas argentina Ballester Molina. En 2011, cuando tenía 23 años, fundó la empresa GCM Global dedicada al comercio internacional, pero cuatro años más tarde fue procesado sin prisión por delitos de estafa y falsificación de documento.
En 2012 se legalizó la venta de marihuana y Mutio, como asesor de la empresa La Cosentina, logró la autorización del Ministerio de Salud Pública para producir yerba mate con cannabis. Ese mismo año, y en declaraciones realizadas a un programa de radio argentino, hablando sobre política uruguaya dijo: “Mi familia es blanca de toda la vida. Yo te juro que no puedo creer cómo el MPP… la capacidad de trabajo que tienen y el compromiso con Uruguay de desarrollar algo para que quede para generaciones de más abajo… Estoy más que agradecido por el apoyo que tuve del MPP”.
Agregó: “Vengo de una familia emprendedora de toda la vida en Uruguay. Mi familia tiene una bodega hace muchos años, que se llama Santa Rosa, muchos años en el país y siempre familia histórica vinculada con el Partido Nacional .Yo estoy 100% afín con el MPP, con la capacidad de apoyo y desarrollo y el compromiso que tienen. Más que agradecido. Estoy seguro de que ni los blancos ni los colorados me hubieran apoyado como me apoyaron Sabini, Battistoni, Rosa y Sica. Por eso me sigo quedando en Uruguay, apostando a Uruguay”.
Estas declaraciones fueron usadas en plena campaña electoral de 2019 por quienes hoy están en el gobierno para vincular al MPP con un traficante. Pero omitieron consignar que poco después, en plena campaña electoral de 2014, apoyaba a Luis Lacalle Pou, según lo revelaban sus redes sociales. Y el 23 de noviembre de 2015, ante el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, escribió en Twitter: “¡Por fin! ¡Una alegría! ¡Espero que, tanto copiamos de los argentinos, empieza el cambio en Uruguay! ¡Arriba la derecha!”.
Por su parte, Luis Gastón Murialdo Garrone era un empresario sojero, colono y propietario de la empresa Camelia Sociedad Agraria, la única firma que logró exportar soja a Togo. El mismo destino que tenían dos contenedores con 4.500 kilos de cocaína que intentaba enviar Murialdo a fines de diciembre del 2019, según informó El Observador.
En su campo ubicado en Soriano, sobre ruta 21, la Policía encontró otros 1.500 kilos de droga, lo que en total constituyó la mayor incautación de droga en poder de una sola persona.
Según la investigación fiscal, este empresario fue contactado por narcotraficantes bolivianos quienes le pagarían 250.000 dólares por dos exportaciones de cocaína hacia el puerto de Lomé, capital de Togo (África). Además le hicieron una trasferencia bancaria por 61.472 dólares a través del banco Heritage desde la ciudad africana.
Este dinero debía cubrir toda la operativa e infraestructura previa al envío.
Murialdo tuvo la ayuda de su hijo, que no sabía lo que estaban cargando.
La droga fue trasladada al campo escondida en camiones que cargaban leña, pero cómo y por dónde entro a Uruguay tampoco se pudo precisar.
Finalmente la Justicia lo condenó a 8 años de prisión por varios delitos vinculados al tráfico de drogas, en tanto su hijo recibió una condena de 8 meses, 6 de prisión efectiva y dos de libertad vigilada.
Además se le incautó la tierra, varios vehículos, maquinaria rural y una suma de dinero.
El 1º de agosto del 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inhabilitó a la empresa Camelia Socedad Agraria de manera definitiva por haber intentado traficar 4,5 toneladas de cocaína en contenedores de soja durante 2019.
Murialdo también tenía vínculos con el Partido Nacional, aunque no pertenencia orgánica, pero sí participó en las actividades de Un Solo Uruguay.
En mayo de 2022 la fiscalía de Ciudad de la Costa logró desmantelar una organización que enviaba “mulas” con cocaína a España y lavaba el dinero en “un importante mercado gastronómico “ubicado en Pocitos, según expresa el dictamen fiscal.
Doce personas fueron condenadas por diferentes figuras de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Entre los condenados están el hijo del propietario de una importante empresa envasadora y distribuidora de legumbres y semillas; el hijo de uno de los propietarios de un free shop; el dueño de una importante empresa de informática y un funcionario de jerarquía media en el Banco República.
Un patrón que se repite en el mundo
La operativa de los grandes cárteles de la droga tiene un patrón común en casi todos los países. En todos lados tratan de ubicar a empresarios con dificultades económicas que acepten participar del negocio como forma de salvarse.
Tal es el caso de Mutio, un joven ambicioso que pretendía mantener un estilo de vida pero al que le había ido mal en varios negocios. Tanto que terminó formalizado dos veces por emitir cheques sin fondo.
La droga no era de Mutio, no tenía el dinero para adquirirla en origen, simplemente se trataba de un pasamano.
Murialdo estaba peor. Era un productor fundido, que acaba de perder una cosecha de soja por unos dos millones de dólares a causa de la sequía. Tenía casi todas sus propiedades embargadas y estaba calificado por el Banco Central como “deudor irrecuperable” por deberle 31.400 dólares al Scotiabank y 3.300 dólares a Creditel, de acuerdo a información obtenida por El Observador.
Todavía no está clara la situación de Pérez Bentancor, el narco de La Tahona, presentado por la Policía como “un importante empresario”. Su caso parece ser el de alguien con antecedentes que pertenece al mundo del narcotráfico. Sobre todo si se prueban sus vínculos con Marset.
Nada nuevo bajo nuestro sol
Una expresión muy uruguaya sostiene que “aquí no pasan esas cosas”, cuando alguien refiere hechos criminales que ocurren en otro país.
Sin embargo la realidad, vista a través del tiempo, revela que aquí pasa lo mismo que en todos lados. Y no verlo sólo concurre a favor del crimen organizado.
En una nota publicada por el semanario La Mañana en diciembre de 2019 se preguntaba “¿Por qué Uruguay? Sencillamente porque en los últimos cincuenta años se desarrollaron en nuestro país redes de negocios financieros que -adaptándose a las necesidades de los tiempos y los sucesivos cambios regulatorios- se fueron ingeniando para asistir a “clientes” que requerían cobertura y protección para el dinero originado en actividades turbias, y por lo visto, algunas claramente ilícitas”.
Estudios jurídicos propiedad de profesionales estrechamente vinculados al poder, han servido para crear sociedades fantasmas que permiten la operativa y el lavado del dinero sucio.
Las instituciones financieras no siempre han cumplido con los controles a los que están obligados. Y aún así existen instrumentos y empresa del rubro que escapan a cualquier observación.
Los cárteles pagan mucho dinero por permitir el aterrizaje en campos del interior.
Tenemos normas, pero no la voluntad de cumplir con ellas.
Contamos con organismos más preocupados por la burocracia que por su eficiencia.
Los partidos políticos no quieren que nadie se entrometa en su financiación. Por eso, en menos de un año asistiremos a obscenas campañas electorales, que no se explica quién paga.
Mientras tanto, seguiremos viendo a diario duras condenas por estar en posesión de unos gramos de cocaína para vender, pero no tenemos una sola condena por lavado de dinero.
Y peor, nadie sabe por dónde ingresan los miles de kilos de droga que se venden o salen por el puerto de Montevideo hacia el mundo.
Porque la hipocresía también es muy uruguaya.
>>> Los socios de Marset
En una carta redactada el 4 de mayo de 2021 por un jerarca de la Policía de Paraguay y remitida al fiscal de Crimen Organizado de ese país, Lorenzo Lezcano, señalaba la existencia de una “estructura criminal” que ya para entonces había montado el uruguayo Sebastián Marset. Era un hecho que se conocía por una “cooperación” previa de la Policía de Uruguay, de acuerdo a ese documento.
En concreto, la misiva -que forma parte de la carpeta fiscal paraguaya de la “Operación Smart”, a la que accedió El País- indicaba que ya había elementos como para solicitar la “apertura de una causa penal”.
Y que eso era posible a raíz de “informes” realizados “por parte de la Dirección General de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) de Uruguay”.
En función de ese aporte, más el análisis realizado por los investigadores paraguayos, el informe afirma que se pudo concluir que había en Paraguay “una especie de clan familiar” dedicado al “envío de grandes remesas de drogas al mercado europeo y países vecinos”, y que al mismo tiempo también adquiría “empresas ya constituidas y con la antigüedad tributaria en diversos rubros, con el objetivo de movilizar el mayor porcentaje de activos a través de dichas firmas comerciales, producto de la venta de sustancias prohibidas”.
Los policías paraguayos habían detectado, en suma -siempre según este documento- la presencia de un grupo criminal liderado por “un ciudadano de nacionalidad extranjera” con documentación paraguaya.
Esa persona, en otra carta fechada siete días después -que tenía la finalidad de reportar “avances investigativos”- aparece identificada con todas las letras: Sebastián Marset Cabrera -por entonces de 29 años-, ahora directamente señalado como “líder de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas”.
En ese momento el informe policial reportó que, “a través del sistema de gestión de seguridad pública del Uruguay”, se podía afirmar que entonces Marset tenía “una requisitoria pendiente a nivel nacional en Uruguay, de fecha 13/03/2020”, y que además tenía un “prontuario penal” que incluía un delito de homicidio de 2018. Sin embargo, tiempo después ambas indagatorias se archivarían por falta de pruebas.
Los investigadores paraguayos pidieron en el transcurso de este operación, y en reiteradas oportunidades, que se iniciara la indagatoria y que se intervinieran comunicaciones vía celular, pero la Fiscalía demoró en reaccionar. Algo que podría ser determinante a la luz de dos hechos que se dieron más adelante y que apuntan a la incidencia de Marset.
Uno de ellos es el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo pasado en Colombia, un homicidio que tiene como presunto ideólogo al propio Marset -algo que ha dicho incluso el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter días atrás.
Pecci era otro de los fiscales paraguayos, encargado de una segunda operación -llamada “A Ultranza Py”- que fue lanzada en febrero de este año, varios meses después de la “Operación Smart”, y conocida como la más grande e importante investigación contra el narcotráfico en ese país.
Y el otro hecho fue la expedición del pasaporte uruguayo por parte de Cancillería y el Ministerio del Interior a Marset, en octubre de 2021 cuando el narco se encontraba detenido en Dubái por tener documentos paraguayos falsos. Esto motivó la interpelación del Frente Amplio a los ministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber, y declaraciones públicas de autoridades (ver aparte).
Los uruguayos
La carpeta fiscal de la “Operación Smart”, de unas 39 páginas, incluye detalles de la estructura del clan Marset, a cuyo diseño se accedió con la contribución, en esta indagatoria, de la delegación paraguaya del Comando Tripartito -integrado por oficiales de inteligencia de Brasil y Argentina, además de Paraguay.
En un mismo nivel de incidencia que Marset figura su pareja, Gianina García Troche -cuyo paradero también se desconoce-, que también es uruguaya.
Pero el grupo tiene, además, a un tercer uruguayo: Federico Santoro Vasallo, poseedor de antecedentes penales, dedicado a realizar “cambios de divisas” y habilitar “cuentas a través de casas de cambios para el envío y recepción de grandes sumas de dinero en el exterior”.
En las últimas horas, asimismo, este hombre también buscado por Interpol fue señalado de ser el encargado de trasladar a los tripulantes del avión iraní Emtrasur que estuvo en Paraguay y Argentina, y que Uruguay no dejó aterrizar.
Y en la documentación de la investigación de la operación “A Utranza Py” -a la que también accedió El País- se agrega en la página 215 -de un total de 503- que este hombre era directamente “asesor y organizador en las acciones de lavado de activos del investigado” Marset.
El lavado de dinero del grupo llegó a recurrir, por otra parte, a la incursión en “el esquema de transferencias de jugadores de fútbol paraguayos al club Trikala de Grecia”.
Otros mandos
Los documentos de la carpeta de la “Operación Smart” identifican en un segundo plano de jerarquía en la organización criminal a Marlon Santos, Lindomar Reges y Mauricio Schwartzman, un empresario asesinado en setiembre del año pasado -en un homicidio del que es sospechoso el propio Marset.
Este último era una persona de “mucha confianza” de Marset; se dedicaba al “área logística de la estructura criminal” y era el responsable de “coordinar y verificar el envío de grandes remesas de droga a Europa y otros países a través de empresas legalmente constituidas”.
Alberto Koube -titular del grupo empresarial Tapiracuai- y Alexis Vidal González -que figura como dueño de Totalcars- aparecen mencionados en un tercer nivel. Y en un cuarto se ubica a Nicodemo Finken, como financista de Totalcars, y Santoro, propietario de las agencias de viaje Ilu y Adshley Turismo.
Koube -preso en Paraguay-, de unos 50 años, era “la persona encargada de la compra de empresas” en ese país.
La maniobra que coordinaba apuntaba a adquirir negocios “con trayectoria en el mercado”, que tuviera “antigüedad tributaria, para posteriormente presentarlas legalmente, actuando de prestanombres para la organización”.
¿Quién es quién en la organización?
Personas vinculadas a Sebastián Marset
Sebastián Marset
-Líder del grupo
-Es uruguayo. Tiene 30 años y varios antecedentes penales en Uruguay vinculados al narcotráfico y otros delitos.
Gianina García
-Pareja de Marset
-Es uruguaya, de 28 años. No tiene antecedentes en Paraguay pero se la señala como segunda al mando.
Marlon Santos
-Nexo con Bolivia
-Inteligencia paraguaya dice que este hombre es el encargado de hacer de nexo con narcotraficantes de Bolivia.
Lindomar Reges
-“Activo” del grupo
-Uno de los hombres más importantes. Inteligencia de Paraguay indica que es de un segundo nivel de jerarquía.
Mauricio Schwartzman
-Hombre de confianza
-Era un empresario, de “mucha confianza” de Marset, asesinado en setiembre pasado.
Alberto Koube
-Empresario
-Es un hombre 50 años que está preso en Paraguay. Se encargaba de “la compra de empresas” en ese país.
Alexis González
-Empresario
-Es titular de la firma Totalcars y se lo menciona como integrante del “tercer nivel” de jerarquía..
Federico Santoro
-Empresario
-Otro uruguayo. Tiene antecedentes y se encargaba de recibir y enviar al exterior grande sumas de dinero.
Nicodemo Finken
-Financista
-Los reportes de la inteligencia paraguaya indican que este hombre era el “financista” de totalcars.
Movimiento migratorio del narco en la región
En la documentación de la “Operación Smart” están incorporados algunos movimientos migratorios de Marset entre abril de 2018 y junio de 2021, meses antes de que fuera detenido en Dubái.
En esos tres años el líder de la organización ingresó en Uruguay el 27 de abril de 2018 para viajar el mismo día hacia Argentina. Luego volvió al país el 23 de mayo de ese año.
No figura que haya salido nuevamente aunque el siguiente registro marca un nuevo ingreso en territorio uruguayo el 7 de julio de 2018. El 31 de octubre de ese año, a las 19:03 horas, se fue de Uruguay y, de acuerdo a los registros migratorios, desde allí no regresó.
En Paraguay, Marset, se trasladaba a bordo de vehículos de alta gama registrado a nombre de varias de las empresas que conforman su organización. Por ejemplo, el 12, según los documentos, salió de su departamento en el edificio “El Palacio de los Patos” en una camioneta marca Mercedes Benz modelo GLE 350D del año 2018 -registrada a nombre de una funcionaria de Total Cars- para almorzar junto a su pareja en un shopping de Asunción.
Ese mismo día Marset fue a la práctica del Deportivo Capiatá a bordo de otro vehículo, una camioneta de alta gama blanca marca Toyota Land Cruiser TDI del año 2021. Sería blindada, según la información de inteligencia paraguaya, y está registrada a otra de las empresa vinculadas a la organización, el Grupo Tapyracuaí.
Dos semanas después, el 27 de mayo de 2021 a las 12.37 horas se reunió en un restaurant llamado “Lo de Osvaldo” en el shopping La Galería de Asunción con “dos de sus supuestos colaboradores más cercanos”.
En diciembre de 2021, se reportó que Marset había viajado a Brasil para hacer escala y que su destino final fue Emiratos Árabes Unidos, en donde sería detenido con un pasaporte falso.
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