jueves, 25 de abril de 2019

Como príncipes

Ríen con privilegios



>>>>   Gavazzo sin tobillera ni custodia




Jueza de Ejecuciones de Canelones resolvió quitarle la tobillera y retirarle la custodia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA). El fiscal Perciballe se opuso a la decisión y ahora deberá fallar un Tribunal de Apelaciones. 

Telenoche. Una jueza de Canelones resolvio quitarle la custodia policial para traslados y la tobillera electrónica a Jose Nino Gavazzo, mientras que el fiscal apeló la resolución.
El fiscal letrado Ricardo Perciballe apeló la resolucion de la jueza, porque, según explicó en un documento, la medida adoptada "causa agravios" a la "sociedad toda", que "en estos días pudo acceder atónitamente a la crudeza de los testimonios brindados por Gavazzo y Pajarito Silveira ante el Tribunal de Honor del Ejército".
La jueza tomó la resolución luego que la defensa de Gavazzo presentara que el exmilitar tiene problemas de salud los cuales segun la Fiscalía no fueron constatados.
En la apelación, además, se señala que se perderá el control de Gavazzo y por tanto podrá evadir a la Justicia de ahora en adelante.
Por otra parte, en la apelación se remarca que se debe tener presente que el exmilitar se encuentra indagado, imputado y procesado por otras causas. "Luego, necesariamente deberá responder ante diversas sedes judiciales", matiza.


#Tobillera La Jueza Elsa Montín dijo que "volverá a evaluar los riesgos" q significa quitarle la tobillera a Gavazzo y la custodia policial. Aseguró q no se fugará. Preg: Dra, Ud sabe quién es Eduardo Ferro?Resp: No. -Es un exrepresor. Sabe dónde está? Resp: No.




El fiscal Perciballe espera las respuestas de una media docena de juzgados. Su colega Morosoli posiblemente haga anuncios la próxima semana.

Con el fin del asueto de Semana de Turismo, más el feriado de este lunes, se retomará la actividad en varias dependencias fiscales y judiciales, incluyendo lo referido a las ya conocidas como las "actas de Gavazzo".

El fiscal especializado en delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, ya presentó escritos en media docena de juzgados de Montevideo e Interior. El contenido de esas actas, sobre los tribunales de Honor militares que se le practicó a los exrepresores José Nino Gavazzo y Jorge Silvera, entre otros, hizo que este magistrado pidiera que el expediente se incorporara como prueba "a unas quince causas" relacionadas a violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.

Son casos que no han sido cerrados. La única causa que Perciballe pidió reabrir fue la de la muerte del exmilitante tupamaro Roberto Gomensoro, en marzo de 1973, en dependencias militares.

"Son todas causas de lugares donde actuaron Gavazzo y Silvera, como en el centro llamado 300 Carlos (en el Servicio de Material y Armamento del Ejército), el Grupo de Artillería 1 (en el Cerro) y los que tengan conexión internacional, ya que Gavazzo trabajó en el SID (Servicio de Información de Defensa)", dijo Perciballe a ECOS. Estos últimos casos refiere al llamado "segundo vuelo", en el que detenidos por la dictadura argentina fueron traídos a Uruguay en el marco del Plan Cóndor.

Perciballe tiene idea que el expediente de Gomensoro ya volvió al Juzgado de Paso de los Toros, donde estaba originalmente. Sin embargo, la última palabra sobre su reapertura será del juez de la causa.

En realidad, resaltó el fiscal, la Justicia tiene la palabra en todos los casos. Al tratarse de causas bajo el funcionamiento del antiguo Código de Proceso Penal, su celeridad, tratamiento o no "depende de las voluntades de los jueces". Desde este martes, Perciballe hará tareas de "procuraduría" para saber en qué están las instancias que solicitó.

A su vez, el fiscal de Flagrancia de 13° Turno, Rodrigo Morosoli, empleó Turismo para estudiar las más de 800 páginas de las "actas de Gavazzo". En él recayó la responsabilidad de investigar si hubo alguna omisión de funcionarios públicos en denunciar hechos delictivos en este episodio.

Consultado por ECOS, Morosoli declinó adelantar los pasos a seguir. Estos serán dados a conocer "posiblemente la próxima semana".


Fallo de Tribunal de Apelaciones pone freno a investigación contra Gavazzo por la desaparición del tupamaro Eduardo Pérez

El fiscal Perciballe sostuvo que de mantenerse la posición, las investigaciones―se verán irremediablemente frustradas‖

Búsqueda Nº2017 - 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2019

Escribe Victoria Fernández



El tupamaro Eduardo Pérez, conocido como el Gordo Marcos, murió presuntamente como consecuencia de una bomba de gas que arrojaron en su celda en el cuartel de Artillería Nº 1, en 1974. José Gavazzo —condenado por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973- 1985)— admitió ante un Tribunal de Honor Militar que él tiró la granada. Pero dijo que Pérez se había puesto violento y estaba golpeando al personal. Y que luego lo llevaron al Hospital Militar y ya no volvió.

Jorge Pajarito Silveira, que era subordinado de Gavazzo en el Grupo de Artillería 1, dio otra versión. Según publicó El Observador el 30 de marzo —a partir de las actas del tribunal que investigó la responsabilidad de los militares retirados Gavazzo, Silveira y Luis Maurente en el llamado segundo vuelo y la muerte de 28 militantes de izquierda exiliados en Buenos Aires—, Silveira negó que Pérez se hubiera rebelado o insubordinado, y dijo que ―el comentario‖ era que Gavazzo lo ―gaseó‖ para interrogarlo.

La desaparición de Pérez está siendo investigada por el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien tras las revelaciones de las actas del Tribunal de Honor planeaba citar pronto a Gavazzo y a otros indagados (en el expediente también se investiga a Silveira y a Ernesto Ramas), dijeron a Búsqueda fuentes de la fiscalía.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2do turno puso un freno a esos planes. El fallo, al que accedió Búsqueda, revocó una decisión de la jueza de primera instancia Silvia Urioste y dispuso que la investigación se suspenda hasta tanto la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no resuelva una excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Gavazzo contra la creación de la fiscalía especializada para investigar los crímenes de la dictadura.

El fiscal Perciballe había decidido realizar una copia del expediente para elevar a la SCJ, y continuar indagando el caso mientras se resuelve la inconstitucionalidad. La jueza estuvo de acuerdo con la posición de la fiscalía. Pero el tribunal discrepó y ordenó que toda la investigación quede en suspenso mientras la Corte resuelve. La sentencia fue firmada a fines de febrero y comunicada en marzo.

Perciballe presentó un recurso de casación ante la SCJ para que revea la decisión. En el escrito, al que accedió Búsqueda, el fiscal cuestionó duramente la posición del tribunal, y señaló que de mantenerse ese criterio ―la pervivencia de las investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos infligidas en el pasado reciente se verán irremediablemente frustradas‖. Pues ―cada vez que un indagado invoque una excepción —sin importar la naturaleza de la misma— las actuaciones deberán suspenderse‖.

De acuerdo con el criterio del tribunal, la investigación debe ―paralizarse‖ no solo para quien interpone el recurso, sino para todos los indagados. ―Y de esa forma, se genera un grave perjuicio para las víctimas, que esperan una respuesta en tiempo y forma de la Justicia‖, cuestionó Perciballe.

El fiscal también advirtió que, de prosperar, el criterio del tribunal será un ―fuerte‖ incentivo para las defensas que ―deseen dilatar las investigaciones‖. Porque con ―solo interponer excepciones individuales, las causas se verán paralizadas‖.

Ayer miércoles 24 TNU informó que la jueza de Ejecución de Canelones, Elsa Montín, ordenó quitarle la tobillera electrónica a Gavazzo, quien desde 2015 cumple régimen de prisión domiciliaria en el marco de otra causa. Además, accedió a su pedido de suspender la vigilancia de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) durante sus trasladados para hacerse controles médicos. El fiscal Perciballe apeló la decisión.

Suspensión inmediata

La detención ilegítima y desaparición de Eduardo Pérez —cuyo cuerpo nunca fue encontrado– fue denunciada en la Justicia en diciembre de 1985, pero la investigación se congeló con la aprobación de la ley de caducidad. Se reactivó en 2011, luego de que el Poder Ejecutivo habilitara retomar las indagatorias. Pero cuando en agosto de 2016 Gavazzo fue citado a declarar, su defensa interpuso un recurso alegando que los delitos habían prescripto. Dos años más tarde la Suprema Corte de Justicia desestimó la prescripción, y cuando la nueva Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad se aprestaba a retomar la investigación, Gavazzo presentó otro recurso: esta vez alegó que la creación de esa sede especializada contravenía la Constitución.

El fiscal Perciballe y la jueza de primera instancia entendieron que la investigación no debía detenerse, porque eran varios los involucrados en la causa y esta ya venía largamente demorada. Decidieron suspender las actuaciones solo respecto a Gavazzo, pero continuar trabajando en lo concerniente a los demás indagados.

La defensa de Gavazzo protestó por la decisión. ―En ningún precepto legal se prevé la suspensión solo para quien interpone la excepción de inconstitucionalidad‖, dice el escrito que presentaron ante el tribunal. ―Ni la Constitución ni la ley ordenan formar pieza separada de la inconstitucionalidad planteada para continuar con el trámite‖, agrega, y solicita ―suspender la totalidad de las actuaciones‖.

El tribunal hizo lugar al reclamo y ordenó la ―suspensión inmediata del trámite del presumario‖. Los ministros José Balcaldi, Daniel Tapié y Carlos García entendieron que las normas que regulan el proceso de inconstitucionalidad son ―claras‖ en cuanto a que deben suspenderse los procedimientos. ―No puede fraccionarse el trámite según entiendan las partes o el director del proceso‖, sostuvieron. Si no existe ―ninguna razón de imposibilidad material para seguir el procedimiento en forma unificada, no puede ser justificación para apartarse de debido proceso y de los principios generales que lo rigen alegar el interés de una de las partes involucradas, por más justificado que el criterio pueda parecer antes posibles demoras en la definición de los juicios‖, concluyó el tribunal.

La preocupación de Perciballe es que si se mantiene firme esa decisión, los expedientes podrán estar paralizados por años. Es que la estrategia de las defensas de los militares indagados ha sido la de presentar diversos recursos. Y como estas investigaciones suelen tener varios indagados, si los recursos se presentan de forma escalonada —primero lo interpone un indagado y, cuando se resuelve su caso, un segundo indagado, y así sucesivamente—, las causas se frenarán una y otra vez.

En la casación que presentó ante la Corte, Perciballe señaló que ―en más de 33 años‖ de presentada la denuncia por la desaparición de Pérez y en ―8 años desde que se retomaran las actuaciones, y pese a la gravedad de lo denunciado, aún no ha comparecido a declarar un solo indagado‖. Y, prosiguió, ―de admitirse el temperamento del tribunal, seguramente tampoco lo hagan en el futuro, puesto que en la medida en que se interpongan excepciones perladas, el presumario se prolongará sine die‖.

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(*) La difusión de la presente nota periodística es meramente de carácter informativo y no supone ningún grado de aceptación y/o compromiso con los conceptos, juicios o comentarios que en la misma se formulan. Convoca








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